miércoles, 2 de enero de 2013

Se da por seguro el cierre definitivo del Parador Nacional de Puerto Lumbreras


MADRID.- El cierre definitivo del parador nacional de Puerto Lumbreras, tras la apertura del nuevo en el castillo de Lorca, parece cada vez más cerca, y se da por seguro, como moneda de cambio para mantener, por el contrario, la apertura de algún otro más cercano de la red y, más concretamente, el de Albacete, según fuentes sindicales.

Según concretamente la UGT, la propuesta de Paradores sí incluye cerrar para siempre el parador de Puerto Lumbreras, pese a lo anunciado reiteradamente por el alcalde, Pedro Antonio Sánchez, vicesecretario general del PPRM. 

Tan solo unos meses atrás, en una visita de la presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, se prometía un futuro esperanzador para las instalaciones de Puerto Lumbreras. Promesa hecha cuando el Parador Nacional ya funcionaba solamente como restaurante, no teniendo trabajadores adscritos a su plantilla, y trabajando como un anexo del nuevo Parador de Lorca.

Ni el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sanchez, ni el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luís Valcárcel, han querido admitir jamás que el Parador  cerró de hecho sus puertas, como instalación hotelera, el pasado mes de julio, para mantener así una posición que no dejara de manifiesto su incapacidad para defender las instalaciones y dar soluciones para su continuidad.

Incluso el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que el expediente de regulación de empleo no iba a suponer el cierre definitivo del Parador, cuando ya no existía personal adscrito al mismo.

El Parador Nacional de Puerto Lumbreras cierra sus puertas en el único momento de toda la democracia que el Partido Popular gobierna en las tres administraciones. Esto pone de manifiesto la incompetencia del Partido Popular, y en especial de Pedro Antonio Sanchez, que tras una década como alcalde, no ha sabido asegurar el futuro a unas instalaciones tan importantes para la localidad.

Fue el Gobierno socialista de España el que apostó por la reconstrucción y acondicionamiento de este edificio, y por su reconversión en Escuela de Hostelería, dentro de la Red de Paradores de España. Siguiendo esta línea se registró una proposición en el Congreso de los Diputados, así como mociones en la Asamblea Regional y el Ayuntamiento, solicitando el apoyo del resto de partidos políticos. 
 La proposición que solicitaba la reconversión de las instalaciones en Parador Escuela no fue apoyada por el Partido Popular, siendo destacable la negativa del alcalde, Pedro Antonio Sanchez, a esta propuesta en el Pleno Ordinario del mes de julio pasado.

El PSOE local sigue apostando, en cambio, por estas instalaciones, más aún tras las riadas del pasado mes de septiembre, que tanto daño causaron en la localidad.

Última hora

Sindicatos y Paradores cierran el acuerdo de un ERE,
que prevé 350 despidos y la clausura de Puerto Lumbreras

La dirección y los sindicatos de Paradores de Turismo han cerrado esta noche un acuerdo en el expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla 350 despidos y el único cierre del Parador de Puerto Lumbreras, en Murcia.
El acuerdo, que se alcanzó en la medianoche después de once horas de reunión, recoge los acuerdos que se alcanzaron en las mediaciones que hubo entre empresa y comité en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SIMA), según ha explicado el presidente del comité intercentros, Enrique Sánchez-Camacho.
La cifra de despidos se queda así finalmente en 350 personas, la misma que se recogía en la última oferta de la cadena hotelera pública, que inicialmente contemplaba 644 despidos, con la novedad de que se abre la posibilidad de que los trabajadores se puedan acoger voluntariamente.
El único parador de la red que cerrará sus puertas totalmente es el de Puerto Lumbreras, como estaba previsto en la última oferta de la empresa, que inicialmente también planteó los cierres de Ferrol (La Coruña), Verín (Orense), Albacete, Ayamonte (Huelva), Manzanares (Ciudad Real) y Teruel.
No obstante, 27 centros sufrirán cierres parciales por periodos de dos, tres o cuatro meses frente a los cinco que Paradores planteó inicialmente, algo de gran importancia, según Sánchez-Camacho, que dijo que, con esta menor duración, los trabajadores no consumirán tiempo de la prestación por desempleo.
En cuanto a los cierres de restaurantes de Paradores, Sánchez-Camacho ha dicho que finalmente serán trece, aunque en los establecimientos que se vean afectados por esta medida se va a ampliar la oferta de cafetería y de las tabernas de restauración.
Los otros tres restaurantes que se preveía cerrar junto a los anteriores han visto sustituida esta media por cierres temporales, de forma que cerrarán cinco meses al año a la hora del almuerzo, si bien también verán ampliada como en el caso de cierres totales la oferta de su cafetería.

