MURCIA.- Unos mil vecinos de la Vega Baja del Segura, en Alicante, llegados a
Murcia en una veintena de autobuses se han concentrado este mediodía
ante el Palacio de San Esteban para denunciar la inminente apertura de
un nuevo vaso de residuos del vertedero de Abanilla, próximo a varias
pedanías oriolanas, una instalación sobre la que pesan hasta nueve expedientes municipales y una investigación judicial sobre vertidos ilegales.
Las asociaciones Vertivega,
'Albatera, No al Vertedero' o 'Granja-Cox, no al vertedero de tránsito'
organizaron esta protesta que recorrió las calles de Murcia desde la Glorieta hasta la sede del gobierno autonómico, encabezadas
por varias pancartas contrarias al citado vertedero.
"Necesitamos
oxígeno, no gases contaminantes", "No al vertedero" y "Con basura no
valen brevas ni granadas", eran algunas de las pancartas que podían
leerse en la marcha pacífica, que culminó con el sorteo de dos jamones
tras la venta de unas rifas con las que pagaron los citados autobuses.
Vertivega es el colectivo vecinal que lucha por el cierre definitivo del vertedero de Proambiente, que sitúa sus instalaciones a caballo entre Abanilla y la pedanía oriolana de La Murada. Y denuncia las «prisas» de la empresa gestora y de la administración autonómica murciana por reabrir el vaso 3.
Esta convocatoria de hoy coincide con el reciente pronunciamiento del Juzgado nº 4 de Cieza, que investiga al vertedero por un delito contra lo recursos naturales y el medio ambiente desde 2011, en el que, según señalan desde la Plataforma, viene a decir que va a levantar el cese cautelar de la actividad en el vertedero y pide a la dirección general de Medio Ambiente de la Comunidad de Murcia que compruebe que se cumplen las condiciones exigidas para reanudar la actividad en el vaso 3.
Vertivega interpreta que este alzamiento de la medida cautelar provocaría la obtención por parte de Proambiente de la autorización ambiental integrada por la vía rápida sin la necesaria participación pública, para así «poder enterrar las miles de toneladas provenientes de buena parte de los municipios de la Vega Baja (lo que) se traduce en nuevos episodios de infracciones y afección directa al medio ambiente».
El propio alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén (Los Verdes), criticó recientemente la gestión que el Gobierno de la Región de Murcia está realizando en el vertedero de Proambiente y le acusó de estar favoreciendo su reapertura ante el juzgado nº 4 de Cieza. El regidor afirmó que el Gobierno murciano está intentando «salvar la cara» después de que la mercantil depositara el aval de 3,3 millones de euros que le reclamó como paso para tramitar las licencias y legalizar su situación.
La suspensión de la actividad se adoptó en junio de 2012 después de que la Guardia Civil entrara en las instalaciones, realizara una inspección por sorpresa y comprobara que se estaba enterrando basura en zanjas, saltándose la orden previa de la consejería de Medio Ambiente de Murcia de prohibición de enterramiento de basura, adoptada en septiembre de 2011 por las reiteradas irregularidades en el recinto.
El portavoz de la plataforma, Vicente Pérez, tachó de "incongruente" la actitud del Gobierno murciano por afirmar "que todo está con garantías". Actualmente, un juzgado oriolano investiga por vía penal las sospechas de que existieran vertidos ilegales incontrolados durante lustros, incluso en campos de cultivo. "Nosotros sabemos las pretensiones de Proambiente, y dentro de su trayectoria no está la de seguir los mandatos de la ley", manifestó Pérez, quien ha hablado de la "poca voluntad de reciclar" por parte de la mercantil que "ha llegado a enterrar residuos, muchas veces, sin pasar por la planta".
Proambiente es de la familia de Ángel Fenoll, que dirigió el vertedero hasta hace poco y está considerado e imputado por la Justicia como uno de los cabecillas de la trama Brugal. También está siendo investigado por la financiación ilegal de la campaña de la anterior alcaldesa oriolana del PP, Mónica Lorente.
Vertivega es el colectivo vecinal que lucha por el cierre definitivo del vertedero de Proambiente, que sitúa sus instalaciones a caballo entre Abanilla y la pedanía oriolana de La Murada. Y denuncia las «prisas» de la empresa gestora y de la administración autonómica murciana por reabrir el vaso 3.
Esta convocatoria de hoy coincide con el reciente pronunciamiento del Juzgado nº 4 de Cieza, que investiga al vertedero por un delito contra lo recursos naturales y el medio ambiente desde 2011, en el que, según señalan desde la Plataforma, viene a decir que va a levantar el cese cautelar de la actividad en el vertedero y pide a la dirección general de Medio Ambiente de la Comunidad de Murcia que compruebe que se cumplen las condiciones exigidas para reanudar la actividad en el vaso 3.
Vertivega interpreta que este alzamiento de la medida cautelar provocaría la obtención por parte de Proambiente de la autorización ambiental integrada por la vía rápida sin la necesaria participación pública, para así «poder enterrar las miles de toneladas provenientes de buena parte de los municipios de la Vega Baja (lo que) se traduce en nuevos episodios de infracciones y afección directa al medio ambiente».
El propio alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén (Los Verdes), criticó recientemente la gestión que el Gobierno de la Región de Murcia está realizando en el vertedero de Proambiente y le acusó de estar favoreciendo su reapertura ante el juzgado nº 4 de Cieza. El regidor afirmó que el Gobierno murciano está intentando «salvar la cara» después de que la mercantil depositara el aval de 3,3 millones de euros que le reclamó como paso para tramitar las licencias y legalizar su situación.
La suspensión de la actividad se adoptó en junio de 2012 después de que la Guardia Civil entrara en las instalaciones, realizara una inspección por sorpresa y comprobara que se estaba enterrando basura en zanjas, saltándose la orden previa de la consejería de Medio Ambiente de Murcia de prohibición de enterramiento de basura, adoptada en septiembre de 2011 por las reiteradas irregularidades en el recinto.
El portavoz de la plataforma, Vicente Pérez, tachó de "incongruente" la actitud del Gobierno murciano por afirmar "que todo está con garantías". Actualmente, un juzgado oriolano investiga por vía penal las sospechas de que existieran vertidos ilegales incontrolados durante lustros, incluso en campos de cultivo. "Nosotros sabemos las pretensiones de Proambiente, y dentro de su trayectoria no está la de seguir los mandatos de la ley", manifestó Pérez, quien ha hablado de la "poca voluntad de reciclar" por parte de la mercantil que "ha llegado a enterrar residuos, muchas veces, sin pasar por la planta".
Proambiente es de la familia de Ángel Fenoll, que dirigió el vertedero hasta hace poco y está considerado e imputado por la Justicia como uno de los cabecillas de la trama Brugal. También está siendo investigado por la financiación ilegal de la campaña de la anterior alcaldesa oriolana del PP, Mónica Lorente.
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