MURCIA.- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Superior
de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que llame a declarar como
imputados al concejal de Urbanismo, al asesor jurídico y al arquitecto
del ayuntamiento de Cartagena que ocupaban estos cargos cuando se aprobó
el proyecto Novo Carthago, que es investigado por presunta corrupción
urbanística.
El Ministerio Público hizo esta
petición al instructor del caso, el magistrado Manuel Abadía, después de
que el consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma,
Antonio Cerdá, y dos antiguos colaboradores prestaran declaración
también como imputados en la misma causa.
Fuentes
cercanas al caso han confirmado que el instructor ha atendido la
petición del fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, y ha
ordenado la citación del concejal y de los dos altos funcionarios
citados.
Igualmente, y para el esclarecimiento de
los hechos denunciados, ha acordado otra serie de diligencias, como la
citación, en calidad de testigos, de otras personas que ya declararon en
su día cuando la causa fue abierta por un Juzgado de Instrucción de
Murcia, que posteriormente se inhibió en favor del TSJRM por el
aforamiento de Cerdá.
Las declaraciones se podrían llevar a cabo el próximo octubre.
La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ha defendido la labor del exconcejal de Urbanismo y exvicealcalde Agustín Guillén tras conocerse que el juez lo ha citado a declarar como imputado en el caso 'Novo Carthago'. "He hablado con él y está tranquilo".
La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ha defendido la labor del exconcejal de Urbanismo y exvicealcalde Agustín Guillén tras conocerse que el juez lo ha citado a declarar como imputado en el caso 'Novo Carthago'. "He hablado con él y está tranquilo".
El
proyecto Novo Carthago fue presentado en el año 2003 y el mismo preveía
la construcción de 3.000 viviendas, dos hoteles y dos campos de golf
sobre unos terrenos próximos al Mar Menor y que implicaban la afectación
de una zona protegida, el saladar de Lo Poyo.
Para
hacerlo posible, se procedió por parte de la Comunidad Autónoma a la
modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), y
esa recalificación de los terrenos, en opinión de la fiscalía, puede ser
constitutiva de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del
territorio.
En la causa abierta ante el Tribunal
Superior dada la condición de aforado del consejero Cerdá se investiga igualmente
un presunto delito de tráfico de influencias.
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