domingo, 10 de febrero de 2013

El Congreso pone en marcha la declaración de los toros como bien cultural

MADRID.- La tramitación parlamentaria de la iniciativa ciudadana para declarar las corridas de toros como un bien de interés cultural, a salvo de normativas autonómicas, arrancará el próximo martes en el Pleno del Congreso con el único apoyo garantizado del PP, mientras que los socialistas han optado por desmarcarse. 

   La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) fue promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, con el objetivo de revocar la prohibición de las corridas de toros que fue decretada por el Parlamento catalán en 2010 y puesta en marcha en 2012. Cuenta con casi 600.000 firmas (se precisaba medio millón) pero necesita el apoyo de los grupos parlamentarios para continuar adelante.
   El presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y diputado del PP, Juan Manuel Albendea, uno de los firmantes de la propuesta, ha asegurado que la iniciativa ciudadana saldrá adelante con el apoyo de los 'populares' --que cuentan con mayoría absoluta-- y con ello calcula que la normativa podrá estar en vigor a finales de verano.
   De esta manera, augura que se podrán volver a celebrar corridas de toros en Cataluña en el próximo mes de septiembre, en su tradicional Feria de la Mercé, sorteando así la prohibición decretada por la Generalitat desde enero de 2012.
   El diputado explica así que, una vez sea admitida a trámite la iniciativa ciudadana, pasa a ser trabajada en la Comisión de Cultura, donde los grupos parlamentarios tienen opción de realizar sus aportaciones.
   Posteriormente, las enmiendas presentadas se discuten y votan, para que, con competencia legislativa plena, la futura normativa pase a debatirse en el Senado, donde se pueden introducir nuevas enmiendas que ya pasarían finalmente al Pleno del Congreso, donde se dará luz verde a la normativa de forma definitiva.
   "Más o menos entraría en vigor la normativa en junio o en septiembre, en función de la rapidez del trámite legislativo", indica el presidente de la Comisión de Cultura, al tiempo que avanza que, al tratarse de una normativa de carácter estatal, donde las competencias ya no son autonómicas sino del Estado, se derogaría la ley catalana que prohíbe los toros en Cataluña.
   Sin embargo, desde el PSOE han decidido no respaldar el próximo martes la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular, según adelantó en 'Twitter' el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina.
   Cuando en julio de 2010 el Parlamento catalán prohibió las corridas de toros, los diputados del PSC tuvieron libertad a la hora de efectuar su voto y tres votaron a favor de prohibir los toros en la comunidad autónoma, mientras que otros tres se abstuvieron, al mismo tiempo que los 31 restantes rechazaron la prohibición.
   En aquella ocasión, PP y Ciutadan's fueron las únicas formaciones que apoyaron la continuidad de las corridas de toros en Cataluña, mientras que los representantes de CiU, al igual que el PSC, tuvieron libertad de voto.
   Los nacionalistas catalanes liderados por Artur Mas y Oriol Pujol, concedieron hasta 32 votos a favor de la prohibición de las corridas taurinas; otros seis, entre los que figuraba la consejera de Educación Irene Rigau, se abstuvieron; mientras que otros siete respaldaron la continuidad de los toros.
   En el caso de ERC e ICV-EUiA votaron para que no prosiguieran los festejos taurinos en Cataluña. Para esta ocasión, el diputado republicano Joan Tardà ha solicitado que en la votación del próximo martes de cada diputado sea individual y en voz alta.
   La iniciativa ciudadana fue registrada en la Cámara Baja en marzo de 2012, en medio de una recepción institucional en el Congreso de los Diputados que fue encabezada por el presidente del Congreso, Jesús Posada, y Juan Manuel Albendea, ambos del PP, que recibieron solemnemente a toreros, ganaderos y empresarios taurinos, a quienes también se espera en el debate del próximo martes.  
   En aquel acto, Posada no ocultó su "satisfacción" por ver registrada la iniciativa, subrayando que no es una petición minoritaria sino una reclamación "suprapartidaria" a la que auguró "una trayectoria positiva".
   Además del respaldo de Posada y Albendea, la iniciativa popular cuenta con la firma del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, el cantante Joaquín Sabina y la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre.

