miércoles, 20 de marzo de 2013

Los exconsejeros de la CAM declaran ante el juez que aprobaban el 100% de las operaciones de crédito

MADRID.-   Los seis exconsejeros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que aprobaban el 100% de las operaciones de crédito elevadas al Consejo de Administración, pero que éstas aparecían ligadas al nombre de sociedades y no de sus propietarios, por lo que desconocían que algunas de ellas fueran dirigidas al expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, según informaron fuentes jurídicas.

   Así lo ha declarado el primer grupo de testigos que ha comparecido en el marco de la causa en la que se investigan los créditos que la entidad financiera concedió a las empresas de Avilés por valor de 17 millones de euros.
  El juez ha escuchado este martes a los exconsejeros Luis Esteban, Gregorio Fernández, Natalia Ferrando, José Forner, José García Gómez y Jesús Navarro, así como el exdirector de Negocio de la caja alicantina, Fernando Martín Yáñez. El exconsejero Aniceto Benito se ha ausentado de la comparecencia dada su avanzada edad, mientras que Natalia Caballé ha excusado su presencia y será llamada para declarar en próximas fechas.
   El órgano de decisión de la CAM ha afirmado que la norma era aprobar la totalidad de las operaciones de crédito que llegaban para su deliberación, pero que los consejeros, a diferencia de los directivos, sólo conocían el nombre de la empresa peticionaria.
   De este modo, han dicho desconocer que los créditos investigados fueran a parar a Avilés, a quien el juez imputa indiciariamente delitos societarios y de administración desleal en una pieza separada de la causa principal en la que investiga si la entidad concedió a sus empresas de forma irregular créditos por 17 millones de euros.
  Gómez Bermúdez ha comenzado a tomar declaración "en calidad de testigos" a 34 exdirectivos y exconsejeros de la entidad. No obstante, les aconsejó en una providencia que acudieran "acompañados de letrado", que podrá "estar presente sin intervenir" en la declaración, al objeto de "garantizar al máximo el derecho de defensa" en el caso de que su "condición procesal" cambiara a la de imputado.
   El juez interrogará mañana al exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco Martínez García y los exmiembros del Consejo de Administración Manuel Navarro, Benito José Nemesio, Raquel Páez, Elia María Rodríguez, José Rovira, Martín Sevilla, Angel Oscar Strada y Ginés Pérez.
   Las comparecencias se reanudarán el 2 de abril cuando tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional el vicepresidente del Gobierno de Murcia, Juan Bernal; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós; y los exconsejeros Pilar Cáceres, Pere Joan Devesa, Susana Maestre, Manuel Muelas, Juan Pacheco y Rosa Ana Perán.
   El día 3 están citados a declarar el exvicepresidente de la entidad Vicente Sala, ya fallecido; los exvicepresidentes Angel Martínez y Armando Sala; el exdirector general de Participaciones Empresariales, Joaquín Meseguer; el exdirector general adjunto, Agustín Llorca; y los exconsejeros Luis Esteban, Salvador Pilés y Enrique Puig.
   Según un informe del Banco de España que consta en la causa, Avilés utilizó uno de los créditos ICO Renove Turismo que le fueron concedidos para adquirir 80.000 euros en participaciones preferentes de la entidad de las que se deshizo "antes de que aflorara de forma pública la delicada situación de la caja". En concreto, pagó un interés del 1,50% para obtener el crédito y obtuvo una remuneración por sus participaciones preferentes del 7,25%, obteniendo un beneficio neto del 5,75%.
   El informe también revelaba que el expresidente de la CAM Modesto Crespo percibió 640.000 euros entre los años 2009 y el 2011 en concepto de dietas que no fueron aprobadas por la Asamblea, lo que supone 30 veces más de la cantidad máxima autorizada por la entidad. En función de su cargo le habrían correspondido 20.645.
   En el caso de Avilés, la Asamblea General aprobó que percibiese en el conjunto de los tres ejercicios un total de 14.996 euros, aunque se llegó a embolsar 308.000.

