MURCIA.- La Asociación Preeminencia del Derecho ha
presentado una querella contra varios integrantes de la Sala Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por considerar
que incurrieron en presunta "prevaricación" al exonerar de
responsabilidad al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel,
cuando éste "suspendió la Ley del Aborto en el ámbito de la Región de
forma ilegítima, al carecer de competencias para ello".
En concreto, la querella se dirige contra el presidente de la Sala
y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez
Moya (en la imagen); contra el Fiscal Superior del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal; y
contra los magistrados Julián Pérez-Templado y Manuel Abadía Vicente,
que fueron los autores de las dos resoluciones que la Asociación
considera que incurren "en arbitrariedad notoria".
La Asociación Preeminencia del Derecho, de la que forma parte el
abogado murciano José Luis Mazón, estima que estos magistrados
"dispensaron" presuntamente de la aplicación de la ley penal a Valcárcel
cuando, en julio de 2010, el presidente "suspendió 'manu militari'
durante cuatro días la eficacia de la Ley Orgánica 2/2010, también
llamada ley del aborto, que entró en vigor el 4 de julio de 2010".
Durante esos cuatro días, la Asociación recuerda que las
interrupciones de embarazo "se derivaron de la Región de Murcia hacia
otras Comunidades Autónomas", siendo esta "una prevaricación notoria",
según la querella.
"Sabemos que varias mujeres al acudir a centros concertados para
abortar fueron informadas de que Sanidad no les pagaría las
interrupciones de embarazo, por lo que durante ese periodo del 4 al 7 de
julio de 2010, estuvo efectivamente suspendida la ley, como había
anunciado, por la voluntad de Valcárcel", añade la Asociación.
Se trata, precisan, de una "conducta típica de suspensión de
disposición general por funcionario o autoridad carente de atribuciones
legales descrita en el artículo 506 del Código Penal" a la que los
magistrados querellados "le otorgaron bula judicial a base de burlarse
de la eficacia del Derecho Penal, retorciendo tanto los hechos como el
derecho aplicable".
La Asociación ha remitido la querella a la Sala Penal del Tribunal
Supremo, al considerar que es la competente para encargarse de querella
contra los magistrados del TSJ y el Fiscal.
Cabe recordar que Preeminencia del Derecho denunció la actuación
de Valcárcel el 6 de julio de 2010 ante la Sala Civil y Penal del TSJ,
suponiendo "ilusamente" que dicho órgano judicial "iba a ser fiel -y no
desleal- a su mandato de hacer cumplir la ley sin distinción de
categorías sociales".
La Asociación consideraba que Valcárcel era presunto autor del
delito recogido en el artículo 506 del Código Penal, al ser una
autoridad que suspendió la ejecución de una disposición general a pesar
de "carecer de atribuciones para ello", una conducta que "es castigada
con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce
años".
En aquel momento, el PP había presentado un recurso de
inconstitucionalidad contra la ley del aborto, pero la Asociación
recordaba que la existencia de este recurso "no suspendía la eficacia de
la ley". De hecho, cree que Valcárcel dio "marcha atrás" y dijo que iba
a cumplir la ley "tras verle las orejas al lobo" y enterarse por el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el recurso "carecía de
efectos suspensivos".
En el auto, los magistrados querellados "vienen a decir, contra la
evidencia, que en la conducta de Valcárcel no había suspensión de ley,
sino mera declaración pública amparada por la libertad de expresión, y
todo esto sin investigar nada y sin mirarse los documentos", reprocha
Preeminencia del Derecho.
A juicio de la Asociación, la conducta de Valcárcel "parando o
suspendiendo" la eficacia de la ley del Estado sobre el aborto durante
cuatro días era "un caso notorio de indicios de delito", pero lamenta
que los querellados "se encargaron de hacer lo blanco negro y lo negro
blanco".
En su opinión, los magistrados y el fiscal querellados "mostraron
su deslealtad hacia la función que tienen encomendada para pasar a ser
'pretorianos' de un alto cargo que al parecer les ejercía algún tipo de
fascinación que les hacía perder el sentido de la objetividad".
En realidad, la Asociación Preeminencia del Derecho cree que los
querellados "falsearon" el supuesto de hecho de la denuncia, es decir,
la "paralizacion efectiva por Valcárcel de la nueva ley del aborto
durante cuatro días careciendo de competencias para ello" con el fin de
"adecuarlo a sus intereses propios".
La Asociación Preeminencia del Derecho recuerda que el Fiscal
Superior, con firma "no identificada que ha resultado ser de su Teniente
Fiscal", emitió un informe "surrealista" y en el que incurre en
"presunta prevaricación".
En primer lugar, considera que el Fiscal Superior "tergiversó o
cambió los hechos documentados en la denuncia y, en vez de reconocer que
se aportaban datos documentales fiables de que Valcárcel había
suspendido durante cuatro días la nueva ley del aborto, reduce los
hechos a manifestación del presidente de la Comunidad".
Además, la Asociación cree que el Fiscal emitió una argumentación
"absolutamente arbitraria" al decir que, al no existir resolución
administrativa alguna, no podía haber delito de prevaricación, pero
Preeminencia del Derecho recuerda que "para que haya prevaricación no es
necesario que la resolución esté documentada".
"Ignora que para que haya resolución de parar una ley no hace
falta que se documente sino que se cumpla y, por otro lado, el Fiscal
omite que la acusación principal de la querella era el delito clarísimo
de impedir la aplicación de una disposición general", asevera la
Asociación.
La querella se dirige contra el Fiscal Superior del TSJ en calidad
de "autor intelectual" de informe que la Asociación considera
"falsario", aunque "parece que le encomendó a otro fiscal de él
dependiente la emisión del informe prevaricador". La Asociación no se
querella contra el fiscal firmante del informe "hasta tanto se sepa su
grado de voluntariedad en la emisión del informe de favor en pro del
querellado".
1 comentario:
¿este Juan Martínez Moya que favoreció a Valcárcel es el mismo que ahora se postula para cargo político en el Consejo de los Jueces?
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