sábado, 16 de febrero de 2013

El Papa se va pero deja nombrado al presidente del Banco Vaticano


CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI, que renunciará el próximo 28 de febrero, aprobó ayer viernes la designación del alemán Ernst von Freyber como nuevo presidente del Banco Vaticano, el controvertido Instituto de Obras de Religión (IOR), en su último nombramiento para un puesto clave a menos de dos semanas del fin de su pontificado.


"El Papa manifestó su pleno consentimiento" a la designación de Von Freyber, precisó el portavoz del Papa, el jesuita Federico Lombardi.

La comisión cardenalicia que supervisa las actividades del IOR seleccionó a la persona que administrará las finanzas de la Santa Sede.

Los purpurados entrevistaron a "más de 40" ejecutivos "con un alto perfil profesional y moral", con la ayuda de una agencia internacional independiente.

El nuevo presidente del Banco Vaticano, es un abogado nacido en 1958, miembro de la Orden de Malta, que sucederá al italiano Ettore Gotti Tedeschi, despedido en mayo de 2012 sin aclararse el motivo.

En los últimos meses, el Banco Vaticano ha estado en el centro de las tensiones dentro de la Santa Sede, que desembocaron en el llamado 'Vatileaks', la filtración de cartas y documentos internos del Papa a la prensa.

Según la prensa italiana, el nombramiento de Von Freyber, licenciado en derecho en las universidades de Berlín y Múnich, no agrada a toda la jerarquía de la Iglesia.

"El Papa no lo conoce personalmente y no intervino en la elección", aseguró el portavoz del Papa para zanjar la polémica.

"En toda Institución hay opiniones diferentes (...) pero eso no quiere decir que se trate de conspiraciones", dijo Lombardi, minimizando lo que la prensa ha calificado "de batalla interna" dentro del Vaticano.

En una nota divulgada sucesivamente por la oficina de prensa de la Santa Sede, el portavoz del Papa precisó que Von Freyberg trabajará de forma "exclusiva" para el IOR, aunque mantendrá la presidencia del grupo Blohm+Voss, cuya mayor actividad es "la reparación de embarcaciones para cruceros". La firma alemana forma parte del consorcio que construye cuatro "fragatas para la marina alemana", recalca el comunicado, respondiendo indirectamente a las polémicas suscitadas por su actividad como productor de naves de guerra.

En 2010, la justicia italiana abrió una investigación judicial contra dos directivos del Banco del Vaticano por violar las leyes italianas sobre el blanqueo de dinero.

Para algunos observadores, el nombramiento llega en un momento delicado, con los católicos todavía sorprendidos por la decisión histórica de Benedicto XVI de marcharse del trono de Pedro.

El IOR tiene un patrimonio estimado de 5.000 millones de euros, distribuidos en 34.000 cuentas corrientes. Sólo pueden acceder al banco los miembros del clero, de las órdenes religiosas, los diplomáticos y los asistentes del pontífice.

Entre sus clientes figuran 1.660 obispos, 2.700 congregaciones, 2.000 diplomáticos y 1.610 monjas.

En julio pasado, la comisión europea encargada de supervisar el respeto de las normas de lucha contra el blanqueo dijo que el IOR "ha cumplido muchos pasos positivos en poco tiempo" pero que "aún hay mucho trabajo".

La Iglesia Católica vivirá en las próximas dos semanas un periodo de transición antes del cónclave que designará al nuevo Papa, un proceso que la Curia Romana afronta con normalidad a pesar de la evidente desorientación que reina incluso dentro del Vaticano tras la renuncia histórica de Benedicto XVI.

Ayer viernes, el Papa recibió en el Vaticano al presidente de Rumanía, Traian Basescu, y hoy sábado se despidió simbólicamente de América Latina al recibir al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, el último mandatario de esa región que se entrevista con el pontífice alemán antes de su renuncia.

Benedicto XVI recibió también hoy sábado al primer ministro italiano, Mario Monti, y al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano.

Unas 4.000 personas se manifiestan por las calles de Murcia por el derecho a una vivienda y contra los desahucios

MURCIA.- Unas 4.000 personas han clamado hoy en Murcia porque "los banqueros no sigan explotando a la ciudadanía y no quede descafeinada" la iniciativa legislativa popular aceptada a trámite en el Congreso con casi 1,5 millones de firmas, según fuentes de la convocante Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

En un veloz recorrido por el centro de la ciudad que ha finalizado sobre las 20 horas ante la sede del Banco de España, los manifestantes han coreado lemas ya clásicos, como el "Ni gente sin casas ni casas sin gente", "Sí se puede", "No al terrorismo financiero", "Ni desahucios ni embargos", "Rescatad a las personas, no a los bancos" o "El pueblo unido jamás será vencido".
A ellas se sumaban otras consignas menos habituales como "No son suicidios, son asesinatos", "Tenemos la solución, los banqueros a prisión", "El miedo va a cambiar de bando" o "No queremos pagar su deuda con la salud y la educación", entre pancartas procedentes de las PAH Cieza o las comarcas del Mar Menor y el Río Mula, mientras que en Cartagena se han reunido varios centenares de personas.
A la cabeza de la manifestación iba el economista Esteban Melo -candidato al parlamento ecuatoriano en las elecciones legislativas de mañana por el partido del actual presidente, Rafael Correa-, que ha señalado que la crisis la están pagando españoles y compatriotas suyos que se han visto privados de su vivienda y deben la hipoteca.
Entre una mayoría de nacionales se veían también grupos de inmigrantes latinoamericanos y magrebíes, muy afectados por los desahucios en la región de Murcia, para los que los convocantes piden que se apruebe la dación en pago retroactiva, que solo en los tres primeros trimestres de 2012 ha afectado en esa comunidad a 865 familias.
"La iniciativa legislativa popular es una cuestión de mínimos" que incluye además los alquileres sociales y el fin de los desahucios, pues "una de máximos sería el derecho a la vivienda como fundamental y exigible, pero hasta llegar hasta ahí hay que parar primero los desalojos", han indicado desde la plataforma convocante.
A su juicio, la que consideran "inminente" sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a obligar al Gobierno "a rectificar y a paralizar todos los desahucios, porque la inmensa mayoría de los afectados no ha podido acogerse a los requisitos establecidos por su real decreto y, en el caso de la región de Murcia, solo se conoce el de una familia".
Pequeñas pancartas con los lemas "No al terrorismo financiero" o "Por una economía al servicio del bien común" salpicaban aquí y allá los bloques encabezados por las pancartas de otros colectivos que se han sumado a esta reivindicación, como la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia o la Plataforma Prosoterramiento de las Vías del Tren de Alta Velocidad a su paso por Murcia.
 Estos miles de murcianos se han manifestado esta tarde para reclamar el derecho a una vivienda, secundado así el llamamiento realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia.
   Los manifestantes han partido del Jardín de Floridablanca minutos antes de las 18.30 horas, tras una pancarta principal que rezaba 'Contra el terrorismo financiero. Por el derecho a una vivienda digna', dirección calle Princesa, para después entrar por la calle Correos y continuar por la Plaza de la Cruz.
   Posteriormente, varios afectados han llevado a cabo intervenciones en varios bancos, empezando por la CAM, que "es una de las entidades financieras que más desahucios ha ejecutado en la Región junto a Bankia", según ha indicado Paco Morote, quien ha agregado que la protesta proseguirá por la avenida Alfonso X hasta la Gran Vía, para terminar frente al Banco de España. Curiosamente este agitador habitual no ha mencionado a Caja Murcia en ningún momento a lo largo de la tarde.
   Y es que, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han demandado el derecho a una vivienda digna, a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso haya admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una moratoria para los desahucios y la dación en pago.
   En este sentido, la Plataforma ha advertido que la admisión a trámite de la ILP no quiere decir que el proyecto vaya a ser aprobado íntegramente, sino que una comisión parlamentaria formada por diputados se van a encargar ahora de su negociación y "pueden introducir mejoras o modificarla hasta desnaturalizarla".
   Asimismo, los miembros de la Plataforma se han mostrado "sorprendidos" por el cambio de postura del PP, que en principio no iba a admitir a trámite la ILP, y han admitido que no se lo esperaban, pero consideran que "no podían hacer otra cosa", al tratarse de un proyecto "justo, democrático y lógico".
   En concreto, defienden que la Iniciativa es justa "porque evita los abusos que llevan emparejados el terrorismo financiero", y es democrática porque "está avalada por 1,4 millones de españoles que firmaron a favor de la misma".
   Por ello, han advertido que van a seguir "muy pendientes" de cómo progresa su trámite en el Congreso, "fiscalizando" la labor de los diputados. Consideran, a este respecto, que las únicas medidas que pueden hacer "justicia" son las recogidas en la ILP.

