lunes, 29 de abril de 2013

La Generalitat Valenciana reclama un techo de déficit "asimétrico" para las comunidades autónomas

CASTELLÓN.- El vicepresidente del Consejo valenciano y consejero de Presidencia, y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar, ha solicitado este lunes un techo de déficit "asimétrico" para las comunidades autónomas "porque no todas compiten con las mismas condiciones. Y si tuviésemos la misma financiación que otras comunidades, hubiésemos tenido menos déficit", ha apuntado.

   Císcar se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia ante los medios en Castellón antes de reunirse con representantes de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y al ser preguntado al respecto.
   En este sentido, ha recordado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado la base de déficit a partir de la cual se tiene que empezar ahora a negociar entre las comunidades autónomas, pero ha añadido: "el déficit tiene que ser asimétrico, pues pedimos que el incremento del techo de déficit no sea igual para todas las comunidades autónomas porque no todas competimos con las mismas condiciones".
   "Si tuviésemos la misma financiación que otras comunidades, hubiésemos tenido menos déficit, por lo que se nos tiene que igualar a todas de alguna manera en cuanto al déficit a autorizar, y éste no puede ser el mismo para todas", ha insistido Císcar.
   El vicepresidente del Consejo ha señalado que el tema del déficit, con el actual modelo de financiación, "es cada año como una carrera con salida descompensada". 
"Se tienen que poner las condiciones para que todos estemos en igualdad y, al recibir nosotros menos financiación que otras comunidades, debemos tener un techo de déficit diferente", ha recalcado.
   En esta línea, ha apuntado que la mayoría de comunidades autónomas "están de acuerdo en ello" y se ha mostrado "convencido" de que "todas seremos capaces de ponernos de acuerdo en ese déficit asimétrico".
   Por otra parte, Císcar ha resaltado que en la reclamación de la financiación autonómica ayudarán al Gobierno valenciano las confederaciones empresariales de la Comunidad Valenciana "porque es una cuestión de justicia para todos los ciudadanos de Castellón, Valencia y Alicante".
   Al respecto, ha recordado que las patronales de la Comunidad Valenciana "ya han suscrito un documento muy importante, que es el acuerdo social que ha planteado el presidente Fabra, y, entre las cuestiones que se plantean, está la de la financiación".
   "Entendemos que en estos momentos toda la sociedad de la Comunidad Valenciana tenemos que alzar la voz una vez más pidiendo que la financiación que los ciudadanos merecen, que es estar en la media nacional, la tengamos, y para eso es necesario que todos nos impliquemos", ha dicho.
   Respecto a la situación de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana, Císcar ha señalado que "no hay nada cerrado, se seguirá hablando con los bancos que tienen que refinanciar y se implicará también el Estado -el Tesoro Público- en esa financiación con los bancos".
   Así, considera que se ha dado "un paso positivo" porque "algo que parecía hasta hace nada muy complicado, se abre una puerta a la esperanza", y ha destacado la "mayor implicación" del Estado "para conseguir que esa refinanciación con los bancos sea factible", aunque ha advertido que "se tendrían que cambiar las condiciones de refinanciación, y ahí es donde entra el Tesoro".
   Por otra parte, preguntado por las medidas que va a adoptar el Gobierno valenciano ante los últimos datos del paro que ha ofrecido la Encuesta de Población Activa (EPA), el vicepresidente del Consejo ha destacado que los datos son "malos y sin paliativos", y ha anunciado que el Gobierno de Alberto Fabra está trabajando ya en medidas de incentivos, como el banco de emprendedores, "que está prácticamente ultimado"; el plan de empleo; el banco de patentes, "que también está muy avanzado", y otras medidas que se anunciarán en las próximas semanas "para mejorar las condiciones de funcionamiento de las empresas, que son las que más capacidad tienen para generar empleo".
   Císcar ha recordado que el Consejo "ha tenido que realizar ajustes para que la administración valenciana se convierta en una administración sostenible", pero -ha añadido- "es cierto que la época de ajustes tiene que ir pasando y nos tenemos que centrar en incentivos para la economía".
 "Nosotros no nos resignamos en absoluto a las previsiones y lo que vamos hacer es luchar para que esas previsiones no se cumplan", ha añadido.
   Finalmente, preguntado por el aeropuerto de Castellón, ha asegurado que no hay ninguna novedad. 
"Seguimos trabajando para que las autorizaciones y certificaciones estén cuanto antes y se pueda abrir al público lo antes posible y, si entre tanto, llegara alguna oferta que fuera beneficiosa y con toda la solvencia financiera y económica necesaria, y así nos lo acreditasen, la estudiaríamos".

