lunes, 20 de mayo de 2013

Valcárcel asegura que el Gobierno murciano no va a dar dinero a Aeromur en virtud de sus pérdidas porque "es ilegal"

MURCIA.-   El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, ha criticado que la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, Aermur, quiere que la Comunidad Autónoma empiece ahora a comprometer un dinero "en virtud de unas pérdidas", pero ha aseverado que se trata de algo que "es ilegal. Y como es ilegal, no se va a hacer", ha zanjado.

   En una rueda de prensa al ser preguntado por el aeropuerto, Valcárcel ha afirmado que el proyecto "sigue su ritmo".
   Ha confirmado que el Aeropuerto está "prácticamente finalizado en cuanto a su tramitación, para poder abrir" y ha asegurado que el Gobierno murciano "va a exigir que se abra", puesto que la Comunidad Autónoma "ha cumplido con su parte".
   Recuerda que la primera exigencia del Gobierno regional era "no poner un euro, puesto que no es un proyecto para que cueste un euro, como no ha costado a los murcianos".

El PSRM dice que el plan de recortes "incide en políticas fracasadas de años anteriores" y lamenta que Valcárcel "sigue con la misma canción"

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha criticado las palabras del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, "que indicaba que teníamos que ser conscientes de que el mundo se está hundiendo". De hecho, ha resaltado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, "el nuevo plan de recortes incide en las políticas y medidas fracasadas de años anteriores".

   "El Gobierno regional, para empezar, hecha a los marineros al agua, quita los salvavidas, deja sin ayuda a los tripulantes y obliga a la orquesta a seguir tocando la misma canción, a pesar de saber que la situación es difícil", se trata de una receta "fracasada", que "nos ha llevado a más paro, a peor economía y nos está poniendo al borde del abismo".
   Y es que, ha lamentado, el Ejecutivo de Valcárcel "se ha puesto las orejeras del déficit y no ve más allá del recorte, sin ninguna otra iniciativa en una región con muchas potencialidades y muy mal gobernada".
   La Región "está en grave peligro" y solo tenemos "una medida: recortar, recortar y recortar en servicios públicos y hacer sufrir a los murcianos, sin dar opción al crecimiento y dejando caer a las personas de forma impresentable" cuando, según los socialistas, "hay alternativas".
   En concreto, un plan de medidas, estímulo económico y creación de empleo, elaborado por los socialistas, cuyo primer objetivo sería el empleo y en segundo lugar el apoyo a pymes, empresas familiares y autónomos, que enviaron por escrito al presidente hace ocho días y del que aún no han recibido respuesta. Al hilo, Tovar ha avanzado que iniciarán la ronda de contactos desde este martes con organizaciones sociales.  
   También debe haber un cambio de modelo económico regional "que nos haga salir fortalecidos de esta crisis", que es "vital", luchar contra la pobreza y exclusión social y seguir manteniendo unos servicios públicos de calidad "que hagan de esta región avance", sin dejar a nadie "en la cuneta"; apostar por los jóvenes, ayudar a parados de larga duración o pymes sin actividad, además de priorizar la formación, el conocimiento y la ciencia murciana, "un elemento central para salir de la crisis".
   Los socialistas murcianos "queremos unas cuentas saneadas" y para ello debe haber una mayor flexibilidad del objetivo de déficit, por lo que "es fundamental que el Gobierno regional no admita un techo de déficit menor del 2 por ciento para 2013", que "ya es un gran esfuerzo --reducción de 280 millones--". "No podemos tolerar ni una décima menos".
   Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, ha puesto de manifiesto que "el plan de recortes del PP incide de nuevo en las medidas fracasadas de años anteriores, y llega tarde en cuanto a los ingresos, pues quiere poner en marcha medidas contra las que ha estado votando los últimos cuatro años argumentando, entonces, que no eran recaudatorias, como el impuesto de sucesiones y donaciones (que supone 45 millones) o la reducción de beneficios a las rentas más altas (otros 64 millones)".
  "El impuesto que gravaba a grandes empresas cuya actividad incide en el medio ambiente, y que el año pasado recaudó 20 millones de euros, ha desaparecido en 2013", ha apuntado la responsable socialista.
   En resumen, "el Gobierno regional sigue sin aumentar impuestos a las rentas más altas, sin poner impuestos a las grandes superficies, o perdonando al Gobierno de España el Impuesto sobre los depósitos bancarios, que el PSOE había propuesto y el PP votaba en contra, y que en 2013 le va a dar a Extremadura 35 millones de euros adicionales", ha criticado.
   Mientras tanto, ha añadido, "aumentan el copago, empeoran los servicios, aumentan las ratios educativas y las tasas universitarias, lo que va a hacer que muchos estudiantes murcianos no puedan acceder a una plaza universitaria por la reducción de becas".
   Retegui ha recordado que, hace cuatro años, el PSOE presentó un Proyecto de Reestructuración del Sector Público Regional, "y nos dijeron que no".
   Ahora, "aunque van reduciendo gota a gota los entes, siguen existiendo los asesores y cargos enchufados a dedo en la Administración regional, cuando hay funcionarios que pueden hacer ese trabajo y que están sometidos a reducciones de salarios y eliminaciones de plazas", ha subrayado.
   En cuanto a la Sanidad, la portavoz socialista ha resaltado que las nuevas medidas del PP "hunden la sanidad sin criterio, ponen en marcha medidas improvisadas, y sin aclarar cuáles son los servicios que se van a dar".
   Por último, en referencia a los recortes en dependencia y servicios sociales, Retegui vaticina que "van a suponer la desaparición de miles de empleos en el sector que trabaja con los más débiles y con la pobreza".

