domingo, 24 de noviembre de 2013

¡Quitad vuestras sucias manos de la Justicia! / Patricio Hernández *

Una buena parte del debate y la lucha política pasa en Murcia hoy por los tribunales de justicia. A los juzgados ha llegado una enorme cantidad de casos relacionados con la corrupción política que se ha enseñoreado de esta región en la etapa del boom inmobiliario y las mayorías absolutas. Nadie puede discutir que la región de Murcia está entre las comunidades donde mayor corrupción se ha producido. Los dos partidos del régimen bipartidista se han visto comprometidos seriamente con estos casos, aunque es el PP el más afectado y el que más se juega ahora pues de la resolución que se le de a una buena parte de estos casos abiertos depende el futuro político de muchos de sus altos dirigentes, y el nivel mismo de desgaste que puede sufrir este partido.

Este es el motivo de los movimientos que se están produciendo alrededor de las jueces y fiscales: se trata de influir en ellos para evitar sentencias adversas por cualquier vía posible (todo vale, parece ser la consigna). Los movimientos tienen dos direcciones pero un mismo propósito: o se les influye atrayéndolos a las esferas del poder, o bien se les intenta eliminar recusándolos, descalificándolos y arrojando dudas (políticas o profesionales) sobre su trabajo. No es una situación exclusiva de Murcia: la estamos viendo en el caso Bárcenas, en el caso Noos, en Valencia, etc. Pero aquí tiene su propia y tan colosal magnitud que puede ser determinante sobre el futuro político de la región.

En este sentido a nadie le puede extrañar que entre los nombramientos propuestos por el PP para el Consejo General del Poder Judicial esté nada menos que el presidente del TSJ, Juan Martínes Moya, que es además yerno de un concejal del PP del ayuntamiento de Murcia. Este magistrado goza de cierta reputación, pero nada puede ya evitar sus vínculos públicos con el PP, al que debe su nombramiento. Es muy penoso que, entre la indignación ciudadana, otra vez los partidos -¡ay!, todos- se repartan el nombramiento del gobierno de los juecces, como han venido haciendo durante toda el período democrático.

Es tal el alcance de los casos abiertos en la región que afectan al delfín de Valcárcel y candidato oficial a sucederle en los próximos meses, el ex-alcalde de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez, cuyo futuro pende de una decisión juducial al estar imputado. Como alcanza al alcalde Murcia y secretario general del PP murciano, Miguel Angel Cámara. Ni siquiera el actual Delegado del Gobierno -el desautorizado y autoritario Bascuñana- puede estar tranquilo pues su nombre aparece implicado -aunque no sea imputado "todavía"- en el caso Zerrichera. Pero en la lista hay otros muchos dirigentes y cargos del PP, pasados o en activo, desde consejeros (Cerdá) a exdelegados gubernamentales (Marqués), pasando por una larga lista de concejales, alcaldes, gestores políticos de cajas, etc.

Las maniobras político-jurídicas para deshacerse del juez y el fiscal del caso "Umbra" son la prueba más evidente de que no se va a dejar actuar a una justicia independiente. Dice Montiel hoy en su excelente columna de La Opinión ("Asalto a la Justicia"), en la que habla de todo esto, que en el caso Umbra "a lo que estamos asistiendo es a un asalto a la Justicia para evitar que sus investigaciones sobre la trama de supuestos negocios subterráneos alrededor del urbanismo de la capital murciana quede al descubierto". Y termina diciendo algo que tenemos que suscribir todos los demócratas: "En circunstancias así es un deber social apoyar a la Justicia, pues quienes ya han presuntamente abusado de la confianza pública pretenderían ahora rematar sus fechorías con operaciones de descrédito a quienes todavía resisten en la defensa del interés general".

Estamos bastante hartos la amplia mayoría de ciudadanos de muchos de los impresentables comportamientos de una buena parte de la clase política de la región, como se evidenció ayer palmariamente en la multitudinaria "Marcha de mareas" que recorrió las calles de Murcia. Porv eso tenemos que estar vigilantes pues no podemos fiarmos de estos representantes tan nefastos y tan presuntos que nos hemos dado. Y lo primero que les vamos a decir es: ¡quitad vuestra sucias manos de la Justicia!