Las Cortes valencianas reiteran la solicitud de comparecencia a Ordóñez (BdE) y a exdirectivos del FROB

VALENCIA.- Los cuatro grupos parlamentarios han aprobado este lunes por unanimidad en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas reiterar la solicitud de comparecencia al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a otros exdirectivos de este Banco central y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 

   El PP, Compromís y EUPV han solicitado la comparecencia de Fernández Ordóñez, quien al igual que otros directivos y exdirectivos del Banco de España y del FROB ya se negó a comparecer en esta comisión de investigación alegando que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no al ámbito de actuación de las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos.
   Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM acordó ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. No obstante, la Fiscalía archivó las diligencias porque "en ninguna citación a comparecer se advierte de responsabilidad penal, es decir, no hay apercibimiento de consecuencia alguna".
   Además de a Fernández Ordóñez, la comisión, que trata de aclarar el proceso que llevó a la intervención de la caja alicantina en 2011, pedirá que intervengan los exsubgobernadores del Banco de España José Viñals y Francisco Javier Aríztegui; el ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez; los ex directores generales del FROB Julián Atienza y Mariano José Herrera; y la ex directora general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda Soledad Núñez. Los cuatro grupos han aceptado estas comparecencias solicitadas por el PP.
   También han dado luz verde a pedir que comparezcan los inspectores del Banco de España que fiscalizaron la CAM --como ha reclamado Compromís y EUPV-- y el letrado asesor y redactor de las actas del proceso electoral de la CAM de 2007, que ha solicitado EUPV. El resto de peticiones de comparecencias de la oposición --alrededor de una treintena-- han sido rechazadas por el grupo parlamentario popular.  
   Entre estas solicitudes figuran las del expresidente de la Generalitat Francisco Camps; el exvicepresidente del Gobierno valenciano y exconseller de Economía y Hacienda Gerardo Camps; y el exjefe del Consejo y expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas. Los grupos de la oposición han criticado que el PP haya impedido que comparezcan estas personas y, en este sentido, han lamentado que pretenda "cerrar en falso" la comisión.
   Así, el diputado socialista Ángel Luna ha tildado de "absolutamente incomprensible" que los que eran los responsables políticos de la Generalitat cuando la CAM fue intervenida no pasen por la comisión de investigación. Luna ha acusado al PP de "desnaturalizar" el objeto de esta comisión, ya que considera que "no tiene sentido pedir responsabilidades políticas al exgobernador del Banco de España y no dejar que pasen por aquí el expresidente de la Generalitat o el exconseller de Hacienda".
   Al respecto, el parlamentario 'popular' Vicente Betoret ha criticado que el PSPV pida las comparecencias de Camps y Olivas y no la de la que fue vicepresidenta económica del Gobierno central Elena Salgado que, según ha asegurado, "autorizó muchas cuestiones que llevó a la CAM al proceso de intervención".
   Ángel Luna ha respondido que "esto son las Cortes Valencianas" y, por lo tanto, que su función es "controlar al Gobierno valenciano", mientras que el Ejecutivo central ya tiene "otros órganos que lo controlan". Además, ha indicado que ningún grupo ha pedido que comparezca Salgado.
   Por parte de Compromís, la diputada Mireia Mollà ha señalado que supone "un paso atrás" que el PP no acepte que acudan a la comisión de investigación "los máximos responsables políticos de la Generalitat en temas económicos". Así, considera que la ausencia de estas personas hará que la comisión de la CAM "se cierre en falso" y, en este sentido, ha lamentado que supone "una oportunidad perdida".
   Del mismo modo, el representante de EUPV Lluís Torró, quien ha defendido su "propuesta de mínimos", ha señalado antes de la votación de las comparecencias que si el PP solo aprobaba sus propias solicitudes, supondría "la carta de defunción de esta comisión" e implicaría admitir que "las conclusiones ya está tomadas". Así Torró ha criticado que el PP quiera dejar claro que Miguel Ángel Fernández Ordóñez "es el responsable único y último de todos los males que tiene que la CAM".
   Al inicio de la comisión de investigación, su presidente, Rafael Maluenda, ha informado de que el próximo 13 de mayo comparecerá el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, quien no acudió a la comisión el pasado 4 de marzo, cuando estaba citado. 
Posteriormente, las Cortes recibieron la excusa de Segura basada en un informe del Consejo de Estado solicitado por el Ministerio de Economía y Competitividad, a instancias de la CNMV, que señala que ni los actuales miembros de este organismo ni los que lo fueron tienen la obligación de comparecer en la comisión sobre la CAM.
   No obstante, la cámara valenciana remitió un escrito a la presidenta actual de este órgano, Elvira Rodríguez, para que autorizara a intervenir a Segura en el parlamento autonómico. Rodríguez respondió al parlamento valenciano señalando que no existe "ningún inconveniente" para que comparezca Julio Segura en la comisión de investigación, por lo que intervendrá el próximo 13 de mayo.