EAPN-RM dice que gran parte del presupuesto de RBI para 2013 está cubierto

MURCIA.- La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM) teme que no se puedan atender las solicitudes de Renta Básica de Inserción a partir de este mes, ya que según le han manifestado los trabajadores sociales, con el presupuesto de 2013 "se habrían atendido las solicitudes que quedaron paralizadas desde abril del pasado año y las de enero y febrero de 2013".

   Así lo ha anunciado hoy la vocal de Inclusión de la Red de Lucha contra la Pobreza en la Región de Murcia (EAPN), Eva León, que asegura que "gran parte" del presupuesto para el ejercicio actual destinado a Renta Básica de Inserción, y que asciende a cinco millones de euros, "ya está cubierto".
   Tras vaticinar que "habrá un aumento" en el número de solicitudes "en la medida en que van desapareciendo las prestaciones del sistema contributivo y la gente se queda sin ingresos", León califica de "insuficiente" el aumento de un 25% en la partida de este año, porque en 2012 "ya vimos que con cuatro millones se pudieron atender de forma correcta las solicitudes que se hicieron entre enero y marzo, de forma que las que entraron en abril quedaron paralizadas, dándose respuesta este año".
   De forma, lamenta, "se está en la misma situación que el pasado año y a partir de ahora será difícil que se puedan atender de forma adecuada las nuevas solicitudes".
   En su opinión, lo que debería hacer la Comunidad es "no limitar la previsión del 15 por ciento de aumento, sino que como la ley reconoce como derecho subjetivo el derecho a la prestación de la RBI, se tienen que plantear la cobertura a todas las solicitudes".
   Por todo ello, considera que "se ha producido un desmantelamiento, se está desmantelando a grandes pasos, no solo en ayudas directas a las personas, también en programas y oferta de recursos que están desapareciendo cada día".
   Al mismo tiempo en que la partida para la RBI ha aumentado un 25% en el ejercicio actual, "se ha observado como diversas ayudas han ido desapareciendo de 2010 a 2013, como son las ayudas periódicas de inserción y protección social de 2010 a este año, que se han reducido en un 43%; las ayudas no periódicas de inserción y protección social, desaparecidas en 2011, al igual que las ayudas especiales para circunstancias de carácter excepcional (por ejemplo una familia que tuviera que afrontar un gasto extra en un momento puntual) han desaparecido este año, como las de programas de exclusión".
   A ello se suma el anuncio en el BORM hace unos días sobre la publicación, por parte del IMAS, de una resolución por la que "suspende las Auydas Periódicas de Inserción y Protección Social (Ayudas económicas a familias con menores a cargo en situación de riesgo) para este año", de forma, denuncia públicamente, que "han desaparecido todas las ayudas, excepto la Renta Básica, siendo este el último recurso que queda".
   Desde la Red de Lucha contra la Pobreza se ha dejado claro que esta "será nuestra línea roja en la lucha contra la exclusión", anunciando que trabajarán para que "no solo se mantenga, sino que empiece a funcionar de manera adecuada, ya que es el único recurso que queda".
   León, que descarta imaginar que la Comunidad pueda "llegar a plantearse la eliminación de la RBI", advierte que de producirse esta situación "la vida de mucha personas sería algo totalmente insostenible".
   Y es que, reprocha, "cinco millones de euros sobre el presupuesto regional realmente no es nada, por lo que esperemos que empiecen a priorizar por cubrir las necesidades de las personas en situación de exclusión social".