(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

Fomento ultima la sociedad pública de autopistas, que evitará la quiebra de 'Ausur'

MADRID.- El Ministerio de Fomento ultima la constitución de la nueva sociedad pública de autopistas con la que se busca evitar la quiebra a una decena de vías pago que actualmente afrontan problemas económicos y financieros, y que en su mayor parte están en concurso de acreedores.

   Todas estas autopistas, salvo Ausur (la que une Cartagena y Vera), han manifestado ya al Departamento que dirige Ana Pastor su disposición a sumarse a la empresa pública, según informaron  fuentes del sector.
   Respecto a Ausur, en caso de que mantenga su rechazo a sumarse al proyecto, el Ministerio sopesa proponer al resto de concesionarias comprar entre todas el porcentaje de participación que le correspondería en la nueva empresa pública.
   La sociedad de autopistas, que debe estar lista antes de fin de año y que se aprobará por Real Decreto, se constituirá así a partir del proyecto diseñado por Fomento.
   Según este proyecto, el Ministerio, a través de su sociedad Seittsa, controlará el 80% del capital de la empresa de autopistas. El 20% restante se lo repartirán las sociedades concesionarias actualmente titulares de las autopistas en problemas que se integrarán en la empresa.
   Este porcentaje de participación parte con un valor de 122 millones, dado que la sociedad se constituye valorada en 608 millones. La parte correspondiente al Estado equivale a la capitalización de las ayudas que hasta ahora ha dado al sector.
   El proyecto contempla también que, además del porcentaje del 20% en la nueva sociedad, Fomento abonará a las concesionarias 350 millones de euros por los importes que les adeuda por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obra.
   En paralelo, el Departamento de Ana Pastor ya tiene cerrado un acuerdo con los bancos acreedores de las autopistas, que suman una deuda de unos 3.500 millones de euros. Este acuerdo con la banca es el que exige que la nueva empresa de autopistas esté lista antes de fin de año.
   Las autopistas que se integrarán en la sociedad son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas. Sus sociedades concesionarias están en su mayoría participadas por las grandes constructoras (ACS, Sacyr, Ferrovial OHL y Abertis), además de por Globalvía (grupo de concesiones de FCC y Bankia) y alguna entidad financiera.
   Todas estas vías, las de más reciente construcción y que supusieron una inversión de unos 5.600 millones de euros, se han visto afectadas por los sobrecostes que afrontaron con la expropiación de los terrenos sobre los que se construyeron y el desplome de los tráficos por la crisis.
   El proyecto de Fomento se ha diseñado a un horizonte de cuarenta años. Parte de la previsión de que el tráfico conjunto de la decena de autopistas siga cayendo hasta 2015 y empiece a crecer entre un 2% y un 2,5% en ejercicios sucesivos.

El Gobierno justifica el "celo" de las entidades financieras a la hora de conceder crédito a pymes

MADRID.- El Gobierno español cree que el "celo" que están mostrando las entidades financieras a la hora de conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas está justificado, recordando que su función es "la concesión de financiación a la demanda solvente" para no poner en riesgo su propia estabilidad.

   Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien en una pregunta parlamentaria criticaba que los bancos se "preocupen más de la posible morosidad de los beneficiarios que de la concesión de créditos" e instaba al Ejecutivo a tomar medidas para que la liquidez llegue a pymes y microempresas, proponiendo por ejemplo un fondo estatal de microcréditos gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con la ayuda de las entidades nacionalizadas.
   En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que las entidades financieras deben conceder crédito a proyectos solventes, más si cabe en el caso de los bancos nacionalizados, que tienen que ajustar sus decisiones a los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea (CE).
   "Un celo insuficiente respecto de la solvencia de sus clientes podría aumentar las ratios individuales de morosidad, comprometiendo de nuevo su grado de capitalización y, en última instancia, su valor de mercado y los recursos que pueda recuperar el contribuyente ante una eventual venta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)", añade el Gobierno.
   El Gobierno también defiende las altas garantías patrimoniales que exigen los bancos para acceder a las líneas ICO, recordando que el instituto está sujeto a una normativa de equilibrio financiero y que "cualquier quebranto" que se produjera en sus cuentas por sufrir un "elevado número de préstamos impagados debería ser compensado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado", lo que implicaría "distribuir el coste de una mala gestión financiera entre todos los contribuyentes".
   "Cabe destacar que se han modificado los términos de colaboración entre las entidades de crédito y el ICO para aumentar los incentivos de las primeras a intermediar y consumir las líneas de mediación", añade la respuesta parlamentaria.
   Asimismo, no ve "oportuno" crear un fondo como el que propone Llamazares dado que "no existe ningún importe mínimo para las operaciones" que pueden financiar las líneas de mediación del instituto, por lo que "los microcréditos a autónomos y emprendedores pueden ser actualmente tramitados".
    En otra respuesta parlamentaria, dirigida en este caso al diputado de CHA, Chesús Yuste, el Gobierno argumenta por qué no se potencia la actividad del ICO obteniendo dinero barato del Banco Central Europeo (BCE) para prestarlo a las administraciones públicas y a las empresas con el objetivo de conseguir que fluya el crédito.
   En el texto, el Gobierno recuerda que la gestión del ICO debe ser "sólida" e "integral" en todo lo que se refiere a los riesgos que asume, lo que es particularmente importante en relación con las refinanciaciones de créditos, con las que se debe "asegurar en todo momento un adecuado equilibrio entre los plazos de la actividad de préstamo y los de la financiación".
   Sin embargo, los préstamos del BCE son a corto plazo, de unos tres meses como máximo, por lo que la financiación sistemática de las operaciones del ICO (de medio y largo plazo) por esta vía provocaría "un notable riesgo" para su balance, lo que podría incluso "afectar a la capacidad del instituto para poder seguir ofreciendo de forma recurrente financiación al tejido productivo en condiciones preferentes".
   No obstante, el Gobierno recuerda que en diciembre de 2011 y febrero de 2012 el ICO accedió "de forma puntual" a una operación excepcional de crédito del BCE con plazos de tres años, atendiendo tanto al coste de la financiación como a que "no implicaba riesgo de refinanciación ya que un plazo de tres años casa adecuadamente con el vencimiento medio de las operaciones de préstamo" del instituto.

El PSRM pide al ministro de Hacienda que explique la situación de Navantia en Cartagena

CARTAGENA.- La secretaria general del PSRM-PSOE de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha informado de que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique la situación en la que se encuentra actualmente Navantia Cartagena, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Castejón ha explicado que "con esta petición pretendemos que el ministro nos explique las gestiones realizadas por el Gobierno central con las distintas administraciones y agentes económicos, tanto públicos como privados, para garantizar la carga de trabajo del astillero en Cartagena".
   Y es que, el PSRM considera indispensable para Cartagena garantizar el futuro del astillero, tal y como lo ha manifestado en la enmienda presentada a los Presupuestos Generales del Estado 2014, en la que solicitaron una inversión de 30 millones de euros para el proyecto de la carena del S-74 Tramontana.

Los arrastreros del Mediterráneo aseguran estar "al límite" por la aplicación del Reglamento europeo

VALENCIA.- Los armadores de arrastre de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares han denunciado este sábado durante la reunión que han mantenido en Valencia con la Confederación Española de Pesca (Cepesca) la situación "crítica y grave" por la que atraviesan debido a la aplicación del Reglamento comunitario del Mediterráneo, a la estricta política de inspección y control llevada a cabo por la Secretaría General de Pesca, a los altos precios del combustible y a los bajos precios del pescado en primera venta.