Los jueces españoles se muestran hartos con la corrupción

MADRID.- Unos 340 jueces se han reunido este sábado en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para tratar el tema de la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y de los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas.

   Al término de la reunión, el portavoz de la asamblea y juez instructor de Guadalajara, Jesús Villegas, ha denunciado la falta de compromiso del poder político al no entender las exigencias actuales del pueblo.
   En relación a la nueva ley de tasas que entró en vigor hace unos meses, los jueces presentes en la asamblea han reconocido que no son aceptables pues "hieren la anatomía del Estado". Villegas ha añadido que "si se recorta en justicia se recorta en calidad" y que no es un ejercicio de responsabilidad echar a unos 1000 jueces.
   Asimismo, se ha hecho hincapié en la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la falta de representación que los jueces tienen en este organismo. El portavoz ha querido dejar claro que este órgano no representa a todos los jueces de España y debe "democratizarse" sin caer en el "corporativismo" y ha recordado que "incluso" desde la Unión Europea se "ha denunciado esta situación".
   Para finalizar, Villegas ha expuesto que los casos de corrupción aparecidos en estas últimas semanas en la prensa han sido "la gota que ha colmado el vaso" y que entre los jueces "eso de los sobres no ocurre".
 "Estamos cansados y hacemos un llamamiento a jueces y ciudadanos" ha concluido.

Politólogos murcianos subrayan la falta de control en los partidos, y reclaman una ley regional de transparencia

MURCIA.- Los politólogos de la Región de Murcia coinciden en que hace falta un mayor control en los partidos políticos y en su financiación, por lo que reclaman una ley regional de transparencia, un registro público de subvenciones, la publicación detallada de las cuentas de las formaciones y mecanismos de transparencia en la contratación pública, entre otras medidas.

   Así lo ha hecho saber hoy el politólogo, periodista y vicesecretario de Comunicación del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región, Antonio Pérez Hernández, tras ser preguntado por los últimos casos de presunta financiación irregular en partidos políticos.
   El portavoz afirma que los partidos de la Región están sujetos a la misma ley nacional de financiación, que estipula que deben percibir un tercio de los recursos en función de su representación parlamentaria y los dos tercios restantes en función de los votos recibidos.
   En este sentido, añade que el Colegio de Ciencias Políticas no ha adoptado recientemente ninguna posición oficial sobre la financiación de los partidos porque no ha procedido a su debate, pero recuerda que la institución ha suscrito el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno, que recoge un decálogo de medidas encaminadas a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.
   Se trata de un documento impulsado por medio centenar de ciudadanos murcianos de distintos ámbitos sociales, profesionales e ideológicos que ha sido suscrito ya por más de 300 personas y una veintena de organizaciones sociales y políticas.
   Entre otras cosas, el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno apuesta por obligar a los partidos políticos a ofrecer en los seis meses posteriores a cualquier campaña electoral un balance detallado de los ingresos y gastos que habían tenido en los comicios.
   Asimismo, el Pacto considera oportuno que los partidos políticos realicen una liquidación anual de ingresos y gastos del mantenimiento ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un inventario de su patrimonio y sus deudas, según recuerda Pérez.
   También reclama un registro público de subvenciones en el que se pudieran consultar las organizaciones que donan el dinero a los partidos; así como un mecanismo de transparencia de toda la contratación pública, porque es otro de los ámbitos en los que prolifera la corrupción.
   Al margen del Pacto por la Transparencia, el portavoz del Colegio de Ciencias Políticas explica que los politólogos estiman fundamental reformar el Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de fiscalizar a los partidos, porque realiza su labor "de forma insuficiente".
   Para Pérez, este tribunal debería estar formado por jueces de carrera, y "no por políticos jubilados que, además, son gente de confianza de los partidos". Además, cree que deben de contar con más medios, porque el último ejercicio que el Tribunal ha fiscalizado es de 2007.
   Del mismo modo, apuesta por incorporar al Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, que ahora mismo no está recogido; así como realizar una reforma para que no prescriban los delitos de corrupción; y excluir de la financiación pública a los partidos condenados en sentencia firme por financiación irregular.
   Asimismo, reclama a los ciudadanos "más intolerancia" con la corrupción, y cree que esta intolerancia debe de hacerse extensiva a los propios partidos políticos, porque el que es corrupto "está compitiendo de forma desleal con el resto de sus compañeros, porque tienen otros recursos. Los políticos honrados deberían sentirse los primeros estafados", añade.
   Por otro lado, los politólogos creen que se deberían eliminar las arbitrariedades en las aportaciones económicas a las fundaciones que dependen de los partidos políticos. Consideran "un escándalo" que el dinero que reciben estas fundaciones "cambie de un año para otro" en función de que si el partido al que pertenecen está en el gobierno o no.
   "Su trabajo intelectual debería valer lo mismo independientemente de si están en el gobierno o no", considera Pérez. "O se eliminan estas arbitrariedades o, directamente, las fundaciones de los partidos no deberían de recibir financiación pública o financiarse con las aportaciones de los partidos".
   Este politólogo también propone que se limite la acumulación de las retribuciones públicas, porque "hay altos cargos que cobran simultáneamente, por ejemplo, por ser alcaldes, por ser presidentes de diputación y consejeros en cualquier empresa pública".
   Considera razonable que los cargos tengan un sueldo público "porque se les supone dedicación completa", pero lamenta que los políticos que acaparan varios puestos no pueden ejercer su responsabilidad de forma tan exhaustiva, y propone igualmente limitar la compatibilidad de pensiones con otros ingresos, ya que se trata de un asunto que "indigna mucho a la ciudadanía".
   Por ejemplo, estima "razonable" que los expresidentes de Gobierno Felipe González y José María Aznar reciban una pensión porque se han dedicado a la política y han abandonado su vida privada para ello. Sin embargo, cree que deberían de renunciar a estas pensiones en el momento en el que son contratados por grandes empresas y empiezan a percibir "un sueldo elevado".
   De todas formas, cree que los ciudadanos deberían ser "menos cínicos" y reconocer que los políticos, en general, "están mal pagados" y, en especial, "los altos cargos". Por ejemplo, considera "una miseria" que el presidente Mariano Rajoy cobre 75.000 euros con las responsabilidades que tiene.
   Igualmente, propone la reducción de los cargos de libre designación en la administración, y ser más escrupulosos en la aplicación de la ley de incompatibilidades en el ejercicio de los cargos públicos, para evitar que alguien consiga contratos por la información que ha obtenido durante el tiempo que ha ocupado un cargo público.
   Respecto a la presunta financiación irregular del PP, Pérez cree que lo más importante "no es el destino del dinero negro" y el pago a altos cargos, ya que se trataría de cantidades "muy pequeñas" que ni siquiera constituirían un delito fiscal. El problema, en su opinión, es la procedencia de ese dinero negro.
   Esta es la base del debate sobre las donaciones. Pérez reconoce que se trata de un asunto polémico que divide a los propios politólogos. De hecho, algunos de ellos están a favor de que se prohíban las donaciones anónimas o que se limiten, mientras que otros creen que los partidos deberían financiarse sólo con dinero privado.
   Pone como ejemplo los Estados Unidos, donde hay financiación pública, pero los candidatos presidenciales renuncian a ella para no estar limitados a la hora de recolectar fondos privados.
   En cualquier caso, los politólogos coinciden unánimemente en que las donaciones deberían de ser "transparentes" y con "nombres y apellidos". A su parecer, el anonimato no debería estar permitido, puesto que quien paga algo "condiciona" al receptor, y los ciudadanos tienen derecho a saber "quién está condicionando a los partidos y qué recibe a cambio".
   Pérez no delimita esta transparencia a las donaciones que se entregan a los partidos políticos, sino también a las ayudas y servicios que se prestan a los partidos como, por ejemplo, las condonaciones de deuda o préstamos con tipos de interés favorable.
   No obstante, reconoce que es muy difícil perseguir y evitar este tipo de prácticas se produzcan de forma "soterrada", porque a las empresas "no les interesa que están financiando campañas electorales".
   Este tipo de prácticas recibe el nombre de "cualidad hidráulica" del dinero de los partidos, que consiste en que "la vía ilegal de aportaciones sube muchas veces de forma automática cuando disminuye la vía legal", explica Pérez.

