domingo, 15 de diciembre de 2013

La cosecha de lechuga en la Región de Murcia aumenta en 2013 un 7,5% respecto a 2012


MURCIA.- La cosecha de lechuga en la Región en 2013 fue de 370.451 toneladas, lo que supone un aumento del 7,5 por ciento respecto a la pasada campaña, según el balance de cosecha realizado por los servicios de Asociacionismo Agrario, Estadística y de las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura y Agua.

   El director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, destacó que "Murcia fue en 2012 la primera comunidad autónoma en producción de lechuga, con un 40 por ciento del total nacional, seguida por Andalucía, con un 35 por ciento".
   García Lidón añadió que "la producción de lechuga de la Región de Murcia representa alrededor del 13 por ciento de toda la lechuga producida en la Unión Europea", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   De la cosecha de 2013, el 81 por ciento del total es de lechuga Iceberg, le sigue en importancia el grupo Baby o Little Gem, con un 14 por ciento de la producción, y Romana, con un 4 por ciento. La presencia de otras variedade como Lollo Rosso y Hoja de Roble representa un 3 por ciento.
   En este sentido, García Lidón añadió que "se están introduciendo paulatinamente mayor cantidad de variedades nuevas en la Región para conseguir una oferta de lechuga más diversificada".
   Y es que, las exportaciones de lechuga de la Región Murcia representaron en 2012 el 74 por ciento del total de España, alcanzando así el máximo de los últimos diez años, con un valor de exportación de 440,9 millones de euros, siendo el total nacional de casi 600 millones de euros.
   Las exportaciones de España el pasado año alcanzaron las 492.338 toneladas, de las que 256.969 correspondieron a la Región de Murcia. García Lidón señaló que "la evolución de estos valores ha tenido un comportamiento similar, de carácter creciente, con pequeñas oscilaciones interanuales, durante los últimos diez años".
   Asimismo, las lechugas de la Región de Murcia llegan a un total de 42 países, entre los que se encuentran los de Oriente Medio. No obstante, el 97 por ciento de estas exportaciones de lechuga van a los países de la Unión Europea. Los principales destinatarios son Alemania (28 por ciento), Reino Unido (20 por ciento), Francia (15 por ciento) y Países Bajos (13 por ciento).
   Murcia es la primera comunidad Autónoma en cuanto a superficie de cultivo de lechuga, con 14.065 hectáreas, lo que supone el 44 por ciento del total nacional. Le sigue Andalucía, con el 34 por ciento de la superficie.
   En 2012 dicha superficie aumentó un 3 por ciento, siguiendo la tendencia ascendente de los 5 años anteriores. Esta superficie se concentra principalmente en las comarcas del Valle del Guadalentín (58 por ciento), y Campo de Cartagena (32 por ciento).
   Existen superficies muy inferiores de este cultivo en la Vega del Segura, Noroeste y Altiplano (con porcentajes del 4 por ciento, 4 por ciento y el 2 por ciento, respectivamente). Además, España es el país de la Unión Europea con mayor superficie dedicada al cultivo de lechuga y achicoria (32 por ciento), seguida en importancia por Italia (16 por ciento), Alemania (14 por ciento) y Francia (11 por ciento).
   Finalmente, España ocupó en 2012 el cuarto lugar de una lista de 100 países con un 3 por ciento de la superficie cultivada mundial, después de China (52 por ciento), India (15 por ciento) y EEUU (10 por ciento).

Hacienda anima a los ayuntamientos en dificultades a pedir ayuda

MADRID.- El Ministerio de Hacienda recordó el domingo a los ayuntamientos españoles con dificultades financieras que pueden solicitar las medidas extraordinarias de liquidez aprobadas en junio después de que solo 88 de los 400 municipios elegibles se hayan acogido a esta posibilidad. 

A finales de junio, el Ejecutivo aprobó una serie de medidas de liquidez extraordinarias no cuantificadas para entidades locales a cambio de unas férreas condiciones fiscales.
Además de ampliar el plazo para solicitar las ayudas estatales, el reciente decreto aprobado por el Gobierno en materia de supervisión y solvencia permite a los gobiernos locales desbloquear decisiones por falta de mayoría permitiendo que la Junta del Gobierno Local o el propio Alcalde aprueben en solitario la solicitud de ayudas.
En junio Hacienda ya explicó que se podrían acoger ayuntamientos con tesorería negativa en los últimos dos años, elevadas deudas con acreedores públicos o impagos importantes a proveedores y otra serie de condicionantes en alguno de los 7.593 municipios españoles.
Una vez acogidos al "apoyo financiero", los ayuntamientos podrán tener anticipos en la participación tributaria del Estado por hasta tres años, ampliación del reintegro de liquidaciones de 2008 y 2009, reducción o suspensión de la retención de la participación en los ingresos del Estado, fraccionamiento de las deudas con Hacienda o la Seguridad Social y operaciones de endeudamiento.
A cambio, el Estado exigirá a los ayuntamientos reducir sus gastos de funcionamiento el primer año y congelarlo los dos siguientes, financiar el coste de servicios públicos "con tasas", no aprobar medidas que reduzcan la recaudación ni crear nuevos organismos.
Además, se establecerá una "posible intervención" de Hacienda en el proceso de elaboración de los presupuestos en determinados supuestos al tiempo que se contará con una cuenta restringida supervisada por el Ministerio.

