viernes, 4 de octubre de 2013

La Comunidad Autónoma continuará con la rescisión del contrato del aeropuerto y puesta en marcha del nuevo concurso

MURCIA.- El Gobierno regional continuará trabajando en el proceso de "rescisión del contrato" con Aeromur, la concesionaria del aeropuerto de Corvera y, en paralelo, "se siguen dando los pasos para poner en marcha ese nuevo concurso para la puesta en funcionamiento, en el más breve espacio de tiempo, de esta infraestructura", a pesar de que el consorcio adjudicatario del nuevo aeropuerto, liderado por Sacyr, había presentado este jueves un recurso ante el TSJRM contra la decisión tomada por la Comunidad Autónoma el pasado 13 de septiembre de rescindirles el contrato.

   Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, José Ballesta, quien insiste en que como gobierno "vamos a seguir todos los pasos para presentar los correspondientes escritos y documentos que correspondan a esa vía judicial".
   De forma que ha declinado entrar en confrontación en todo este asunto, "ni en diversidad de criterios y opiniones, ya que defendemos los intereses generales de todos los murcianos".
   Y es que, insiste, el objetivo "básico" del Gobierno murciano es "la puesta en funcionamiento del iniciar las operaciones en el aeropuerto, en el más breve espacio de tiempo, ya que es una infraestructura esencial para el futuro de la Región y todos los pasos que se han venido dando irán orientados a ese objetivo".
   Ha recordado, al hilo, que el expediente de resolución de la concesión que se inició en su momento "iba dirigido precisamente a cumplimentar ese objetivo y contó con tres informes jurídicos favorables: el de los servicios jurídicos de la Consejería de Obras Públicas, el de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y del Consejo Jurídico de la Región".
   "Los tres informes jurídicos coinciden en considerar que se ha producido un incumplimiento contractual imputable a la concesionaria e indican que se sirve mejor al interés público resolviendo la concesión que manteniendo su vigencia, ya que el único objetivo del Gobierno regional es el interés general, el interés social y el interés público", ha sentenciado Ballesta.
   Tras puntualizar que el Gobierno murciano no tiene "interés mercantil, económico ni privado" y defender que es un interés "general, social, de todos los murcianos", ha recordado que el Consejo de Gobierno tomó el acuerdo de "liquidación de bienes y derechos, que es lo que en este momento se está en trámite".
   En esta línea, ha destacado la labor que el Ejecutivo realiza, "para lograr un acuerdo del traslado de las operaciones civiles desde el aeropuerto de la base aérea de San Javier a Corvera, como en paralelo se siguen con los trabajos previos para convocar nuevo concurso que permita que la nueva concesión se haga cargo de la puesta en funcionamiento de ese aeropuerto".
   Asimismo, ha dicho que el auto que dictó el TSJ en su momento "está claro", destacando que "estamos en un Estado de Derecho y los autos de los tribunales deben cumplirse". De no ser así, "estaríamos hablando entonces de otros elementos donde no me considero capacitado para calificar".
   Preguntado sobre cuándo volverán a entrar los técnicos de la Consejería a las instalaciones del aeropuerto, Ballesta ha señalado que se comunicará previamente por parte de la Consejería "el día que se vaya a proceder". Aunque desconoce cuánto durará, cree que por la "complejidad" de la infraestructura al realizar el inventario de bienes y servicios, "será más de un día".
   Para concluir, ha zanjado diciendo que la intención del Gobierno es "resolver cuanto antes esta cuestión, de forma inmediata y dar todos los pasos con la máxima celeridad y no perder ni un solo día".

Ballesta dice que el inventario del aeropuerto se terminará cuanto antes

MURCIA.- El consejero portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, José Ballesta, ha dicho hoy, a preguntas de los periodistas, que el inventario del aeropuerto de Corvera tras el expediente de resolución a la concesionaria Aeromur se terminará cuanto antes.