Herguedas (IU-Verdes) afirma que el PP "sigue dando la espalda a los ayuntamientos"

MURCIA.- La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha dicho hoy ante la aprobación de la reforma de la Administración Local, que el PP "sigue dando la espalda a los ayuntamientos", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   Herguedas ha señalado "que la historia de los más de treinta años de ayuntamientos democráticos es la historia de las promesas incumplidas por los dos grandes partidos que se han alternado en el poder".
    Y es que, en su opinión, "mientras nuestras instituciones municipales maduraban y cada vez gestionaban más servicios, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de dar respuesta a sus necesidades".
   A su juicio, "en estos años hemos asistido a un curiosos juego en el que los dos grandes partidos reclamaban más recursos y más autonomía local para los municipios cuando estaban en la oposición y daban la espalda a los ayuntamientos cuando llegaban al poder".
   En este contexto, la edil afirma que "la presentación en el Consejo de Ministro del informe sobre la reforma de la administración local es el último capítulo del fracaso de los dos grandes partidos en sus políticas municipales".
   Asimismo, Herguedas ha augurado escaso recorrido a una reforma elaborada sin consenso que no reconoce las reclamaciones históricas de los municipios de más autonomía local y más suficiencia financiera.
   Por otro lado, la portavoz de IU-Verdes ha recordado que los ayuntamientos sólo disponen de trece de cada cien euros del conjunto de las administraciones públicas y a pesar de gestionar un buen número de servicios apenas acumulan el 4 por ciento del déficit del conjunto de estas administraciones.
   De este modo, ha considerado que los ayuntamientos no son un problema para el conjunto de las administraciones públicas, sino la solución. "Defender a los ayuntamientos es defender a los servicios públicos que de ellos dependen y defender la democracia que se ejerce de abajo arriba", añade.
   Por último, ha destacado como muy negativo el refuerzo del papel de las diputaciones que se desprende de esta reforma. "Las diputaciones son instituciones poco democráticas y obsoletas cuya única justificación es la de servir para colocar a enchufados", por ello, tal y como viene reclamando desde hace tiempo su organización ha pedido que desaparezcan repartiendo sus competencias entre Comunidades autónomas y ayuntamientos.

La Región de Murcia alcanza los 900 megavatios de potencia instalada en energías sostenibles

MURCIA.-   La Región de Murcia alcanzó en 2012 un total de 900 megavatios de potencia instalada en energías renovables y eficientes, según los datos facilitados por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

   En concreto, la suma de la potencia instalada incluye la energía producida a través de cogeneración, hidráulica, fotovoltaica, solar termoeléctrica y eólica, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Así, esto confirma la evolución positiva que a lo largo de los últimos años han tenido la instalación de proyectos y producción de energía a través de las tecnologías basadas en fuentes renovables. El director general de Industria, Energía y Minas, Pedro Jiménez, explicó que "desde 2007 duplicado las instalaciones basadas en energías renovables y sostenibles hemos en la Región, ya que aquel año contábamos con 453 megavatios instalados".
   Igualmente, más que la cifra global de potencia instalada, Jiménez hizo hincapié en que el 23,74 por ciento de la energía que se produjo en la Región durante el pasado ejercicio es energía eficiente, "lo que supone un importante volumen, que se va incrementando año tras año y que contribuye a que la Región incremente sus niveles de autosuficiencia energética".
   Y es que, desde 2007, se han incrementado en un 75 por ciento las instalaciones de parques eólicos en la Región, hasta alcanzar los 262 MW instalados. Además, en ese tiempo se ha duplicado la producción de energía eólica, que ha pasado de 158.000 megavatios hora a 309.000 megavatios hora.
   El director general apuntó que "Murcia es una comunidad que exporta energía a otras comunidades autónomas. De hecho, en el año 2011 exportamos 1.492.000 megavatios hora de energía eléctrica, lo que supone el 20 por ciento de la producción total de la Región, que ascendió a 7.800.000 megavatios hora".
   No obstante, Pedro Jiménez, pese a mostrar su satisfacción por estos datos, aseguró que "debemos seguir creciendo en este terreno porque el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética es una apuesta de futuro y también porque este sector presenta unas expectativas de negocio muy importantes que pueden aportar crecimiento económico y creación de empleo".

