domingo, 20 de enero de 2013

El Banco de España circunscribe a las entidades nacionalizadas el tope a los depósitos

MADRID.- Las limitaciones fijadas por el Banco de España para remunerar los depósitos están dirigidas principalmente a controlar la comercialización de este tipo de productos de ahorro por parte de las entidades que han recibido ayudas públicas y que han tenido que ser nacionalizadas para sanearse, según han informado fuentes del sector financiero. 

   Esta "recomendación", transmitida de forma verbal a las entidades financieras, y que otras fuentes llaman "directrices" del regulador, distinguiría así entre la banca rescatada y la sana. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, habría sugerido a las entidades que no apliquen extratipos para más del 15% de la nueva captación de liquidez por esta vía, aunque la rigidez en la obligación de mayores exigencias de capital dependería de la entidad en cuestión.
   "En un principio, las limitaciones a depósitos y otros productos de ahorro estarían enfocadas a las entidades nacionalizadas", han explicado las fuentes. Para evitar que las cuentas de la banca se deterioren por la conocida como 'guerra del pasivo', cuando está cerca de cumplirse medio año desde el rescate europeo, Linde quiere controlar de forma mensual que las entidades no ofrecen rentabilidades superiores al 1,75% en los depósitos de menos de un año, al 2,25% para los de dos y al 2,75% para los de tres.
   Otra de las cuestiones que mantiene en vilo al sector tiene que ver con cómo prevé el Banco de España articular estos topes que también se extienden a pagarés, bonos y cuentas de ahorro. Fuentes oficiales del Banco de España insisten en que no ha remitido comunicación alguna escrita ni oficial a "ninguna" entidad financiera. Otras fuentes del sector incluso descartan que Linde ultime una circular para plasmar estas exigencias.
   Esta negativa del Banco de España podría obedecer a que los topes a la remuneración de depósitos se podrían imponer en una normativa a nivel europeo, aunque no se descarta que finalmente se limite al ámbito competente del supervisor español.
   En defensa del argumento de una circular europea juega que las penalizaciones por extratipar depósitos pasarán por elevar los 'ratios' de capital de calidad, según los criterios marcados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que son más exigentes y obligan a todas las entidades a contar con un 'core capital' del 9% desde enero de este año. Las imposiciones por ofrecer superdepósitos podrían elevar este capital de calidad hasta el 10,25%.
   El Banco de España ha transmitido estas limitaciones a los grandes de la banca en varias reuniones mantenidas antes de que finalizara 2012. También se podrían haber intercambiado llamadas con algunas entidades, según fuentes al tanto de los contactos.
   La justificación del regulador de imponer estos topes para proteger los márgenes de la banca se cuestiona entre algunos analistas ante lo "improbable" de que estas nuevas reglas en el mapa bancario faciliten la concesión de crédito.

La Región pierde un 18,8% de eficacia recaudatoria en 2011

MADRID.-   Galicia y el Principado de Asturias fueron las regiones del régimen común más eficaces en 2011 en el proceso recaudatorio de los impuestos que tienen cedidos las comunidades autónomas, frente a Canarias y Andalucía que se situaron a la cola en este ranking, según consta en un informe del Ministerio de Hacienda.

