Tras un año de aplicación de la reforma
sanitaria que ha impuesto el Gobierno, los peores augurios que
vaticinábamos se han ido cumpliendo. Nuestro Sistema Nacional de Salud
ha empeorado y va perdiendo aquellas señas de identidad que le han
prestigiado como uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.
Ha
dejado de atender a ciudadanos para cuidar solo a los asegurados a la
Seguridad Social, sus usuarios han de soportar un mayor gasto sanitario
individual, las medicinas son más caras para los trabajadores, los
pensionistas han de pagar un porcentaje, el despido de muchos
trabajadores sanitarios interinos y la no renovación de las jubilaciones
empeora la calidad asistencial y hace aumentar las listas de espera, la
falta de inversión pública está produciendo una mayor dependencia en la
sanidad privada.
El Estado esta dejando de cumplir el mandato
constitucional del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos
y lo está mercantilizando para el beneficio de grandes grupos de
presión económicos, perjudicando de manera flagrante a las capas más
desfavorecidas de la sociedad y rompiendo los principios de solidaridad,
equidad e igualdad.
Hoy nuestros jóvenes emigrantes pierden la
protección sanitaria europea a los tres meses de permanencia en el
extranjero, los inmigrantes no regularizados han dejado de acudir al
sistema sanitario y se están detectando menos enfermedades como la
tuberculosis, los pacientes afectados de Alzheimer han de pagar el 10%
de sus medicamentos aunque se le devuelva parte de lo pagado en exceso a
los seis meses, y los que padecen un cáncer han de pagar en la farmacia
del hospital por el medicamento que les han mandado.
Hay
pensionistas que no retiran de la farmacia sus medicamentos habituales
porque emplean el dinero de ese copago en otras 'necesidades más
primarias' de su familia. Hay enfermos que están en listas de espera
quirúrgica más del doble del tiempo máximo establecido por la ley para
ser operados. Se está operando menos con recursos públicos, se cierran
quirófanos y plantas hospitalarias y se deriva a clínicas concertadas.
Cada vez se hacen más ecografías en clínicas privadas sin que el sistema
sanitario público (que es el que las paga) supervise su calidad. Cada
vez se tarda más en ser atendido por el especialista de zona. Hay menos
personal de enfermería atendiendo a los enfermos ingresados en los
hospitales. Los trabajadores sufren muchas dificultades por parte de su
empresa para asistir a la consulta de su médico o del pediatra de sus
hijos mientras que los horarios de los centros de salud son cada vez
menos accesibles y no hay consultas por las tardes. Cada vez los
trabajadores tienen menos derechos en la atención a una incapacidad
laboral que recae en manos de las mutuas laborales y pierden la
independencia del médico de familia.
La presión asistencial en los
centros de salud sigue siendo excesiva y no se invierte en los nuevos
centros de salud proyectados. Grandes colectivos de población han
perdido la atención urgente por las noches sin que hayan mejorado los
sistemas de respuesta a distancia del 061.
No tiene sentido que
mientras que en la mayoría de los países europeos hayan mantenido si no
aumentado su gasto social para con sus ciudadanos más desfavorecidos por
la crisis económica, en España se haya optado por priorizar la salud
del sistema financiero y del mercado, sobre la salud y el bienestar de
las personas más desfavorecidas.
La inhumanidad se ha impuesto
sobre la responsabilidad que tiene el Gobierno de cuidar de sus
ciudadanos, en especial de los más enfermos y más dependientes.
Esta
inhumanidad que lleva a añadir dolor sobre dolor, dolor de no saber si
puedes pagar el medicamento que te aliviará o te curará el dolor físico y
el temor que te provoca la enfermedad. Inhumanidad que lleva a
responsabilizar al paciente de su propia enfermedad haciéndole pagar mas
cuanto mayor es la cantidad de medicamentos que se le prescriben.
Inhumanidad que lleva a responsabilizar al paciente de la demora en
lista de espera por no haber reclamado a tiempo.
A la consejera de
Sanidad. La consejera de Sanidad debe recosinderar la aplicación de la
nueva normativa de copago en medicamentos hospitalarios, así como
reconsideró la exclusión sanitaria de emigrantes y permitió que crónicos
y enfermos infecciosos tuvieran asistencia sanitaria en la región de
Murcia. Olvide lo del 'importante ahorro', le va a costar más poner en
marcha un sistema de cobro en los hospitales... Recuerde a cada uno de
los enfermos a los que va a cobrar sus medicinas para el cáncer,
hepatitis B… No añada mas preocupación, mas incertidumbre.
Y
también olvídese de recortar en personal sanitario, usted sabe que son
necesarios, que sin ellos aumentarán las listas de espera, que no podrán
mantener una asistencia sanitaria digna y eficaz como les obliga su
código deontológico al que usted apela, pero no se le ocurra tampoco
ahorrar en pruebas diagnósticas necesarias como medida de ahorro,
demuestre científicamente que no lo son y entonces lo comprenderemos, y
tampoco lo haga en medicamentos, en farmacia hospitalaria, porque si la
medida es lógica lo entenderemos.
Si las medidas tienen como
objetivo mejorar la seguridad del usuario evitando pruebas y fármacos
innecesarios la entenderemos y la aplaudiremos, pero no vale hacerlo de
manera indiscriminada y con un interés simplemente ahorrativo.
Y
si a pesar de todo le obligan, rebélese, objete estas leyes, objete las
medidas que le dictan desde Hacienda, que no buscan mejorar la gestión
del sistema sanitario, son inhumanas, son indignas, no son decentes. Y
si finalmente no puede hacerlo váyase a su casa, decente, digna, y sobre
todo humana. No sea cómplice de esta política que castiga al enfermo,
que recauda sobre la enfermedad y que nos convierte en un país
insolidario.
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