Viudes dejará la presidencia del Puerto de Cartagena en las próximas semanas

CARTAGENA.- El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, el economista y empresario murciano Adrián Ángel Viudes, dejará el cargo en las próximas semanas aduciendo 'razones familiares', según fuentes del PP en ésta ciudad, que no han dado más detalles al respecto, y que lo dan como seguro.

La dimisión de Viudes puede estar relacionada con las recientes sentencias judiciales en favor de los estibadores, con los que se halla enfrentado, o realmente en esas razones familiares que parece va a aducir para justificar su inesperada retirada de la política regional y del mundo de la empresa.

Lo que sí parece cierto, es que Viudes ha estado meditando esta retirada en los últimos meses y que habría consultado antes con diversas instancias del PP y de su entorno más próximo para elegir el momento idóneo de hacerla efectiva y pública.

Para su sustitución, el presidente Valcárcel parece tener ciertas dificultades aunque se habla de otro economista dado el perfil del cargo y la necesidad de ciertos conocimientos previos para poder continuar y alcanzar los objetivos estratégicos para el Puerto, que se habrían fijado el propio Viudes y el presidente de la Comunidad Autónoma.

El Puerto de Cartagena bate récords: 20 condenas y 50 sanciones de Trabajo


MURCIA.- La empresa de estiba cartagenera, SESTICARSA, presidida por Adrián Ángel Viudes Viudes, también presidente de la Autoridad Portuaria local, ha sido condenada más de 20 veces en los juzgados de lo social y ha sufrido más de 50 actas sancionadoras de la Inspección de Trabajo en los últimos cinco años, recuerda hoy 'El Confidencial'.

Este doble récord, sin parangón en España, se debe a la 'guerra' que el máximo responsable de las dársenas cartageneras libra contra los estibadores de la empresa Sociedad Estatal de Estiba del Puerto de Cartagena (Sesticarsa), que tenía que haber sido privatizada el año pasado, cosa que no ha podido realizarse por las numerosas irregularidades que la rodean, según el propio presidente.
Actualmente, Sesticarsa es la única empresa similar de todos los puertos del Estado español que sigue siendo pública: todas las demás han pasado ya a manos privadas de acuerdo con la nueva Ley de Puertos de 2010. Pero la singularidad más llamativa de la relación de la Autoridad Portuaria de Cartagena con los empleados de Sesticarsa es la serie continuada de condenas en juzgados de lo social y sanciones de la Inspección de Trabajo cosechada por aquélla en los últimos cinco años.

La última acta sancionadora fue enviada el 18 de enero pasado por el director territorial-jefe de inspección provincial de Murcia, Diego Martínez Rafecas, y notificada a primeros de febrero, y es relativa al incumplimiento del convenio colectivo por utilizar trabajadores ajenos a Sesticarsa, lo que se conoce como “prestamismo laboral”, y por no poner al frente de trabajos específicos a un capataz homologado. En ella “la sanción se aprecia en su grado máximo” y también “una intencionalidad [de la empresa presidida por Viudes] manifestada en la persistencia del comportamiento” irregular durante varios meses de 2012 y a pesar de las denuncias interpuestas por los trabajadores.

Esta es la última de la larga serie de no menos de 50 actas sancionadoras contra Sesticarsa que se complementan con una lista paralela de 20 sentencias de juzgados de lo social de Cartagena, convertidas en firmes en el TSJ de Murcia, por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. Entre esas sentencias figuran varias por persecución sindical, por fraude a la Seguridad Social al no haber cotizado horas extraordinarias realizadas por los estibadores portuarios, y varias por incumplimiento de normativa laboral y de convenio colectivo, según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, viejo militante de UCD que pasó después al PP, fue nombrado en 1996 por Puertos del Estado, a poco de producirse el triunfo de José María Aznar en las elecciones de ese año. A partir de 2001 cambió la legislación. Desde entonces, su nombramiento es propuesto por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y ratificado por el ministro de Fomento de turno. Viudes lleva ya en el cargo oficial mejor remunerado de la Región de Murcia un total de 17 años.
Durante los últimos siete, tras decidirse la privatización progresiva de las viejas sociedades estatales de estiba y desestiba con la nueva Ley de Puertos, se ha desatado la guerra judicial y laboral con los trabajadores de Sesticarsa, con el resultado descrito de un largo rosario de condenas en lo social y sanciones laborales contra la empresa y el puerto de Cartagena.

Además, la Autoridad Portuaria de Cartagena fue sancionada en 2008 con 3.005,06 euros por infracotizaciones de cuotas de horas extraordinarias a la Seguridad Social de 1.445.596,09 euros. La dirección de Sesticarsa  interpuso recurso contencioso-administrativo para evitar el pago de esa deuda. Otro caso llamativo es el incumplimiento hasta en 34 ocasiones durante el primer trimestre de 2012 de la obligación empresarial de designar un capataz para determinadas labores. O la anulación en septiembre de 2008 del despido de un trabajador afiliado al sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CTM) que había faltado al trabajo tras sufrir un accidente de trabajo.
La guerra de los cien años

En este contexto el proceso de privatización de Sesticarsa, participada al 51% por la Autoridad Portuaria y al 49% por capital privado no se ha podido realizar. La sociedad cartagenera ha quedado como caso único en España, puesto que, desde el 1 de enero de 2012, las 27 sociedades de estiba están transformadas en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) respectiva de cada puerto, de propiedad privada totalmente.

Un escrito del 20 de mayo de 2011, firmado por Adrián Viudes, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y de Sesticarsa, informa a los delegados sindicales de CTM de que no se puede completar la privatización porque “depende de la resolución del proceso contencioso administrativo que la Sociedad tiene interpuesto como consecuencia de la denuncia por horas extraoridnarias”, cuya “sentencia tendrá como consecuencia la adaptación de Sesticarsa en Sagep, o la disolución de la misma”.

Para Cayetano Jaime Moltó, dirigente local de IU, “Viudes ostenta el liderazgo en toda España de sentencias condenatorias firmes relativas a la violación de derechos fundamentales, fraude a la Seguridad Social e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas y la propia Inspección de Trabajo”.

El fiscal general Torres-Dulce pide "celeridad" para que se aclaren "cuanto antes" casos de corrupción política

MURCIA.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este viernes en Murcia que hay que unir eficacia y rapidez en procesos judiciales referidos a posibles tramas de corrupción política, como son los casos "Bárcenas" o "Gürtel" , que afectan a las instituciones democráticas, para depurar responsabilidades.

   "Es una exigencia absolutamente esencial", ha indicado el fiscal general, pues no resulta creíble que "un proceso, por muy complejo que sea, dure 14 años, y, además, en primera instancia", por ello pide "la máxima celeridad en estos procesos para intentar cerrarlos cuanto antes".
   A su juicio, "es intolerable" y "todo lo que signifique reforma legislativa, para permitir la celeridad en los procesos y autoexigencia para no complicar la tramitación de los procesos con una tramitación innecesaria, es tan importante como que se nos den los medios para poder trabajar".