UPyD Región de Murcia reclama una ley que regule la técnica de extracción de gas mediante fracking

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha expuesto la posición de su partido en relación a la técnica de extracción de gas por fractura hidráulica, conocida como fracking, coincidiendo con la posibilidad de que se pueda utilizar este procedimiento de extracción de gas en la zona del noroeste de la Región. 

   Sánchez cree necesario que "antes de que se inicie ninguna extracción en la Región, como sería en la zona del noroeste, es necesario contar con una legislación reguladora", según han informado fuentes de la formación 'magenta' en un comunicado.
   De este modo, ha señalado que la posición de su formación política es favorable a que se desarrolle una normativa de ámbito estatal que  regule, para todo el territorio nacional y de forma homogénea, las condiciones en las que se podría realizar esa técnica de extracción.
   "Creemos que hay que regular la técnica, no prohibirla, y con ese objetivo hemos presentado una PNL en el Congreso de los Diputados, aunque, lamentablemente, ha sido rechazada por todos los grupos", subraya.
   Asimismo, Sánchez ha explicado la exposición de motivos de la PNL en la que se recalca que España es uno de los países del mundo con mayor dependencia energética de los hidrocarburos, fuente del 71 por ciento del total de la energía primaria consumida. Además, es evidente que el alto coste de la factura energética disminuye la competitividad económica y por tanto contribuye al aumento del desempleo.
   En ese sentido, considera imprescindible la exploración, investigación y valoración realista de nuestros recursos en hidrocarburos y la viabilidad técnica, económica y medioambiental de su explotación, tanto de los recursos convencionales como de los no convencionales, tales como el gas obtenido mediante la citada técnica.
   "Además, pedimos una ley estatal que regule el fracking, para evitar lo sucedido hasta ahora: que las CCAA  se han arrogado competencias que no tienen para prohibirlo, en la confianza de que, dada la irresponsabilidad fiscal, ya vendrá el Estado a solucionarles la papeleta energética", apunta Sánchez.
   Por otro lado, recuerda Rafael Sánchez que la Unión Europea ha renunciado "de momento" a elaborar cualquier Directiva reguladora de la fracturación hidráulica, a consecuencia de las notorias divergencias entre los socios europeos en materia de política energética.
   La regulación que contempla la iniciativa defendida por UPyD persigue la transparencia de las operaciones, el establecimiento de medidas preventivas, asegurar una profundidad segura en la extracción, garantizar la "estanqueidad" de los pozos de modo que no contaminen a los acuíferos, el conocimiento exhaustivo del subsuelo y organizar la supervisión por técnicos independientes mediante la creación de un organismo estatal de supervisión.
   La PNL de UPyD constaba de cuatro puntos sobre establecimiento de estándares de referencia mínimos como garantías de seguridad y medioambientales; creación de un organismo de supervisión independiente; legislación para la construcción de pozos con garantía de riesgo razonable y evitar la prospección y la explotación en espacios naturales protegidos.
   Sánchez ha explicado que la PNL fue rechazada por los grupos el pasado 25 de abril en la Comisión de Industria y Energía  por distintos motivos. El PP expuso que no era necesaria una regulación específica para el fracking, mientras que el PSOE propuso la introducción del 4º punto de la PNL para apoyarla, punto que fue incluido, aunque finalmente también votó en contra.