   El documento, que analiza la gestión autonómica de los tributos cedidos por el Estado en el ejercicio 2011, acaba de ser remitido a las Cortes, y en sus conclusiones se recoge que "la relación de derechos recaudados sobre contraídos líquidos, que refleja el grado de eficacia del proceso recaudatorio" se situó en el 69,1% de media en el país, casi cinco puntos por debajo del de 2010.
   Así, las máximas cotas se alcanzaron en Galicia (81,4%) y el Principado de Asturias (80,7%), mientras que en Canarias se quedó en el 61,2% y en Andalucía, en el 62,8%.
   No obstante, Hacienda señala que el porcentaje de derechos anulados sobre el total, que se sitúa en el 8,6% de media nacional, llega a máximos del 34,2% en Galicia, por lo que sería "aconsejable prestarle la atención debida, dado que podría revelar incidencias en los proceso de gestión", lo mismo que en Cantabria (10,9%) y Cataluña (10,1%).
   En su informe, el Ministerio señala que a finales de 2011 un total de 3.675 personas trabajaban en la gestión de los tributos cedidos, cifra que alcanza los 5.774 empleados si se incluye el personal de las empresas de servicios y de las oficinas liquidatorias, un 1,1% menos que los 5.836 trabajadores que había en 2010.
   Las regiones con las plantillas más extensas eran Andalucía (736), Madrid (455) y Castilla y León (369), si bien los mayores cambios con respecto de 2005 se han experimentado en Asturias (+116%), Cantabria (+27,7%) y Extremadura (+16,2%), así como en Andalucía (-26,3%), Valencia (-16,1%) y Canarias (-11,8%).
   Así, el documento se detiene en la recaudación media por trabajador --sin contar los efectos timbrados--, un dato que "ofrece indudable interés" y que en 2011 alcanzaba los 1,57 millones de euros, un 16,6% menos que un año antes, cuando la ratio era de 1,89 millones de euros.
   Las comunidades que más ingresos recaudaron por trabajador fueron Madrid (2,88 millones), Baleares (2,84 millones) y Cataluña (2,55 millones). Sin embargo, todas las regiones perdieron eficacia en este sentido, con la única excepción de La Rioja, que experimentó un incremento del 10,8%, pasando de 1,33 millones de 2010 a 1,47 millones en 2011.
   En concreto, las regiones que más eficacia recaudatoria perdieron fueron la Comunidad de Madrid (-22,4%), Murcia (-18,8%), Cantabria  (-18,1%) y Cataluña (-17%), mientras que las que menos retroceso experimentaron fueron Castilla-La Mancha (-1,2%) y Galicia (-4,43%).
   Por otra parte, el índice de demora --la relación entre los expedientes pendientes al final de un ejercicio y la media mensual de expedientes despachados durante el mismo, ratio con la que se calcula el número de meses necesarios para eliminar todo el trabajo acumulado en el supuesto de mantener el ritmo y que no entraran nuevos documentos-- aumentó de manera generalizada para todos los impuestos que gestionan las comunidades autónomas.
   El índice de demora del Impuesto de Sucesiones y Donaciones aumentó de los 4,7 meses de 2010 a los 4,8 meses de 2011, con acumulaciones "significativas" en La Rioja, Galicia y Murcia, si bien hay que tener en cuenta que las declaraciones de este gravamen también se incrementaron un 0,9% en dicho ejercicio. Según Hacienda, los expedientes con autoliquidación se demoraron más (10,4 meses) de media que los que no se presentaron por esa fórmula (6,8 meses).
   En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el índice de demora aumentó e 6,9 meses, mientras que en las Tasaciones Periciales se llegó a los 9,2 meses frente a los 8 meses con los que se cerró el año 2010. Lo mismo ocurrió con la Tasa de Juego, que pasó de 1,5 meses a 2,2 meses de demora media.
    El informe del Ministerio de Hacienda aporta también datos sobre inspecciones, quejas y reclamaciones. Así, en 2011 se instruyeron 11.025 actas de inspecciones, excluidas las incoadas por el Estado relativas a Patrimonio, lo que supone un 15,7% más que un año antes. Más de la mitad de las actas fueron relativas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (52,2%), seguido por el de Sucesiones y Donaciones (39,1%).
   También se incrementaron tanto el importe de la deuda por actas de inspección en relación con la recaudación total (pasa del 3,3% al 4,6%) como la cuantía global de las deudas tributarias derivadas de las actas, que pasó de 365,55 millones en 2010 a 417 millones en 2011 (+14,1%).
   Según el documento, en las comunidades de Aragón, Madrid, Asturias, Cataluña y Galicia fue donde mayor eficacia tuvieron --por importe-- las actuaciones inspectores, frente a las de Cantabria y Castilla y León que ocuparon los últimos puestos. No obstante, también aumentaron los recursos contra estas inspecciones, registrándose los niveles de conflictividad más altos en Aragón, Extremadura y Canarias. En la misma línea, las reclamaciones económico-administrativas aumentaron también un 5,1%, sobre todo por los impuestos de Transmisiones y Actos Jurídicos.
   En total, los ingresos aplicados por las comunidades de régimen común en 2011 por los tributos cedidos por el Estado ascendieron a 9.107,34 millones de euros (-17,6%), de los cuales el 41,3% fueron por Transmisiones, el 23% por Actos Jurídicos y el 21,6% por Sucesiones y Donaciones. La Tasa sobre el Juego alcanzó el 13,6% mientras que Patrimonio aportó el 0,5%. Todos los gravámenes perdieron recaudación con respecto a 2010.
   Entre las recomendaciones con las que el Ministerio cierra el informe se cuenta la necesidad de realizar "un esfuerzo" para que cerrar acuerdos de lucha contra el fraude entre el Estado y las comunidades autónomas, "similares al suscrito por la Agencia Tributaria con Andalucía", con el objetivo de "posibilitar un mucho más relevante intercambio mutuo de información".
   "Se sugiere asimismo un avance en el suministro de información sobre la identidad de condenados por delitos fiscales con el fin de dar cumplimiento a la pena accesoria de no disfrute de beneficios fiscales y elaboración de cruce de información sobre fallidos que facilite la adopción de decisiones sobre posibles derivaciones de responsabilidad", continúa el texto.
   Asimismo, se sugiere "posibilitar una mayor estabilidad del personal" destinado a determinados servicios, sobre todo el que atiende al contribuyente y el que ejerce funciones liquidativas; reforzar algunas áreas en Baleares, La Rioja y Canarias. Hacienda aplaude finalmente el incremento de la presentación de declaraciones telemáticas, particularmente "relevante" en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia.
   Los datos recogidos en este informe se obtuvieron mediante las visitas realizadas a 33 servicios territoriales de gestión tributaria de las quince comunidades afectadas, así como todos los correspondientes Servicios Centrales. Los datos relativos a los servicios territoriales no visitados se obtuvieron a través de la información facilitada por los mismos, que fue procesada, "contrastada, aunque no verificada, y, en su caso, ajustada cuando las desviaciones detectadas lo requirieron".