La conflictividad en el TC entre Estado-CCAA crece con respecto a la etapa Zapatero

MADRID.- La conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas por la defensa de sus respectivas competencias creció el año pasado en relación a los años de José Luis Rodríguez Zapatero y ha vuelto a la etapa más convulsa de José María Aznar. Ambas partes se denunciaron ante el Tribunal Constitucional el año pasado en 44 ocasiones, frente a las 105 veces de toda la legislatura anterior y las 76 de la primera de Zapatero.

   El Estado planteó 18 impugnaciones: cinco contra Cataluña, cuatro contra Andalucía, tres contra el País Vasco y otras tres contra Navarra, dos contra Madrid y una contra Asturias.
   Y las comunidades presentaron 26: Navarra y Canarias, cinco impugnaciones cada una; Cataluña, cuatro; Andalucía, tres; Extremadura, Asturias y País Vasco, dos cada una; y Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana una cada una.
   La mayoría de los casos son recursos de inconstitucionalidad (46 entre ambas partes, frente a nueve conflictos de competencia).
   El primer año de legislatura con Mariano Rajoy al frente del Gobierno es por el momento más conflictivo que los años del socialistas José Luis Rodríguez Zapatero. De mantenerse este ritmo, se volvería a cifras de la época de José María Aznar: de 1996 a 2000, estas administraciones llevaron al Tribunal Constitucional sus diferencias en 141 ocasiones (35 impugnaciones de media al año) y en los cuatro años siguientes, de 2000 a 2004, en 217 casos (54 de media al año).
   Los años más conflictivos fueron los primeros del Estado autonómico actual. Así, entre 1982 y 1986, las impugnaciones fueron 382: 134 por parte del Estado y 248, de las autonomías. En la legislatura siguiente, hasta 1989, se presentaron 284 casos ante el Constitucional.
   Así figura en el informe sobre conflictividad elaborado por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas sobre el primer año de la actual legislatura. En él se recoge también que el Constitucional dictó además 66 sentencias, el año con más resoluciones desde que se inició esta contabilidad (1981). Dio la razón casi a partes iguales al Estado y las autonomías.
   Entre los asuntos que han denunciado el Estado se encuentran las prestaciones farmacéuticas, las sanitarias, la convocatoria de plazas para profesores o la paga extraordinaria para los funcionarios, medidas aprobadas por distintas autonomías en contra de las restricciones impuestas por el Gobierno.
   En el caso de las autonomías, y además de los conocidos conflictos en materia sanitaria o educativa, recurrieron normativa de muy diversos contenidos: agua, agricultura, medio ambiente, urbanismo y vivienda, energía, función pública o comercio. En todos los casos, consideran que el Estado vulnera competencias autonómicas.
   El Estado y las comunidades autónomas tienen cauces para tratar de evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Comparten comisiones mixtas y bilaterales en las que negociar directamente y cuentan además con departamentos encargados de revisar la cuestión competencial de las leyes antes de que se aprueben.
   En el caso del Estado, es la dirección general de Coordinación de Competencias la encargada de revisar que los proyectos se ajusten a la Constitución. Los propios y los de las autonomías, ya que estos son remitidos a los ministerios correspondientes para que los estudien.
   Si se encuentra algún "vicio de inconstitucionalidad", se le envía a la autonomía una carta de cooperación explicando el problema. El año pasado, se enviaron 28 de estas cartas, a todas las autonomías salvo Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. Además, una vez aprobadas las leyes autonómicas y para lograr "un correcto desarrollo legislativo", el Estado les envió otras 54 cartas de cooperación.
   Y las comunidades autónomas hacen lo propio, revisan los proyectos del Estado y envían cartas de cooperación cuando encuentran "observaciones competenciales", según se explica en este informe. Estas dudas son remitidas al ministerio en cuestión.

Unas 2.000 personas recorren las calles de Murcia para protestar contra la corrupción y la monarquía


MURCIA.-   Alrededor de 2.000 personas, sin ningún tipo de seña o identidad política, han recorrido este sábado las calles de Murcia para protestar contra la corrupción, secundando así la convocatoria de la plataforma Atrapa Murcia (Asociación por la Transparencia Política y Administrativa).