Ballesta dijo desconocer cuándo será la fecha exacta en la que se producirá ese inventario de bienes y servicios, puesto que es la Consejería de Obras Públicas la encargada de ese asunto, pero explicó que "la intención del Gobierno es resolver esta cuestión cuanto antes; de forma inmediata. Nuestro objetivo es dar todos los pasos, con la máxima celeridad, con la máxima diligencia, para poder realizar el nuevo concurso. No perder ni un sólo día".
Respecto al recurso presentado recientemente por Sacyr, respondió que se trata de un ámbito jurídico en el que una empresa mercantil defiende sus intereses por la vía jurídica, mediática y las que considere oportunas, "pero ahí no vamos a entrar como gobierno", advirtió, y añadió que no entrarán en confrontación o diversidad de criterios y opiniones.

CCOO solicita la dimisión de Valcárcel por negociar "exclusivamente" con CESM temas laborales de trabajadores del SMS

MURCIA.- La Federación de Sanidad de CCOO ha solicitado la dimisión de Valcárcel por negociar "exclusisamente" con CESM temas laborales de trabajadores del Servicio Murciano de Salud (SMS), según han informado fuentes del sindicato en un comunicado.

   Así, indican que "en los últimos días los trabajadores del SMS han asistido al esperpento de un futuro laboral dirigido por los intereses de un sindicato corporativo. Al menos esa es la imagen que se ha consentido desde el SMS y el Ejecutivo Regional".
   La FSS-RM, en palabras de su secretario general, Javier Lanza, "lleva desde el principio de los recortes, denunciando la falta de una gestión eficaz, de un plan estratégico, razonado y contrastado que sirva tanto para manejar una sanidad pública rentable como para las contingencias diarias".
   Sin embargo, añade, "nunca ha sido la intención de esta Federación hacer desaparecer el SMS sino mejorar su gestión. Pero la actitud del Ejecutivo de consentir negociaciones fuera del foro autorizado, la Mesa Sectorial de Sanidad, convierte a la Sanidad Pública en un cortijo a disposición del señorito, en este caso el Presidente Valcárcel".
   Y es que, la FSS-RM, como sindicato mayoritario de los estatutarios de la Sanidad Pública, reivindica la vuelta de las negociaciones al órgano autorizado, la Mesa Sectorial. En caso contrario, seguirá solicitando la dimisión del presidente como máximo símbolo del caciquismo y el favoritismo.
   Respecto a los resultados de las negociaciones paralelas, Lanza expresa que "todas las negociaciones anteriores paralelas de la CESM han traído consecuencias para todos los trabajadores", y añade que "todos los sanitarios, incluso los facultativos, saldrán perjudicados por el paternalismo de la CESM. Pero desde la FSS garantizamos nuestra denuncia y sobretodo, la persecución del caciquismo y el cortijo".

El cartagenero Roca, condenado a 11 años y a una multa de 240 millones por el 'caso Malaya'

MÁLAGA.- El principal acusado del caso 'Malaya', en el que se ha investigado la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel por un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado, por blanqueo continuado cometido como jefe de una organización, con la atenuante de confesión, por dos delitos de fraude por dos operaciones y por prevaricación, al quedar la condena de un año por un delito de cohecho incluida en la del cohecho continuado. Además, se le impone la multa de 240 millones de euros.