   Hay que tener en cuenta que el 22,2% de los hogares murcianos manifestó durante el pasado año llegar a fin de mes con mucha dificultad, siendo la tasa más alta registrada por CCAA y casi el doble de la media nacional (12,7 por ciento), según se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2012 publicada por el INE.
   Igualmente, Murcia presenta el mayor porcentaje de hogares que no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, con un 60,2%; y el 57,3% de los hogares murcianos no tiene capacidad para afrontar los gastos imprevistos, el segundo mayor porcentaje, por detrás de Canarias (60,8%).
   En esta línea, León ha hecho referencia a la aparición de un nuevo perfil solicitante de la RBI. Se trata de "trabajadores con baja cualificación que hasta ahora habían tenido trabajo y que ahora comienzan a estar por debajo del umbral de la pobreza, y sobre todo familias con menores a cargo".
   "Los puestos que requerían baja cualificación, personas de mediana edad que en su día no tenían formación, solo la básica, pasan al mundo laboral, siendo estos puestos de trabajo los primeros en destruirse", ha confirmado León, quien habla de una situación de "pobreza puntual, de falta de recursos económicos".
   No obstante, ha constatado que el caso de Murcia "no es aislado a la hora de los recortes en el ámbito social, ya que incluso algunas comunidades que en su momento diseñaron y tenían funcionando un sistema de protección social más avanzando vemos como empiezan a frenar esa inversión en lo social".
   Ante esta situación regional, "donde muchas familias carecen de cualquier tipo de ingresos", resalta la necesidad de "contar con una herramienta ágil para dar cobertura y protección social a los más vulnerables, la Renta Básica de Inserción".
   Desde EAPN-RM advierten que "es contradictorio que, a pesar de las elevadas tasas de paro y pobreza, la Renta Básica en la Región de Murcia solo dio cobertura en el año 2011 a 1,29 perceptores por cada mil habitantes, mientras la media estatal se sitúa en el 4,75, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicados en su Informe de Rentas Mínimas de Inserción 2011".  
   En base a la cobertura media estatal de las Rentas Mínimas, las "elevadas" tasas de paro y pobreza regional y la cobertura del desempleo y otras rentas, la estimación que desde la Red se hace es que "en torno a 8.000 personas en la Región deberían ser beneficiarias de la Renta Básica de Inserción".
   EAPN-RM estima, en función de los datos del Ministerio, que "8.000 murcianos deberían ser beneficiarios de la Renta Mínima y que el coste anual de esta prestación estaría por encima de los 40 millones de euros".
   Por lo tanto, la Red reclama al Gobierno regional que incluya entre sus prioridades la RBI, para lo que proponen "la publicación urgente del reglamento de aplicación de la Ley de Renta Básica, necesario para la regulación y seguridad jurídica de los perceptores frente a la administración".
   Así como la "agilización en la tramitación de los expedientes, ya que todavía hay solicitudes del año 2012 que no han sido resueltas, a pesar de establecer la ley el plazo máximo de resolución en dos meses; la información amplia y generalizada a toda la población sobre la Renta Básica, así como de sus requisitos; y contundencia en las fechas de pago, evitando los retrasos y acumulación de hasta dos meses como sucedió en el año 2012".
   Igualmente, reclaman que "se dé cobertura a todas las solicitudes que tengan derecho a la prestación, sin establecer limitaciones presupuestarias, ya que en el año 2012 fueron 744 expedientes los no atendidos por falta de presupuesto; y aumento de la cuantía económica, que actualmente es de 300 euros, la más baja de las 17 CCAA, y que sigue dejando a los perceptores por debajo del umbral de la pobreza extrema".