El PSOE pone en marcha la web 'MurciaDenuncia' con la intención de resolver las denuncias de los ciudadanos

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista pone a disposición de los vecinos del municipio la plataforma MurciaDenuncia (http://www.murciadenuncia.es/), una herramienta digital donde podrán colgar imágenes y un texto corto para denunciar los problemas de sus barrios y pedanías.

   Pues, ha explicado su portavoz, Pedro Lçopez, "entendemos que las nuevas tecnologías acercan a los ciudadanos a sus representantes y por ello nos comprometemos a tramitar cualquier problema que nos trasladen, hacer un seguimiento detallado y estar en contacto con los usuarios para informarles de los pasos dados".
   En concreto, ha detallado en rueda de prensa la concejal Mar Rosa, MurciaDenuncia es una web sencilla y accesible que el Grupo Socialista ha creado a través de una aplicación gratuita y a la que se puede acceder también desde teléfonos móviles y tabletas.
   Su funcionamiento, ha señalado, "es muy intuitivo" ya que "cualquier ciudadano que acceda a este portal solo deberá pinchar en el botón de 'Participa' y abrir un sencillo formulario que permite enviar imágenes y un pequeño texto con la descripción del problema".
   De tal forma, las diferentes denuncias se van almacenando en la web y la aplicación permite a los usuarios comentar las imágenes que van llegando. Además, utilizando la etiqueta #murciadenuncia los vecinos podrán hacer llegar también las imágenes de sus denuncias al perfil del Grupo Socialista en Twitter, @GrupoPSOEMurcia.
   A primera y última hora de la mañana, la concejal Mar Rosa ha asegurado que hará llegar las diversas quejas ciudadanas al Gobierno local y llevará a cabo un seguimiento personal, junto a los denunciantes, hasta que se resuelva el problema.
   Tras lo que ha afirmado que no dejará de insistir en cualquier denuncia "hasta que se solucione", y si el Ayuntamiento no lo hace, "lo llevará a Pleno".
   "Es un sistema de denuncia que en el Grupo Socialista hemos venido realizando desde que comenzó la legislatura, por ejemplo con las quejas de los comerciantes de las inmediaciones del edificio Abenarabi o con la modificación del itinerario del autobús en Vistabella", ha agregado la edil en rueda de prensa.
   Igualmente, ha manifestado, los ciudadanos que quieran dirigirse al Grupo Socialista para hacer alguna denuncia pueden seguir haciéndolo a través del correo electrónico tradicional gruposocialista@ayto-murcia.es, el perfil en Facebook del Grupo Socialista o del teléfono 968218461.
   Este proyecto se encuadra dentro de la iniciativa #HacerMurciaCON que consiste en analizar, debatir y proponer los temas que preocupan a los ciudadanos y determinar las propuestas e iniciativas que nos permitan avanzar en la generación de empleo y el desarrollo económico y social del municipio, ha concluido López.

UPyD Murcia exige que la nueva ordenanza contra la prostitución "no se quede en un mero recurso estético"

MURCIA.-   Los concejales de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Serna y José Antonio Sotomayor, exigen que la nueva ordenanza contra la prostitución, que podría aprobarse en el mes de mayo, "no se quede en un mero recurso estético", ya que, a su juicio, "solo contribuiríamos a clandestinizar aún más a las personas que ejercen la prostitución".

