viernes, 17 de mayo de 2013

Cáritas advierte que su fondo de emergencia "languidece" y que si no hay donaciones se quedará sin dinero en septiembre

MURCIA.- El director de Cáritas en la Diócesis de Cartagena, José Luis Leante, ha advertido que los fondos de ayuda de emergencia de esta organización están "languideciendo", y si la sociedad no vuelve a realizar donaciones se quedará sin dinero en septiembre u octubre.

   Se trata de los fondos a los que recurren las Cáritas parroquiales para ayudar a las familias más necesitadas a abonar facturas de la luz, del alquiler, a la adquisición de fármacos o al pago de comedores escolares, entre otras cosas.
   Leante ha explicado que este fondo se nutre de las aportaciones de donativos que hace la sociedad murciana y comunidades cristianas. Cáritas ofrecerá dinero "hasta que no quede ni un euro", pero advierte que si no entra dinero llegará un momento "en que no "podremos dar más".
   En una rueda de prensa y al ser preguntado a este respecto, Leante ha advertido que la situación económica de esta organización caritativa cristiana "ha empeorado" y, lo peor, es que "no termina de verse la punta a este escenario, es decir, no se ve un punto de inflexión" para que empiece a mejorar.
   Como ejemplo, ha recordado que la Fundación Amancio Ortega donó hace seis o siete meses 20 millones de euros a Cáritas a nivel nacional. Este dinero se distribuyó y Cáritas Cartagena iba a recibir más de 420.000 euros en tres años, repartidos en seis semestres a razón de 73.000 euros.
   Cáritas de la Diócesis de Cartagena comenzó en diciembre a gestionar los 73.000 euros correspondientes al primer semestre, tras superar un gran número de trámites burocráticos. El ejercicio se tenía que haber cerrado el 31 de mayo, pero la organización caritativa se ha visto obligada a adelantar esta fecha porque ha ofrecido 160.000 euros.
   Esto quiere decir que el fondo de emergencia de Cáritas ha tenido que aportar 90.000 euros de más, porque la demanda ha sido "muy grande". Y se trata, puntualiza, de ayudas "de lo más sencillo, como facturas de supermercado, de farmacia, de alquiler o de comedores escolares a niños que quedaron fuera de las becas escolares".

