martes, 1 de octubre de 2013

El aeropuerto fantasma atrapa a la élite murciana en la guerra Sacyr-Valcárcel


MADRID.- La trifulca de la Comunidad Autónoma de Murcia con Sacyr por el nuevo aeropuerto de Corvera fractura las élites murcianas. Directivos de empresas muy ligados al poder del PP en la región no tienen otra que respaldar las acciones judiciales de la concesionaria Aeromur, de la que forman parte, contra decisiones del Gobierno regional. 

El “buen pleito” por el que ha optado el Ejecutivo tiene largo recorrido y aumentará las dificultades para que finalmente lleguen aviones. En el aire están más de 200 millones de euros, por mucho que el presidente Valcárcel intentara ayer dulcificar la situación anunciando un acuerdo con Aena para que gestione la nueva instalación y cierre al tráfico civil el otro aeródromo, el de San Javier.
El contencioso, iniciado cuando Aeromur quiso renegociar las condiciones de la concesión en 2009 y en 2012, estalló el martes 24 por el intento de funcionarios regionales de ocupar las instalaciones aeroportuarias, terminadas y sin funcionar, después de que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel comenzara en mayo pasado los trámites para retirar la concesión por incumplimientos de contrato -el aeropuerto está terminado y sin funcionar desde enero de 2012- y la hiciera efectiva el 13 de septiembre. El Ejecutivo siempre contestó a la concesionaria que hiciera honor a lo firmado y abriera el aeropuerto en los plazos previstos.
Aeromur, liderada por Sacyr, pidió el miércoles tutela judicial por irregularidades en el intento de ocupar las instalaciones. Un juez le dio el jueves la razón recordando a la Comunidad la inviolabilidad del domicilio consagrada en la Constitución, aunque autorizó que los funcionarios levantaran acta de inventario el viernes, como estaba previsto y acordado, un paso previo a la ocupación oficial de las instalaciones.
Este no es más que el inicio de la que se prevé larga batalla judicial puesto que Aeromur, a través de Sacyr, ha declarado su intención de recurrir la retirada de la concesión así como el nuevo concurso que la Comunidad pretende convocar para gestionar el aeropuerto antes de final de año.
Así se acordó en el último consejo de la exconcesionaria, en el que todos los asistentes respaldaron esa toma de postura, según varias fuentes coincidentes. En el órgano de dirección se sientan representantes de Cajamurcia (ahora BMN), Grupo Fuertes y Sabadell-CAM, entre otros, todos al 6%. Los dos primeros, dirigidos por los murcianos Carlos Egea y Tomás Fuertes, tienen estrechísimas relaciones con el presidente Valcárcel y con la estructura del Gobierno y del PP.
Esto coloca a esos dos socios minoritarios de Sacyr (60,7%) en Aeromur en una situación delicada y difícil, aunque las fuentes coinciden en que ambos han intentado tender puentes y evitar el conflicto desde el inicio de las discrepancias. Junto a ellos ha actuado en ese sentido y muy activamente el presidente del consejo de administración de la exconcesionaria, Patricio Valverde, que es también delegado de Iberdrola en la región y fue consejero de Economía de Valcárcel a principios de la década pasada.
Cajamurcia, Grupo Fuertes e Iberdrola han participado como soporte de una u otra forma en grandes operaciones urbanísticas y financieras alentadas por el ejecutivo desde hace más 15 años. La antigua CAM desempeñó, si cabe, un mayor papel 'ladrillero' hasta su quiebra, pero su compra por el Sabadell por un euro en junio del año pasado la ha distanciado de la 'pomada'.
El consejero de Empresa e Innovación y portavoz del Gobierno, José Ballesta, describió el jueves con su habitual circunspección el asunto de Corvera como “complicado y delicado”. Pero añadió el factor sorpresa anunciando que hoy el presidente Valcárcel cerraría con Aena un acuerdo para que la gestora aeroportuaria estatal se haga cargo del nuevo aeropuerto y traslade sus operaciones civiles desde el de San Javier, situado a 20 kilómetros de aquel.
“Suena paradójico que una semana después de retirarle la concesión a una empresa se firme ese acuerdo”, dicen fuentes de la concesionaria, cosa que con probabilidad añadirá otro proceso judicial y más retrasos para la apertura del aeropuerto. Porque el Gobierno intenta desesperadamente que los aviones empiecen a aterrizar en Corvera en el mes de abril. No sólo porque es el inicio del verano turístico y así no se perdería una temporada más, sino también porque el presidente Valcárcel tiene previsto concurrir a las elecciones europeas en las listas del PP en mayo, algo que aún no se ha hecho oficial, y quiere, obviamente, dejar encauzado el problema.
Un problema que se puede convertir en una bomba económica puesto que Aeromur inició el preconcurso de acreedores tras retirársele la concesión porque ahora no tiene perspectivas de poder devolver el crédito sindicado liderado por CaixaBank que obtuvo para terminar las obras, que es de 197 millones de euros. La Comunidad Autónoma fue el avalista del préstamo, por lo que su impago la obliga a satisfacer la deuda.
La sorpresa del acuerdo con Aena fue complementada el viernes 27 con la intención de la Comunidad de pedir créditos por los casi 200 millones del aval por si Aeromur no hace frente a su pago, cosa probable ya que está en preconcurso de acreedores.
La petición de tutela judicial y la posible suspensión de pagos son interpretadas desde el Gobierno como tácticas dilatorias premeditadas para entorpecer el nuevo concurso de adjudicación del aeropuerto. En el otro lado, se sorprenden de que, paralelamente a las negociaciones de Aeromur y Comunidad, se estuvieran preparando durante el verano informes jurídicos para anular la concesión por retrasos en la apertura, se avance otro concurso de adjudicación y se anuncie para ya mismo el acuerdo con AENA. Aunque esto último tardará meses en plasmarse: Según explicó el lunes 30 el propio Valcárcel tras entrevistarse con la ministra Ana Pastor, será durante el primer semestre de 2014 si todo va bien.
La gestora estatal puso como condición para el traslado que se le compensara por los 70 millones que costó una segunda pista, inaugurada en marzo de 2011, y otras instalaciones antes de dejar San Javier exclusivamente para vuelos militares y trasladarse sin armas pero con bagajes a Corvera. Valcárcel dice ahora que solo son 54 y se pagarán a medias entre el ministerio de Defensa y quienquiera que sea el nuevo concesionario de Corvera, que asumirá también los 197,5 del aval.
Por eso, tanto en la ya ex concesionaria como en su socio mayoritario no entienden bajo qué criterios económicos se han tomado estas decisiones, y coinciden en señalar a Juan Bernal -consejero de Economía, vicepresidente y también muy ligado a las élites económicas del PP- como el más firme opositor dentro del Gobierno regional a que Aeromur continuara en Corvera.
Está en juego una cantidad de millones de euros que puede desequilibrar el presupuesto de una comunidad destacada entre las menos cumplidoras de los límites de déficit impuestos por el ministro Montoro y en cuya ejecución para que sean pagados por todos los contribuyentes figurarán como cooperadores necesarios ilustres representantes empresariales y financieros murcianos, además de Sacyr. Algunos añoran los tiempos en que Luis del Rivero era dueño y señor de Sacyr haciendo y deshaciendo en Murcia en comandita con quienes ahora quedan entre dos fuegos.

