MADRID.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la Ley de Evaluación Ambiental que incluye los acuerdos del Memorandum del Tajo que regulan el trasvase Tajo-Segura,
acorta los plazos para obtener una declaración de impacto ambiental
(actualmente puede prolongarse más de diez años), y que somete a los
proyectos de fracking a evaluación de impacto ambiental.
La Ley, que entrará mañana en vigor, incorpora el Memorandum del
Tajo, un acuerdo entre las cinco comunidades autónomas dependientes de
esta cuenca (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura,
Murcia y Comunidad Valenciana), que da rango de ley al trasvase del Tajo
al Segura y que culmina la planificación hidrológica del Tajo, Júcar y
Segura.
El acuerdo, entre otros aspectos, establece una reserva de 400
hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, por debajo de la cual
no se autorizan trasvases. Estos 400 hectómetros cúbicos se alcanzarán
en los próximos años, a razón de 32 hectómetros cúbicos por año desde la
situación actual (240 Hm3).
Otra de las novedades que introduce la norma es el establecimiento
de una serie de modificaciones en el régimen sancionador regulado por
la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para garantizar que
las actividades que generan riesgos para el medio ambiente en los
espacios protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 se puedan
sancionar.
Así, se tipifican expresamente infracciones como el 'bunkering'
mediante el fondeo permanente de buques-tanque (las llamadas gasolineras
flotantes que fondean permanentemente) o los vertidos de materiales
para rellenos no permitidos.
En el caso del 'francking', la norma incluye la obligación de
someter en todo caso a evaluación ambiental los proyectos que requieran
la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, lo que, según una
nota de prensa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, "conlleva un mayor control ambiental de este tipo de
proyectos.
Además, por primera vez la norma de evaluación ambiental introduce
la obligación de tener en consideración el cambio climático en la
evaluación ambiental para lo que deberán utilizarse las informaciones y
las técnicas que estén disponibles en cada momento.
Con el nuevo texto legal se unifican las leyes de evaluación
ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental al emplear un
esquema similar para ambos y homogeneizar su terminología.
La Ley de Evaluación Ambiental pretende a su vez acortar los
plazos para obtener una declaración de impacto ambiental que, en la
actualidad se puede demorar hasta diez años. Así, establece plazos
máximos para la evaluación estratégica ordinaria, cuyo plazo será de 22
meses prorrogable dos meses más por razones justificadas debidamente
motivadas.
Para la evaluación ambiental estratégica simplificada, el plazo
máximo será de cuatro meses; la evaluación de impacto ambiental
ordinaria se tramitará en cuatro meses, prorrogable por dos meses más
por razones justificadas debidamente motivadas, mientras que la
evaluación de impacto ambiental simplificada tendrá una tramitación de
tres meses.
Durante su tramitación parlamentaria, tanto diputados como
senadores de la oposición criticaron que la normativa se haya tramitado
por el procedimiento de urgencia, en un momento en el que se está
modificando la directiva europea de Evaluación Ambiental, lo que
obligará al Gobierno a modificar la nueva ley en el plazo de dos años.
Además, han rechazado la falta de rigurosidad en las evaluaciones
de impacto ambiental que propone la nueva ley, en aras de favorecer,
simplificar y agilizar los procedimientos, algo que puede conllevar
beneficios para intereses económicos.
Entre las principales críticas, los grupos han incidido en la
inclusión del trasvase del Tajo-Segura en la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental a través de enmiendas al proyecto, sin que figure en
el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, ni se haya podido someter a
informe y consulta de distintas entidades del Estado.
Finalmente, la Ley de Evaluación Ambiental se aprobó con los votos
del PP después de rechazar varios vetos y votos particulares de
distintos grupos parlamentarios.
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