Era un rumor que ya corría por los mentideros políticos desde hace semanas: se estaba gestando una operación
político-legal para impedir que el juez y la Fiscalía del caso Umbra,
uno de los mayores escándalos de corrupción política de los muchos
ocurridos en la Región, puedan llegar hasta el final.
El procedimiento
elegido era una querella contra el juez del caso, David Castillejos, y el
fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que se habían revelado "poco
razonables" y que estaban empeñados en que se supiera la verdad y
respondieran ante la Justicia los responsabes de presuntos y muy graves
delitos de corrupción. Ahora se ha confirmado que el rumor era cierto.
El abogado de Joaquín Peñalver, Muñoz Clares, como estaba
anunciado, ha presentado la querella y pide que se aparte cautelarmente
a ambos, juez y fiscal, del caso y que no intervenga el fiscal superior del
TSJ, al que tampoco consideran de fiar ("no es uno de los nuestros").
El
objetivo es muy claro: anular las actuaciones y eliminar a los actores
incómodos para asegurarse lo que se busca, que es la impunidad de los
presuntos corruptos. Se mueve una pieza pero detras están todas las
demás: el alcalde Cámara, el empresario y socio del gobierno regional
Samper, el ex-concejal de Urbanismo Berberena, y el resto de imputados.
Es el mismo procedimiento que se usó contra Garzón en su día. "Estos no
saben con quienes se han metido", parecen decir los acusados y sus
defensas.
La vieja casta de intocables, que existe en Murcia como en
todas partes en nuestro país, la que se enfrenta a quienes con
profesionalidad e independencia están defendiendo el que se haga
justicia, en un caso en que los intereses públicos han sido gravemente
perjudicados por el saqueo de unos y la complicidad corrupta -siempre en
calidad de presunción- de otros.
En este pulso nos jugamos todos mucho:
¿tenemos que resignarnos una vez más a que la Justicia no es igual para
todos, que hay un tipo de acusados a los que nunca se podrá condenar
por su condición y clase? Es un órdago contra la democracia, que
necesita que la Justicia funcione y persiga el crimen, lo cometa quien lo
cometa.
(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
4 comentarios:
A ver como se porta al respecto el presidente del TSJ Juan Martínez Moya, hijo de Martínez Meseguer y nieto de Martínez Garre, todos de Alquerías...
El fiscal jefe no es de los suyos pero el balance de su gestión es como si lo fuera; un cachorro del franquismo, al fin y al cabo por mucha mascara de izquierda
Ojo, no hay que perder de vista a Cosme, concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, suegro de Martínez Moya. Cámara mueve los hilos siempre en beneficio propio, por supuesto.
El imputado Cámara tiene de concejal a Cosme, suegro de Martínez Moya. Ojo al dato¡
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