Banco Sabadell no renueva el contrato con la agencia de calificación Fitch

MADRID.- Banco Sabadell no ha renovado el contrato que tenía suscrito con la agencia de calificación Fitch Ratings hasta el 31 de diciembre, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Por tanto, cualquier calificación sobre la entidad o sus valores que realice Fitch a partir de esta fecha estará basada únicamente en información pública, ha señalado la entidad.
Sabadell pasó a contar con cuatro agencias de calificación el año pasado tras la contratación en noviembre de la canadiense DBRS -que se sumó a Fitch Ratings, Moody's, Standard&Poor's-, pero ahora considerada que con tres es "suficiente".

Los vecinos de la zona de ocio de Pérez Casas, en Murcia, ya no aguantan mas

MURCIA.- La concejal de Calidad Urbana, Ana Martínez Vidal, ha solicitado una reunión con los responsables de los bares de la calle Pérez Casas y con representantes de Hostemur "con el fin de mejorar el acceso y seguridad de la zona".

   De esta forma, en las próximas semanas se celebrará esta reunión para estudiar esta situación de aglomeración en el exterior de los bares durante los fines de semana.
   Lo que se pretende, según han informado fuentes municipales en comunicado de prensa, "es estudiar esta problemática e intentar encontrar soluciones como habilitar un paso para acceder al único portal existente en la calle".
   Las mismas fuentes recuerdan que la edil Martínez Vidal mantiene un contacto permanente con los hosteleros de la zona y que la Concejalía ha llevado a cabo distintas actuaciones para garantizar la seguridad en la zona como eliminar los veladores y sustituirlos por mesas bajas y mantener una distancia perimetral en las terrazas de tres metros hasta la fachada para el paso de vehículos de emergencia.
Por su parte, Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, a través de su concejal José Antonio Sotomayor, considera "imprudente" la autorización de barras en la zona centro de la capital en unas fechas que no tienen carácter de fiesta de Interés Turístico.    Como explica el edil, la decisión de autorizar barras en la calle de Pérez Casas en fechas navideñas y Año Nuevo "es bastante desacertada", tal y como se puede constatar por las quejas de los vecinos, "que vieron quebrantado su derecho al descanso" e incluso obstaculizada su entrada a las viviendas.
   Esta autorización, continua Sotomayor, "en días además que no son fiestas de Interés Turístico" como pueden ser el Bando de la Huerta o el Entierro de la Sardina, "no es entendible".
   UPyD Murcia considera que deben buscarse otras alternativas como por ejemplo pueden ser la Plaza Circular o la mediana del paseo de Alfonso X, evitando que se vuelva a producir esta situación.
   Asimismo, Sotomayor expresa su apoyo a los vecinos no solo de esa zona sino de todo el municipio afectados por el ruido de bares y discotecas y exige al Ayuntamiento proponer una solución que respete tanto el derecho al descanso como los intereses de los hosteleros.
   "Desde UPyD Murcia por supuesto apoyamos a los empresarios del sector del ocio y de la restauración, máxime cuando constituyen un importante motor económico en estos tiempos de crisis y su papel en la creación de empleo", pero no a costa del bienestar de los ciudadanos. Por encima del derecho al ocio, "debe prevalecer el derecho al descanso y a una vida digna", concluye.

Latbus despide a 25 empleados por protagonizar "altercados"

MURCIA.- Latbus ha despedido a 25 trabajadores por protagonizar presuntamente "altercados" a las puertas de las cocheras con motivo de la huelga convocada el pasado mes de diciembre, y los empleados afectados han anunciado que van a demandar a la empresa al considerar que estos despidos "no tienen fundamento".

