PALMA DE MALLORCA.- La organización ecologista Greenpeace sitúa a Los
Alcázares entre los municipios españoles que han destruido más costa
durante los años de la burbuja inmobiliaria.
Según
esta organización ecologista, la localidad murciana se encuentra entre
los 25 municipios "peores" del país por tener una mayor superficie
artificial en la franja de los primeros 500 metros respecto a la total
del municipio, ser de las localidades que más rápido ha crecido y
encontrarse entre las que antes dejarían de tener suelo natural.
Greenpeace ha presentado en rueda de prensa, la decimotercera edición del informe 'Destrucción a toda costa 2013' en el que por primera vez y mediante el uso de imágenes de satélite se analiza, municipio por municipio, la situación de los primeros 500 metros de costa de la Región de Murcia, que ya tiene un tercio de esta franja destruidos.
Entre los 25 peores municipios de toda España destaca Los Alcázares, que se encuentra en el Mar Menor, y que aunque tiene ocupado el 75 por ciento de sus primeros 500 metros de costa, sigue con un alto ritmo de ocupación del 1 por ciento. Con esta tasa de incremento de superficie artificial "antes del 2030 estaría totalmente colmatado", según Greenpeace.
Este territorio, al igual que La Manga del Mar Menor, situada a escasos kilómetros, se vería "afectada en caso de subida del nivel del mar".
De hecho, son frecuentes los períodos de inundaciones en Los Alcázares, que se producen tanto en zonas urbanas situadas sobre cauces de ríos secos como en zonas ocupadas del dominio público, tanto de los ríos como marítimo-terrestre, argumenta la organización.
La franja de los primeros 500 metros de costa representa tan solo 0,82 por ciento de la superficie de suelo en la Región de Murcia, que tiene un 32 por ciento de superficie artificial en la franja de los primeros 500 metros de costa, casi un tercio de toda la franja costera murciana. Sin embargo, sólo el 16% de la costa tiene una protección efectiva que impediría futuros abusos urbanísticos en el futuro, afirma Greenpeace.
A escala municipal, Los Alcázares, Cartagena y Águilas son los tres municipios que más rápido han destruido su patrimonio natural durante los años de burbuja inmobiliaria. Añadiendo el valor del porcentaje de superficie construida en los primeros 500 metros de costa, las cifras son que Los Alcázares con el 75% de la franja de los 500 primeros metros urbanizados; San Javier, con el 70%, La Unión, con el 38%, Mazarrón, con el 32 por ciento y Águilas, con un 28 por ciento tienen una importante franja costera destruida.
Solo Lorca se incluye en la lista de los 155 municipios que han construido menos en su primera línea de costa, con apenas un 3,2 por ciento de ocupación en la franja de los primeros 500 metros de costa.
San Pedro del Pinatar con el 63 por ciento de suelo protegido en la costa y Lorca con el 52 por ciento, son los municipios con mayor protección efectiva bajo normativa de Parques, "al menos sobre el papel".
La plataforma ecologista añade que la construcción de urbanizaciones e infraestructuras en la costa "aumenta exponencialmente el riesgo por efecto del cambio climático y mayor exposición a inundaciones o a torrentes".
La conservación del estado natural de la franja de los primeros 500 metros es esencial, ya que actúa como barrera de protección.
En el Mediterráneo esta cota aumentará 20 centímetros, lo que se traducirá en decenas de metros de inundación. Una de las zonas más amenazadas de inundación en España es la Manga del Mar Menor. Entre los municipios con más riesgo de inundación, concluye la plataforma ecologista, también destacan Mazarrón y Cabo de Palos.
En el resto de España
Greenpeace ha presentado en rueda de prensa, la decimotercera edición del informe 'Destrucción a toda costa 2013' en el que por primera vez y mediante el uso de imágenes de satélite se analiza, municipio por municipio, la situación de los primeros 500 metros de costa de la Región de Murcia, que ya tiene un tercio de esta franja destruidos.