   Preguntado por si la actual ley es demasiado "blanda" con los corruptos, el fiscal ha señalado que la norma debe "estar en el libro Guinness de los Récords" pues "no creo que haya ningún otro ordenamiento jurídico que desde 1995 haya tenido 25 reformas y algunas de importantísimo calado", incluso, en su opinión, "habría que adelgazar el Código Penal y algunos tipos penales", no es posible "que todo sea delito".
   Desde el punto de vista de Torres-Dulce, no hay crear más tipos ni incrementar las penas, lo que hay que lograr "es que se celebren los juicios con la mayor rapidez, que los culpables sean condenados y cumplan las sentencias" y "si es posible, devuelvan el dinero".
   Torres-Dulce, que ha asegurado que no ha recibido presiones y que el día que eso ocurra se irá a su casa, "indiscutiblemente, ha insistido en la necesidad de reforzar la plantilla de Anticorrupción, "sobrecargada de asuntos muy complejos, en este momento", y así lo ha pedido al Ministerio de Justicia.

   Finalmente, ha insistido en que "la justicia debe ser lo más accesible posible a todos los ciudadanos" y ha advertido que el uso abusivo de la justicia "acaba perjudicando la calidad e igualdad para todos en la Administración de Justicia".
   Por último, ha apuntado que las tasas judiciales "son necesarias y cumplen una función", están en casi todos los países, "pero no pueden ser desproporcionadas".

El Gobierno no suprime concejales y permite sueldos de hasta 100.000 euros

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

   Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.
   El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.
   El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de los socialistas.
   Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.
   En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.
   Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.
   El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.
   Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.
   Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país, con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.
   Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.
   No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se disolverán.
   La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el alcalde.

Dos sentencias del TSJ avalan la legalidad del denominado 'teletransporte' de suelos

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) vuelve a avalar los procedimientos urbanísticos realizados por el Ayuntamiento, garantizando que los trámites empleados se ajustaron a Derecho y respetaron todas las normas y la Ley. 

   De esta forma, la sentencia 936/2012, de 27 de diciembre de 2012, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, se convierte en la quinta sentencia que garantiza la plena legalidad de los procesos urbanísticos realizados en el Municipio de Murcia, según han informado fuentes municipales en un comunicado.
   Esta sentencia se une a otra, la 574/2012 de 13 de julio 1, en la que la Sala de los Contencioso Administrativo desestimó el recurso del Colegio de Arquitectos de Murcia contra los acuerdos de adaptación del PGOU del Municipio a la ley del suelo regional, por ser ajustada a Derecho y absolutamente legal dicha adaptación por parte del Ayuntamiento.
   Y es que, la Sentencia, contra la que no cabe recurso, constata que la obtención de suelos con destinos varios (reforestación, mejora ambiental, implantación de dotaciones o equipamientos) es un procedimiento previsto desde la primera Ley del Suelo, en 1956, que después se ha incorporado a toda la legislación estatal o autonómica.
   Con este sistema (llamado "teletransporte") se pretende, sencillamente, que la Administración se ahorre las expropiaciones y se obtengan espacios que de otra manera sería imposible para una Administración local. Por este sistema, las Administraciones municipales han adquirido "gratis" suelo destinado a hospitales, carreteras, implantación de energías limpias o vertederos.
   La Sentencia aclara que, con este sistema, los suelos adscritos no son de ninguna manera "reclasificados" o "se les da edificabilidad". Evidentemente, esos suelos, si quieren ser objeto de adquisición pública, deben ser compensados a sus propietarios; lo que se hace entonces es integrar a dichos propietarios en otros ámbitos de desarrollo (urbanizables), con la obligación de que cedan los espacios afectados en el momento procedimental oportuno (cuando se aprueba definitivamente la reparcelación, dice la Ley). Pero los suelos en absoluto pierden su condición natural ni se desprotegen.
   De nuevo, un Tribunal ha estudiado a fondo los procedimientos urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia y ha concluido -por cuarta vez- que todos se acogen a la más estricta legalidad.
   Así, desde 2001, son 5 las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia las que avalan la legalidad de los trámites administrativos realizados en la aprobación del PGOU, el convenio Nueva Condomina y la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo regional, rechazando claramente los argumentos expuestos por los litigantes (Iruñesa de Parques Comerciales SA, PSOE, Colegio de Arquitectos, Anse, Asociación de Vecinos Senda de Granada).
   Estas sentencias establecen el ajuste a derecho de los desarrollos de la ordenación de la zona Norte del Municipio. Así, las sentencias 983/2005 de 30 de diciembre y 461/2006 de 16 julio de 2006 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia establecen la plena legalidad de la regularización contenida en el artículo 6.2.14, respecto a las dos alternativas de ordenación de los suelos SD, y la regulación del artículo 8.1.3. sobre la posibilidad de incorporación de los suelos del sistema general GD-SD.
   La sentencia 461/2006 declara, igualmente, la plena legalidad de todo el contenido del convenio aprobado en mayo de 2001 para el desarrollo de la actuación Nueva Condomina, salvo el apartado relativo al cálculo del 10% de aprovechamiento al que tiene derecho la administración municipal.
   Asimismo, la sentencia 729/2009, por otro lado, desestima lo pretendido por Anse al establecer que el plan parcial Nueva Condomina cumple lo establecido en las leyes en relación con el mantenimiento y protección de espacios hidraúlicos y estudios de impacto ambiental.
   Por otro lado, las sentencias 574/2012 de 13 de julio de 2012 y 936 de 27 de diciembre de 2012, contra la aprobación del Ayuntamiento de la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo regional, establece que los procedimientos seguidos respetaron lo establecido en el artículo 137 de la Ley del Suelo en cuanto a tramitación administrativa, tratándose de una adaptación obligatoria y no una modificación del PGOU.
   El TSJ concluye que el Ayuntamiento adaptó el Plan Urbano a la Ley del Suelo siguiendo los cauces legales. Además, incide en que no se produjo un aumento de edificabilidad (sino una reducción) y tampoco se desprotegieron suelos de valor medioambiental.
   Dichos suelos, insiste la Sentencia, se mantienen como no urbanizables con los destinos de protección ambiental, forestal y paisajística. La Sentencia se produce tras una denuncia de la Asociación de Vecinos Senda de Granada, que fue condenada  en costas. Contra la sentencia no cabe recurso.
   Igualmente, el Tribunal de Cuentas, en auto de 3 de junio de 2009, a denuncias del concejal del PSOE, José Manuel Abellán, determinó que en la valoración de los aprovechamientos de los convenios de la zona Norte se siguieron los trámites establecidos en la legislación vigente. El Tribunal de Cuentas falló que constaba "de modo inequívoco y manifiesto, la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable". Y condenaba a costas al PSOE.
   Del conjunto de las anteriores sentencias de lo Contencioso Administrativo de 2005, 2006, 2009 y 2012 y del dictamen del Tribunal de Cuentas de 2009 se puede concluir que todos los procedimientos y trámites administrativos impulsados por el Ayuntamiento de Murcia han tenido un denominador común: su plena legalidad y transparencia, siempre en beneficio de la ciudadanía y del interés general.
   En este sentido, además, los jueces han revisado, investigado y sentenciado hasta en cinco ocasiones que todos los procesos administrativos que emanan del Consistorio en relación con los convenios de la zona Norte están avalados por la legislación vigente.
   Así lo demuestra la última sentencia 936/2012 de 27 de diciembre, elaborada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo y promovida por la Asociación de Vecinos Senda de Granada, que solicitaba la anulación de la aprobación de la adaptación del PGOU de Murcia la Ley del Suelo. El recurso fue interpuesto el 28 de febrero de 2006.
   Las sentencias 461/2006 y 727/2009 establecen, además y entre otras cuestiones relativas al PGOU y el Nueva Condomina, rechazan que se vulnere el régimen legal respecto a la incorporación de suelos urbanizables sin sectorizar a procesos de transformación urbanística.
   Del mismo modo, rechazan que los cambios producidos en la aprobación provisional del PGOU fueran sustanciales. Las sentencias entienden que la regulación contenida respecto a las dos alternativas es suficiente.
   Finalmente, afirman que no existe reserva de dispensación, ya que la regulación de la zona Norte (SD) es igualitariamente aplicable a todos los suelos; consideran que no se ha producido desviación de poder y que las motivaciones de la regulación de las alternativas no son ajenas al interés público; y establecen la legalidad del convenio Nueva Condomina porque cumple lo establecido en la Ley Regional del Suelo vigente en 31 de mayo de 2001, respecto los derechos de los propietarios del suelo y contiene garantías que se exigen.