   En la presentación de las enmiendas al texto que está elaborando el equipo de Gobierno, Serna ha tachado de fundamental para su formación que "esta ordenanza forme parte de un Plan municipal" que integre otras medidas contra la prostitución y la trata de personas, "para que no se quede en una mera declaración de intenciones, sin medidas concretas ni planes específicos que den una salida real" a las mujeres que se prostituyen.
   La simple respuesta policial o una ordenanza en sí misma "no es suficiente", y debe contar además de acciones transversales y multidisciplinares, ha declarado Serna en rueda de prensa.
   Más concretamente de actuaciones en educación, tanto sexual como en igualdad, de sensibilización y de intervención social, ha especificado, "ofreciendo opciones de recuperación personal y reinserción sociolaboral a las personas que deseen abandonar la prostitución, todo ello dotado de recursos económicos suficientes".
   Otro de los puntos clave de las enmiendas presentadas por la formación magenta es que no debe sancionarse a las personas que ejercen la prostitución, ya que debe evitarse una "revictimización" de las mismas.
   En opinión de Serna y Sotomayor, las multas no conseguirán el deseado efecto disuasorio ya que la práctica totalidad son personas insolventes, generando un trabajo administrativo "totalmente improductivo".
   Esta nueva ordenanza "debe sancionar la demanda de servicios sexuales y el favorecimiento, promoción o facilitación de estas conductas, acciones ejercidas desde la figura del cliente que debe ser sancionado desde el primer momento", ha recalcado Sotomayor.
   Asimismo, las sanciones en esta materia "deben ser finalistas" y destinarse el importe obtenido de las mismas a programas y actuaciones de carácter social desarrollados desde el Ayuntamiento, ha insistido, "en apoyo y atención a las personas víctimas de la prostitución y de la explotación sexual".
   Estas enmiendas, ha señalado Serna, son fruto del trabajo del grupo nacional de Igualdad de Unión Progreso y Democracia y del grupo municipal en el Consistorio.

Murcia experimenta en marzo la sexta mayor caída del empleo en el sector del comercio al por menor

MURCIA.- La Región de Murcia experimentó en marzo una caída del empleo en el sector del comercio al por menor del 2,5 por ciento en relación al mismo mes del año anterior, cuatro décimas superior a la caída experimentada en el conjunto nacional del 2,1 por ciento.

   La tasa disminuyó en todas las comunidades menos en Extremadura, que no registró ninguna variación. Así, la caída de la Región de Murcia supone la sexta mayor caída por comunidades autónomas, según se desprende de los Índices de Comercio al por Menor (ICM) publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
   Por su parte, las ventas del comercio al por menor en la Región de Murcia registraron una caída del 12,6 por ciento durante el mes de marzo en relación al mismo mes del año anterior, el cuarto mayor descenso por comunidades, y superior a la bajada de la media nacional (-10,9 por ciento).
   Respecto a la media en lo que va de año, la ocupación bajó un 2 por ciento en la Región de Murcia, la octava mayor caída por comunidades e inferior a la caída de la media nacional (-2,2 por ciento), según la estadística.
   En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor retrocedieron un 10,9% en marzo en comparación con el mismo mes de 2012, ampliando en cinco décimas la caída interanual que registraron en febrero (-10,4%), con lo que ya encadenan 33 meses de descensos interanuales consecutivos, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
   Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 8,9% en el tercer mes del año, frente al descenso del 7,7% experimentado en febrero.
   Por modos de distribución, todos ellos redujeron sus ventas en marzo, especialmente las empresas unilocalizadas, donde disminuyeron un 14,1%. En las grandes superficies las ventas bajaron un 9,9% en tasa interanual, mientras que en las pequeñas cadenas el descenso de las ventas fue del 12,7% y en las grandes cadenas, del 6,9%.
   El empleo en el sector del comercio minorista disminuyó un 2,1% en el tercer mes del año, con retrocesos en todos los modos de distribución, salvo en las grandes cadenas, que mantuvieron sin cambios su ocupación con respecto a marzo de 2012. Los mayores descensos se los anotaron las pequeñas cadenas y las grandes superficies, donde el empleo se contrajo un 4,8% y un 1,9%, respectivamente.
   En tasa mensual (marzo sobre febrero), las ventas del comercio minorista, corregida la estacionalidad y el efecto calendario, descendieron un 1%, frente al avance mensual del 0,7% que experimentaron en febrero.

