domingo, 17 de marzo de 2013

González (BBVA) denuncia "mucha laxitud" de los reguladores y supervisores antes de la crisis

MADRID.- El presidente de BBVA, Francisco González, ha denunciado este fín de semana "mucha laxitud" por parte de los reguladores y supervisores antes de que se desencadenara la actual crisis, y ha apuntado indirectamente a estos organismos en España al asegurar que "no están muy lejos de este país".

    González ha aprovechado para lamentar "malos hábitos y conductas fraudulentas" que dieron lugar a la crisis actual, lo que ha considerado una "mala noticia", pero no una "estafa".
   El presidente del BBVA ha defendido que la crisis se "veía venir" desde 2002, ante las señales que mostraba la burbuja inmobiliaria. Y se ha declarado optimista sobre las lecciones de las crisis: "Las crisis dan información con anticipación".
   González ha defendido la elección de Deloitte como auditor de las cuentas y ha reconocido que en la comercialización de algunas participaciones preferentes "hubo abusos", si bien ha afirmado que el banco ha dado y busca "soluciones" al respecto.
   Por último, ha avanzado que la política de retribución de la entidad pasará a ser "vinculante" y no sólo consultiva ante la junta de accionistas, como hasta ahora.

IU-Verdes advierte del "desmantelamiento continuo" de la red pública de servicios sociales en la Región


MURCIA.- Victoria Rodríguez, miembro de la Presidencia de IU-Verdes de la Región, ha advertido de "un desmantelamiento continuo de lo que es una red pública de servicios sociales, que se verá ahora mucho más amenazada con la reforma de la ley de bases de régimen local, que se les condena prácticamente a desaparecer".

   En esta línea, Rodríguez considera que la RBI "podría ir acompañada de otras medidas económicas, porque lo único que se pretende con esta ayuda es que una familia o una persona tenga medios para cubrir sus necesidades básicas".
   Al mismo tiempo, ha resaltado, que una Renta Básica "no puede mantener a una familia entera con la prestación, tal como está la Región".
   En clave legislativa, ha recordado que la aplicación de la RBI "no tiene un decreto que la regule y genera confusión", tras lo que advierte "del tiempo de demora hasta que te llega la ayuda, que puede llegar hasta de seis meses y durante ese periodo, esa persona o familia de qué vive".
   A su juicio, en Murcia "se ha dado un alto incremento de la pobreza", por lo que ha vuelto a demandar "la creación de un fondo de emergencia ante esta situación".
   Mientras que la responsable de Política Social de IU-Verdes de la Región de Murcia, Adoración Peñas, advierte que "difícilmente se puede apostar por el Estado de Bienestar cuando desde los propios presupuestos de la Comunidad se pegó uno de los mayores tijeretazos".
   "No vemos nada claro la apuesta por el Estado de Bienestar del presidente Ramón Luis Valcárcel, sino más bien la ruptura del sistema de servicios sociales ya debilitado, que generará una gran brecha de desigualdad en la Región y pobreza extrema", ha precisado.
   Así, denuncia públicamente "el cierre y el ahogamiento económico de las organizaciones no gubernamentales que trabajaban con sectores de población desfavorecidos, supliendo muchas veces la responsabilidad de la propia administración pública".
   "La restricciones en los distintos programas, concretamente en el de familia, menores; así como la reducción de los puntos de encuentro y los que quedan solo acuden familias por resolución judicial; y la eliminación del servicio de mediación en acogida" son ejemplos que ha puesto de manifiesto.
   Además de que en el servicio de acogida familiar "se elimina la responsabilidad de tutela de los padres acogedores, lo que significa una gran desprotección para ellos y los menores, además del anuncio por parte de la Consejería de que los gastos ahora irían a cargo de las familias de acogida suspendiendo las ayudas".
   Los "retrasos" en los pagos de Renta Básica de Inserción y en su tramitación de "casi siete meses", y la "suspensión" de la solicitud de ayudas periódicas de inserción y protección social, ayudas destinadas a familias con menores a su cargo en situación de riesgo social y con carencia de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de los mismos.
   El diputado de IU-Verdes y portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, José Antonio Pujante, presentó ante la Mesa de la Asamblea Regional una moción en la que se exige la creación de un Fondo de Ayuda Urgente para personas que se encuentran sin ningún tipo de recurso económico o en espera de percibir una prestación, así como las que se encuentran en situación de pobreza extrema.
   Pujante alerta del "incremento de la pobreza en la Región, donde colectivos en riesgo de exclusión han pasado a situaciones de pobreza extrema". De hecho, resalta que "uno de cada tres murcianos, más de 150.000 aproximadamente, no tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda digna (datos del 2010)".
   También lamenta "los recortes en las políticas sociales, que afectan directamente a los ayuntamientos de la Región que son los receptores de las demandas de la ciudadanía, afectan directamente a una población cada vez más vulnerable que necesita de ayudas inmediatas para cubrir necesidades básicas".
   Pujante también presentó ante la Mesa de la Asamblea Regional solicitud de información dirigida a la consejera de Sanidad y Política Social, Mª Ángeles Palacios, sobre la Renta Básica de Inserción en la Región de Murcia.

El Gobierno niega que las CC AA hayan ralentizado su contabilidad

MADRID.- El Gobierno niega que las comunidades autónomas hayan ralentizado la contabilidad de sus gastos corrientes y sus transferencias para poder alcanzar el objetivo de déficit que tenían fijado el año pasado (1,5%) y además descarta también impulsar enajenaciones de inversiones reales para que los gobiernos regionales incrementen sus ingresos.

   Así lo asegura en respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD, que el pasado mes de noviembre alertó de que, según el cuarto informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), los gobiernos regionales estaban aplicando la técnica contable de la ralentización para "no disparar" su déficit.

   Además, la formación magenta avisaba de que, de ser ciertas esas acusaciones, todas las previsiones macroeconómicas del Gobierno podrían verse "distorsionadas".

   Sin embargo, el Gobierno afirma en su contestación, que "no se ha detectado ninguna ralentización de contabilidad a efectos de distorsionar previsiones de cumplimiento de déficit por parte de las comunidades autónomas" y además asegura que "no se ha elaborado ninguna medida que impulse la enajenación de inversiones reales para aumentar los ingresos" de estas administraciones.