Ahora se estudian alternativas para el aeropuerto de Corvera

MURCIA.- El portavoz del Gobierno murciano, José Ballesta, ha confirmado que la Comunidad está trabajando "con diversos escenarios y previsiones" para el futuro del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, entre los que no descarta que se rescinda el contrato con la actual concesionaria, Aeromur, y vuelva a sacarse a licitación para ser gestionado por AENA u otros operadores privados, entre otras posibilidades.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero del ramo ha afirmado que la posibilidad de volver a sacar a licitación el aeropuerto "es una sola de las opciones que se contemplan", pero ha asegurado que "hay más opciones que se pueden contemplar". No obstante, no ha querido precisar cuáles son las otras alternativas "por prudencia", hasta que "no se logre concretar la situación final en la que queda la actual concesión".
   En el caso de que el Gobierno regional decidiera volver a sacar a concurso el aeropuerto, Ballesta ha explicado que el pliego especificaría las condiciones que, en su momento, debería asumir la nueva empresa concesionaria.
   En este sentido, Ballesta ha explicado que el interés de las empresas privadas dependerá de las condiciones en las que se haga esa concesión, pero ha reconocido que las prospecciones que se hacen con otras compañías ponen de manifiesto que "existen empresas interesadas en la explotación del aeropuerto".
   Al ser preguntado por la posibilidad de que el aeropuerto no quede bajo gestión privada, Ballesta ha recordado que la Comunidad siempre ha contemplado este aeropuerto como un proyecto de colaboración público-privada. Esto quiere decir que "el aeropuerto es de propiedad pública pero la gestión es privada, por lo que no cuesta ni un euro a los ciudadanos de la Región".
   Ballesta ha afirmado que el Gobierno murciano quiere seguir manteniendo este principio, y que el aeropuerto "no cueste ni un euro a los murcianos, tal y como ha sucedido hasta ahora".
   En este sentido, el Gobierno regional plantea como requisito que cualquiera de las soluciones que se adopten "no tenga ningún coste para la Administración autonómica", y ha señalado que el plazo que maneja la Comunidad es "el mínimo posible" porque la urgencia "es muy elevada".
   El plazo para llevar a cabo el proyecto es un elemento a tener en cuenta y, de hecho, el Ejecutivo murciano seleccionará las alternativas en las que la "operatividad" y la puesta en marcha del aeropuerto "se haga lo antes posible".
   Asimismo, ha declarado que el Gobierno regional no contempla una adjudicación directa pero, además, ha señalado que "no existe la posibilidad de adjudicar el aeropuerto de manera directa a nadie porque es una infraestructura pública y no existe la fórmula jurídica para ello".
   El portavoz ha planteado la posibilidad de que AENA se haga cargo de la gestión del aeropuerto, por lo que sería una empresa pública. No obstante, ha señalado que "sea de esta manera o sea de otra, la Comunidad Autónoma no correría con los gastos de la operación de ese aeródromo en ningún caso".
   En caso de que fuera AENA la entidad que se hiciera cargo del aeropuerto, Ballesta ha afirmado que la infraestructura se traspasaría "en las mismas condiciones que tiene ahora mismo".
   En este sentido, Ballesta ha anunciado que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio se puso en contacto por escrito hace prácticamente un mes con la concesionaria Aeromur para advertirle de la necesidad de cumplir con determinadas cláusulas recogidas en el contrato y que no ha cumplido, aunque éste no ha precisado hace cuánto tiempo se debían de haber ejecutado.
   El portavoz se ha mostrado cauteloso y ha precisado que este proceso se debe llevar a cabo con un "cuidado legal exquisito, con un seguimiento jurídico de todos los pasos que se dan, porque es evidente que muchos de estos temas se resolverán después en los tribunales".
   Ha afirmado que los contactos "son permanentes" con el Ministerio de Fomento y, concretamente, con AENA. Aunque ha admitido que existen dificultades en todas las conversaciones que se mantienen, ha garantizado que hay una "voluntad política" de los máximos responsables para que este asunto "se solucione cuanto antes".
   En este sentido, ha puntualizado que las dificultades surgen, más bien, en la parte "técnica y operativa", no sólo "en la económica". Fundamentalmente, ha explicado que estos condicionantes están en el aeropuerto de San Javier, que es donde está ahora mismo "la cuestión operativa más complicada".
   "Son muchos elementos", ha afirmado Ballesta, quien ha citado entre ellos "el traslado de personal o de compañías que tienen compromisos adquiridos con un determinado aeropuerto, así como unas instalaciones, entre otras cosas". El portavoz no ha detallado más variables, pero ha explicado que la operación es "un poco más complicada" que abrir un aeropuerto nuevo.
   En cualquier caso, ha remarcado que el Gobierno murciano no pretende el cierre del aeropuerto de San Javier, sino que este aeródromo "va a seguir funcionando como un gran aeropuerto militar, donde esté la Academia General del Aire (AGA) y que, incluso, pueda ser operativa para otras unidades del ejército español o ejércitos aliados".
   Paralelamente, el Ejecutivo murciano quiere un "gran aeropuerto civil, que sería el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. No pretendemos cerrar ningún aeropuerto", ha insistido.
   Así, Ballesta ha insistido en que el contrato que la concesionaria firmó en su momento "no incluye en ningún caso la condición de cierre de San Javier para la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de la Región, por lo que nadie puede invocarla"
   Ha afirmado que el Gobierno murciano contempla "con tranquilidad" los dos recursos contencioso-administrativos presentados por la sociedad concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, Aeromur, ante el TSJ. Y es que se trata de algo que "suele suceder habitualmente en ciertas concesiones administrativas y no es nada excepcional", ha remarcado.
   Además, ha recordado que las resoluciones judiciales de los casos similares que han tenido lugar anteriormente "siempre han ido a favor de la Comunidad Autónoma", incluso, en los "múltiples" procedimientos abiertos por esta misma empresa constructora que lidera el consorcio Aeromur.
   Por tanto, Ballesta ha explicado que el Gobierno regional se mantiene en la misma posición y, "lógicamente" defiende los intereses "generales y colectivos" frente a una empresa constructora que "defiende sus intereses mercantiles, privados y económicos".
   En relación a la posibilidad de que algunas de las empresas del consorcio se estén planteando abandonar el proyecto, Ballesta ha indicado que se trata de una cuestión "mercantil interna de un grupo de accionistas de una sociedad privada, que también tienen su regulación interna mediante sus acuerdos y escrituras públicas". Por tanto, cree que es algo que la empresa concesionaria tiene que solucionar "internamente".
   El portavoz ha detallado que hubo un concurso público al que se presentaron un conjunto de empresas y fue ganado legítimamente por el consorcio de empresas que formaban Aeromur. Esta concesionaria "firmó un contrato con la Administración regional, que incluye una serie de cláusulas y están obligados a cumplirlas".
   Ha remarcado en este sentido que "el único objetivo" que tiene el Gobierno regional en esta materia es "abrir el aeropuerto", pero ha descartado que este interés se deba a un "prurito" o a un "compromiso político", sino porque el Ejecutivo regional está "absolutamente convencido de que es una infraestructura esencial y básica para el futuro de la Región".

