MURCIA.- Los Consejos de Gobierno de la Universidad de
Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) muestran
en un comunicado, ante la "grave" situación de incertidumbre sobre el
Sistema Público Universitario generada por las últimas decisiones de los
gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(CARM), su total disconformidad con la disminución de la financiación de
distintos programas de I+D+I nacionales y regionales.
Señalan que las universidades públicas de la Región "han seguido
una política de rigor, contención y austeridad en el gasto, con el
esfuerzo personal de sus empleados, para atender su compromiso social de
impulsar la excelencia en sus actividades formativas, de investigación y
desarrollo, y de transferencia de conocimiento y tecnología en los
ámbitos de interés para nuestra Región".
Es fundamental que el Sistema Universitario Público "cuente con un
presupuesto adecuado para poder continuar desempeñando sus funciones
eficazmente y con un nivel de calidad adecuado, habiendo llegado a una
situación en la que nuevos recortes financieros impedirían el
mantenimiento de actividades esenciales".
Así, se oponen a la política de becas y ayudas al estudio
materializada por el Proyecto de Real Decreto de Becas presentado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, "que no garantiza una
educación universitaria pública accesible a todos los ciudadanos,
independientemente de sus recursos económicos".
Añade que la aplicación de los nuevos requisitos académicos, junto
con el cambio de modelo en la asignación económica, "puede conducir a
un efecto excluyente y disuasorio de numerosos estudiantes", tanto para
el acceso como para la continuación en las enseñanzas universitarias.
Protestan por la paralización de las carreras profesionales del
personal investigador y docente, así como del resto de la plantilla,
"truncando no solo legítimas aspiraciones, sino generando, además, una
situación de bloqueo en la renovación generacional del tejido docente e
investigador, poniéndose en grave peligro el mantenimiento de un
servicio público esencial".
Asimismo, manifiestan su rechazo a la Ley de la CARM 4/2013, de 12
de junio, de Medidas Urgentes en materia de Gastos de Personal y
Organización Administrativa, en la que se hace recaer sobre los salarios
de todos los trabajadores al servicio de la Administración Pública
Regional, incluidos los de las universidades, los incumplimientos
presupuestarios del Gobierno de la Región, con una nueva rebaja de
retribuciones que lleva a una pérdida de poder adquisitivo acumulado en
los últimos seis años superior a los 20 puntos porcentuales.
Las universidades públicas españolas juegan un papel fundamental
en la creación de conocimiento, generando más de un 60 por ciento de la
producción científica y técnica de nuestro país. En este terreno,
destacan por su actividad investigadora en diferentes áreas.
Sin embargo, la falta de recursos para mantenerla "puede lastrar
la recuperación económica de nuestra Región", ya que la generación de
conocimiento, su transferencia al tejido productivo y su transformación
en innovación "son indispensables para la reactivación económica y la
creación de empleo, al ser imprescindibles para mejorar de forma
sostenida la competitividad internacional de las empresas y la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos".
Por ello, muestran su total disconformidad con la disminución de
la financiación de distintos programas de I+D+I nacionales y regionales.
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