Así lo han puesto de manifiesto los 125 armadores de estas cinco Comunidades Autónomas que este sábado se han reunido con el Secretario General y la Secretaria General Adjunta de Cepesca, Javier Garat y Rocío Béjar, para analizar la situación actual de la flota, los problemas que genera la aplicación del Reglamento europeo de medidas técnicas del Mediterráneo y el Reglamento de control y los retos que supondrá la entrada en vigor de la nueva Política Pesquera Común, en particular, la política de descartes, así como la nueva Organización Común de Mercados.
Asimismo, los armadores han decidido solicitar una reunión al Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como apostar por la unidad del sector y estrechar las relaciones con los científicos, en particular del IEO, para lograr las mejores evaluaciones posibles del estado de las poblaciones de peces.
En relación a las medidas técnicas, los armadores se han quejado de la obligatoriedad de llevar mallas de red con un torzal (hilo de la red) de 3 milímetros de grosor. Según denuncian, esta medida provoca dificultades en la maniobra en el proceso de arrastre, un aumento considerable de roturas de las redes por deterioro y merma en su capacidad de resistencia, la devaluación del precio de las capturas y un aumento de los descartes innecesario debido al deterioro causado por el uso de un hilo tan fino y cortante.
Con la normativa anterior, había que cambiar las redes cada tres años aproximadamente y, en la actualidad, se ven obligados a hacerlo cada 6 meses de media, con el grave perjuicio económico que conlleva, puesto que cada cambio de red supone entre 500 y 600 euros de coste económico.
Según ha informado Cepesca en un comunicado, los armadores del Mediterráneo están convencidos de que el impacto del tamaño del torzal en la selectividad del arte es tan mínimo que no compensa, ni mucho menos, los perjuicios que lleva asociados tanto económicos como de seguridad de los pescadores.
Este tipo de normas, además de las relacionadas con el Reglamento de Control de la UE, generan, a su juicio, dificultades en el cumplimiento que están provocando numerosas sanciones de las autoridades de inspección y control. "Los armadores se sienten agobiados por la presión inspectora que se está ejerciendo sobre ellos", agregan.
Por otro lado, Cepesca y los armadores han analizado la nueva Política Pesquera Común y los cambios que se van a producir a partir del año próximo. En particular, Cepesca ha informado sobre la nueva política de prohibición de descartes y que llevará a que en el Mediterráneo, todas las capturas de especies sujetas a una talla mínima tendrán que ser retenidas a bordo de los buques pesqueros, registradas y desembarcadas.
A partir del 1 de enero de 2015 se aplicará a las pesquerías de pequeños pelágicos, como sardina, boquerón, jurel o caballa y a partir del 1 de enero de 2017 para el resto de especies.
Cepesca también ha presentado la nueva Organización Común de Mercados y las oportunidades que ofrece al sector pesquero para mejorar la gestión de las pesquerías y la comercialización de las mismas. Ha resaltado el reforzamiento del papel de las Organizaciones de Productores (OPs) y ha animado a los armadores a que constituyan OPs y que utilicen los mecanismos ofrecidos por la OCM para mejorar los precios de primera venta y poner en valor la calidad y frescura de sus productos.
Asimismo, se ha debatido sobre el estado de las poblaciones de peces en el Mediterráneo, insistiendo en la necesidad de estrechar las relaciones con los científicos españoles, en particular con los del Instituto Español de Oceanografía, con el fin de mejorar el conocimiento de las diferentes especies y conseguir las mejores evaluaciones posibles que permitan una buena gestión pesquera.
Por otra parte, los armadores han criticado los ataques injustificados de los "ecologistas radicales" al arte de arrastre, arte que, según defienden, es perfectamente sostenible con el uso adecuado del mismo en los fondos de arena, fango y limo donde opera nuestra flota y que permite capturar gran parte de las especies que se comercializan en España, como merluza, rape, salmonetes, bacaladilla, gamba roja y blanca, etc., dando empleo a miles de pescadores.
Por último, los armadores han decidido solicitar una reunión al Secretario General de Pesca del MAGRAMA y al Director del IEO, para poder informarles de primera mano de su problemática e intentar buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Asimismo, se han dado cuenta de la necesidad de apostar por la unidad del sector, resaltando el papel que juega y puede jugar Cepesca como interlocutor directo con la administración española, europea e internacional.