Medio millar de personas se concentran en San Esteban en protesta por nuevos recortes

MURCIA.- Medio millar de personas, según sindicatos, se han concentrado este viernes a las puertas del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, convocados por UGT, CCOO, Intersindical, CSIF, ANPE, Satse y SIME, integrantes de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos de la Región de Murcia, para manifestar su rechazo a las nuevas medidas de ahorro propuestas por el Gobierno regional, "que no son sino nuevos recortes salariales para los empleados públicos y una vuelta de tuerca más a los derechos salariales que parecen no acabar nunca".

   El coordinador del Área Pública de CCOO, Pedro Manuel Vicente, ha tachado la convocatoria de ayer de la Mesa General "de paripé, una falsa negociación" y ha aconsejado al Ejecutivo regional "releer el Estatuto de los Trabajadores para entrar a debatir y negociar medidas que afectan a más de 50.000 trabajadores".
   A su juicio, lo que hace el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, "por orden o complicidad con Valcárcel", es imponer un conjunto de medidas que van a incidir en la destrucción de empleo, poder adquisitivo y en el deterioro de los servicios públicos".
   Tras lo que ha lamentado que el Gobierno regional "quiera aprobar ese nuevo Plan de Reequilibrio en un tiempo récord para ponerlo en marcha el 1 de junio, un plan que todas las organizaciones sindicales rechazamos en rotundidad" por lo que les anima a hablar de fraude fiscal, economía sumergida, tipos impositivos para grandes fortunas, depósitos bancarios y transacciones financieras porque "no podemos incidir en medidas que traen más déficit, deuda pública y empobrecimiento del conjunto de la sociedad murciana".
  Según Pedro Manuel Vicente, "con estas medidas no salimos de la crisis, lo que vamos a conseguir es profundizar en ella" y si no cambian la dirección de las políticas económicas regional y estatal "estos tendrían que abandonar sus puestos y dejar paso a otras personas que piensen en la sociedad".
   Por lo que "nos oponemos a estas nuevas medidas", así ha anunciado que las organizaciones sindicales abrirán un calendario de movilizaciones, aún por determinar porque "hay alternativa".
   De hecho, ha señalado en base a datos del Ministerio de Hacienda, en los últimos tres años existe un desfase presupuestario de 530 millones de euros en el Capítulo II de la Comunidad, referido a gasto corriente. Así, ha zanjado, "o cambian la dirección de las políticas o deben abandonar las responsabilidades que están ocupando".
   Desde UGT, la secretaria de Organización de la Federación de Servicios Públicos, María José Salazar, ha añadido, desalentada, que "lo único que está haciendo este cuarto plan de ajuste es adelgazar a la función pública y cada una de las instituciones públicas que existen en la Región".
   Lo único que quieren, desde su punto de vista, "es que lleguen a manos privadas, se siga privilegiando a unos pocos y quedemos en un segundo plano". De tal forma, ha manifestado, "convencidos de que no vamos a conseguir nada, seguiremos luchando para intentar que la Comunidad deje de maltratar al empleado público".
   Desde la Intersindical, su portavoz, Juan Ángel Sánchez, ha apuntado que esto "es un problema social" porque en ese plan "se plantea una auténtica privatización de servicios, el aumento del copago en Dependencia y la reducción del poder adquisitivo del funcionariado de la Región en un 4 por ciento anual".
   Lo que, según Sánchez, "repercutirá en el consumo, en las posibilidades reales de reactivación económica y en la pérdida de puestos de trabajo tanto en el Servicio Murciano de Salud como en la administración pública regional y en Educación".
   Es un problema social, ha insistido el sindicalista, porque "se recortará en servicios sociales, educativos, sanitarios y en última instancia, se privatizarán esos servicios".
   Lamentablemente, ha enfatizado, "la crisis se está utilizando como excusa para realizar una política de eliminación de lo público en beneficio de las empresas privadas, que, en muchas ocasiones, están relacionadas con personas vinculadas al partido del Gobierno".
   El presidente de CSIF Región de Murcia, Juan Miguel López, ha aprovechado la ocasión para exigir la dimisión del consejero Juan Bernal y de su equipo "por el desastre económico en estos últimos años y por la situación de degradación de los servicios públicos".
   López ha lamentado que los empleados públicos "vuelvan" a pagar una crisis que no han fomentado cuando existe "una burbuja de cargos públicos y políticos que están llevando a la degradación de la crisis y la economía regional".
   Juan Antonio Blaya, del Sindicato de Enfermería, ha preguntado a Bernal "cuánto cuesta un muerto en la Sanidad" y asegurado que "la degradación de los servicios sanitarios va a caer en picado y que será el ciudadano quien pague, sobre todo, el pato".