Ya se diseña la ordenanza reguladora de la prostitución en el municipio de Murcia

MURCIA.- La ordenanza reguladora de la prostitución en el municipio de Murcia será fruto del consenso entre los distintos agentes implicados. Esto es lo que pretende la concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Nuria Fuentes, que esta mañana ha iniciado una serie de reuniones que permitirán diseñar y elaborar esta ordenanza.

   En el encuentro de este viernes la edil se ha reunido, entre otros, con el coronel jefe de la Guardia Civil, José Ortega, el jefe superior de Policía Nacional, Cirilo Durán, el inspector jefe de Policía Local, Ángel Marín.
   En esta reunión han comentado las ordenanzas de prostitución existentes en otras ciudades que han sido estudiadas de forma pormenorizada por técnicos de la concejalía y por la propia Fuentes, según han informado fuentes municipales.
   Éste es el primer encuentro de otros que va a mantener la concejal en próximas fechas con la Federación de Asociaciones de Vecinos, Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia, Federación Regional de Murcia de Empresarios de Comercio, Hostemur, los portavoces de los grupos políticos con representación en el municipio y el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo
   Igualmente se va a poner a disposición de todos aquellos que quieran aportar ideas y sugerencias el correo electrónico 'seguridadyrecursoshumanos@ayto-murcia.es' para que puedan enviarlas.
   Según apuntan las mismas fuentes, una vez que se elabore esta ordenanza será sacada a exposición pública.

El Gobierno murciano dice que no está "obsesionado" con la cifra de déficit

MURCIA.- El Gobierno regional está "ultimando las reuniones técnicas para cerrar la cifra de déficit" del ejercicio 2012, que se presentará en "los primeros días de la próxima semana", según ha avanzado este viernes en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo murciano, José Ballesta, quien ha puesto de manifiesto que la Comunidad "no está obsesionada con esta cifra". 

   La "obsesión" del Ejecutivo regional, ha dicho, "y lo que nos impulsa cada mañana a seguir adelante con nuestro trabajo son los 200.000 murcianos que en estos momentos no tienen trabajo y los 65.000 hogares de la Región en los que en estos momentos no entra ni un solo salario".
   En este sentido, Ballesta ha respondido a las declaraciones que ha realizado el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, quien ha dicho que la Comunidad no cumplirá el objetivo de déficit del 1,5 por ciento "y podría incluso superar el 2,5%", argumentando que desconoce si Tovar "tiene algún dote profético para avanzar esta cifra" y remitiéndose a la comparecencia que efectuará el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, la próxima semana.
   En esta línea, Ballesta ha reconocido que Murcia "no va a cumplir con el objetivo de déficit de 1,5 por ciento", aunque destaca que estará "muy por debajo de la cifra que se estableció en 2011, lo que demuestra el esfuerzo importante de reducción de esa cifra".
   En estos momentos, ha explicado, el Gobierno regional "está haciendo un análisis de los entes dependientes de la Administración regional con el objetivo de adecuarlos, fusionar muchos de estos entes y reducir su cifra sin que por ello se pierda la operatividad y capacidad de actuación, pero sí obtener una reducción de costes".
   De la misma manera que "se continuará avanzando en el Plan de Reequilibrio, establecido para 2012 y 2013".
 "Ese será el elemento que guiará nuestra actuación para acometer las cifras de déficit correspondientes a 2013", ha indicado, para después señalar que "todo ello sin afectar a aquellos elementos de nuestro modelo de sociedad, derechos básicos de los ciudadanos".

El PSRM le dice a Valcárcel cómo recaudar 200 millones más

MURCIA.- El PSRM-PSOE presenta dos mociones y tres proposiciones de ley en la Asamblea Regional con el fin de recaudar como mínimo 200 millones de euros, a través de impuestos como el de patrimonio, un plan de ajuste de la Administración regional y la lucha contra el fraude fiscal, tras conocer que Murcia no cumplirá el objetivo de déficit del 1,5 por ciento "y podría incluso superar el 2,5%" por lo que los socialistas opinan que con este fracaso, el vicepresidente y consejero de Economía, Juan Bernal, "debe replantearse su utilidad dentro del Gobierno regional".

   En este sentido el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ve a Bernal "incapaz de abordar el siguiente escalón, de llegar al 0,7 por ciento en el año próximo, lo que implicaría tener que hacer sobre el presupuesto actual de la Comunidad Autónoma un recorte superior a 500 millones de euros", teniendo en cuenta, ha especificado al hilo el diputado Alfonso Navarro que "cada décima de déficit cuesta 28 millones de euros", es decir, 280 millones cada punto.
   Según los socialistas, "PP y Bernal han sido incapaces de controlar este objetivo de déficit porque no han tenido otra manera de abordar su cumplimiento" y así ha recordado Tovar que "déficit es la diferencia entre ingresos y gastos", a la vez que ha criticado que el consejero del ramo no haya conseguido "equilibrar esa balanza", tras lo que ha sentenciado que la Región "no tiene rumbo" ahora mismo y "su expectativa de futuro se ve cada vez más mermada con los recortes aplicados".
   Hay que ser muy "austeros" y "eficientes" con el dinero público pero "no todo vale ni todos los recortes tienen que ir en la misma línea", de tal forma los socialistas, "en la intención de ser útiles", apuestan por luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida pues "es un elemento central en la mejora de ingresos que debe tener en cuenta nuestra Comunidad", así se recaudarían 160 millones "solo con la mejora de la gestión", según Gestha.
   Además, el PSOE plantea prorrogar "al menos" un año más el tiempo de cumplimiento del objetivo de déficit así como un plan de ajuste de la estructura de la Administración regional (número de consejerías, entes públicos y organismos autónomos), porque, ha resaltado el secretario general de los socialistas murcianos, "todavía hay mucha grasa que quitar para ganar en austeridad y eficacia".
   De hecho, ha añadido Alfonso Navarro, "todavía hay más de 50 entidades en espera de tomar la resolución sobre su supresión, modificación o integración en otras unidades de la Administración regional", que, a su parecer, "no necesita un cuerpo tan amplio porque la gestión que hay que hacer en estos momentos es mucho menor".

