El fiasco de la planta desalinizadora de Escombreras amenaza con llevarse por delante a Valcárcel y Cerdá

MURCIA.- El Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la constitución de una Comisión especial en la Asamblea Regional para que investigue el funcionamiento de la desalinizadora de Escombreras desde su construcción en 2007. Este fiasco amenaza con llevarse políticamente por delante a Valcárcel y Cerdá, ya cuestionado en los tribunales por su dudosa actuación urbanística en 'Novo Carthago'

   Así, el responsable socialista en materia de Agua, Manuel Soler, denuncia que "el PP en su afán de potenciar el ladrillo y con el fin de no tener obstáculos con la Confederación Hidrográfica del Segura, para el desarrollo de importantes urbanizaciones y campos de golf, se embarcó en esta gran y ruinosa inversión".

   Soler señaló que uno de los principales clientes que tenía  previsto la CARM como consumidor del agua de la planta de Escombreras era la empresa Polaris World, según consta en una auditoria de las empresas de la desalinizadora; "con ella y sus macro proyectos urbanísticos, tendremos ahora que apechugar los murcianos, lo que nos costará 600 millones de euros".

   Soler explicó que "es preciso esclarecer muchos aspectos, pues el entramado de empresas existentes alrededor de la desalinizadora de Escombreras, que mandaron construir Valcárcel y Cerdá a la empresa Hydro Magnagement, donde es accionista mayoritario Florentino Pérez,  es muy confuso y enredado".

   Hasta cuatro empresas, entre públicas y privadas, además de la Consejería de Agricultura, han estado participando, tanto en la construcción como en el posterior mal funcionamiento de esta planta, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Para el PSRM "es una verdadera vergüenza que los murcianos tengamos que pagar de nuestros impuestos 600 millones de euros por un capricho de Valcárcel. Nos preguntamos, para qué era necesaria esa planta, a quién le vende el agua, por qué han sido necesarias cuatro empresas, además de la Consejería de Agricultura, para construir y posteriormente gestionar una planta que apenas ha funcionado. Demasiados interrogantes sin respuesta".

   Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista quiere conocer a quién se le está vendiendo el agua subvencionada de la Planta de Escombreras y cuál es el motivo "para que exista tanta oscuridad y enredo en torno a estas instalaciones", concluyó.
La empresa Hydro Management, constructora de la desalinizadora de Escombreras, presentó hace año y medio en un juzgado de Murcia, después de numerosas advertencias de los inversores privados porque no estaban cobrando el dinero estipulado en el contrato, una reclamación judicial contra la sociedad pública Desaladora de Escombreras S. A., dependiente de la Comunidad Autónoma, exigiendo la rescisión del contrato de arrendamiento, el abono de la deuda y el pago adelantado de todas las rentas futuras; todo por un valor total de 600 millones de euros, más intereses y costas judiciales.
Existe en los juzgados otra denuncia de Tedagua, empresa encargada de las operaciones y mantenimiento de la planta, que reclama el pago de facturas emitidas y vencidas, más las que se vayan produciendo por la prestación de sus servicios, por un montante que alcanza ya los 12 millones de euros.
Todo ese dinero debía proceder de las arcas autonómicas, que después lo recuperaría con la venta de agua.
Hydro Management, que está controlada por la empresa Cobra, filial de ACS, propiedad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aportó el 75% de la inversión y, el resto, un grupo de empresarios de la Región.
Valcárcel creó el Ente Público de Agua con el objetivo de hacer valer las competencias autonómicas en esta materia y garantizar el suministro a los futuros desarrollos urbanísticos de los municipios litorales y prelitorales, considerando en aquel momento que el Gobierno socialista de Zapatero no los aseguraba.
El contrato de arrendamiento hasta el año 2034, a través de la sociedad pública Hidronostrum, vinculada a su vez a Desaladora de Escombreras S. A., tenía como objetivo producir 50 hectómetros cúbicos anuales en los tres años siguientes a 2006, aunque nunca lo logró. La capacidad de producción se redujo después a 21 hectómetros, aunque el año pasado solo obtuvo cuatro debido a la ausencia de demanda.
Según el contrato, la planta le iba a costar a las arcas de la Comunidad Autónoma 600 millones de euros al final de dicho periodo.
El actual proceso de fusión de Desaladora de Escombreras y de Hidronostrum, dentro del plan de reestructuración del sector público regional, está teniendo además dificultades en el Registro Mercantil de Murcia, que propuso auditar previamente los balances de ambas sociedades públicas.