MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón, en nombre del periodista jubilado José Juan Cano Vera, ha dirigido un escrito a la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM para ponerla en conocimiento de que se ha requerido por conducto fehaciente al interventor general de la Comunidad Autónoma de Murcia, Eduardo Garro, para que certifique sobre el reintegro de los costes, con los intereses debidos, en la restauración de la llamada balsa Jenny, con cargo a Portman Golf S.A.
Igualmente le ha informado de que esto mismo lo ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en Luxemburgo, para que inicie una auditoría al objeto de esclarecer el destino final de los los fondos europeos destinados a descontaminar la llamada balsa Jenny, en Cartagena.
También de que se han puesto en conocimiento de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, estas actuaciones así como del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, por haberse utilizado con una empresa privada un contrato de derecho público.
El citado escrito se remite a una resolución del Tribunal de Cuentas, donde viene de referencia el procedimiento de reintegro por alcance B-27/10, teniendo su origen en el decreto dictado por el ministerio fiscal en diligencias de investigación preprocesales 12/08, abiertas por la documentación remitida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Finalmente anuncia que será informado el fiscal superior del TSJRM antes de que emita un informe sobre todas estas actuaciones.
En cuanto al requerimiento al interventor general, le advierte de que "el no reintegro de 6.545.306,76 euros supondría una presunta dejación de funciones, con la correspondiente asunción de responsabilidad civil". Y le recuerda que el Tribunal de Cuentas de España ya aperturó en su día procedimiento de reintegro por alcance en contra de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, "sin que hasta el momento presente se tenga noticias de su reintegro".
Eduardo Garro ha sido igualmente informado de la solicitud de reapertura de actuaciones penales "ante la ausencia de contestación de la presidencia" del gobierno regional.
El citado escrito se remite a una resolución del Tribunal de Cuentas, donde viene de referencia el procedimiento de reintegro por alcance B-27/10, teniendo su origen en el decreto dictado por el ministerio fiscal en diligencias de investigación preprocesales 12/08, abiertas por la documentación remitida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Finalmente anuncia que será informado el fiscal superior del TSJRM antes de que emita un informe sobre todas estas actuaciones.
En cuanto al requerimiento al interventor general, le advierte de que "el no reintegro de 6.545.306,76 euros supondría una presunta dejación de funciones, con la correspondiente asunción de responsabilidad civil". Y le recuerda que el Tribunal de Cuentas de España ya aperturó en su día procedimiento de reintegro por alcance en contra de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, "sin que hasta el momento presente se tenga noticias de su reintegro".
Eduardo Garro ha sido igualmente informado de la solicitud de reapertura de actuaciones penales "ante la ausencia de contestación de la presidencia" del gobierno regional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario