MURCIA.- La sala de lo Civil y Penal del TSJRM de Murcia, presidida por el magistrado Juan Martínez Moya, ha acordado abrir diligencias en relación al resort 'Novo Carthago' para investigar la actuación del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, para quien el fiscal superior ha pedido su imputación por los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias, según han informado fuentes del tribunal.
Asegura el fiscal que los indicios contra el consejero se han visto reforzados con lo declarado por los testigos en la causa que se instruye por los mismos hechos en un Juzgado de Murcia. Esta decisión judicial se produce después de que el pasado 5 de julio el fiscal pidiese al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que llamase a declarar al consejero.
Cabe recordar que la juez titular del Juzgado de Instrucción
nº 2 de Murcia, Miriam Marín García, remitió en junio una exposición
razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en la que
indicaba ver indicios para imputar al consejero del ramo por un posible
delito de prevaricación administrativa al ordenar modificar el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor en favor del
resort.
Ante esto, la Sala Civil y Penal del TSJ dictó una providencia por
la que, recibida exposición razonada de la titular del Juzgado de
Instrucción nº 2 de Murcia, se requería al Consejo de Gobierno para
que emitiera certificación de la condición de consejero de Antonio
Cerdá, y diera traslado a la Fiscalía para que en un plazo de 15 días
informara sobre la competencia y el fondo del asunto.
En concreto, consideraba que el consejero no respetó los trámites administrativos "legalmente previstos e introdujo una modificación de la normativa existente respecto al anterior PORN de 1998", con la finalidad de "permitir que se pudiera llevar a cabo la construcción del campo de golf que tenía proyectada la empresa Hansa Urbana en el espacio protegido del Saladar de Lo Poyo de Cartagena", en el proyecto conocido como Novo Carthago.
Un proyecto que consistía en la construcción también de hoteles y más de 10.000 viviendas "en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN" y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).
Ante esto, la Sala Civil y Penal del TSJ dictó una providencia por la que se requería al Consejo de Gobierno para que emitiera certificación de la condición de consejero de Antonio Cerdá, y diera traslado a la Fiscalía para que en un plazo de 15 días informara sobre la competencia y el fondo del asunto.
Según reza el escrito actual, la Sala declara su competencia para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento respecto al consejero del ramo, aforado, en relación con los presuntos delitos de prevarización, ordenación del territorio y tráfico de influencias.
Así como de aquellas personas relacionadas con los hechos "en los que ha intervenido el aforado" y en concreto contra el director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas Molina y la asesora del consejero de Agricultura, María Antonieta Fernández Cano.
También incoar diligencias previas y designar instructor conforme al turno establecido, al magistrado de la misma sala, Manuel Abadía Vicente, a quien se le remitirán las diligencias.
En concreto, consideraba que el consejero no respetó los trámites administrativos "legalmente previstos e introdujo una modificación de la normativa existente respecto al anterior PORN de 1998", con la finalidad de "permitir que se pudiera llevar a cabo la construcción del campo de golf que tenía proyectada la empresa Hansa Urbana en el espacio protegido del Saladar de Lo Poyo de Cartagena", en el proyecto conocido como Novo Carthago.
Un proyecto que consistía en la construcción también de hoteles y más de 10.000 viviendas "en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN" y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).
Ante esto, la Sala Civil y Penal del TSJ dictó una providencia por la que se requería al Consejo de Gobierno para que emitiera certificación de la condición de consejero de Antonio Cerdá, y diera traslado a la Fiscalía para que en un plazo de 15 días informara sobre la competencia y el fondo del asunto.
Según reza el escrito actual, la Sala declara su competencia para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento respecto al consejero del ramo, aforado, en relación con los presuntos delitos de prevarización, ordenación del territorio y tráfico de influencias.
Así como de aquellas personas relacionadas con los hechos "en los que ha intervenido el aforado" y en concreto contra el director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas Molina y la asesora del consejero de Agricultura, María Antonieta Fernández Cano.
También incoar diligencias previas y designar instructor conforme al turno establecido, al magistrado de la misma sala, Manuel Abadía Vicente, a quien se le remitirán las diligencias.
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