   De este modo, minutos antes de las 19.00 horas, ha partido la manifestación del Jardín de Floridablanca, para recorrer desde ahí la calle Correos y la Gran Vía de Murcia y regresar de nuevo al céntrico jardín murciano.

   Las organizaciones Foro Ciudadano, Foro Social, IU-Verdes, PCRM, Ecologistas en Acción, La Intersindical, HOAC, Juventudes Comunistas, Comunidades Cristianas de Base y Frente Cívico Somos Mayoría han secundado la marcha.

   Así, los convocantes, han señalado que "esperamos además que esta iniciativa pueda tener eco a nivel estatal y que surjan, de forma simultánea, otras muchas movilizaciones a tenor de la situaciones de injusticia e indefensión en las que nos coloca tener cada día nuevas noticias de corrupción dentro de un sistema que se autoproclama democrático". 

   "Proponemos a los ciudadanos que el 9 de febrero sea un día histórico de clamor ciudadano contra la corrupción, representando el inicio de una movilización masiva y continua que no termine hasta que nuestras instituciones estén limpias de caciques y ladrones", han añadido.

   Y es que, según afirman, "a todos los niveles de la vida pública y privada la corrupción es uno de los males principales que asolan la vida social y llenan de indignación a una ciudadanía harta de abusos de poder. Ayuntamientos, empresarios, autonomías, grandes partidos, el gobierno e incluso ahora los aledaños de la monarquía se están viendo salpicados por gravísimos casos que son destapados día a día ante el estupor de todos".

   Asimismo, las organizaciones que han secundado la manifestación denuncian públicamente "el secuestro de la democracia que sufre este país desde que en mayo de 2010 diera comienzo la imposición gubernamental de programas de ajuste contra los derechos, servicios públicos y prestaciones del tímido estado social español, en todos los casos sin que apareciera en los programas electorales que votó la ciudadanía".

   La situación, alertan, "se ha venido agravando con el gobierno del PP y su duro programa de recortes, que ha incrementado rápidamente la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, mientras no se ha tocado la fiscalidad de las grandes fortunas, se ha dado una amnistía fiscal a los defraudadores y se ha rescatado a la banca con importantes cantidades de dinero público detraído de las partidas destinadas a Enseñanza, Sanidad, Dependencia, Servicios Sociales, Cultura y otras".
   Por todo ello, considera que la ciudadanía "debe asumir el protagonismo y poner fin a este estado de cosas insoportable, exigiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones que den paso a un nuevo parlamento que abra un nuevo periodo en la vida política española".

El portavoz de Atrapa en Murcia, José Mateos, dijo que el motivo de esta protesta es luchar contra la corrupción de todos los partidos políticos que la practican "e ir más allá comenzando por el mayúsculo escándalo de los sobres y donaciones multimillonarias de constructores y empresas como Mercadona", cuyo supermercado de Gran Vía fue una de las paradas de la manifestación.

El único incidente se produjo al inicio de la marcha por la Gran Vía Salzillo, cuando desde una ventana unos desconocidos tiraron unas piedras que los manifestantes entregaron a la policía que vigilaba la marcha y que, posteriormente, subió al edificio para averiguar quién las había lanzado.


Antes de llegar a la Gran Vía, la calle Correos se llenó de manifestantes al grito: "Este presidente es un delincuente" y "no es un partido, es una mafia" encabezados por una pancarta en la que se podía leer "en vuestros sobres están nuestros derechos, nuestra democracia. Corruptos a prisión, gobierno dimite, elecciones ya".


La organización convocante, Atrapa, denuncia "la imposición de programas de ajuste contra los derechos, servicios públicos y prestaciones del estado social español, sin que apareciera en los programas electorales que votó la ciudadanía". Además critica que "ha crecido la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, mientras no se ha tocado a las grandes fortunas, se ha dado una amnistía fiscal a los defraudadores y se ha rescatado a la banca con cantidades de dinero público detraído de las partidas destinadas a Enseñanza, Sanidad, Dependencia, Servicios Sociales y Cultura".  

La nota festiva-carnavalesca la mostró un manifestante vestido de rey con un cartel que rezaba "desahucio real ya" y con la bandera republicana, mientras que otro iba disfrazado de 'Supertacañón' con la fotografía de Rajoy al lado de la de un chimpancé y varios sobres con la letra B. 

