Los técnicos designados por el juez detectan artimañas de los directivos de la CAM para cobrar incentivos

ALICANTE.- Los directivos de la CAM establecieron sistemas de incentivos deliberadamente confusos y vinculados a variables ambiguas que les permitían justificar fácilmente el cobro de estas remuneraciones casi a su antojo, sin que los órganos de gobierno de la entidad pudieran realizar un control efectivo de los mismos. 

Así lo aseguran los peritos del Banco de España designados por el juez Javier Gómez Bermúdez en el informe que han elaborado para corroborar las denuncias formuladas en la auditoría que la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) realizó para el FROB, y que supone la base de la causa principal que se sigue contra la excúpula de la Caja, según recoge 'Información'.

En dicho documento, los expertos cuestionan el abono por parte de la entidad de casi 30 millones de euros a la plantilla y los directivos en distintos conceptos cuya retribución era variable y dependía de la evolución de las cuentas de la empresa. Unos abonos que se realizaron aunque, en algunos casos, ni siquiera se cumplían las propias fórmulas que los ejecutivos habían establecido, para lo que se recurría a una aprobación extraordinaria por parte del consejo de administración. Por eso los peritos no llegan a calificarlos categóricamente de «ilegalidad» –algo que deberá decidir el juez– pero sí hablan de pagos indebidos y del perjuicio económico que estas decisiones ocasionaron en los balances de la CAM.

Se trataría de las pagas de beneficios de los años 2010 y 2011; de las aportaciones variables a los planes de pensiones de 2009 y 2011; de los incentivos anuales de 2010; y el denominado bono a largo plazo, que permitió al comité de dirección embolsarse 1,3 millones en diciembre de 2010, cuando la caja ya se encontraba en plena agonía.

En el caso de los incentivos anuales que cobraban buena parte de la plantilla, el informe destaca que su abono estaba vinculado a la evolución del «margen operativo consolidado», un concepto que no aparece en las cuentas públicas que la Caja presentaba anualmente y que tampoco estaba definido en ningún lugar. Es más, los peritos señalan que «no consta que esta variable fuese conocida y aprobada por el consejo de administración (...), circunstancia que facilitaba la justificación de que los objetivos se habían cumplido». 

Así se pone de manifiesto, también, en un correo que un subalterno dirige al entonces director de Planificación, Teófilo Sogorb, en el que se exponen diversas alternativas para calcular el «margen operativo contable» de forma que el resultado permitiera el pago de los incentivos correspondientes al año 2010 a pesar de haber sido un año nefasto; uno de los pagos que directamente cuestionan los peritos por su «arbitrariedad» y que supuso a la Caja 2,2 millones.

Por otra parte, la auditoría cifra en 5,5 millones el perjuicio a la Caja por haber contabilizado los incentivos como salario fijo. Consideran que el modo en que se contrató la póliza que garantizaba rentas vitalicias millonarias a trece miembros del comité de dirección supuso a la entidad ese quebranto económico tras rescatar 26 de los 57 millones pagados.