sábado, 8 de junio de 2013

Unidad por Alguazas presenta ante la fiscalía facturas de móviles de concejales del PP pagados con el erario público

MURCIA.-   Unidad por Alguazas (UXA) ha presentado ante la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos, relacionados con la corrupción, una denuncia por un presunto delito de malversación por facturar "móviles personales" del PP a cargo del erario público.

   Y es que, hace un año varios concejales del PP de Alguazas "estaban usando el erario público para pagar las facturas de sus teléfonos móviles personales", ha explicado el portavoz del partido, José Gabriel García.
   "Las elevadas facturas a cargo de la cuenta corriente del Consistorio llevaron a la curiosidad del partido independiente de conocer quiénes eran los autores y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía", ha añadido.
   En la denuncia presentada, UXA ha puesto en conocimiento que varios ediles populares han estado desviando dinero de los contribuyentes para abonar sus facturas personales. Además, la Fiscalía está investigando si hay más personas que también hagan lo mismo, así como en años anteriores.
   Así, la formación independiente ha dejado claro ante la Fiscalía "su labor de denunciar todo aquello delictivo que se conozca, porque es nuestro trabajo y tarea acabar con la corrupción", matiza su portavoz.
   Por otro lado, se han descubierto elevadas facturas de teléfono en instalaciones municipales, las cuáles el PP ha comunicado a la Fiscalía Anticorrupción que son responsables los voluntarios deportivos.
   "De los concejales que se conocen que desarrollan estas prácticas son el alcalde, José Antonio Fernández Lladó, y el concejal de Deportes y Festejos, Joaquín López Verdú, a los cuáles UxA no duda en pedir su inmediata dimisión, así como la devolución de todo el dinero", subraya García.
   Asimismo, añade que a los ediles populares se les imputaría un delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el artículo 433 del Código Penal, por destinar los fondos públicos a usos ajenos a la función pública, a lo que se enfrentan a la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.

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