Las plantillas de las Fuerzas Armadas caen por debajo del mínimo legal de 2007

MADRID.- España gastará en 2014 un tercio menos en Defensa que cuando empezó la crisis. Los recortes en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 son menores (un 3%) comparados con los dos ejercicios precedentes, pero en el caso del Ministerio de Defensa llueve sobre mojado y se acumulan a los drásticos ajustes que empezaron en 2009. El número total de militares de tropa y marinería queda por debajo del mínimo de los 80.000 establecido en la ley de la carrera militar de 2007 que fue pactada entre el Gobierno socialista y el PP en la oposición.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado fija para el próximo año un tope de 79.000 militares de tropa y marinería, mil menos que en este ejercicio, con lo que las Fuerzas Armadas volverán a las cifras de personal de 2008, cuando Defensa empezó a superar el bache de reclutamiento experimentado desde el final del servicio militar obligatorio.
En 2005 las Fuerzas Armadas se habían quedado en los 70.000 soldados y marineros, con los que no podían cubrir los mínimos operativos de muchas unidades y barcos. La ley de la carrera militar fijó en 2007 el objetivo de contar con 150.000 profesionales entre generales, jefes, oficiales, suboficiales y tropa (entre 80.000 y 90.000 soldados y marineros).
La nueva ley que ofrecía una carrera a los jóvenes, las subidas salariales, más el principio de la crisis solucionaron el problema y en 2010 las Fuerzas Armadas llegaron a contar con 86.000 efectivos de tropa. Los recortes presupuestarios a partir de ese mismo ejercicio culminan para el próximo año con la cifra de personal eventual (soldados y marineros) más baja de los últimos seis años y aumenta la desproporción con el número de mandos, que ahora está en los 44.000 (casi 16.000 oficiales y 28.000 suboficiales).
Lo que arregló la ley de la carrera militar en dos años se lo ha llevado la crisis vía recortes presupuestarios en menos de tres ejercicios. En la última convocatoria realizada por el Defensa este verano para cubrir 1.500 plazas de soldados y marineros, se presentaron 14.000 aspirantes.
Los recortes en Defensa se limitan este año a un 3,2 por ciento sobre el ejercicio en curso, pero al ser el quinto presupuesto que disminuye, el departamento que dirige Pedro Morenés figura entre los más castigados por los ajustes. De los 8.491 millones con que contó Carme Chacón en 2008 se ha pasado a los 5.745 para 2014.
El Ministerio de Defensa, uno de los que contaban tradicionalmente con un capítulo más abultado de inversiones, se constriñe aún más al mero sostenimiento del personal: un 77 por ciento del presupuesto está dirigido a pagar las nóminas. Las inversiones vuelven a bajar, esta vez sólo un 8,7 por ciento, hasta quedarse en los 443 millones de euros; aunque lo hace bastante menos que el pasado año, cuando descendieron un 30 por ciento.
Siguen bajo mínimos los pagos dirigidos a los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas después de la reprogramación de compras y contratos: 4,9 millones para el caza Eurofighter, 1,1 millones para el avión de transporte militar A400M y 730.000 euros para el helicóptero de combate Tigre.
A mitad de este ejercicio, el Gobierno tuvo que habilitar un crédito extraordinario de 877 millones de euros para pagar las deudas acumuladas con la industria de Defensa en los últimos años. En 2010 y 2011 el Ejecutivo anterior no había abonado factura alguna, según recoge 'El Confidencial'.