   Además, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido condenado a dos años de prisión por los delitos de fraude y prevaricación; la exregidora Marisol Yagüe a seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado, por malversación, alteración del precio de subasta o concurso y fraude, la multa para ella es de dos millones. En el caso de la exprimera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, se le condena a cuatro años de prisión por cohecho continuado y alteración del precio de subastas.
   Han sido condenados por blanqueo la abogada Montserrat Corulla, a la que se le han impuesto cuatro años de prisión; el cuñado de Roca, Antonio Jimeno, tres años y tres meses de cárcel; mientras que, por contra, la mujer de Roca ha sido absuelta, al igual que su hija, en este caso porque se le retiró la acusación.
   También han sido condenados varios de los empresarios como el constructor cordobés Rafael Gómez 'Sandokan', a seis meses de prisión por cohecho con la atenuante de detención irregular, Carlos Sánchez y Andrés Liétor a seis años y tres meses de prisión; José María González de Caldas a ocho meses de prisión por cohecho pasivo para acto injusto no realizado, los responsables de la empresa Aifos, Jesús Ruiz Casado, Genaro Briales y Francisco García Lebrón, a tres años de prisión por cohecho y fraude.
   En el caso de José Ávila Rojas ha sido condenado a tres años y ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y por blanqueo de capitales, mientras que se ha absuelto a otros empresarios como Tomás Olivo, Manuel Lores, Francisco Arteche y Cristóbal Peñarroya.
   En cuanto a los concejales, a Carmen Revilla se le condena a dos años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado y a inhabilitación especial para el desempleo de cargo público por cinco años, además de multa de 90.000 euros; al igual que a María José Lanzat, en cuyo caso la multa es de 48.000 euros, y a Tomás Reñones, otros dos años por cohecho pasivo para acto injusto no realizado e inhabilitación para cinco años y 320.000 euros, más dos años de prisión en relación con la operación Vente Vacío y dos años de inhabilitación.
   El fallo de la sentencia, dictada por los magistrados José Godino, presidente de la Sala; Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, que absuelve a más de 40 imputados, ha comenzado a leerse a las 11.20 horas de este viernes.
   Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios, abogados y Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, estaban acusados en relación con esta denominada trama, vinculada al urbanismo y cuya investigación provocó por primera vez en la historia de la democracia la disolución de un ayuntamiento, el de Marbella.
  El principal acusado del caso 'Malaya', en el que se ha investigado la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación, al quedar endebida la condena de un año por un delito de cohecho en la del cohecho continuado.
   El fallo de la sentencia, dictada por los magistrados José Godino, presidente de la Sala; Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, ha comenzado a leerse a las 11,20 horas de este viernes.
   La Fiscalía Anticorrupción pidió 30 años de cárcel para Roca por un delito continuado de blanqueo de capitales, en el ámbito de una organización, de la que era el "jefe", además de por prevaricación, malversación, fraude y cohecho.
   Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios, abogados y Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, estaban acusados en relación con esta denominada trama, vinculada al urbanismo y cuya investigación provocó por primera vez en la historia de la democracia la disolución de un ayuntamiento, el de Marbella.

AENA solo cerrará el aeropuerto de Murcia-San Javier si recibe la correspondiente indemnización


MADRID.- AENA solo cerrará el aeropuerto de Murcia-San Javier si se le compensa por los correspondientes costes de amortización y se garantiza que la actual plantilla del aeródromo se traspasa al nuevo.