Las oposiciones al Cuerpo de Maestros en la Región de Murcia se celebrarán el próximo 22 de junio

MURCIA.- La Consejería de Educación, Formación y Empleo ha confirmado este lunes que las oposiciones al Cuerpo de Maestros se celebrarán el próximo 22 de junio para un total de 7.866 opositores inscritos en esta convocatoria. 

   En concreto, los exámenes se celebrarán en los campus universitarios de La Merced y de Espinardo de la Universidad de Murcia, en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Cartagena, y en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Murcia y Cartagena.
   Las sedes de los 82 tribunales por especialidad que ha configurado la Consejería son el IES Juan Carlos I y el IES La Flota para Educación Infantil; el IES Miguel de Cervantes y el IES Miguel Espinosa para la especialidad de Inglés; IES Francisco Salzillo y el IES Alcántara para Educación Física; IES Eduardo Linares Lumeras para Música; IES Ldo. Francisco Cascales para la especialidad de Pedagogía Terapéutica; IES Cañada de las Eras para Audición y Lenguaje, así como los institutos Floridablanca y Saavedra Fajardo para la especialidad de Educación Primaria.
   Se realizará una primera prueba de conocimientos específicos sobre la  especialidad docente a la que se opte. Esta prueba consta, a su vez, de dos partes que serán valoradas conjuntamente.
   La parte A es una prueba de carácter práctico consistente en la realización de una serie de ejercicios relacionados con el temario de la especialidad y/o el currículo de las áreas propias de la especialidad. La parte B consiste en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre dos extraídos al azar.
   La segunda prueba tiene por objeto comprobar la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Para ello, los aspirantes deberán presentar y defender ante el tribunal una programación didáctica, así como elaborar y exponer de forma oral una unidad didáctica.
   Esta convocatoria cuenta con un total de 200 plazas distribuidas en las siguientes especialidades: Educación Especial, Audición y Lenguaje (13 plazas), Educación Física (22 plazas), Infantil (43), Inglés (60), Música (17), Educación Primaria (28) y Educación Especial y Pedagogía Terapéutica (17).

El ministro Soria descarta una moratoria nacional para el 'fracking'

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha mantenido este lunes que no comparte la petición de Andalucía para que se establezca una moratoria nacional para el fracking, el uso de la fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional, hasta que se desvelen las dudas medioambientales existentes y ha mantenido que adoptar la medida propuesta por Andalucía o renunciar a la fractura hidráulica es "un lujo que no nos podemos permitir".

