MURCIA.- La secretaria de Política Social del PSRM,
Amparo Marzal, denunció que los nuevos recortes a la Dependencia,
aprobados por el Partido Popular en la Propuesta de Ley sobre Medidas en
Materia Tributaria, discriminan a las personas dependientes de la
Región de Murcia con respecto a las del resto de España.
Con la nueva Ley regional, el Gobierno de Valcárcel cambia, para
la Región de Murcia en exclusiva, el cálculo de la capacidad económica
de los dependientes, al considerar ahora el patrimonio neto como base
para su cálculo, lo que, según Marzal, "significará un aumento del
copago en la dependencia".
"Pero lo que es más grave aún es que la diferencia entre lo que
cuesta una plaza de residencia o de centro de día, y lo que paga una
persona usuaria de esa plaza, va a ser considerado a partir de ahora
como una deuda de esa persona con la Administración, deuda que será
cobrada a su fallecimiento a sus herederos", añadió.
Otra cuestión que señaló Marzal es que las cerca de 12.000
personas que todavía están esperando cobrar las prestaciones por
dependencia a las que tienen derecho deberán presentar una nueva
solicitud para justificar que cumplen nuevos requisitos, aunque incluso
tuvieran reconocido el grado y estuvieran esperando la propuesta de
resolución de la prestación como consecuencia del retraso de la
administración regional.
Desde la aprobación de la Ley de Dependencia por un Gobierno
socialista, 46.000 ciudadanos se han beneficiado en la Región de Murcia.
Esta cifra podría haber aumentado considerablemente si los recortes de
los gobiernos del PP no hubiesen paralizado e impedido nuevas
incorporaciones cambiando las condiciones de acceso.
"En los dos últimos años, los gobiernos de Rajoy y de Valcárcel
han empeorado las condiciones de las 28.000 personas que reciben en
estos momentos prestaciones en la Región. Las ayudas económicas se han
recortado, se ha incrementado el copago en plazas de residencia y
centros de día, se ha reducido el dinero para gastos personales de las
personas que ocupan plaza de residencia, se aplica copago a la
teleasistencia, y se cobran 30 euros a los dependientes por solicitar
acogerse a la Ley", subrayó la responsable socialista.
Igualmente, puso de manifiesto que el Observatorio de la
Dependencia ya ha dicho que la Región está entre las seis comunidades
que peor aplica esta Ley, según han informado fuentes socialistas en un
comunicado.
"El Gobierno regional lleva camino de conseguir, con las trabas y
dificultades que está poniendo a las personas dependientes, que en la
Región ya prácticamente no dispongamos del derecho a las prestaciones y
servicios que otorga la Ley de Dependencia. Esto es algo que no se puede
consentir, y desde el Partido Socialista vamos a seguir luchando por
una correcta aplicación de la Ley, para que los ciudadanos no vean
mermados sus derechos con la excusa de la crisis", finalizó.
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