CCOO, UGT, USO, Sterm y Gestha llaman a la ciudadanía a salir a la calle el 1 de mayo contra políticas "regresivas"

MURCIA.- CCOO, UGT, Sterm-Intersindical, USO y Gestha han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle el próximo miércoles 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, con el fin de mostrar su rechazo y exigir la retirada de las políticas que se están desarrollando y que "ahondan aún más en la crisis, generando desempleo, exclusión social y el deterioro de los servicios públicos".

   Así lo han hecho saber los secretarios generales en la Región de CCOO, Daniel Bueno; de UGT, Antonio Jiménez; de USO, José Sáez; del Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo; y el portavoz de Sterm-Intersindical, Vicente Cervantes, quienes han ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer los actos previstos con motivo del 1 de mayo, y que se desarrollarán bajo el lema 'No tienen límite. Lucha por tus derechos'.
   El objetivo es que el 1 de mayo se convierta en un clamor de la población contra los "recortes" y las medidas "antidemocráticas" puestas en marcha por los gobiernos central y regional. Los sindicatos aseguran que hay alternativas a estas políticas y exigen, por ejemplo, la retirada de la reforma laboral, que se desarrolle el mandato de la Renta Básica de Inserción o que se combata "con medios suficientes" contra el fraude y la economía sumergida.
   Jiménez ha recordado que es el sexto año consecutivo en que se celebra el Día del Trabajo con el telón de fondo de la persistente crisis que los políticos "se están encargando de retroalimentar permanentemente". Es un contexto de "ruptura drástica con el modelo social que había en España hasta hace unos pocos años", asevera.
   El secretario general de UGT considera que los actos de 2013 son especialmente importantes para "extender las reivindicaciones sociales en el ámbito laboral", en un año en el que las cifras del paro "están absolutamente disparadas", con 6,2 millones de trabajadores "en situación de desempleo".
   Recuerda que 221.000 de estos desempleados pertenecen a la Región de Murcia, una Comunidad que "sigue siendo el ejemplo paradigmático del estrepitosos fracaso de un modelo de crecimiento que ha provocado lo que ha provocado".
   Con motivo del Día Internacional del Trabajo, los actos previstos contemplan una manifestación que partirá a las 12.00 horas del miércoles desde la plaza Circular y hasta el jardín del Malecón; mientras que la manifestación de Cartagena partirá también a mediodía desde la plaza de España y concluirá en la plaza del Ayuntamiento.
   En este sentido, Jiménez ha querido recordar que la II Marcha contra el Paro, la Precariedad y los Recortes que se está desarrollando en diversas comarcas de la Región van a confluir el 1 de mayo en la plaza Circular y se van a unir a la manifestación.

La industria fitosanitaria considera "desproporcionado" prohibir los neonicotinoides para proteger a las abejas

MADRID.- La Asociación de Empresas de la Industria Fitosanitaria (AEPLA) considera "desproporcionada" la medida aprobada este lunes por la Comisión Europea de prohibir durante dos años el uso de los tres neonicotinoides más frecuentes como plaguicidas en la siembra del girasol, la colza, el algodón y el maíz, por los riesgos que plantean para la salud de las abejas.