   Los 25 trabajadores fueron despedidos el 27 de diciembre, y se corresponden con los 25 expedientados con motivo de la huelga de 11 días que fue convocada en protesta por las medidas previstas por la empresa, que contemplan un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 53 trabajadores, así como una rebaja de sueldo a los empleados.
   La empresa criticó que estos 25 trabajadores habían protagonizado "altercados" en la puerta de las cocheras, al "retrasar" hasta una hora y media la salida de los autobuses que estaban "cumpliendo los servicios mínimos".
   El director adjunto de Latbus, Fulgencio Jiménez, ha explicado que todos los medios de comunicación fueron testigos de "cómo se obstaculizó la salida de los autobuses", y de cómo un piquete "de muy pocas personas" estaba "perjudicando a miles de ciudadanos e increpando a los compañeros que querían trabajar".
   "Latbus respeta el derecho a la huelga y al trabajo", según Jiménez, quien considera que se "pisoteó los derechos de los ciudadanos y de los empleados". Por ello, explica que la empresa decidió abrir un expediente diciplinario que determinó que los participantes en el piquete habían cometido "una falta muy grave cuya sanción está tipificada con el despido procedente".
   En este sentido, recuerda que las propias administraciones y órganos encargados de velar por el cumplimiento de los servicios mínimos "constataron los constantes incumplimientos durante los días de huelga".
   El presidente del Comité de Empresa, Francisco Tomás Muñoz, ha considerado que es "mucha casualidad" que 23 de los despedidos estuvieran incluidos en el ERE, y que los otros dos sean él mismo y otro delegado del Comité de Empresa.
   De hecho, la situación de Muñoz es particular, porque es delegado sindical y no podrá ser excluidos del Comité de Empresa hasta que no haya "una sentencia en firme" que los respalde, según el todavía presidente, quien ha denunciado judicialmente que la empresa le impide el acceso a las instalaciones para hablar con sus compañeros.
   Con los 23 despidos de trabajadores incluidos en el ERE, Muñoz cree que la empresa está intentando "evitar" el pago de las indemnizaciones de 20 días por año trabajado que tendría que abonarles.
   Por el contrario, Latbus considera que esta afirmación no es más que un intento de "engañar a la sociedad" y que se expedientó a los empleados que se manifestaron en la puerta. "Ni siquiera todos los afectados por el ERE formaban parte del piquete, eran menos de la mitad", aclara.
   Precisamente, el presidente del Comité de Empresa ha anunciado que este miércoles va a tener lugar una reunión entre los 25 empleados afectados, que van a demandar a la empresa con la intención de que sea un juez el que decida sobre los despidos que, a su juicio, no tienen "ni pies ni cabeza".
   El presidente del Comité de Empresa ha admitido que había un grupo permanente de trabajadores en las puertas de las cocheras que oscilaba entre 20 y 80 participantes protestando por el incumplimiento de los servicios mínimos. Estos concentrados "estaban charlando, como es normal entre compañeros", según el presidente.
   Muñoz defiende que no hubo "ningún altercado" y que la Policía no tuvo que intervenir en ningún momento. De hecho, los afectados van a solicitar a la Policía los informes elaborados con motivo de la huelga por agentes de paisano para demostrar "que no hubo incidentes ni intervención policial".
   Incluso, Muñoz recuerda que los autobuses de las líneas regulares experimentaron retrasos durante la huelga, pero "muchos de ellos" los achaca a que se dio prioridad a los autobuses escolares, que cumplieron sus servicios al 100 por ciento.
   "Ni se obstaculizó ni se coaccionó a los trabajadores", insiste Muñoz, quien justifica su propia participación, diciendo que él estaba supervisando el cumplimiento de los servicios mínimos y sólo se dirigió a los trabajadores congregados en la puerta para pedir que dejaran pasar a los autobuses, al ser requerido por los propios directivos de la empresa.
   En este sentido, Muñoz explica que los trabajadores no estaban de acuerdo con los servicios mínimos que la empresa desplegó y que, a su juicio, "eran abusivos", tal y como lo denunció el Comité de Empresa ante la inspección de trabajo y la Dirección General de Transportes.
   En referencia a las denuncias por unos servicios mínimos abusivos, Latbus afirma que, en un estado de derecho, cuando se considera que se vulnera una norma "corresponde hacer una denuncia", y las administraciones públicas "son las encargadas de velar por el cumplimiento".
   Muñoz critica que, durante la huelga, Latbus "intimidó y coaccionó" a los trabajadores a través de mensajes de texto y carteles colgados en la empresa para que firmaran un documento reclamando su derecho al trabajo, amenazándoles con que, de lo contrario, "no les iba a dar trabajo".
   El texto fue suscrito por unos 200 conductores, de los 316 que hay en la empresa, por el "miedo a ser castigados", añade Muñoz. Como consecuencia de la firma de ese documento, el Comité de Empresa decidió desconvocar la huelga, puesto que reconocieron estar en minoría.
   Muñoz lamenta que los 70 trabajadores que decidieron no firmar este documento "están siendo castigados ahora por la empresa, que les cambia de horarios, de turnos y de líneas".
   Latbus, a través de su director adjunto, desmiente "rotundamente" que haya realizado "la más mínima amenaza o coacción", y replica que la empresa "se ha visto afectada por la crisis" y considera que va a salir adelante "con el apoyo de toda la plantilla. Al contrario, lamenta que la forma de solucionar esta cuestión "no es bloquear la salida de los trabajadores".
   Los 25 empleados despedidos se han quedado "sin sueldo" y tienen que pedir cita para solicitar el paro. Posteriormente, el juez tendrá que decidir si se les readmite o no, en un proceso que tardará "unos cuatro meses" siempre que la empresa decida no recurrir la decisión, calcula Muñoz.
   Estos 25 trabajadores tenían una antigüedad media de entre 10 y 12 años, aunque algunos alcanzaban hasta 23 años, como es el caso del propio Muñoz.
   De momento, Muñoz afirma que los trabajadores afectados no se van a quedar de brazos cruzados y, durante estos días, van a preparar un calendario de actuaciones, van a protestar ante la Comunidad Autónoma y van a realizar una rueda de prensa.