   Así lo aseguró el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, que además aseguró que así consta en el acuerdo que el operador público de aeropuertos ha alcanzado con el Gobierno de Murcia.
   Respecto al eventual interés de AENA por explotar el nuevo aeropuerto de Murcia, el 'número dos' de Fomento indicó que "se verá" en caso de que el Ejecutivo regional licite de nuevo el contrato de conclusión de construcción y posterior explotación del aeródromo.
AENA prevé que la red de aeropuertos registre un descenso de tráfico de viajeros del 7,5% en el conjunto de 2013, lo que supone empeorar la previsión inicial que contemplaba una disminución de viajeros del 2,3%, según informó el presidente del operador, José Manuel Vargas.
   Vargas considera que los tráficos no se recuperarán hasta 2015 , tras un ejercicio 2014 que se espera de "estabilización" e "inflexión" en el descenso del volumen de pasajeros.
   "El sector del transporte aéreo atraviesa una coyuntura especialmente complicada por la crisis y por factores específicos como son la caída del turismo, sobre todo el nacional; el cierre de compañías aéreas, los conflictos laborales y la competencia con otros modos de transporte, como es el AVE", explicó el presidente de AENA en su comparecencia ante la Comisión de Fomento en el Congreso.
   Todo ello, en opinión de Vargas, "pone de manifiesto que la recuperación de la demanda será más lenta de lo prevista", lo que ha llevado a AENA a revisar a la baja su previsión de caída de viajeros para todo 2013.
   El presidente atribuye la peor previsión del número de viajeros al hecho de que la anterior estimación estaba realizada a partir de una previsión de caída del PIB del 0,5% frente a la actual de 1,3%. "Ello pone en evidencia que los tráficos aéreos van ligados al ciclo económico y a las perspectivas de crecimiento", apuntó.
   No obstante, el presidente del operador aeroportuario apuntó que los descensos de pasajeros de los últimos meses "parecen estarse moderando por el mejor comportamiento de los tráficos internacionales".
   Pese a ello, Vargas considera que el ejercicio 2014 será un año de "inflexión, con estabilización de los tráficos de pasajeros", para que "ya en 2015 vuelvan a crecer en sintonía con la esperada recuperación de la economía", auguró.
AENA prevé obtener un beneficio neto de 435 millones de euros en el ejercicio 2014, lo que supondrá elevar en un 16,6% el previsto para 2013, según avanzó el presidente del operador de aeropuertos.
   Los ingresos de explotación de la compañía progresarán un 3,4% el próximo año, hasta sumar 3.683 millones de euros, mientras que, por contra, los gastos se recortarán un 1%, hasta 2.816 millones.
   En su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, el presidente de AENA indicó que esta previsión está realizada a partir de una evolución de tráficos similar a la de 2013, ejercicio que espera cerrar con una caída del 7,5%.
   Vargas atribuyó esta cuenta de resultados a las medidas puestas en marcha hace dos años en Aena para sanear la compañía con medidas para reducir gastos, promover ahorros, racionalizar inversiones y aumentar y diversificar los ingresos.
   En cuanto a las medidas de ahorro, entre las que se incluye el ERE, redundarán en un ahorro total de 166 millones de euros en 2013 y de 33 millones ya en 2014.
   Con todo, Vargas considera que se ha dado la vuelta a una compañía que "estaba prácticamente quebrada", para convertirla en una empresa que genera caja y atiende a su deuda "sin recurrir al Estado". AENA prevé recortar su endeudamiento en 846 millones el próximo año.
   Según su presidente, AENA en 2011 presentaba un déficit tarifario de 850 millones, un endeudamiento de 13.000 millones y un flujo de caja negativo en 700 millones.

Recurso de Aeromur 
 
   El grupo de empresas hasta ahora concesionario del aeródromo, Aeromur, ya ha anunciado su intención de recurrir la rescisión del contrato. En tanto, la sociedad concesionaria del aeropuerto ha solicitado el 'preconcurso' de acreedores para renegociar la deuda de 200 millones de euros que presenta.
   En paralelo, a comienzos de esta semana, el presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, se reunió con representantes del Ministerio de Fomento y de AENA para tratar sobre el futuro cierre del actual aeropuerto de San Javier con el fin de traspasar todo el tráfico civil al nuevo aeródromo.
Precisamente, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su diputada, Irene Lozano Domingo, presenta una serie de preguntas a la Mesa del Congreso de los Diputados para la que se solicita respuesta por escrito sobre los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo murciano por el cierre de la base aérea de San Javier en Murcia.
   En los motivos, la formación magenta expone que el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha afirmado que será el Ministerio de Defensa quién se hará cargo de la indemnización que AENA recibirá por el cierre del tráfico civil de la base aérea de San Javier.
   E indica que con el traslado del tráfico civil del aeropuerto de San Javier al aeropuerto internacional de Corvera, situado a unos 35 kilómetros del primero, AENA debe ser indemnizada por inversiones estimadas en 70 millones de euros que llevó a cabo hace dos años en San Javier para mejorar y ampliar el tráfico civil.
   A juicio de UPyD, el Gobierno autonómico pretende cerrar la base aérea de San Javier para la primera mitad del año 2014 y abrir, entonces, el aeropuerto de Corvera, pero el conflicto judicial que mantiene éste con la empresa Aeromur, concesionaria del nuevo aeropuerto, "puede paralizar dicha apertura".
   Tras lo que recuerda que el aeropuerto internacional de Corvera comenzó a construirse en el año 2007 para responder a una demanda de tráfico aéreo estimado en cinco millones de pasajeros, "una cifra que nada tiene que ver con el apenas millón de pasajeros anuales que utilizan actualmente el aeropuerto de San Javier".
   Por ello, UPyD pregunta qué acuerdos ha alcanzado el Gobierno con el Ejecutivo autonómico respecto al cierre de San Javier y qué cuantía de la indemnización que recibirá AENA será sufragada por el Gobierno autonómico y qué cuantía por el Ejecutivo central.
   Por qué se realizaron obras de ampliación en la base aérea de San Javier por parte de AENA cuando el aeropuerto internacional de Corvera ya estaba en construcción desde hace varios años y se publicitaron públicamente dichas obras de ampliación.
   También pregunta qué empresa fue la concesionaria de dichas obras, qué cuantía inicial estipulaba el contrato, cuál fue el coste final y si piensa el Gobierno esperar a que se solucione el conflicto judicial entre Aeromur y el Ejecutivo regional para iniciar la actividad en el aeropuerto de Corvera