(Fotografía Israel Sánchez)  

Más de 1.000 usuarios subieron anoche a los 'Buhobus' de Latbus

MURCIA.- Más de mil usuarios accedieron a los autobuses que, desde las 22.30 hasta las 6 de la madrugada estuvieron recorriendo las cinco líneas de 'Buhobus' que, además de comunicar el casco urbano, unen la ciudad con las pedanías de Murcia.

   Las líneas más utilizadas fueron las 55 y 58, registrando un mayor número de usuarios en los viajes de regreso a casa. En el caso de la segunda, fue incluso necesario aportar un vehículo de refuerzo puesto que la última expedición fue la que más usuarios registró, 165, según han informado fuentes de la concesionaria en un comunicado.
   Latbus confíaba en duplicar durante la madrugada del sábado al domingo esta cifra, "puesto que es previsible un aumento en la población que sale a divertirse ante las diversas celebraciones que con motivo del sábado de Carnaval tienen lugar en barrios, pedanías y locales de ocio".
   Mientras atiende a los casi 62.000 usuarios que tuvo el Buhobús el año pasado, la empresa continúa estudiando la ampliación del servicio a los municipios del área metropolitana de Murcia, donde confía en incorporar a los 25.000 usuarios de otras líneas municipales como fórmula que dote de viabilidad económica al servicio.
   Pese a que en estos momentos no son válidos los bonos y el Buhobús no cuenta con subvención alguna, por lo que el usuario debe abonar dos euros por viaje, Latbus insistirá ante las administraciones públicas para favorecer el acceso al servicio de una población que, como en el caso de los universitarios, antes hacía uso del mismo utilizando su Unibono sin abonar cantidad alguna.
   "El Buhobús es la única opción de transporte público accesible durante las madrugadas de los fines de semana y vísperas de festivos, no solo para la población joven, sino también para adultos y trabajadores que hacen uso de él con frecuencia para desplazarse por el municipio de Murcia", han concluido.

El diputado García Legaz se ríe de los ciudadanos de La Unión y le toma el pelo a su alcalde 'políglota'


LA UNIÓN.- El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, ha expresado al alcalde, Francisco Bernabé, su firme confianza en las posibilidades reales del municipio de La Unión para remontar la situación de crisis económica y volver a generar puestos de trabajo, todo ello en el transcurso de la reunión de trabajo que ambos han mantenido en Madrid.

   García Legaz, ha sido informado por el alcalde 'políglota' de los diversos proyectos estratégicos en los que se está trabajando actualmente desde el Ayuntamiento, como son la regeneración de la Bahía de Portman y la creación de la nueva ZAL del Puerto de Cartagena, además de en la potenciación del Parque Minero de La Unión y del Festival Internacional del Cante de las Minas como grandes referentes turísticos de máximo nivel de la Región de Murcia de cara al exterior.

   Asimismo, las obras de mejora que se van a iniciar en breve plazo en el Parque Empresarial de Lo Bolarín, gracias a una importante subvención concedida por el Gobierno de España, al igual que el proyecto del Centro Comercial Abierto, que se pretende implantar en el futuro en todo el ámbito físico del centro de nuestra localidad, en colaboración directa con los comerciantes unionenses, de cara a incrementar todos sus atractivos y potencialidades.

   García Legaz, además de valorar de forma muy positiva estas iniciativas y asegurar su apoyo para el buen fin de las mismas, ha ofrecido el asesoramiento y ayuda directa del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) para aquellas empresas unionenses que realizan exportaciones de bienes o productos al extranjero, y que ya alcanzan la decena en el municipio.

   Por otro lado, el secretario de Estado y Bernabé se han comprometido a llevar a cabo una campaña informativa de las ventajas que para el sector va a traer la nueva Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, y que va a permitir a los profesionales, autónomos y empresas españolas el poder ofrecer sus servicios y productos en toda España.
   Todo ello, "utilizando una única licencia de actividad que va a ser igual para todo el territorio nacional, en contraposición a las diecisiete normativas diferentes existentes hasta la fecha en cada una de las comunidades autónomas", han explicado.