El Tribunal de Cuentas dice que la creación en 2011 de la sociedad Ticarum de la UMU "no responde a medidas de eficacia"

MURCIA.- El Tribunal de Cuentas indica que la creación en 2011 de la sociedad Ticarum, S.L.U., como medio propio de la Universidad de Murcia (UMU), para el mantenimiento, gestión y distribución de soluciones basadas en tecnologías de la información y redes, cuyo objeto coincide con el de otra sociedad en que participa la Universidad, "no ha sido consistente con las medidas de austeridad establecidas en el proceso de reordenación del sector público iniciado por la Administración autonómica".

   Tampoco, señala en un informe correspondiente a los años 2010 y 2011, "ha respondido a los principios de eficacia, eficiencia y economía que deben regir la actividad económico-financiera del sector público".
   Insiste en que la creación de esta sociedad y la consiguiente contratación de personal "supone un modo de eludir las limitaciones que fueron impuestas por las Leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011 y 2012", las cuales establecían que la contratación de nuevo personal laboral temporal en las universidades -no así en las sociedades- "requería la autorización conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda, y de Presidencia y Administraciones Públicas".
   Debiendo indicarse que, en cualquier caso, "la contratación de personal laboral temporal por Ticarum S.L.U. sólo era posible en casos excepcionales fehacientemente acreditados y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables", circunstancias que, según el Tribunal, "no pueden considerarse cumplidas por dicha sociedad para ejecutar las encomiendas de la Universidad".
   Esta sociedad ha facturado en 2011 a la Universidad el 90% de sus actividades, y ha contratado a 45 personas en diciembre de 2011 y otras 31 en el ejercicio 2012 para el desarrollo de las actividades encomendadas mediante contratos por obra o servicio determinado. Pero, apunta, según se reconoce en las alegaciones, "las actividades de la sociedad no tienen carácter temporal sino permanente", ya que éstas consisten en el desarrollo de aplicaciones y mantenimiento de las mismas y de las instalaciones informáticas de la universidad.
   Además, según el Tribunal, la evolución de determinados indicadores observados ponen de relieve la existencia de desequilibrios en la tendencia de los gastos de funcionamiento sobre los ingresos corrientes, así como la dificultad de mantener la financiación pública creciente en un entorno de crisis, "lo cual aconseja la adopción por parte de la UMU de medidas de contención de gastos, especialmente de personal".
   También recomienda que la UMU "cuente con un procedimiento de gestión de tesorería a fin de realizar una actuación más eficiente y racional, así como necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones legales emanadas de la administración regional".
   En relación con la contratación, apunta que la Universidad debiera incorporar al expediente del contrato justificación tanto de la necesidad que motiva su tramitación y formalización como de los procedimientos y criterios de selección empleados.
   El informe también examina a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), destacando el elevado grado de modificación de los presupuestos iniciales de la Universidad en los dos ejercicios, el 43 y el 50 por ciento respectivamente, "alterando significativamente los créditos inicialmente aprobados".
   Pues los créditos iniciales del ejercicio 2010 ascienden a 61.912 miles de euros, mientras que los correspondientes al ejercicio 2011 ascienden a 59.630 miles de euros. Pero los créditos finales del ejercicio 2010 y 2011 se elevan a 88.840 y 89.209 miles de euros.
   Una situación, alerta, "que se viene poniendo de relieve en todos los informes emitidos por este Tribunal y debe considerarse contraria a las prescripciones y exigencias derivadas de la estabilidad presupuestaria y a la regla de gasto máximo".
   Indica además que existen facturas registradas en la contabilidad patrimonial pero no aplicadas a presupuesto, "lo que pone de manifiesto una debilidad del sistema de control interno de estas situaciones", que da lugar a un incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria, si bien, resalta, "su incidencia ha ido decreciendo en los ejercicios fiscalizados hasta hacerse poco relevante el importe imputado en el ejercicio 2012 correspondiente a facturas contabilizadas en 2011".
   Añade que las obligaciones reconocidas en el 2010 ascienden a 58.696 miles de euros, con un grado de ejecución sobre los créditos definitivos del 66%, mientras que en el 2011 ascienden a 60.650 miles de euros, con un grado de ejecución sobre los créditos definitivos del 68%. Así como que el capítulo 6 del presupuesto de gastos ha tenido un grado de ejecución del 32 y del 40 por ciento en los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente.
   Mientras que el saldo presupuestario obtenido presenta un superávit de 7.084 y 4.124 miles de euros en los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente, y el resultado presupuestario ascendió a 6.680 y 4.875 miles de euros, respectivamente; el remanente de tesorería resultante a final del ejercicio 2010 y 2011 asciende a 33.141 y 37.372 miles de euros; y el coste de la Universidad en 2011 ha ascendido a 63 millones de euros, de los que 48,7 corresponden a la enseñanza y 14 a la investigación.
   Entre las recomendaciones que realiza el Tribunal, que la Universidad proceda a una valoración de los edificios y terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio de Defensa para incluirlos en el valor del inmovilizado material y la amortización acumulada con objeto de que estas partidas reflejen la realidad de la situación patrimonial.
   Aconseja que la Universidad a fecha de cierre del ejercicio calcule los gastos con financiación afectada en periodo de ejecución y los derechos reconocidos afectados asociados a cada proyecto, para lo cual, según el Tribunal, "debería implantar los controles y sistemas necesarios".
   También le aconseja implantar un sistema de contabilidad analítica que permita determinar los costes de las distintas actividades realizadas por la Universidad como soporte necesario para la toma de decisiones.
   Asimismo, apunta, "la UPCT debe adoptar sus normas de ejecución presupuestaria, en particular las relativas a la vinculación de los créditos, y sujetarse a las normas de carácter general establecidas en la legislación autonómica".