El Gobierno y Bruselas llegan a un principio de acuerdo sobre la Ley de cajas

MADRID.- El Gobierno y Bruselas han llegado a un principio de acuerdo sobre la Ley de cajas, que permitiría a estas entidades mantener el control de los bancos a los que traspasaron su negocio financiero pero, a cambio, tendrán que rendir mayores cuentas a la Comisión Europea.

   Fuentes financieras han precisado que cuanto mayor sea el poder que tenga la caja en el banco, mayores serán las exigencias de Bruselas, especialmente en el control del gobierno corporativo y en materia de transparencia.
   Por otra parte, fuentes parlamentarias han señalado que la Ley también recogerá que las competencias de supervisión se cederán a las comunidades autónomas, "al margen de que el Gobierno determine las reglas del juego".
   El Ejecutivo ya tiene preparado el documento, que podría salir a audiencia pública esta semana, dado que aún se están negociando "algunos flecos", y está previsto que se apruebe entre junio y julio, una vez haya superado todos los trámites parlamentarios, según han informado a Europa Press fuentes del sector.
   En diciembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya avanzó que el Ejecutivo estaba negociando con Bruselas que las cajas sanas pudieran conservar su participación mayoritaria de capital en los bancos a los que habían dado origen.
   También manejaba otras ideas, como que las cajas operen sólo en áreas reducidas y con límites sobre su actividad, que en caso de sobrepasar implicaría su transformación en fundaciones bancarias.
   Además, estudiaba medidas de gobierno corporativo como introducir la figura de vocales independientes y aplicar reglas de incompatibilidad, limitaciones a participaciones en la Administración pública y reforzamiento de requisitos de conocimiento y experiencia.
   La nueva normativa afectaría especialmente a La Caixa, Kutxabank, Ibercaja y Unicaja. En este grupo podría estar incluida Liberbank, pese a que contará con capital público.
   El memorándum de entendimiento del rescate bancario para España exige que todas las cajas, incluso las que no han recibido ayudas, reduzcan su participación en entidades de crédito hasta un nivel no mayoritario.
   Sin embargo, el Gobierno defiende que las cajas que han transferido su negocio bancario a un banco se transformen en fundaciones bancarias para seguir manteniendo ese control.
   En este sentido, quiere que, a la hora de llevar a cabo la reducción de poder, ésta se haga en plazos "suficientemente dilatados" para no obligar a ninguna entidad a vender "rápidamente". Una vez que las cajas se hayan convertido en fundaciones ya no se les aplicará la obligación de renunciar al control de los bancos que crearon.