   Entre las tres proposiciones de ley del PSOE, "con el fin de procurar mayores ingresos a las arcas regionales", se encuentran la aplicación de ciertos impuestos como el de patrimonio, según ha detallado Navarro, quien ha lamentado que este impuesto no tenga establecida una escala autonómica en la Región.
   Al respecto, el diputado socialista ha puntualizado que 3.008 ciudadanos tienen un patrimonio "susceptible" de aplicarle ese impuesto, superior a 700.000 euros, y lamentado que tanto esos 30 ciudadanos con un patrimonio superior a los 10 millones como aquellos 1.500 con un patrimonio declarado de entre 2,5 y 5 millones de euros "pagan lo mismo".
   Así el PSOE plantea establecer una escala autonómica "para quien progresivamente tenga más patrimonio, pague más", con el que se ingresarían anualmente 34 millones. Es "incomprensible" que no se tenga en cuenta, ha enfatizado, "si además tenemos en cuenta que se han hecho recortes como la disminución de las guardias médicas, que ha supuesto un ahorro de dos millones, o la reducción bucodental infantil que ha supuesto solo un ahorro de otros dos millones" en el Plan de Reequlibrio de la Comunidad.
   Otros impuestos a considerar, según los socialistas, son el impuesto a los grandes establecimientos comerciales, por el que otras comunidades han ingresado unos 7 millones, o que el tramo autonómico del IRPF incluya las rentas superiores a 100.000 euros.
   Alfonso Navarro ha lamentado que el PP no haya querido en tres años aplicar el impuesto a las entidades bancarias, --ya no aplicable--, por el que se hubieran obtenido 200 millones de euros desde 2002, a razón de 20 millones de euros anuales, "que llevamos pidiendo tres años en la Asamblea Regional".
   Finalemente, ha afirmado que todas estas medidas pretenden "ayudar" a obtener mayores ingresos, con carácter progresivo, "y producirían un alivio importante en los posibles recortes que, sin duda, van a tener que plantearse si es que el Gobierno regional quiere conseguir el objetivo de déficit".

El Ayuntamiento de Los Alcázares aprueba un presupuesto de 19,8 millones para que siga el despilfarro

LOS ALCÁZARES.- El Pleno del Ayuntamiento de Los Alcázares ha aprobado los presupuestos municipales para 2013 por valor de 19,8 millones de euros, un 13,95 por ciento más que el pasado año, y que así siga aún más el despilfarro. 

   Destaca la subida presupuestaria en la partida de Servicios Sociales un 75,98 por ciento, pasando de 103.000 a 181.000 euros. Al respecto, el alcalde, Anastasio Bastida, ha explicado que "debido a la situación que se vive es de recibo aumentar esta partida, ya que por desgracia hay muchas personas pasando necesidades".
   Otras subidas importantes van a parar a las partidas de Educación y Cultura, con un 75 por ciento más en el caso de la primera, que pasa de los 40.000 euros de 2012 a los 70.000 para este ejercicio y un 500 por ciento más en el caso de la segunda, que pasa de 15.000 a 90.000 euros.  
   Además de Educación, Cultura y Servicios Sociales, el alcalde ha destinado 205.000 euros a Promoción Turística, aumentando así la partida en un 412 por ciento, al entender que "es vital para este municipio la promoción, ya que vivimos del turismo y no podemos estar de espaldas al mar, la promoción para atraer turismo es muy importante, al igual que lo son el resto de partidas que se han incrementado".
   En el capítulo de inversiones, se pasa del 0 del pasado año a 177.000 euros. El Ayuntamiento tiene previstas varias obras para este año entre las que destacan la nueva Oficina de Turismo, más amplia y céntrica en la que se van a invertir 25.000 euros; y la eliminación de barreras arquitectónicas y pequeñas obras, a las que se destinarán 57.000 euros, entre las que se encuentran la ampliación del Centro Médico de Los Narejos.
   El Consistorio también ha presupuestado 30.000 euros para la mejora de los parques infantiles que actualmente cuentan con un mobiliario obsoleto y en algunos casos, peligroso.
   En el capítulo de ingresos también se ha previsto un aumento de licencias de obra pasando de los 78.000 del pasado año a los 300.000 de este año, aumento que se produce por las licencias que pagarán inversores rusos que construirán en el municipio un parque acuático, inversores ingleses que construirán una dársena seca, la construcción de una iglesia mormona a través de una cesión de suelo por 75 años, por la que la que abonarán al Ayuntamiento un millón de euros de cesión más la licencia de obra.
   Durante el debate, el concejal socialista, Pepe Mercader ha calificado los presupuestos de "insolidarios" a pesar de la "espectacular" subida en la partida de Servicios Sociales, que se ha visto aumentada en 75,98 por ciento.
   Los presupuestos salieron adelante con el voto favorable del Partido Popular y los votos en contra de IU y UPyD, el Partido Socialista no los votó ya que el alcalde se vio obligado a expulsar al portavoz socialista, Joaquín Menárguez, y a este le acompañó todo su grupo. Ninguno de los diferentes grupos políticos, presentó enmiendas a los presupuestos municipales, a excepción de Izquierda Unida.

Más de 30.000 ecuatorianos podrán votar este domingo desde la Región de Murcia

MURCIA.- Más de 30.000 ecuatorianos residentes en la Región de Murcia podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de Ecuador de este domingo 17 de febrero a través de las correspondientes mesas electorales habilitadas en los cuatro colegios electorales de Murcia, Cartagena, Lorca y Jumilla.

   En Murcia, el recinto electoral estará situado en el Campus Universitario de Espinardo, Aulario Giner de los Ríos y Norte, en Cartagena en el rectorado de la Universidad Politécnica, en la Plaza del Cronista Isidoro Valverde y en Lorca en el Campus Universitario, antiguo cuartel Sancho Dávila.
   Para los empadronados en Yecla y Jumilla, el colegio electoral se ubicará en la Casa Consistorial de esta última localidad, en la Calle Cánovas del Castillo nº 31.