Carlos Egea, a punto de perder el control de BMN y abandonar el palacete de la Castellana para volver

MADRID.- El presidente ejecutivo de BMN y de Caja Murcia, Carlos Egea, está a punto de perder el control de la entidad a manos del Frob que, detentando a partir de ahora entre el 60 y el 65% del capital social, se convierte así en el principal accionista y de referencia frente al 30% propiedad de las cajas de Granada, Baleares y Murcia y el 10% de particulares, según explican fuentes del Banco de España. Una de las consecuencias más inmediatas será el abandono del palacete de la Castellana alquilado tras la fusión como sede social de BMN y todavía en obras. Y otra, no menos relevante, la vuelta a Murcia del equipo de gestión que se trasladó a Madrid, tras perder la 'protección' del ministro de Economía, Luis De Guindos, y la conexión con el banco central español.

Las autoridades de Bruselas son tajantes con los planes de reducción de presencia y fuerza comercial de las entidades que reciben dinero público, como BMN, lo que ha presuponer que la plantilla se acabará reduciendo en un mínimo de 100 oficinas y 850 personas procedentes de los servicios centrales y de las sucursales. Para la Comisión Europea, si no existieran estos recortes, los bancos ayudados romperían el principio de libre competencia al contar con una inyección de capital público.
Estos recortes llegan después de que en diciembre pasado, BMN pactara la venta del negocio en Cataluña y Aragón al Banco Sabadell, que incluía 2.003 trabajadores y 462 oficinas. Al cierre del acuerdo, el Sabadell aportará 350 millones por la diferencia entre los activos netos cubiertos por sus provisiones y los pasivos traspasados.
La nueva transferencia de 730 millones de fondos públicos que ya ha sido aprobada por Bruselas se suma a los 915 millones que ya recibió del FROB I, con lo que el Estado pasará a controlar entre el 60% y el 65% del capital social del grupo. El porcentaje definitivo no se sabrá hasta que los bancos de inversión realicen la valoración económica de BMN, algo que sucederá en las próximas semanas. El plan de las autoridades financieras para BMN también comprende el traspaso al banco malo de 11.753 millones en activos inmobiliarios que se ha materializado el pasado lunes.
La auditoria de Oliver Wyman estimó unas necesidades de capital para BMN de 2.208 millones, que tendrán que venir de los fondos públicos ante la imposibilidad del grupo de cubrirlas por sus propios medios.
El plan de viabilidad contempla un nuevo ajuste de modelo de banca con el objetivo de "alcanzar una reducción de capacidad instalada del 50% respecto a la actividad conjunta inicial de 2010, con un nuevo proceso de cierre de 107 oficinas y la reducción de 867 puestos de trabajo", proceso que se acometería al margen de la segregación de las oficinas de Cataluña y Aragón.
Además, y según fuentes de Caja Murcia, los sueldos de los empleados que sobrevivan a los sucesivos ajustes de plantilla verán reducido su salario en torno al 40% de media.