Vargas Llosa dice que "no hay que dejar la política en manos de los pícaros"

SOFÍA.- La crisis económica ha traído un peligroso desencanto social con la política y las instituciones, algo que amenaza a la democracia y ante lo que el escritor Mario Vargas Llosa planteó la necesidad de más participación, para evitar que el poder quede en malas manos.

"La democracia es participación y, si no hay participación, se va asfixiando y desmoronando. Hay que defender la idea de que, si queremos que la política sea decente, hay que llevar a la gente decente a hacer política y no dejar que esté en manos de los pícaros", declaró una charla con periodistas en Sofía.
"Creo que esa falta de participación y esa aptitud cínica frente a la política puede destruir las democracias desde dentro. Creo que esa es hoy día la amenaza mayor que tienen las democracias europeas, incluso las de América Latina", comentó el Nobel de Literatura.
El autor de "La ciudad y los perros" recibió hoy el título de doctor honoris causa por la Universidad de Sofía, la más antigua y prestigiosa de Bulgaria.
Según el novelista, hay mucho desdén y mucho desprecio hacia la política en general, y esa actividad se percibe como algo sucio y corrupto, de lo que hay que apartarse.
En este contexto, el escritor hispano-peruano se refirió al papel de los intelectuales en la política y la desconfianza de la gente hacia ellos, porque "los intelectuales se han equivocado tantas veces".
"Los intelectuales tienen la obligación de participar en la vida cívica y pueden aportar, en una sociedad democrática, que el lenguaje político sea creíble, que sea creativo y no de clichés. Hacer que el lenguaje político sea auténtico y que sirva para difundir verdades y no mentiras", aconsejó.
Otro de las aportaciones puede ser, a su juicio, que la política no sea solamente gestión de lo existente, sino también creación, propuestas creativas y realistas, lo que requiere de su imaginación y fantasía.
Además, los intelectuales deberían estar en la vanguardia de la defensa de la libertad, un elemento fundamental para que haya una vida intelectual realmente creativa.
"La literatura sin libertad se asfixia. Entonces, la defensa de ciertos valores, como la libertad, debería tener a los intelectuales en primera fila", reflexionó.
Y añadió que, en momentos de crisis, hace faltan ideas, perspectiva, racionalidad, campos en los que los intelectuales pueden aportar algo.
Preguntado sobre la génesis de la crisis, el creador de "Pantaleón y las visitadoras" opinó que se han combinado la irresponsabilidad de unas actitudes muy poco realistas y una visión fantasiosa que llevó a muchos países a vivir por encima de sus medios y a endeudarse.
"Ha habido, por parte de los bancos, una actitud sumamente insensata guiada por el afán de lucro inmediato, que ha hecho sacrificar el futuro en nombre de un presente que era muy frágil", destacó Vargas Llosa.
El escritor pidió aprovechar la crisis para hacer una autocrítica muy profunda de la irresponsabilidad con la que se han manejado las finanzas públicas y privadas en los últimos años, "de tal manera que no se vuelva repetir una desgracia parecida".
Vargas Llosa describió la idea en su ensayo "La civilización del espectáculo": la cultura no puede ser solamente un espectáculo y una distracción, una tendencia muy peligrosa, porque, indicó, además de divertir, debe exigir un esfuerzo intelectual y no puede ser lo mismo que un circo o un musical.
"Porque, si es eso, la cultura va a dejar de tener ciertas virtudes que creo que son la gran contribución al progreso humano, al mantener unas ciertas tablas de valores entre lo que es o no es importante, lo que es bueno y es malo, lo que es feo y lo que es bello", destacó.
Y advirtió que, si esas distinciones se pierden, la cultura va desapareciendo, aunque hayas cosas que parecen cultura, lo que traerá un gran empobrecimiento social, político y moral.
Por eso, según el escritor, hay que devolver a la cultura la seriedad y la responsabilidad y sacarla de esta función de puro entretenimiento.