UPyD pregunta en el Parlamento Europeo por la ayudas de la Unión Europea para los terremotos de Lorca

BRUSELAS.- El europarlamentario de UPyD, Francisco Sosa Wagner, ha formulado tres preguntas a la Comisión Europea ante el "retraso en la reconstrucción de la urbanización y edificación en Lorca", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Sosa recuerda en su pregunta que han transcurrido casi dos años desde que se produjeron los terremotos y que el grado de reconstrucción y edificación en Lorca son, a su juicio, "claramente insuficiente" a estas alturas.
   En el texto presentado a la Comisión, Sosa Wagner recuerda que el pasado 11 de mayo de 2011 dos terremotos sacudieron Lorca "causando ocho muertos y la mayor catástrofe patrimonial en Europa en los últimos años".
   A las ayudas económicas aprobadas por las administraciones españoles, "se unió la solidaridad de la Unión Europea y la solidaridad europea". Así, explica que el Banco Europeo de Inversiones concedió un crédito de 185 millones y también, a propuesta de esa Comisión, el Parlamento aprobó una ayuda de más de veinte millones de euros a través del Fondo de Solidaridad.
   Sin embargo, ante el "retraso" en la reconstrucción de la urbanización y edificación de la localidad de Lorca, Francisco Sosa Wagner pregunta a la Comisión si "se ha dispuesto ya de toda la ayuda aprobada del Fondo de solidaridad europeo".
   Además, pregunta "qué concretos logros ha culminado esa ayuda", y si dispone esa Comisión "de datos precisos sobre los planes de ejecución y supervisión de esa ayuda".

AIDMUR pide procesos de baremación para todos los políticos

MURCIA.- La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) ha defendido la "alta cualificación, teórica y práctica" de los interinos docentes, y considera que "deberían abrirse procesos de 'rebaremación' en todos los puestos políticos, y especialmente en el personal designado "a dedo", como personal de confianza, personal eventual de libre designación y asesores".

   En un comunicado, AIDMUR ha destacado que el Acuerdo de Interinos actual "ha permitido la estabilidad laboral de un colectivo altamente cualificado, mucho más que algunos diputados y  asesores en este país".
   "Los interinos tienen alta cualificación teórica y práctica y decir lo contrario es una falsedad, pues para acceder al sistema educativo público hay que demostrar méritos académicos en primer lugar", según AIDMUR.
   La Asociación cree que resulta "curioso" querer prescindir de profesionales bien formados y con experiencia, cuando "resulta un factor fundamental para atender las necesidades individuales de nuestros alumnos".
   En este sentido, lamentan que el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, "ha recortado en profesores, becas, transporte escolar, en recursos para los centros educativos y ahora quiere quitarse de encima a miles de profesores con altísima cualificación y experiencia, cosa que resulta impensable en cualquier organización".
   Achacan esta decisión "sólo a reducir el coste económico de la experiencia a costa de la calidad en la atención educativa a los alumnos de la Región de Murcia".
   A su juicio, este nuevo recorte "responde únicamente a la incompetencia del Gobierno regional para reducir el déficit, y nos lo hacen pagar a nosotros. La Consejería ha reducido su plantilla en 2.700 unidades; sin recortes, habría casi 3.000 maestros más trabajando, incluyendo a muchos recién incorporados".
   AIDMUR recuerda que los profesores que integran la famosa lista preferente "están ordenados por la puntuación obtenida en oposiciones y, en su gran mayoría, han aprobado una o más veces los procedimientos selectivos, y si no son propietarios de una plaza ha sido por la insuficiencia de vacantes convocadas, lo que ha hecho que tengamos altas tasas de interinidad, lo cual constituye una decisión exclusivamente política".
   Además, afirma que todas las organizaciones sindicales, sin excepción, "valoran dicho acuerdo positivamente porque ha dado estabilidad al colectivo, ha permitido que sus integrantes se vayan incorporando como funcionarios de carrera gracias a la suma de su cualificación práctica y teórica y ha introducido medidas de protección a la maternidad, algo que queda en el aire con la decisión de no prorrogar el Acuerdo".
   En su opinión, no prorrogar el acuerdo "supone una nueva agresión al colectivo interino, que ya ha sufrido reducción de 2.200 puestos, reducción de salario, despidos para no cobrar las vacaciones o la negativa a remunerar sexenios. Introducir mayor precariedad supone una disminución de la calidad".
   La Asociación se pregunta "en qué manos quiere dejar Sotoca la Educación de los más jóvenes, si quiere deshacerse de profesionales con experiencia y que han demostrado su valía y conocimientos, y si acaso quiere decir que cualquiera puede ejercer esta labor".
   Si esa es la apuesta del Consejero de Educación, entonces AIDMUR cree que "debería predicar con el ejemplo. Es decir, deberían abrirse procesos de 'rebaremación' en todos los puestos políticos, y especialmente en el personal designado a dedo".
   La Asociación exige, por tanto, "que se hagan públicos los currículum vitae de todos los políticos de la Región de Murcia y de sus asesores, que publiquen sus expedientes y méritos académicos, y se sustituyan por los profesionales mejor formados en un procedimiento público de cobertura de dichos puestos, con criterios objetivos".
   En su opinión, dicho proceso de 'rebaremación' "debería ser refrendado por el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel para que todas las consejerías aplicasen el mismo criterio para ordenar las listas de aspirantes a todos los puestos de trabajo de la Administración".
   Sin embargo, la Asociación no ha pedido que se haga lo mismo con el ámbito sanitario "por responsabilidad".
 "Nos parecería una temeridad que se expulsaran de las listas a los médicos, enfermeros y técnicos sanitarios con más experiencia en favor de quienes aleguen mayores méritos académicos, pero ninguna o poca experiencia en la atención al paciente".

