miércoles, 6 de noviembre de 2013

Tres ex altos directivos de la CAM son detenidos por orden del juez acusados de actuaciones ilícitas

MADRID.- Agentes de la Guardia Civil han detenido ya a cinco personas relacionadas con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos, tres exdirectivos como el exdirector general Roberto López Abad, el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la caja Daniel Gil Mallebrera y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la Caja, César Veliz, han confirmado fuentes de la investigación.

   Estos tres ex directivos han sido arrestados por orden del juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que mantiene en secreto estas diligencias, y les investiga en relación con cinco operaciones inmobiliarias irregulares, cuatro en el Caribe y una en Tenerife, realizadas a través de la empresa Valfensal S.L, han informado hoy fuentes jurídicas. Este magistrado ha ordenado un total de cinco detenciones.
   Fuentes de la investigación han precisado que los otras dos personas que ya han sido arrestadas no se encuentran dentro de los cinco previstos por este auto de este juez y que su labor en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no era tan relevante como la de los tres ex directivos. Estas mismas fuentes añaden que la operación continúa abierta y que se esperan más detenciones.
   Asimismo la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo a las 9.15 de este miércoles tres registros en Valencia, Alicante y Mallorca. Los investigadores se han incautado de diversa documentación y han llevado a cabo el clonado de material informático.
Se trata de los bufetes de Garrigues en Alicante y el valenciano Martínez y Ojeda Asociados. También la sede del grupo hotelero Sandos Marconfort.
   López Abad y Gil Mallebrera fueron imputados por el juez tras la querella presentada contra ambos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que incluía también a los empresarios de Benidorm, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
   Según aseguraba la querella, la sociedad Valfensal, participada por los empresarios y la Caja, llevó a cabo operaciones de inversión que carecían de "racionalidad económica". 
"En cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era obtener un lucro personal compartido ocultándolas bajo la apariencia de inversiones", aseguraba.
Según la querella, los imputados obtuvieron "un lucro personal" utilizando la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.
Esta sociedad está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30 % por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el ex director general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM".
La primera de las operaciones cuestionadas es la financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.
La segunda es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.
La tercera consistió en la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales.
En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México) también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación económica".
Por último, se encuentra la financiación para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.
López Abad está además imputado en la pieza principal de CAM junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, a los que el pasado mes de junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros.
La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España y, posteriormente, se conoció que había acumulado unas pérdidas de 1.136 millones en los seis primeros meses del año.
Meses después, el organismo regulador capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones de euros y nombró al FROB como su administrador provisional.

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