Desciende un 7% el consumo de agua potable en la Región de Murcia

CARTAGENA.- El consumo de agua potable en la Región de Murcia ha descendido este año un 7%, una cifra que preocupa a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, como ha manifestado su presidente, Adolfo Gallardo. 

   El responsable de la Mancomunidad achaca el descenso de consumo de agua a la crisis y a que hay sectores industriales que han reducido su actividad. Aun así, Gallardo ha asegurado que este año se ha funcionado con el trasvase y el Río Taibilla y no se ha utilizado una gran cantidad de agua procedente de las desalinizadoras.
   Para el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, "el año hidrológico ha sido bastante bueno" y ha recalcado que los 70 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura "han funcionado muy bien".
   En cuanto a las perspectivas que tienen para el año que viene, ha informado de que la comisión de seguimiento del trasvase Tajo-Segura ha aprobado destinar 38 hectómetros cúbicos el próximo semestre a abastecimiento y regadío y que el río Taibilla también "aportará un volumen significativo".
   Además, prevé realizar inversiones de mejora de infraestructuras para el abastecimiento de los municipios. Según ha asegurado se van a invertir 30 millones de euros para desdoblar el canal de Murcia y, en Cartagena destinarán unos tres millones a mejorar la conducción que sube a Tentegorra.

La concesionaria de Corvera pide al TSJ que deje en suspenso la resolución del contrato

MURCIA.- La concesionaria del aeropuerto de Corvera, Aeromur, ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) la orden del gobierno autónomo que resolvió el contrato, y ha pedido como medida cautelar que la misma quede en suspenso.

En un escrito presentado hoy ante la Sala, la concesionaria recurre la orden dictada por la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de Murcia el pasado 16 de septiembre, que declaró resuelto el contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del aeropuerto.
Asimismo, ha pedido a los magistrados que reclamen al ejecutivo regional el expediente administrativo con el fin de que puedan formalizar su demanda.
En el escrito, se hace referencia a la situación creada recientemente cuando el director general de Transportes se presentó en las instalaciones para el levantamiento de un acta sobre las mismas.
La concesionaria añade que del contenido de las dos comunicaciones que le fueron enviadas por este alto cargo "puede deducirse que la pretensión de la Administración es la toma de posesión de la infraestructura".

Según el TSJ, el Gobierno de Murcia debe adoptar acuerdos previos para recibir el aeropuerto

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) ha levantado la medida cautelar que suspendió la toma de posesión del aeropuerto de Corvera por parte del Gobierno murciano con ayuda de la Guardia Civil, pero ha dicho que es este Ejecutivo el que debe dictar antes las resoluciones oportunas para hacerlo.