   En declaraciones a los periodistas al término de la Conferencia Sectorial de Energía, que se ha celebrado en Madrid, ha recalcado que el Gobierno no comparte esa propuesta y, en este sentido, ha aludido a las declaraciones del comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, que ha afirmado que no se puede "dejar pasar la oportunidad" que representa la generación de gas por esta técnica.
   "No podemos renunciar a este tipo de tecnologías en exploración de hidrocarburos", ha dicho el ministro que, en cualquier caso, ha subrayado que las autorizaciones deberán hacerse "siempre, siempre de acuerdo con máximas garantías medioambientales establecidas por la Unión Europea".
   El ministro considera que nos encontramos en un "cambio de la geopolítica mundial de la energía" y ha expuesto el caso de Estados Unidos que desde hace cinco años usa esta técnica, lo que "está cambiando su situación de dependencia y vulnerabilidad respecto a las importaciones". 
"Si hasta ahora era tremendamente dependiente, cada vez lo es menos y de aquí a unos años será totalmente independiente y con ello, va a tener muchas más oportunidades para relocalizar actividad industrial", ha ensalzado.
    Además, Soria ha asegurado que en el transcurso de la sectorial, "todas las intervenciones de todas las comunidades" han sido "partidarias" de hacer exploraciones a través de esta técnica, "con una sola excepción" --en alusión a Cantabria, cuyo parlamento regional ya declaró la comunidad autónoma como territorio libre de fracking--. Eso sí, según ha recalcado el ministro, "siempre que se hagan dentro de las mayores garantías medioambientales exigidas por la UE y por la legislación nacional".

España, ¿un país de corruptos?

MADRID.- En los tribunales se tramitan más de 1.600 casos de corrupción y no pasa un día sin que afloren titulares involucrando a alcaldes, consejeros, partidos políticos, hasta a la Casa Real en procesos judiciales por abuso de poder. Sólo el paro preocupa más: un 44,5% de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) piensa que la corrupción es una de las grandes lacras del país, por delante incluso de los problemas de índole económica, recoge 'El Mundo'.

