LORCA.- El presidente de la Comunidad Valenciana,
Alberto Fabra, ha expresado su convencimiento este martes de que se
llegará a un acuerdo "satisfactorio" para todos en lo que respecta al
trasvase Tajo-Segura, ya que existe "necesidad y compromiso de querer
llegar y estamos dispuestos a poner lo mejor de sí mismos para poder
llegar a ese acuerdo".
Tanto el Ministerio de Agricultura, como la Región de Murcia,
Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha "estamos trabajando para eso,
para poder llegar a hacer posible algo que algunos decían que era
imposible y sea una realidad y satisfacción de todos", tras lo que ha
apostado por buscar "la garantía de que se mantengan los hectómetros
necesarios para seguir garantizando bienestar y empleo".
"Se ha firmado con el Ministerio el memorandum que garantiza la
permanencia del trasvase Tajo-Segura", con las comunidades de Murcia y
Valencia, ha subrayado Fabra, quien ha resaltado que "estamos viendo una
nueva cultura de reparto del agua, ya que las cosas se están haciendo
de forma tranquila, escuchando a todo el mundo".
De hecho, ha reconocido que "se está poniendo mucho sentido común y
al final hablamos de solidaridad, de dar a aquellos que no tienen" y,
en este sentido, aclara, tanto Murcia como Comunidad Valenciana "somos
conscientes de la necesidad de seguir reivindicando aquello que
necesitamos para seguir generando riqueza y empleo".
Pero, ha continuado, "no lo pedimos por capricho, sino por
necesidad y por mantener puestos de trabajo durante tanto tiempo a
aquellas personas que con mucho sacrificio han ido reconvirtiendo estas
tierras a pesar de las dificultades tanto de escasez hídrica como de
condiciones climatológicas". En opinión del presidente de la Comunidad
Valenciana, "ese esfuerzo es el que se tiene que poner encima de la
mesa".
Por su parte, su homólogo en Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha
resaltado que "el agua que aquí viene, que se paga porque aquí nadie
regala nada, cosas que no pasan en otros lugares de España, significa al
final solidaridad con España en su incremento del PIB nacional".
Al hilo, ha argumentado que "si los almerienses, los alicantinos y
murcianos estamos produciendo la mejor agricultura de España, de
Europa, agricultura de excelencia, lo cual supone exportarla, lo que
estamos haciendo solidariamente es incrementar el PIB en España".
Según ha puntualizado, "el agua no la queremos porque sí, se
reclama, se utiliza inteligentemente y eso permite mantener puestos de
trabajo que viven de lo que quieren vivir".
De forma que "si lejos de poner facilidades para que el agricultor
haga lo que le gusta hacer se le ponen trabas, pues estamos echando al
agricultor del campo, de lo que saben y quieren hacer, de lo que supone
rentabilidad social porque genera muchos empleos y a su vez tiene una
proyección en cuanto a rentabilidad económica", ha insistido el
presidente murciano.
Por ello, tanto Valcárcel como Fabra han coincidido en señalar lo
fundamental que resulta la aportación del trasvase "para Murcia,
Alicante y Almería y para el progreso de España".
En otro orden de cosas, Fabra ha ensalzado el esfuerzo que hacen
los regantes con sus tierras, que piden "equidad, justicia y
solidaridad", similar al que realizan los presidentes valenciano y
murciano para tener "una financiación justa, para que los vecinos de
Murcia y Valencia puedan tener las mismas oportunidades que los del
resto de España".
Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, ha reclamado "agua
en cantidad, suficiente, que recibimos del trasvase, probablemente la
mayor obra de ingeniería hidráulica de España y una solución que ha
demostrado su eficacia a lo largo de sus 35 años de funcionamiento".
Aprovechando la presencia de la directora general del Agua y
presidenta de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura, Liliana
Ardiles, ha puesto de relieve la importancia del trasvase y su firme
voluntad de "seguir trabajando en este sector agroalimentario, que es
modelo de eficiencia y rentabilidad".
Advierte, sin embargo, que esta tarea no la pueden hacer solos,
dejando claro el apoyo de "toda la sociedad del sureste, responsables
políticos de uno u otro color y ayuda de presidentes autonómicos,
dispuestos a dejarse la piel para que los casi 150.000 empleos que
dependen del trasvase puedan seguir existiendo".
De forma que confía en que la labor que desempeña el Estado en
materia de planificación hidrológica "se garantice el favorecer el
interés general para que siga llegando agua que nos da la vida".
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