   Así, el presidente de AEPLA, Carlos Palomar, ha señalado que la medida comunitaria no tiene base científica que lo justifique y ha asegurado que algunos estudios señalan que el uso de los neonicotinoides no son la causa principal de la disminución de colmenas en la Unión Europea, sino que figura como la séptima causa.
   Por ello, ha subrayado que si se quiere proteger a las abejas y otros polinizadores se debería abordar "de forma global" su salud y atendiendo, sobre todo a los primeros factores, que son las enfermedades y parásitos. A su juicio, se debería hacer un muestreo lo suficientemente amplio y potente para que, en estos dos años, se pueda discernir los efectos reales de los neonicotinoides sobre las colmenas en vez de prohibirlos.
   En este contexto, ha recordado que en Francia ha regido una prohibición de estos fitosanitarios entre 2007 y 2009 y cuando se volvieron a autorizar en 2010, 2011 y 2012, aumentaron las colonias de abejas.
   Además, ha lamentado la medida adoptada este lunes, que entrará en vigor a partir del 30 de noviembre, porque no está contrastada "debidamente" con la comunidad científica y se tardará "mucho tiempo" en encontrar un sustituto, lo que provocará daños a las cosechas de los agricultores.
   Respecto a los daños, Palomar estima que la prohibición supondrá unos 127 millones de pérdidas en las cosechas al no poder usar semillas tratadas, sobre todo en maíz y girasol. Por ello, ha puesto de ejemplo el cultivo de maíz en el valle del Ebro, donde existe el virus del enanismo del maíz que se trata directamente con neonicotinoides. En este caso, ha asegurado que la cosecha caerá un 80 por ciento, porque el maíz no crece.
   En todo caso, considera que estos productos representan entre un 3 y un 4 por ciento del sector fitosanitario pero lo que les preocupa es que se puede dejar a la agricultura "sin defensa contra las plagas".
   Finalmente, ha advertido de que aunque la industria seguirá desarrollando nuevas soluciones, estas podrían tardar entre 9 y 10 años por lo que será difícil saber "cuándo habrá un sustituto". En su opinión, será más fácil demostrar en dos años que los neonicotinoides no son la causa de la desaparición de las abejas que descubrir otros productos sustitutos.

Se aprueba una ley que permitirá despedir a 15.000 funcionarios en Grecia hacia 2014

ATENAS.- El Parlamento de Grecia ha aprobado a última hora del domingo una nueva ley para cumplir las recomendaciones de la 'troika' --Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y Comisión Europea-- que permitirá despedir a 15.000 empleados públicos hacia 2014. 

   La nueva norma jurídica ha salido adelante con el apoyo de los tres partidos políticos que forman la coalición de Gobierno. De los 292 diputados que han participado en la votación, 168 lo han hecho a favor y 123 en contra.
   El texto legal incluye las medidas que fueron acordadas a principios del mes de abril con la 'troika' a cambio de recibir el siguiente tramo del rescate, 8.800 millones de euros, hacia mediados del mes de mayo.
   Con este dinero, que se liberará en dos tramos, el Gobierno griego confía en poder pagar los salarios de los empleados públicos, las distintas pensiones y los bonos que posee el BCE y que vencerán el próximo 20 de mayo.
   Entre estas medidas destaca el despido de 15.000 empleados públicos hacia 2014, aunque, según ha explicado el ministro para la reforma de la Administración Pública, Antonis Manitakis, en muchos casos serán sustituidos con nuevas contrataciones.
   Manitakis ha explicado que serán expulsados los inmersos en procesos disciplinarios, los contratados de forma fraudulenta y los que trabajen en entidades que vayan a fusionarse o desaparecer, mientras que a los que están en reserva o en programas de movilidad se les ofrecerá un retiro voluntario.
   Por su parte, el ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, ha introducido sin previo aviso una enmienda al proyecto de ley que permitirá vulnerar el umbral del salario mínimo interprofesional en determinados casos.
   Con ello, los empresarios podrán contratar a menores de 25 años por 427 euros mensuales, 80 euros menos que el salario mínimo interprofesional para jóvenes, y a mayores de 25 años por 490 euros mensuales, 90 euros menos que el salario mínimo interprofesional.
   "Es cierto que 490 euros es un salario bajo, pero no olvidemos que en muchos casos estamos hablando de parados. Para ellos será un alivio", ha defendido Stournaras, ante las críticas de la oposición, según ha informado el diario griego 'Ekathimerini'.
   Además, la nueva ley incluye otras medidas, como las cuotas en las que los deudores griegos tendrán que abonar al Estado los impagos a la seguridad social y de tributos, la creación de un impuesto sobre la propiedad y la liberalización de profesiones con contable y panadero.