Una jueza ve indicios para imputar al consejero Cerdá por prevaricación por 'Novo Carthago'

MURCIA.- Antonio Cerdá, consejero de Agricultura y Agua, está a un paso de convertirse en el primer miembro en activo del Consejo de Gobierno de Murcia que tiene que comparecer ante la justicia en calidad de imputado. A tan delicada tesitura ya tuvo que enfrentarse Francisco Marqués, exconsejero de Sanidad y de Medio Ambiente en diferentes gobiernos de Valcárcel, con la diferencia de que cuando se las vio por vez primera ante un juez, en 2009 -estuvo detenido y sigue imputado por el 'caso Zerrichera'-, llevaba meses fuera de la vida pública, según recuerda hoy 'La Verdad'.

La iniciativa legal contra Antonio Cerdá procede de la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia, Miriam Marín García, que acaba de remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en la que resume los supuestos indicios de prevaricación existentes contra el consejero. Unos datos incriminatorios que surgen de la investigación abierta en 2007 por delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias, en torno a unas actuaciones de la Comunidad Autónoma, presuntamente irregulares, que habrían favorecido a la promotora Hansa Urbana en su intento de construir unas 3.000 viviendas, dos hoteles de lujo y dos campos de golf a orillas del Mar Menor.

'Novo Carthago', que es el nombre del que en ese momento constituía el mayor complejo residencial proyectado en la Región, se iba a levantar sobre una superficie de unas 580 hectáreas, adquiridas en la diputación cartagenera de El Beal, junto al monasterio de San Ginés de la Jara.

Lo que este juzgado investiga, en concreto, son las razones por las que desde la Consejería de Agricultura se modificó en 2003 el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor, con lo que se permitía que Hansa Urbana pudiera construir uno de los campos de golf y otros equipamientos deportivos y recreativos en el interior de una zona protegida: el saladar de Lo Poyo. 

Con ese cambio normativo, 'Novo Carthago' lograba liberar gran cantidad de terreno en el núcleo del complejo destinado a acoger las viviendas y los hoteles.

Hasta este momento, los dos únicos imputados en este caso son Carlos Brugarolas, el ex director general de Medio Natural -departamento que en esa época estaba adscrito a la Consejería de Agricultura-, y María Antonia Fernández Cano, exasesora de Antonio Cerdá, que fueron quienes asumieron el peso de la modificación del PORN del Mar Menor.

Aunque en sus respectivas declaraciones ambos trataron de dejar a Antonio Cerdá al margen de responsabilidad, el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, presentó hace meses un informe en el juzgado en el que establecía, de manera muy detallada, todos los indicios que apuntaban a Cerdá como impulsor de una presunta modificación legal 'a la carta'; un cambio con el que se habría buscado adaptar la norma a las necesidades específicas de la promotora.

Ahora, después de un prolongadísimo periodo de estudio -en torno a nueve meses, según fuentes próximas al proceso-, la juez Miriam Marín se ha decidido por fin a enviar el asunto al TSJ de Murcia, al objeto de que estudie si Antonio Cerdá debe ser o no imputado. Es la Sala de lo Civil y de lo Penal la única que puede adoptar una decisión al respecto, toda vez que Cerdá, por su condición de consejero, disfruta de un fuero especial que impide que sea encausado por un juzgado de Instrucción.

Fuentes próximas al proceso, que han confirmado a 'La Verdad' la remisión del asunto al TSJ, indican que en las diligencias figuran las declaraciones de un buen número de técnicos y altos funcionarios de Medio Ambiente, que en 2003 habrían resistido supuestas presiones para que justificaran, a través de sus informes, la modificación del PORN. Ante la supuesta resistencia de estos empleados públicos a ceder a tales requerimientos, desde la Consejería se habría recurrido a una licenciada en Derecho, la asesora María Antonia Fernández, para redactar el borrador con el que se inició el proceso de cambio normativo.

Pese a que por su condición de trabajadora eventual no debería haber intervenido supuestamente en el expediente, el texto de Fernández fue enviado a Carlos Brugarolas, que designó a los encargados de plasmar las modificaciones. También en este extremo se habría incurrido en una irregularidad, ya que se hizo al margen del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, que era el competente, según las mismas fuentes, y que de hecho fue el que siempre intervino en los cambios de otros planes de ordenación.

La Sala de lo Civil y de lo Penal deberá estudiar ahora si del escrito de la juez se deducen indicios suficientes de delito como para imputar a Antonio Cerdá o, al contrario, si no existe base suficiente y la investigación debe continuar en el juzgado, dejando al margen al alto cargo del Ejecutivo de Valcárcel. La decisión podría adoptarse en pocos días.