No obstante, el auto de la sala de lo Contencioso advierte de que esas resoluciones podrán ser recurridas por la sociedad concesionaria del aeropuerto, Aeromur, una unión temporal de empresas liderada por la promotora Sacyr, que también podrá pedir las medidas cautelares que en relación con ellas crea convenientes para sus intereses.
El auto señala que en la vista celebrada el martes para que las partes pudieran opinar sobre la medida cautelar adoptada por el TSJRM el pasado 27 de septiembre, Aeromur pidió su mantenimiento, mientras que el abogado del Gobierno de Murcia solicitó que fuese levantada.
La concesionaria alegó que el Ejecutivo regional había actuado por vía de hecho cuando se presentó en las instalaciones aeroportuarias para hacer un balance de sus bienes sin tener ningún título que lo habilitara para ello.
Asimismo, expuso que la actuación impugnada vulneraba sus derechos e intereses y que la entrega debía hacerse tras la liquidación de las obras y con la presencia de ambas partes, con las formalidades que marca la ley.
Por su parte, el abogado del Ejecutivo murciano alegó que la situación creada al impedir la toma de posesión del aeropuerto ocasionaba una grave perturbación del interés general y que la única propietaria de las instalaciones era la comunidad autónoma.
Afirma la sala que lo que acordó el pasado día 27 fue suspender el levantamiento del acta de entrega y toma de posesión prevista para ese día, con lo que no se puede "extender esa medida cautelar a otros actos o fechas distintos".
"No puede esta sala -añade- pronunciarse sobre actuaciones distintas de la recurrida, ni, por supuesto, determinar si debe procederse o no a la entrega de las instalaciones, cómo ni cuándo, pues la concesionaria, única legitimada para ello, no ha recabado de este tribunal que fije unos plazos o unas determinadas pautas para la toma de posesión" por parte del Gobierno murciano.

El Tribunal Supremo anula un acuerdo del Gobierno de Murcia que hizo urbanizables terrenos ZEPA

MURCIA.- El Tribunal Supremo (TS) ha anulado un acuerdo del Consejo de Gobierno de Murcia de marzo de 2003 que clasificó como suelo urbanizable una finca de 568 hectáreas, propiedad de la empresa Explotaciones Agrarias La Cerca, que estaban incluidas en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

La sentencia señala que la resolución "incurrió en arbitrariedad al decidir que unos terrenos -ubicados en la pedanía murciana de Sucina- que habían sido designados como ZEPA, sin ninguna explicación pasaran a ser suelo urbanizable".
Además, señala que al estimar el recurso que la sociedad propietaria presentó contra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, invadió las competencias municipales y no respetó que la esfera de decisión del diseño de la ciudad correspondía al consistorio, no al Gobierno autonómico.
La sentencia del TS estima así el recurso que presentó el Ayuntamiento de Murcia contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de esa región que declaró ajustada a derecho la decisión del Ejecutivo regional de no admitir el recurso extraordinario de revisión que había planteado contra la recalificación acordada.
"Declaramos radicalmente nulas -dice el Alto Tribunal- la clasificación como suelo urbanizable sin sectorizar y la calificación de "bordes serranos con aptitud turística", decididas en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 7 de marzo de 2003, al no ser ajustadas a Derecho".

La campaña de verano para el campo murciano arroja un beneficio de 42 millones

MURCIA.- La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam) ha presentado este viernes la valoración agraria regional de la campaña agrícola de verano que ha realizado su equipo técnico, que ha calificado como "aceptable", con un beneficio aproximado de 42 millones de euros para el campo murciano.