Seis equipos de investigación de la UPCT elaborarán recomendaciones para la construcción de Lorca

CARTAGENA.- El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, y el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), José Antonio Franco, han firmado un convenio de colaboración para realizar lo que será el primer estudio de 'microzonificación' sísmica de una ciudad española, en este caso del municipio de Lorca, en el que intervendrán seis equipos de investigadores.

   Los primeros resultados se esperan en un plazo de nueve meses, y se podrán derivar nuevas líneas de trabajo en este campo, en ámbitos tan importantes como la alerta temprana o la edificación sismo-resistente.
   El objetivo del convenio "es claramente práctico", según ha dicho Sevilla en el acto de firma, ya que lo que se pretende es "contar con recomendaciones para la construcción de edificios e infraestructuras que puedan ser utilizadas por los técnicos y empresas constructoras".
   Para ello, se trabajará en la caracterización del modelo sísmico del subsuelo, responsable de la propagación de los movimientos sísmicos, para "decidir cuál es la tipología de las estructuras de los edificios más adecuada en cada área, en función de la información que se extraiga", ha comentado el consejero.
   Este trabajo formará parte del compendio de estudios que se desarrollan desde el pasado 11 de mayo de 2011 con los que el Gobierno regional analiza qué efectos sufrió el terreno tras las aceleraciones sísmicas en las diferentes partes de la ciudad.
   La concesión de esta subvención nominativa, por importe de 120.000 euros, se financia en su totalidad gracias al préstamo que la Administración regional ha suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
   Estos estudios se realizan desde diversos ámbitos, el geológico, el geotécnico y el estructural, afectando a disciplinas como la Geodinámica, la Geofísica, la Geotécnica o la Construcción.
   Concretamente, en el trabajo intervendrán seis equipos de investigación, correspondientes a cada una de las especialidades, liderados por los especialistas Tomás Rodríguez (Neotectónica), Pedro Martínez (Geofísica), Rafael Blázquez (Ingeniería Sísmica), Antonio Tomás (Ingeniería de la Construcción), Emilio Trigueros (Geotecnia) y Manuel Alcaraz (SIG y ordenación territorial).
   En opinión de Sevilla, "será un estudio multidisciplinar que tendrá un ámbito espacial coincidente con el casco urbano". Comenzará con una recopilación sistemática y temporal de la información relevante para configurar la síntesis de partida definiendo ésta en un sistema espacial de información geográfica SIG.
   Este sistema espacial permitirá la selección de zonas en las que se realizarán los estudios de detalle y la posterior correlación espacial de resultados.
   La ejecución de este estudio se realizará en seis fases. Una primera, de Neotectónica y definición de los eventos sísmicos; la segunda, de Modelización del medio propagador. Caracterización del subsuelo; Clasificación de tipologías estructurales: Cimentaciones en una tercera fase; Clasificación de tipologías estructurales: Estructuras y elementos de edificación, una cuarta fase; una quinta de Mapas de zonificación y memoria final; y finalmente, Ensayos de Propagación y modelización numérica.