Entre los 25 peores municipios de toda España destaca Los Alcázares, que se encuentra en el Mar Menor, y que aunque tiene ocupado el 75 por ciento de sus primeros 500 metros de costa, sigue con un alto ritmo de ocupación del 1 por ciento. Con esta tasa de incremento de superficie artificial "antes del 2030 estaría totalmente colmatado", según Greenpeace.
Este territorio, al igual que La Manga del Mar Menor, situada a escasos kilómetros, se vería "afectada en caso de subida del nivel del mar".
De hecho, son frecuentes los períodos de inundaciones en Los Alcázares, que se producen tanto en zonas urbanas situadas sobre cauces de ríos secos como en zonas ocupadas del dominio público, tanto de los ríos como marítimo-terrestre, argumenta la organización.
La franja de los primeros 500 metros de costa representa tan solo 0,82 por ciento de la superficie de suelo en la Región de Murcia, que tiene un 32 por ciento de superficie artificial en la franja de los primeros 500 metros de costa, casi un tercio de toda la franja costera murciana. Sin embargo, sólo el 16% de la costa tiene una protección efectiva que impediría futuros abusos urbanísticos en el futuro, afirma Greenpeace.
A escala municipal, Los Alcázares, Cartagena y Águilas son los tres municipios que más rápido han destruido su patrimonio natural durante los años de burbuja inmobiliaria. Añadiendo el valor del porcentaje de superficie construida en los primeros 500 metros de costa, las cifras son que Los Alcázares con el 75% de la franja de los 500 primeros metros urbanizados; San Javier, con el 70%, La Unión, con el 38%, Mazarrón, con el 32 por ciento y Águilas, con un 28 por ciento tienen una importante franja costera destruida.
Solo Lorca se incluye en la lista de los 155 municipios que han construido menos en su primera línea de costa, con apenas un 3,2 por ciento de ocupación en la franja de los primeros 500 metros de costa.
San Pedro del Pinatar con el 63 por ciento de suelo protegido en la costa y Lorca con el 52 por ciento, son los municipios con mayor protección efectiva bajo normativa de Parques, "al menos sobre el papel".
La plataforma ecologista añade que la construcción de urbanizaciones e infraestructuras en la costa "aumenta exponencialmente el riesgo por efecto del cambio climático y mayor exposición a inundaciones o a torrentes".
La conservación del estado natural de la franja de los primeros 500 metros es esencial, ya que actúa como barrera de protección.
En el Mediterráneo esta cota aumentará 20 centímetros, lo que se traducirá en decenas de metros de inundación. Una de las zonas más amenazadas de inundación en España es la Manga del Mar Menor. Entre los municipios con más riesgo de inundación, concluye la plataforma ecologista, también destacan Mazarrón y Cabo de Palos.
En el resto de España
Entre
1987 y 2005 se han destruido dos hectáreas al día solo en los primeros
500 metros de costa, según la decimotercera edición del informe
"Destrucción a toda costa 2013", ha informado la entidad en un
comunicado.
Greenpeace destaca que la Comunidad
Valenciana y las Islas Baleares y Canarias son las comunidades autónomas
que han destruido su costa más rápido durante 18 años.
La
Comunidad Valenciana tiene un 51 % de la franja costera ocupada,
seguida de Cataluña con el 44 % y Andalucía (36 %). Por otro lado, la
que porcentualmente ocupa menos su costa es Asturias (9 %), seguida de
Cantabria (14 %) y País Vasco (15 %).
Según el
estudio que analiza mediante el uso de imágenes de satélite la situación
de los primeros 500 metros de costa, municipio por municipio, los diez
con mayor destrucción son, por orden alfabético: Calpe (Alicante), Calvià
(Mallorca), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona),
Oliva (Valencia), Oropesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena
(Bizkaia).
Entre los primeros 25 municipios más destruidos de España se incluye además Sant Lluís, en Menorca.
La
costa más protegida son los municipios de Ispaster (Bizkaia), Caravia
(Asturias), Albuñol (Granada) o Fuencaliente (La Palma) con apenas un
3,2 % de ocupación en la franja de los 500 metros y que se encuentran
entre los 155 municipios que han construido menos en su primera línea de
costa.