Euronews entra en la TDT española a través de la 7RM

MADRID.- El grupo europeo de comunicación Euronews ha celebrado su entrada en la televisión digital terrestre (TDT) de España a través de sendos acuerdos con los canales Aragón TV (ATV) y 7RM de Murcia, que distribuyen parcialmente su señal y contenido a casi un millón de hogares.

Además, ATV se ha convertido en el primer socio español de Euronews Network, que el canal europeo con sede en Lyon (Francia) define como "la mayor red internacional de colaboración editorial" y que se traduce en una colaboración entre las distintas redacciones.

A través del acuerdo alcanzado entre ATV y Euronews, el canal aragonés difunde diariamente información en directo proporcionada por el grupo europeo, plataforma que cuenta con 400 periodistas, corresponsales y enviados especiales de más de 25 nacionalidades distintas, ha indicado en un comunicado Euronews.

"Con ATV, la señal de Euronews llegará a unos 500.000 hogares con TDT en Aragón, donde el canal autonómico tiene una audiencia media del 11,3%, una de las mayores de todas las televisiones autonómicas", ha agregado.

Por su parte, la murciana 7RM lleva emitiendo contenidos de "Euronews" desde el pasado mes de noviembre, lo que le permite llegar diariamente a unos 500.000 hogares.

Ambos canales, ATV y 7RM, son miembros la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), que agrupa a 12 canales autonómicos con una cobertura de alrededor de 14 millones de hogares y una audiencia media de 9,8% en 2012

El PP propone un decálogo de medidas para la reforma local en su XX Intermunicipal

ALMERÍA.- El PP ha aprobado este sábado en el marco de la XX Intermunicipal de la formación celebrada en Almería, un decálogo de medidas para mejorar la Administración Local y que se incorporarán a la Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el mes de enero.  Entre esas propuestas, el PP plantea que las competencias de Sanidad y Educación recaigan "de manera íntegra" en las Comunidades Autónomas.

   En sus conclusiones en materia municipal, el PP plantea la modernización de la planta local española. "Entre las novedades más significativas valoramos que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaigan de manera íntegra en las Comunidades Autónomas. También, la racionalización y profesionalización de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial local", recoge el citado documento.
   Además, aboga por hacer realidad el principio que ya proclamó Mariano Rajoy en su discurso de investidura: "una administración, una competencia". En este marco, apuesta por la "promoción de la medición, contratación y publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los ciudadanos". Según el PP, la reorganización de actividades y servicios puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.
   Asimismo, sostiene que en la nueva ley local las entidades locales ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su sostenibilidad financiera. Se trata, precisa, de terminar "con el problema de las competencias impropias", que constituye una reivindicación histórica de los entes locales.
   También defiende un modelo que premie la mejor gestión local. Así, "otro de los mecanismos que ofrece la norma a considerar es la reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano territorial superior". Tras 5 años, se plantea la posibilidad de recuperación de una competencia perdida.
   El documento explica que habrá una "regulación anual" del régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el número de los miembros de las corporaciones locales; las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno; el número máximo de personal eventual con cargo al presupuesto de la Administración local; y la profesionalización del personal directivo de las Diputaciones. Además, se recuperarán las funciones que venían prestando los interventores con "habilitación de carácter nacional".