   El presidente de la organización, Santiago Martínez, acompañado en el acto por los representantes sectoriales de frutas de hueso, cítricos y ganadería, Pascual Hortelano, Rafael Sánchez y Pablo Pedrero, respectivamente, y el tesorero, Domingo Llamas, considera que han sido "buenos resultados globales en los principales productos agrarios de verano".
   En términos económicos, la federación de cooperativas agrarias calcula un beneficio en torno a los 42 millones de euros para el campo murciano. "Ha sido una campaña veraniega que permitirá que el sector primario siga invirtiendo y generando empleo y riqueza para la Región", ha asegurado.
   Durante su intervención, Martínez Gabaldón ha lanzado el mensaje de que "se debe dignificar la labor de los agricultores y ganaderos, puesto que están jugando un papel fundamental para ayudar a salir al país de la crisis". Así, ha revelado que "se están importando productos de otras comunidades y países para alargar la campaña en dos o tres meses y mantener los puestos de trabajo".
   Ha destacado que el sector agroalimentario "ha hecho los deberes en los últimos 15 años y ahora está recogiendo los frutos".
 "Las cooperativas y empresas agrarias de la Región han invertido en I+D+i y en instalaciones y maquinaria para ser cada vez más competitivas, además de introducir nuevas variedades para adaptarse a las demandas del mercado, exportar a nuevos países y apostar por la formación y cualificación de los trabajadores", ha explicado.
   Entre los temas que más preocupan de cara al futuro, Martínez Gabaldón ha avisado que "existe un grave problema con el seguro agrario, la única herramienta de gestión de riesgos con la que cuenta el sector".
   Y es que, lamenta, "nos ponen un límite de 12.000 kilos por hectárea para algunas zonas y variedades de frutales, cuando la realidad es que en una campaña normal se pueden superar los 40.000 kilos y, si se produce cualquier problema climatológico como una helada, habrían grandes pérdidas económicas".
   Por ello, la organización reclama que "se dé marcha atrás a los cambios y se aplique el sistema tal y como ha funcionado durante casi 30 años, puesto que no puede haber una agricultura moderna sin un seguro en condiciones". También considera necesario más apoyo económico de las administraciones.
   Durante su intervención, ha recordado que la cuenca del Segura "tiene un déficit estructural de 600 hectómetros cúbicos" y ha reclamado que "no se utilice el agua como un arma arrojadiza para captar votos".
 "Debería ser un asunto de Estado, al igual que la educación y la sanidad", ha destacado.
   En lo que respecta al memorándum del trasvase Tajo-Segura, ha asegurado "que nadie en el sector lo conoce", además de indicar que la posibilidad de que algunos aspectos adquieran rango de ley no les da "ninguna confianza", dada la "inseguridad jurídica que existe en el país", en el que las leyes se derogan cuando se quiere.
   En cuanto al tema de la planificación de los espacios protegidos de la Red Natura 2000, ha reconocido que "va por el buen camino". De hecho, ha indicado que el grupo de trabajo constituido en torno a la patronal Croem, del que forman parte las cámaras de comercio, las organizaciones agrarias y los colegios profesionales de la Región, se reunirá el lunes para terminar de perfilar el documento con las propuestas de mejora del Plan del Noroeste, que se entregará al consejero de Presidencia, Manuel Campos.
   En frutas, el verano ha sido bueno, gracias a la climatología, para melocotón rojo y amarillo, nectarina, paraguayos, pera y albaricoque para fresco, pero "mediocre" para ciruela, que no puede competir ni en precio ni en calidad con la de Extremadura y sigue perdiendo superficie de cultivo, y "desastroso" para el albaricoque con destino a industria y la uva de mesa, que se ha visto muy afectada por el retraso del periodo de recolección, que ha condicionado la poca demanda en el mercado.
   La almendra ha tenido una campaña "mala" en cuanto a volumen de producción (la mitad de cosecha que en 2012), fundamentalmente por las heladas de febrero y marzo, lo que, sin embargo, ha ayudado a que los precios hayan acompañado.
   En hortalizas, los resultados se pueden considerar buenos para prácticamente todos los cultivos, con precios de mercado más estables y mejores que los de años anteriores para la sandía, y una relación "óptima" entre oferta y demanda para el melón.
   En el lado negativo se encuentra el tomate, con unos números similares a los de la nefasta campaña de la crisis de la 'E. coli'. Los principales motivos han sido el retraso de las plantaciones de España y la coincidencia con las producciones del resto de países de la Unión Europea, fundamentalmente Polonia y Holanda.
   Los cítricos, en cambio, han tenido un balance positivo, con la única excepción (como viene siendo habitual en los últimos años) de la naranja que, durante los primeros meses no consiguió cubrir los costes de producción.
   El limón ha tenido una "magnífica campaña, equilibrada y estable en buenos precios para los finos, y subiendo para la variedad Verna". La producción nacional fue de unas 820.000 toneladas, de las que la mitad corresponden a Murcia, un 15% menos que la campaña anterior, aunque dentro de un intervalo normal.
   En cuanto a la ganadería, Fecoam se lamenta de que los altos costes del pienso y el endeudamiento que arrastran las explotaciones de la Región en los últimos años hacen que el sector no pueda obtener la rentabilidad esperada por los buenos precios que ha habido en la mayoría de productos a lo largo de la campaña.

Los Bomberos del Consorcio piden a la Comunidad que suspenda la actual oposición y convoque una "conforme a la ley"

MURCIA.- Medio centenar de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) se han concentrado este jueves a las puertas del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para reclamar que se paralice el sistema de provisión de nuevas plazas, y piden que haga una convocatoria "tal y como está regulado en el acuerdo marco" y que los puestos sean ocupados por "funcionarios de carrera".