Concluye la restauración integral del monumento en homenaje a Ricardo Codorniú, 'Apostol del Árbol'

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha concluido la restauración integral del monumento en homenaje al ingeniero de Montes, Ricardo Codorniú 'Apostol del Árbol', a los pies del gran ficus de Santo Domingo, lucirá como nuevo en unas semanas, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado. 

   El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha impulsado la restauración integral de la pieza, que fue inaugurada en 1926 para honrar a uno de los murcianos y naturalistas más célebres de la época.
   A él se debe la reforestación de Sierra Espuña y la recuperación de numerosas especies del entorno como el águila real, el águila perdicera, el cernícalo, el murciélago de herradura, el gato montés, la lagineta y el arruí, entre otras.
   El monumento, además, es obra de uno de los más grandes escultores murcianos de todos los tiempos. Se trata de José Planes, quien inmortalizó a Codorniú en piedra. La obra se colocó a los pies del popular ficus, que fue plantado en 1893.
   La restauración de la obra ha estado a cargo del nieto del escultor, José Planes Lastra, también escultor y especializado en la obra de su abuelo. Planes, tras inspeccionar la pieza en su taller, descubrió que presentaba mayores desperfectos de los que dejaban ver en un principio las diferentes capas de pintura añadidas a la escultura durante décadas, pintura que además no permitía la ventilación de la pieza, erosionando diversas partes de la misma.
   Por ello, fue necesario ampliar el proyecto con una restauración integral, que ha incluido la consolidación de la piedra, con la reparación de numerosas grietas, la reconstrucción de algunas partes de la obra, como ha sido el caso de la nariz de Codorniú, y el refuerzo de la estructura que la soportaba, también realizada en piedra.
   Concluida la restauración, también se ha aprovechado la ocasión para obtener un molde en silicona de toda la pieza, lo que permitirá acometer en el futuro nuevas intervenciones si fuera necesario, o incluso realizar una réplica exacta de la obra.
   Los técnicos han aconsejado que la pieza se ubique en un parterre próximo al gran ficus y no debajo del árbol, para evitar que el desprendimiento de alguna rama pueda dañarlo en el futuro.
   El proyecto es fruto de la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Adela Martínez-Cachá, y el programa MurciaEscultura, dirigido a la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad de Murcia.
   Ricardo Codorníu y Stárico, abuelo del inventor del autogiro, fue ingeniero de Montes y el más firme defensor del Medio Ambiente y el cuidado de la naturaleza, lo que le convirtió en el principal impulsor de la reforestación de Sierra Espuña y de Guardamar.
   Su interés por concienciar a los ciudadanos de la necesidad de preservar el medio natural, lo que le valió el sobrenombre de Apóstol del Árbol, se tradujo en centenares de conferencias y la publicación de diversas obras.
   Tras su muerte en 1923 se le tributaron diversos homenajes, entre ellos la colocación de varias esculturas en el Parque del Retiro, en Madrid, Sierra Espuña y la plaza de Santo Domingo, en Murcia.

