"LA
CORRUPCIÓN POLÍTICA Y EMPRESARIAL VINCULADA AL BOOM INMOBILIARIO EN
MURCIA NECESITA SER INVESTIGADA, JUZGADA Y DEPURADA SIN DEMORAS NI
MANIOBRAS OBSTRUCCIONISTAS"
"El
ciclo especulativo del boom inmobiliario ha estado asociado en la Región de Murcia a un proceso de intensa corrupción política y
empresarial que ha asolado la vida pública, infectado el sistema
económico y degradado la calidad de la democracia en la Región. Los
datos que se conocen sitúan a la Región como una de la comunidades
con mayor porcentaje de casos de corrupción denunciados y en proceso
de investigación del país.
Esta
corrupción no ha mostrado carácter episódico, sino que tiene bases
estructurales relacionadas con decisiones y reformas legales, los
instrumentos de gestión utilizados y el decaimiento de los sistemas
de control político-institucional que se han privilegiado para hacer
posible el boom del ladrillo y el sobredimensionamiento especulativo
del sector de la Construcción durante casi una década, todo ello al
amparo de la opacidad y la libérrima discrecionalidad de las
decisiones.
Esta
situación ha afectado seriamente a la calidad de nuestro sistema
democrático, a la eficiencia institucional y a la confianza de los
ciudadanos en sus representantes institucionales, provocando una
fuerte desafección ciudadana respecto al sistema político.
En
la Región de Murcia jueces y fiscales hacen frente a un número muy
elevado de casos, de gran alcance y de enorme complejidad. En el
éxito y profesionalidad de su trabajo está comprometida una buena
parte de las esperanza de los ciudadanos en superar un periodo lleno
de sombras y abusos intolerables que apenas estamos empezando a
conocer.
Pero
en su trabajo, realizado en muchas ocasiones con escasos medios
humanos y materiales, y aún admitiendo que nadie está libre de
cometer errores, la justicia tiene que enfrentarse a un minoría
poderosa que está decidida a que no avance el conocimiento y la
depuración de responsabilidades. Estos grupos, con fuertes intereses
políticos y económicos, maniobran sin descanso para dificultar e
impedir el trabajo de los tribunales y la administración de
justicia.
Más
allá del legítimo ejercicio del derecho de defensa, observamos como
se organizan estrategias que buscan lisa y llanamente la impunidad de
los implicados, a través de denuncias, querellas, actuaciones
dilatorias, personaciones impropias como acusación particular en los
procesos, descalificaciones personales e insinuaciones de todo tipo
dirigidas a confundir a la opinión pública, a generar
artificiosamente supuestos motivos de separación de los casos de los
jueces y fiscales más incómodos y a presionar por todos los medios
para que las investigaciones de los procesos sean anuladas, no
prosperen y acaben sin sentencias.
La
Cumbre Social de la Región de Murcia, recogiendo un sentimiento de
preocupación ampliamente compartido por la ciudadanía, expresa su
apoyo a las investigaciones y actuaciones judiciales en los procesos
abiertos en la Región contra la corrupción y su rechazo de las
maniobras organizadas para obstruirlas, dilatarlas o anularlas, que
tienen como objetivo último la impunidad de los delitos y de los
delincuentes, reclama que se dote a la administración de justicia de
los medios necesarios para desarrollar adecuadamente su trabajo con
celeridad y evitando la prescripción de los delitos, y exige que se
respete este trabajo.
Los
ciudadanos tienen derecho a saber que ha pasado en estos años en
nuestra instituciones públicas, a separar de ellas a los
responsables de las casos de corrupción, a exigir que caiga sobre
ellos el peso de la ley con independencia de quienes sean, y a que se
permita actuar a la Justicia con independencia y sin someterla a
presiones inaceptables, ya que este es el único camino que puede
regenerar la vida pública y restaurar la confianza dañada entre la
ciudadanía y sus representantes, reforzando al mismo tiempo la
confianza en una justicia democrática al servicio de la legalidad e
igual para todos".
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