Así
se recoge en "unas consideraciones" presentadas en el juzgado de
instrucción que investiga los hechos y en el que el Ayuntamiento sale al
paso de un comentario hecho por Lozano, en un escrito, en el que se
opuso a que fuesen declaradas nulas las actuaciones llevadas a cabo en
los dos últimos años en este caso, tras la declaración de nulidad del
secreto del sumario.
En ese escrito, el fiscal anticorrupción calificaba de "exótica" la
acusación popular planteada por el consistorio y ponía en duda la
"verdadera" posición procesal del Ayuntamiento, reservándose la
posibilidad de solicitar en otro momento su expulsión del caso por "un
presunto fraude procesal".
El escrito entregado por
el Ayuntamiento de Murcia en el juzgado señala que "quizás mereciese que
por nuestra parte se planteara, o al menos, se deseara que quien tenga
potestad se plantee la presencia de un nuevo fiscal en estas actuaciones
por si tanto árbol no le deja ver el bosque".
El Ayuntamiento da explicaciones al juez
El Ayuntamiento de Murcia percibió un total de 82,7 millones de euros por los convenios urbanísticos firmados en la expansión norte de la ciudad, según el informe entregado en el Juzgado de Instrucción que investiga el caso Umbra, sobre presunta corrupción en esa ampliación de la capital.
El Ayuntamiento da explicaciones al juez
El Ayuntamiento de Murcia percibió un total de 82,7 millones de euros por los convenios urbanísticos firmados en la expansión norte de la ciudad, según el informe entregado en el Juzgado de Instrucción que investiga el caso Umbra, sobre presunta corrupción en esa ampliación de la capital.
El informe elaborado
por el Servicio de Contabilidad señala que
el destino dado a esa suma formará parte de otro documento que "en los
próximos días" será facilitado al juez instructor, el magistrado David
Castillejos.
El informe recoge el nombre de los
promotores de los convenios, los sectores sobre los que se actuó, la
fecha de los acuerdos y las cantidades percibidas.
Entre
los promotores figuran las empresas Fadesa, Visionaria, Lo Navarro de
Murcia, Martinsa-Fadesa, Mediterránea Hispagroup y Agrumexport-Parque
Príncipe.
Esta comunicación fue solicitada por el
juez al Ayuntamiento de Murcia a instancias del fiscal Anticorrupción,
que reclamó la práctica de esa diligencia.
Por otra
parte, el Servicio de Personal del mismo consistorio ha atendido otro
requerimiento, igualmente instado por la fiscalía, que solicitaba conocer
si el gerente de Urbanismo, Ángel Lajarín, tenía reconocida la
compatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales privadas.
El
escrito señala que por acuerdo del pleno de la corporación municipal de
27 de julio de 1989 se ratificó el acuerdo del Consejo de Gerencia de
Urbanismo de 21 de julio de ese mismo año que autorizó a Lajarín,
arquitecto municipal entonces, para realizar el proyecto de las obras
del Hogar del Pensionista de Campos del Río.
Esa
decisión fue adoptada "al no apreciar causa de incompatibilidad entre
su trabajo en la Gerencia de Urbanismo y el trabajo privado que le
encargaría el Ayuntamiento de Campos del Río".
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