Los riesgos desconocidos del ‘fracking’ / Daniel Mediavilla

La sangre del mundo moderno, en el que la gente vive más allá de los 60 años y las mujeres son algo más que amas de casa, son los hidrocarburos. El petróleo y el gas natural son responsables en buena medida de que millones de personas de clase media vivan hoy más y mejor que las clases privilegiadas durante casi toda la historia de la humanidad. 

Sin embargo, esa industria también es responsable del calentamiento global que puede acabar con la misma civilización que creó y de innumerables desastres medioambientales. Ese conflicto de dimensiones trágicas se desarrolla ahora en torno al fracking,  la última tecnología para seguir inyectando sangre (o veneno) en la civilización.

Desde hace poco más de una década, la fracturación hidráulica, una técnica no convencional para extraer gas natural de yacimientos antes inalcanzables, ha sido vendida por muchos como un sistema para obtener más combustible, más barato y con menos efecto sobre el clima del planeta. 

A diferencia del gas convencional, que se encuentra almacenado en bolsas subterráneas, el gas de pizarra se encuentra atrapado en materiales arcillosos a más de 2.000 metros de profundidad. Para extraerlo, es necesario perforar un pozo con forma de “L” e inocular en él un cóctel de sustancias químicas y agua a presión para fracturar la roca y liberar así el gas. Pese a sus promesas, el proceso también ha despertado una intensa oposición por los riesgos que implica. 

Algunos de ellos son que el cóctel que se inyecta en la tierra para reventar la roca podría contaminar los acuíferos de los que se obtiene agua para beber, que las actividades de extracción podrían producir filtraciones de metano a esos mismos acuíferos o que las aguas residuales fruto de esta actividad industrial no se pueden reciclar de forma adecuada.

«El fracking es una actividad industrial similar a otras como la industria del petróleo en términos de salud y seguridad»


Radisav Vidic
Presidente del Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental de la Universidad de Pittsburgh
 
Para tratar de responder a muchas de estas dudas, un grupo de investigadores, liderado desde la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, la región del mundo donde más gas se extrae por medio del fracking, ha elaborado una revisión de las últimas pruebas científicas sobre la materia que se publica en el último número de la revista Science

Radisav Vidic, profesor de la Universidad de Pittsburgh y autor principal del estudio, considera que “la extracción de gas no convencional es una actividad industrial similar a otras como, por ejemplo, la industria del petróleo en términos de salud y seguridad de los trabajadores, y en términos de impacto medioambiental”.

 “Conocemos casos recientes de accidentes en los que han muerto mineros y estos casos no existen en las perforaciones”, añade. Sin embargo, en su artículo, Vidic señala un número importante de incógnitas que se deberían resolver para valorar si los riesgos del fracking son medioambientalmente asumibles. “Es bastante llamativo que después de excavar un millón de pozos durante cinco años ahora nos planteemos qué riesgos hay”, señala Paco Ramos, de Ecologistas en Acción.

Una de las dudas sobre esta tecnología es lo que sucede con la mezcla de agua, productos químicos y arena que se inyecta en el subsuelo. De media, solo un 10% de ese cóctel regresa a la superficie, pero no se conoce exactamente qué sucede con el resto del agua empleada. “El desarrollo de métodos precisos de predicción para controlar todo el volumen del fluido basados en las características geoquímicas y geofísicas de las formaciones permitiría diseñar mejor los pozos y la tecnología de fracturación, algo que, sin duda, aliviaría la preocupación del público”, afirman los autores en el estudio.

Sobre la posible contaminación de acuíferos con los productos químicos empleados para la extracción del gas, el artículo indica que pese a que se han realizado más de un millón de intervenciones, “quizá solo se ha documentado un caso de contaminación directa de aguas subterráneas como resultado de la inyección de productos químicos para la extracción de gas”.  

Sin embargo, esto no significa que no exista contaminación sino que es difícil demostrar el vínculo directo entre el problema y el fracking porque, según se explica en el estudio, “las condiciones de partida son con frecuencia desconocidas o ya se han visto afectadas por otras actividades como la minería del carbón”. 

Además, los requisitos de confidencialidad de algunas pesquisas legales, en las que los afectados y las empresas llegan a acuerdos secretos, combinados con el rápido ritmo de desarrollo y los escasos fondos para investigación son, según los investigadores, impedimentos importantes para realizar investigación de calidad respecto a los impactos medioambientales.

