Este es el motivo de los movimientos que se están produciendo alrededor de las jueces y fiscales: se trata de influir en ellos para evitar sentencias adversas por cualquier vía posible (todo vale, parece ser la consigna). Los movimientos tienen dos direcciones pero un mismo propósito: o se les influye atrayéndolos a las esferas del poder, o bien se les intenta eliminar recusándolos, descalificándolos y arrojando dudas (políticas o profesionales) sobre su trabajo. No es una situación exclusiva de Murcia: la estamos viendo en el caso Bárcenas, en el caso Noos, en Valencia, etc. Pero aquí tiene su propia y tan colosal magnitud que puede ser determinante sobre el futuro político de la región.
En este sentido a nadie le puede extrañar que entre los nombramientos propuestos por el PP para el Consejo General del Poder Judicial esté nada menos que el presidente del TSJ, Juan Martínes Moya, que es además yerno de un concejal del PP del ayuntamiento de Murcia. Este magistrado goza de cierta reputación, pero nada puede ya evitar sus vínculos públicos con el PP, al que debe su nombramiento. Es muy penoso que, entre la indignación ciudadana, otra vez los partidos -¡ay!, todos- se repartan el nombramiento del gobierno de los juecces, como han venido haciendo durante toda el período democrático.
Es tal el alcance de los casos abiertos en la región que afectan al delfín de Valcárcel y candidato oficial a sucederle en los próximos meses, el ex-alcalde de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez, cuyo futuro pende de una decisión juducial al estar imputado. Como alcanza al alcalde Murcia y secretario general del PP murciano, Miguel Angel Cámara. Ni siquiera el actual Delegado del Gobierno -el desautorizado y autoritario Bascuñana- puede estar tranquilo pues su nombre aparece implicado -aunque no sea imputado "todavía"- en el caso Zerrichera. Pero en la lista hay otros muchos dirigentes y cargos del PP, pasados o en activo, desde consejeros (Cerdá) a exdelegados gubernamentales (Marqués), pasando por una larga lista de concejales, alcaldes, gestores políticos de cajas, etc.
Las maniobras político-jurídicas para deshacerse del juez y el fiscal del caso "Umbra" son la prueba más evidente de que no se va a dejar actuar a una justicia independiente. Dice Montiel hoy en su excelente columna de La Opinión ("Asalto a la Justicia"), en la que habla de todo esto, que en el caso Umbra "a lo que estamos asistiendo es a un asalto a la Justicia para evitar que sus investigaciones sobre la trama de supuestos negocios subterráneos alrededor del urbanismo de la capital murciana quede al descubierto". Y termina diciendo algo que tenemos que suscribir todos los demócratas: "En circunstancias así es un deber social apoyar a la Justicia, pues quienes ya han presuntamente abusado de la confianza pública pretenderían ahora rematar sus fechorías con operaciones de descrédito a quienes todavía resisten en la defensa del interés general".
Estamos bastante hartos la amplia mayoría de ciudadanos de muchos de los impresentables comportamientos de una buena parte de la clase política de la región, como se evidenció ayer palmariamente en la multitudinaria "Marcha de mareas" que recorrió las calles de Murcia. Porv eso tenemos que estar vigilantes pues no podemos fiarmos de estos representantes tan nefastos y tan presuntos que nos hemos dado. Y lo primero que les vamos a decir es: ¡quitad vuestra sucias manos de la Justicia!
(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
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