   Así lo ha hecho saber el miembro de la Junta de Personal, Eduardo Jiménez, quien ha explicado que todos los bomberos, según el acuerdo marco y el estatuto de los trabajadores públicos, son personal "funcionario de carrera".
   Sin embargo, la actual Gerencia del CEIS, de forma "unilateral y sin negociación alguna con representantes sindicales, se ha sacado de la manga una figura que no existe en el Cuerpo, que es la del bombero interino". Así, con los que aprueben la oposición, la Comunidad elaborará una lista de espera a cuyos integrantes se les va a llamar o no, no se sabe bien siguiendo qué criterios, para trabajar de forma interina".
   El problema, añade Jiménez, es que esa oposición comenzará este sábado, por lo que ha insistido en pedir al consejero de Presidencia, Manuel Campos, que paralice este proceso y que lo vuelva a convocar de forma "correcta".
   Campos, que se ha reunido brevemente este jueves con los representantes de la Junta de Personal, justifica su decisión en que "es imposible y que no le permiten convocar plazas de funcionarios de carrera, ya que tienen consignas claras de no hacerlo", añade Jiménez.
   El miembro de la Junta de Personal también ha arremetido contra el "cambio brutal de la forma de provisión de estas plazas, ya que se han cambiado los requisitos, de forma que ahora los bomberos no tienen que tener como requisito el Bachillerato, sino el graduado escolar".
   "También ha cambiado la forma de los exámenes y la forma de seleccionar los temas, que antes era por sorteo y ahora no se sabe cómo se va a hacer", asevera Jiménez, quien cree que el tribunal "podría decidir el tema que le parezca, lo que puede dar lugar a sospechas".
   Además, indica, ha cambiado la elaboración del tribunal, de forma que los nuevos bomberos van a ser examinados por "siete personas, de las cuales solo una ha ejercido de bombero y que ahora tiene cargo de sargento, el resto, no".
   Cerca de medio centenar de bomberos se han concentrado ante San Esteban con una pancarta en la que se podía leer 'Oposición: pantomima. No a bomberos de usar y tirar'. En concreto, han acudido a acompañar a los delegados de personal que han ido, en representación de la plantilla, a presentar unas firmas de petición al consejero de Presidencia, Manuel Campos, para pedirle "una solución".
   En concreto, han reclamado que paralice el sistema de provisión de nuevos efectivos, y que lo convoque "tal y como está regulado en el acuerdo marco, para que las plazas sean ocupadas por funcionarios de carrera de forma permanente, tal y como está recogido en el estatuto del empleado público".
   Además, Jiménez ha criticado que hay problemas de "precariedad" del Consorcio, ya que la mitad de los parques de Bomberos cuentan solo con tres bomberos por turno, mientras que los tiempos de respuesta "son superiores a 30 minutos y hasta 40 minutos en zonas de población importante como Fuente Álamo y Beniel, dependiendo de la pedanía, lo que va en contra de cualquier normativa europea".
   Además, ha recordado que el gerente o jefe de personal del cuerpo es un cargo de designación política, y reprocha en este sentido que la gestión "política es nefasta, ya que estamos prácticamente en las ruinas". Y es que el Consorcio "tiene una deuda de varios millones de euros, tanto con el personal como con diferentes proveedores".
   Todo ello, a pesar de que últimamente ha recibido "algunas subvenciones de la Comunidad para poder liquidar las deudas". Sin embargo, lamenta que "no hay ningún responsable de esos problemas ni ha habido repercusión sobre nadie".
   Jiménez manifiesta que hay "más de 50 plazas vacantes en la plantilla del Consorcio, entre técnicos, jefes de coordinación y mecánicos, que es lo que más falta hace, ya que hay un gasto brutal en talleres externalizados".
   Sin embargo, el gerente del Consorcio "ha tomado como solución una bolsa de empleo que, mucho nos tememos que lo único que hace es estar pensada en publicitar que la Región de Murcia va bien y que sigue invirtiendo en seguridad.