Otro de los problemas que apuntan al fracking como culpable es la contaminación de los acuíferos con metano. Aunque en principio este gas no se disuelve en el agua y no presentaría problemas de intoxicación, su acumulación puede producir explosiones. 

En Dimock, Pensilvania, un escape de gas atribuido a los conductos defectuosos de una perforación provocó la explosión de un pozo de agua privado. Este tipo de fallos podría darse en un 3% de las instalaciones, pero, como en el caso de la contaminación, es difícil determinar si las explotaciones de fracturación son las únicas culpables. 

Pensilvania es el Estado en el que nació la era del petróleo hace ya siglo y medio y su territorio está completamente agujereado. Allí se han perforado más de 350.000 pozos de petróleo y gas y se desconoce el paradero de 100.000 de ellos. Todas esas intervenciones pueden facilitar la llegada del gas hasta los acuíferos.

Tampoco está claro qué hacer con las aguas residuales que vuelven a la superficie. Aunque existen sistemas para inyectar esos fluidos en formaciones geológicas profundas, estos vertederos subterráneos no están disponibles en todos los lugares. Otros sistemas para deshacerse de ellos, como su almacenamiento en balsas han producido problemas de contaminación que habría que resolver.

Consejos para España

En España, desde que en octubre de 2011 el entonces lehendakari Patxi López anunció la existencia en el sur de Álava de un yacimiento de 180.000 millones de metros cúbicos de gas de esquisto, suficientes para satisfacer durante cinco años la demanda española de gas natural, se han concedido más de 100 permisos para buscar este tipo de gas. Para minimizar los riesgos, Vidic recomienda una serie de medidas de precaución.

 “En primer lugar, es necesario tener una evaluación para conocer la situación medioambiental desde la que se parte en España”, señala. “En particular, necesitas conocer la calidad del agua de los acuíferos y los ríos para evaluar el impacto de esta industria”, añade.

“El segundo asunto es asegurarse de que se cuenta con la regulación adecuada para asegurarse de que a la industria se le piden los máximos estándares para la salud, la seguridad y el medioambiente. Y después, tienes que asegurarte de que se realizan las inspecciones necesarias para fiscalizar a la industria”, indica. 

“Además, hay que tener e cuenta si se aplican unas leyes tributarias adecuadas para asegurarse de que las regiones que sufran los problemas de la industria también disfruten de sus beneficios en forma de empleo o los servicios públicos”, afirma. “Por último, sería importante asegurarse de que los responsables de la extracción se encargan de cerrar bien estos pozos al final de su vida útil”, concluye.

Aunque los riesgos para el entorno y para la salud fuesen aceptables, hay grupos que piensan que el fracking carece de interés. En EEUU se plantea desde hace tiempo que este tipo de extracción no es rentable y que lo que realmente se ha producido es una burbuja. Varios estudios, como el realizado por el geólogo David Hughes, o los de la U.S. Geological Survey (USGS), indican que las empresas de extracción inflaron las posibilidades de producción de gas de pizarra entre un 100 y un 500%. La previsión excesivamente optimista habría servido para favorecer a algunos especuladores en Wall Street, según la consultora financiera Deborah Rogers.

Además de las dudas sobre el potencial de la extracción de gas de pizarra en España, para Ramos, la apuesta por este combustible no supone, como afirman sus defensores, una alternativa menos sucia al carbón y un complemento de las energías renovables. Con unas centrales de ciclo combinado con margen para incrementar su protección, el uso de gas de pizarra sería, según el representante de Ecologistas en Acción, un retroceso para las energías más limpias.

Hace dos meses, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas presentó un informe en el que daba una imagen prácticamente inmaculada sobre el potencial de la extracción de este hidrocarburo en España y la técnica de fracturación. Según sus conclusiones, España contaría con unas reservas de gas para 39 años, un recurso especialmente importante para un país que depende tanto del exterior para la obtención de energía. 

El Gobierno ya ha mostrado su disposición a explorar, sin complejos, todas las oportunidades para investigar y extraer hidrocarburos en España, con el objetivo de reducir la dependencia energética respecto al exterior. Aunque la imagen que ofrece la revisión de los investigadores de Pensilvania sobre el fracking no es especialmente negativa, sí muestra que aún es necesario someterlo a un intenso escrutinio.