miércoles, 20 de noviembre de 2013

Diego de Ramón solicita prisión preventiva o pulsera telemática para varios imputados en el 'caso Umbra'

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, una vez retomadas las actuaciones por el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 8 de los de Murcia, David Castillejos, y en base a los informes del fiscal anticorrupción adscrito a esta causa, Juan Pablo Lozano, a la vista del informe de la Agencia Tributaria que se incorpora y de la personación de la Asociación 'Huermur', solicita, de momento, el ingreso en prisión preventiva de varios de los imputados en el llamado 'caso Umbra' como representante de la acusación popular.

Quedando a salvo posteriormente las opciones que resulten de las pruebas y el desarrollo de la actuación instructora de este caso, esos imputados serían Jesús Samper Vidal, Alberto Guerra Tchuschke, Fernando Berberena Loperena y Joaquín Peñalver Motas.

Dicho ingreso en prisión se solicita en el Centro Penitenciario más próximo a la capital; es decir el de Sangonera la Verde, y sin fianza, por la posible participación entre dichos imputados a la hora de poder influir en las presentes pruebas o futuras que se realicen, o de forma sustitutoria la pulsera telemática en la muñeca o en el pie, para tener un control más efectivo del recorrido personal en sus acciones, por parte de la Policía Judicial.

Para ello se deberá dar traslado, de conformidad con el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y siguientes, y con audiencia de las partes personadas como acusación. 

Igualmente, solicita se dé traslado al SEPBLAC (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) para que utilice todos los medios humanos, técnicos y económicos en averiguar posibles salidas de dinero a países de Centroamérica y América del Sur, especialmente Argentina y, más en concreto, la ciudad de Buenos Aires; si hubiera participantes argentinos en la Sociedad Entidad Urbanística Casino de Murcia, como son Proyectos Inmobiliario Mar D'Arco S.L. y la sociedad Promotora de Actividades e Inversiones Futuras S.L., que desarrolló el convenio de Lo Navarro, en el que el Ayuntamiento de Murcia aumentó la edificabilidad a cambio de la rehabilitación del Teatro Circo, de Murcia.

También solicita a la UDEF de la Dirección General de la Policía Nacional, para que investigue desde el año 2005, el incremento patrimonial de todos los imputados, a nombre propio, familiares, sociedades interpuestas o testaferros, a través del rastreo digitalizado vía satélite en los movimientos económicos que pudieran relacionarse entre los imputados con entidades bancarias cruzadas, transferencias, o salidas de dinero a paraísos fiscales, o financiación en empresas o fundaciones públicas o privadas.

La partida de inicio es los propios convenios objeto de esta fase instructora, en cuanto al inventario de patrimonio en la cesión de suelo obligatoria que debería figurar en el Patrimonio municipal, y el estado actual de ese inventario, justificando la baja o cese patrimonial de las cesiones de suelo que tenían que haber hecho.

De Ramón dice dejar a salvo posteriores peticiones  sobre el resto de imputados, según se desarrolle el estudio de la acusación popular, y para ello solicita al juez instructor en su escrito que señale día para la práctica de audiencia de las partes en que determine su ingreso en prisión, al objeto de poder influir en las actuaciones, o subsidiariamente la pulsera telemática para un mayor control.

 También solicita que, ante la perturbación grave de la acción judicial en fase instructora y pese a que todavía no se han valorado las pruebas que una de las partes pretende anular, se dé traslado al Consejo General del Poder Judicial para que sean totalmente protegidos el juez instructor y el ministerio fiscal, recordando que no se puede nombrar a otro juez y fiscal que nos agrade, sino el que viene designado por la jurisdicción territorial.

Finalmente De Ramón solicita que, a través de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, vigente con nuestro país al ser miembro de pleno derecho, se dé traslado a la misma para que, a través de su personación, se siga este proceso con la mayor transparencia legal que pueda existir.

También que se dé traslado al Consejo de Europa en virtud del Convenio Penal sobre la Corrupción núm. 173/ de la C.E., de fecha 27 de enero del año 1999. Y al Comité de las Regiones de la Unión Europea sobre la Decisión nº26/2004, de 10 de febrero del año 2004, relativa a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades.

Igualmente,  y a petición de esta acusación popular, a Transparencia Internacional en España para que se persone en esta causa a raíz de una iniciativa suya al Parlamento Europeo, para que en las próximas elecciones de mayo no pueda presentarse ninguna persona procesada o imputada en temas de corrupción.