"Los españoles perciben que somos un país de corruptos", explica Javier Noya, investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de la Marca España. Aunque el juicio es más duro en casa que en el extranjero, en países como Reino Unido y Alemania empieza a hacer mella el flujo de noticias desde la piel de toro, multiplicando la desconfianza hacia lo español.
¿Está la corrupción en el ADN nacional? No, coinciden los expertos.
Para empezar, "en el caso español, si comparamos las percepciones de la corrupción y las experiencias personales de los ciudadanos hay una gran disonancia", precisa Víctor Lapuente, especialista en temas de administración pública y corrupción del Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Grecia o Rumanía, la vida diaria no está mediatizada por el pago de sobornos o corruptelas en servicios básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana. En las bajas esferas estamos 'limpios'. El problema no es la corrupción administrativa, sino la corrupción política.
Tampoco es un problema nuevo. Los casos que ahora salen a la luz con tanto revuelo "se desarrollaron desde la expansión económica, a partir del año 93" vinculados en especial al terreno urbanístico, señala Manuel Villoria. El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Director del departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset constata que "más que a nivel del Estado, la corrupción se ha concentrado a nivel autonómico y sobre todo local, donde hay menos controles y más discrecionalidad". Recalificar terrenos era una forma fácil y relativamente 'segura' de ganar dinero rápido con pocos riesgos.
¿Qué pasará ahora que el sector de la construcción ha colapsado? "La corrupción se ha desplazado a otras áreas, probablemente la contratación pública, las concesiones, las privatizaciones...", enumera Villoria, que incide en los problemas de la falta de transparencia en las adjudicaciones y de las famosas 'puertas giratorias', cuando los políticos pasan a trabajar en empresas del sector donde anteriormente ejercía su cargo público.
En el ranking que cada año elabora la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción España aparece a la altura de Botsuana, estancada en torno a la posición número 30 del índice y por detrás de la mayoría de la antigua UE de los 15.
"Con el 'boom' se hizo la vista gorda, crecieron las oportunidades, pero eso también indica que la corrupción no está en nuestros genes, no está en nuestra cultura. No debemos resignarnos a esa idea", afirma Lapuente, que cree que la gente responde a los incentivos. Villoria coincide: "Yo creo que no somos peores que los ingleses o los suecos. El español ve claramente lo que esta bien o mal, es muy riguroso. No hay grandes diferencias en cuanto a las actitudes frente al crimen, otra cosa es que, como todo el mundo lo hace, a la hora de ponerlo en práctica la cosa cambie".
El quid de la cuestión está en los mecanismos sociales que pueden poner en marcha un dominó corrupto: "La gente hace lo que cree que los demás hacen. Si la gente que tiene ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción están diciendo: 'hazlo tú también'", apunta Concepción Fernández, profesora de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid.
Así, de poco sirve aprobar normas si no se cumplen. "Los ciudadanos participan en actividades corruptas o poco éticas ante la percepción generalizada de que hay mucha corrupción, de que es posible saltarse las leyes y hasta es justificable. Esto destruye el armazón de la sociedad y es muy preocupante", incide Villoria. Por ejemplo, todo el mundo se queja de los 'enchufados' pero, ¿quién, teniéndolo, no ha echado mano de un 'enchufe' alguna vez?
Para otros, el problema es más profundo. "El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas", denuncia Juan Antonio Herrero, director del Máster en Ética y Política Pública del Centro Universitario María Cristina del Escorial. En su opinión, el resultado de esta "ingeniería social", que toma decisiones políticas sin tener en consideración criterios éticos, genera un "sufrimiento tremendo sobre la población" que deviene en un proceso de desmoralización y opta por defenderse saltándose las normas. "Si el Estado fuese justo la gente actuaría de otra manera", insiste Herrero.
Esa falta de ecuanimidad permea también a otros niveles. "Somos un país con mucha impunidad hacia la corrupción. Ha habido mucha tolerancia desde las altas esferas, especialmente para la gente que tiene más poder, porque tiene más posibilidad de escapar de las normas", apunta Fernández. La experta en psicología social de la Complutense cree en que las consecuencias de este "desmoronamiento de normas" pueden ser muy graves. "Hay mucho malestar que tiene que ser encauzado".
El Banco Mundial define la corrupción como el abuso de poder para beneficio privado. "Normalmente identificamos la corrupción jurídicamente perseguible -soborno, malversación, cohecho...- pero hay otra más sofisticada y compleja de la que no hay casi información en España", incide Villoria, en referencia a la financiación de los partidos y la influencia de grupos de presión a la hora de elaborar leyes y marcar políticas.
¿Qué podemos hacer? Para Lapuente, la solución "debe centrarse en mejorar la calidad del gobierno más que perseguir la corrupción con medidas policiales o especiales, pero esto también puede dar lugar a que el sistema tradicional de partidos salte por los aires, como pasó en Italia, sin que cuaje una alternativa, y sea un mal equilibrio sostenido en el tiempo".
Otros van más lejos. "Haría falta sin lugar a dudas un pacto nacional contra la corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos políticos y hacerlos más responsable frente a los ciudadanos, reducir la politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas, establecer un sistema de denuncias...", repasa Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional.
Los expertos coinciden en que la transparencia es fundamental. Sin embargo, la ley que prepara el Gobierno no se ha librado de las críticas. "Está por debajo de los estándares internacionales", afirma Jacobo Elosua, cofundador de la Fundación Civio, volcada en proyectos sobre transparencia y rendición de cuentas. En su opinión, se queda corta al incluir el silencio administrativo negativo; por la falta de independencia de la autoridad supervisora, que queda bajo el paraguas ministerial; al no considerarse el acceso a la informacion como un derecho fundamental; por la limitación del tipo de documentos que se pueden solicitar; y exclusiones de entidades como la Casa Real y los sindicatos o partidos políticos, que parece que finalmente sí estarán incluidas.
La corrupción tiene un claro impacto económico, explica Noya, porque "mina la legitimación del gobierno y dificulta poner en práctica más medidas de ajuste; por otra parte, las empresas quieren seguridad jurídica, garantías, a la hora de invertir en un país". Según el Banco Mundial, la corrupción puede reducir el PIB de un país en más de un 0,5%, esto es, el equivalente a lo que ha retrocedido la economía del país en el primer trimestre del año. "La corrupción actúa como un impuesto regresivo, y castiga a los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas. Restringe el acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios y se la vincula con una menor calidad de los servicios públicos. Representa un gran costo para las empresas", afirmaba el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim recientemente.
La entidad, además, ha presentado datos muy ilustrativos, recuerda Villoria: "Implica que hay más gasto público, sobre todo en áreas de infraestructuras, pero reduce mucho los ingresos públicos. Es como si a los impuestos a las empresas le aplicáramos una tasa marginal de hasta 10 puntos, y reduce la inversión, sobre todo a largo plazo, que es la más productiva".