Fomento se inclina por la alternativa este para la conexión del AVE a Cartagena desde Murcia

MURCIA.- El Ministerio de Fomento ha enviado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el expediente de información pública y audiencia a administraciones del estudio informativo de la conexión de alta velocidad Murcia-Cartagena, para que formule la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

   Así, se han definido tres soluciones denominadas alternativa este, alternativa centro y alternativa oeste. Tras el análisis y la comparación de las alternativas, se ha determinado proponer como más conveniente la alternativa este, que discurre por el corredor de la línea actual pasando, entre otras, por la estación de Balsicas-Mar Menor.
   Con esta actuación, el tiempo de viaje para el trayecto entre Murcia y Cartagena se reducirá de 43 minutos a 28 minutos. Asimismo, el trayecto en alta velocidad entre Madrid y Cartagena podrá realizarse en menos de 3 horas frente a las 4 horas y 37 minutos actuales.
   Dentro de las actuaciones de alta velocidad analizadas en el estudio, también se ha incluido el tramo de conexión entre Nonduermas y Sangonera, necesario para conectar la red arterial ferroviaria de Murcia con la línea de alta velocidad Murcia-Almería y que permite la supresión del paso a nivel del camino de los Romanos en Alcantarilla.
   Además, en el estudio se prevé que la línea convencional existente se dedique básicamente al tráfico de mercancías. También se ha incluido la electrificación y la supresión de pasos a nivel de dicha línea y un nuevo ramal en Alquerías para las relaciones de ferrocarril convencional Alicante-Cartagena, informa Fomento.
   Durante el periodo establecido para la información pública, se han recibido un total de 16 escritos de alegaciones, así como otros 16 por parte de las administraciones, de los que seis de ellos certificaban la exposición al público del Estudio Informativo en el tablón de anuncios de dicho organismo.
   Todos ellos se han incorporado al expediente que ahora se remite a Medio Ambiente, junto con su correspondiente análisis individualizado. La Declaración de Impacto Ambiental que ahora se solicita es el paso previo imprescindible a la aprobación definitiva de la solución y a la redacción de los proyectos constructivos.

Los precios bajan un punto y medio en Murcia

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 1,5 puntos en la Región de Murcia durante el pasado mes de enero, y la tasa interanual se situó en el 2,8 por ciento, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En lo que va de año, los precios descendieron también un punto y medio en la Región, mientras que la inflación interanual murciana alcanzó el 2,8 por ciento.
   Por grupos, los más inflacionistas fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (2,4 por ciento), Transporte (0,9 por ciento), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (0,5 por ciento) y Otros (0,2 por ciento).
   Por contra, la congelación de precios en Hoteles, cafés y restaurantes, Medicina y Enseñanza y el descenso experimentado en Vestido y calzado (16,4 por ciento), Ocio y cultura (2,7 por ciento), Comunicaciones y Vivienda (ambos con 1,1 por ciento) y Menaje (0,4 por ciento) evitaron una subida mayor de la cesta de la compra murciana en enero.

El Gobierno murciano ayuda más a quien menos lo necesita en Educación

MURCIA.- El Gobierno regional destina más dinero a los dos colegios de Murcia del Opus Dei, Nelva y Monteagudo, que segregan a los alumnos por sexo, que al funcionamiento de todos los colegios públicos de la Comunidad, según denuncia el sindicato FETE-UGT.

Del análisis del anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2013 se desprende que a los colegios Nelva (sólo niñas) y Monteagudo (sólo niños) se destinan 3.653.077 euros, frente a los 2.617.663 euros que se dedican a todos los colegios públicos en concepto de gastos de funcionamiento.
Según el citado sindicato, estos datos evidencian la prioridad del Gobierno del Partido Popular con la educación privada y sexista en la Región de Murcia.
FETE-UGT sigue adelante con la demanda interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la Consejería de Educación por destinar dinero público a un modelo de enseñanza diferenciado por sexos, algo que el Tribunal Supremo ha rechazado por considerarse al margen de la LOE. “En el año 2013, a los murcianos y murcianas nos va costar este tipo de enseñanza más que todo el dinero que se destina a todos los colegios públicos de la Región de Murcia”, insiste el sindicato.

Se admite la querella contra el Delegado del Gobierno y el Jefe de Policía en Murcia

MURCIA.- Hace una semana Atrapa-Murcia interpuso querella por prevaricación contra el Delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y el Jefe Superior de Policía de Murcia,  Cirilo Durán, debido a la ausencia generalizada de números de placa de los policías que "controlaban" las movilizaciones sociales. Ahora, el Juzgado de Instrucción nº 3 ha decidido admitirla a trámite y comenzar la investigación, pero exige a los querellantes una fianza de 3.000 euros para proseguir con el caso. 

A juicio de Atrapa-Murcia en todas las cargas sufridas durante los  últimos meses se da un denominador común: ninguno de los agentes  participantes llevaba su número de placa, lo cual le permite hacer lo que  quiera sin miedo a ser identificado.  Pero, aparte de vergonzosas, dichas intenciones  implican una violación radical de la ley:
1. Dispone  el Artículo 18 Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas  generales  relativas a escalas, categorías, personal facultativo y  técnico,  uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de  Policía:

Todos  los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del  Cuerpo,  con indicación del número de identificación personal, en el  pecho, por  encima del bolsillo superior derecho de la prenda de  uniformidad

2. Y el Artículo 19.2 de la misma norma dice:

 El  personal que vista uniforme reglamentario llevará el carné   profesional, y en el uniforme, la placa-emblema con el número   identificativo personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  18. 

Los mandos políticos y policiales que ordenan estas prácticas, no  pueden escudarse en la ignorancia del Derecho, primero porque tienen  formación jurídica y, en segundo lugar, porque las obligaciones que la  ley impone son evidentes para cualquiera.

3. Pues bien, el Artículo Artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación diciendo que: 

A  la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia,  dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le  castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo  público por tiempo de siete a diez años.

Así, aquella autoridad policial o política que, para favorecer la impunidad  de sus subordinados y la estrategia de terror contra los ciudadanos  críticos que promueve, ordene a los agentes de policía realizar sus  funciones sin el número de placa visible, a sabiendas de que la ley lo  prohíbe, estará cometiendo un delito de prevaricación, delito del que  también es otro poderoso indicio el hecho de que ningún agente acepta  dar su número de placa cuando se le pide, cumpliendo evidentemente  órdenes de sus jefes.

Por todo ello, Atrapa-Murcia ha interpuesto esta querella por presunta prevaricación contra Cirilo Duran, jefe superior de policia, y Joaquin Bascuñana, delegado del gobierno en Murcia.

"Si se estimase nuestra pretensión y se les condenase crearíamos un precedente esencial para detener esta clase de abusos en todo el Estado. Si logramos condenar al delegado del gobierno en Murcia por haber dado la instrucción de que sus agentes no porten el número de placa, esta condena servirá para lograr que todos los delegados del gobierno autores de esta práctica ilícita e incluso el propio Ministro del Interior si fue el responsable último de las órdenes, paguen por la impunidad ilegal que ha amparado tantas agresiones policiales, ejecutadas con la seguridad de que sus autores no podrían ser identificados", concluye diciendo una nota de prensa de Atrapa-Murcia.

"Debemos obtener los 3.000 euros en ocho días para continuar con el proceso. Consideramos que es una gran oportunidad para acabar con la práctica ilegal de que los agentes de policía vayan sin identificar, pudiendo apalear a los ciudadanos impunemente, dado que es imposible identificarles si no es mediante el número.

Si quieres ayudar, ingresa cualquier cantidad que consideres adecuada en: TRIODOS BANK, Asociación por la Transparencia Política y Administrativa (ATRAPA), C/c nº 1491 0001 26 2036275622".