CARTAGENA.- La diputada regional socialista Teresa
Rosique ha denunciado este martes que el Gobierno regional está
aprovechando el mes de agosto para comunicar a miles de personas
dependientes los nuevos recortes y copagos aprobados por el PP en la
Asamblea Regional, "y ocurre que quienes quieran alegar por
discrepancias con los datos del IMAS se encuentran con los trabajadores
sociales en su mes de vacaciones y la oficina colapsada".
Rosique ha puesto de manifiesto que la nueva ley se está aplicando
desde el 11 de julio con el recorte de las ayudas económicas, el
incremento del copago y el freno a la incorporación de miles de
dependientes, lo que demuestra "que las comunicaciones se están haciendo
con retraso".
"En las comunicaciones que se están enviando se le indica a los
dependientes que reciben ayudas económicas o servicios los nuevos
recortes y copagos. En caso de discrepancia, se les indica que se
dirijan a su trabajador social o a alguna de las oficinas del IMAS", ha
explicado la diputada.
En el primero de los casos, la mayoría de trabajadores están de
vacaciones este mes, y, en cuanto al IMAS, "existe un atasco
considerable como consecuencia del desmantelamiento injustificado de la
Oficina para la Dependencia".
"Por otro lado les dicen a los dependientes en ese escrito que si
sus alegaciones son procedentes, su capacidad económica será modificada
al mes siguiente de su nueva capacidad económica" Por lo que Rosique se
pregunta "si el IMAS ha cometido un error, ¿éste no se subsanará desde
la fecha en que se cometió, sino desde que se corrija? De ser así, los
dependientes afectados quedarían perjudicados injustamente".
Según Rosique, el PP ha dado una nueva vuelta de tuerca a las
personas dependientes con esta nueva ley aprobada el 29 de junio en la
Asamblea Regional. "Es una Ley que afecta tanto a los que reciben
servicios o ayudas económicas como a los que todavía no los reciben, y
cuyos aspectos fundamentales son el derecho a poder ser atendidos en su
entorno familiar, la aplicación del carácter retroactivo de los recortes
o la desaparición del carácter público de los servicios al considerar
como deuda la parte que no puedan pagar los dependientes, deuda que se
cobrará forman parte del contenido de la misma".
"La ley cambia por completo el espíritu de la ayuda económica en
el entorno familiar recogido en la Ley de Dependencia, cuyo objetivo era
garantizar la atención de los dependientes en su entorno. Para ello
establecen unos requisitos inasumibles para poder acceder a estas
ayudas, con el único objetivo de impedir a miles de personas en
situación de dependencia acceder a la misma", ha subrayado Rosique.
La diputada socialista ha isnsitido en que "los requisitos
inasumibles que exigen al cuidador los justifican con el argumento de
que hay que priorizar los servicios y, por lo tanto, hay que optar por
una plaza de residencia o de centro de día si quieren acceder a la Ley
de Dependencia".
"Pero estos condicionantes se imponen a pesar de que la Comunidad
Autónoma no cuenta con los servicios necesarios para ello. Lo que
pretenden en realidad es que los dependientes renuncien o no accedan a
las ayudas y prestaciones", de hecho, "los datos demuestran la falsedad
del argumento utilizado por el PP. Desde el 1 de enero de 2012 al 1 de
agosto de 2013 hay 501 personas más con servicios, pero hay 2.811
personas menos con ayudas económicas en entorno familiar y 1.680
personas menos beneficiándose de la Ley de Dependencia", ha señalado.
Los recortes en las ayudas y el incremento del copago afectan a
los 28.180 dependientes que reciben prestaciones según los datos del
IMAS a 1 de agosto. Y a los 12.276 dependientes con derecho reconocido
pero sin recibir las ayudas se paraliza su incorporación a la Ley de
Dependencia.
"Desde el Partido Socialista denunciamos la derogación encubierta e
imparable que el PP está realizando a la Ley de Dependencia, privando a
miles de personas de unos derechos que tenían garantizados", ha
finalizado la diputada.
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