Frente a aquellos municipios que han
destruido el litoral, otros han optado por proteger una parte importante
de su costa. Níjar (Almería), Almonte (Huelva), Cadaqués (Gerona), Sant
Carles de la Ràpita (Tarragona) y Tarifa (Cádiz) son los cinco
municipios con más porcentaje de suelo protegido.
Puntualiza el Ministerio
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha recordado que la nueva Ley de Costas, aprobada el pasado mes de mayo en el Parlamento, "garantiza e intensifica" la protección medioambiental del litoral en España por lo que "no permite, en ningún caso, edificar nuevas construcciones donde antes no se podía".
"La Ley de Costas prohíbe nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas) como en su zona adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya edificado", ha resaltado en un comunicado el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, quien ha remarcado que esta Ley no contempla "ninguna reducción de la superficie protegida en ninguno de estos dos espacios".
Saavedra ha explicado que "esta Ley de Costas responde única y exclusivamente al interés general, su modificación es equilibrada (mantiene la vigencia de la mayor parte del texto anterior) y, junto a la irrenunciable protección medioambiental de la costa, protege los derechos y la seguridad jurídica de las personas y resuelve una serie de problemas históricos del litoral español aportando soluciones que satisfacen el interés general", ha subrayado.
Además, ha añadido que "la nueva ley no sólo impide nuevas construcciones, sino que incorpora una cláusula, la llamada "Antialgarrobicos", que permite atajar posibles incumplimientos frenando la construcción ilegal antes de que se produzca", en alusión a las urbanizaciones "descontroladas en algunos puntos de litoral" que ha supuesto su degradación. Así, Medio Ambiente indica que, tras la aprobación de la Ley de Costas, el Gobierno puede suspender cautelarmente una obra a la espera de la decisión de los jueces.
Saavedra también ha destacado que, por primera vez, la nueva legislación introduce políticas de lucha contra el cambio climático, además de buscar fomentar una actividad económica sostenible y mejorar la protección ambiental de la costa diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas.
"Se trata de preservar las playas que se mantienen vírgenes o poco alteradas por el hombre, limitando en ellas las ocupaciones y actividades que pueden realizarse y elevando el grado de protección actual", ha concluido.
Puntualiza el Ministerio
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha recordado que la nueva Ley de Costas, aprobada el pasado mes de mayo en el Parlamento, "garantiza e intensifica" la protección medioambiental del litoral en España por lo que "no permite, en ningún caso, edificar nuevas construcciones donde antes no se podía".
"La Ley de Costas prohíbe nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas) como en su zona adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya edificado", ha resaltado en un comunicado el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, quien ha remarcado que esta Ley no contempla "ninguna reducción de la superficie protegida en ninguno de estos dos espacios".
Saavedra ha explicado que "esta Ley de Costas responde única y exclusivamente al interés general, su modificación es equilibrada (mantiene la vigencia de la mayor parte del texto anterior) y, junto a la irrenunciable protección medioambiental de la costa, protege los derechos y la seguridad jurídica de las personas y resuelve una serie de problemas históricos del litoral español aportando soluciones que satisfacen el interés general", ha subrayado.
Además, ha añadido que "la nueva ley no sólo impide nuevas construcciones, sino que incorpora una cláusula, la llamada "Antialgarrobicos", que permite atajar posibles incumplimientos frenando la construcción ilegal antes de que se produzca", en alusión a las urbanizaciones "descontroladas en algunos puntos de litoral" que ha supuesto su degradación. Así, Medio Ambiente indica que, tras la aprobación de la Ley de Costas, el Gobierno puede suspender cautelarmente una obra a la espera de la decisión de los jueces.
Saavedra también ha destacado que, por primera vez, la nueva legislación introduce políticas de lucha contra el cambio climático, además de buscar fomentar una actividad económica sostenible y mejorar la protección ambiental de la costa diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas.
"Se trata de preservar las playas que se mantienen vírgenes o poco alteradas por el hombre, limitando en ellas las ocupaciones y actividades que pueden realizarse y elevando el grado de protección actual", ha concluido.
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