MURCIA.- El Gobierno murciano publicó recientemente una
instrucción para permitir el acceso a la Sanidad a los inmigrantes sin
permiso de residencia cuando padecen una enfermedad crónica o
infectocontagiosa que, en realidad, establece un procedimiento
"burocrático lleno de dificultades" que parece "hecho a propósito para
demorar el trámite y denegar finalmente la asistencia sanitaria", según
denuncia la Red Ciudadana por la Salud (ReCIPS) de la Región.
Esta instrucción, transmitida a finales de abril por la Consejería
de Sanidad, se regula por "una locura de algoritmo" que establece el
"complicado procedimiento que han de seguir los pacientes y el
formulario que el médico tiene que cumplimentar para que, finalmente, el
paciente tenga derecho a asistencia sanitaria solo durante un año y
exclusivamente para la enfermedad crónica o infecciosa que padece".
Los afectados son los "miles de inmigrantes a quienes se les
retiró la tarjeta sanitaria hace un año, el 1 de septiembre de 2012, por
no tener permiso de residencia, a consecuencia de la entrada en vigor
del Real Decreto 16/2012". Desde entonces, advierten que se les ha
dejado de prestar atención ciudadana, y ha alertado que "puede haber
consecuencias graves por desatención".
Así lo han hecho saber en rueda de prensa el portavoz de ReCIPS en
la Región de Murcia, Mario Soler; acompañado del representante de
Médicos del Mundo, Pepe Roel; y el presidente de Sociedad Murciana de
Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), Juan de Dios González.
ReCIPS cree que la Consejería "ha dado muy poca publicidad a esta
instrucción intencionadamente". En realidad, consideran que esta
instrucción es "una pantomima" y una "mera excusa para seguir diciendo
que se atiende a todos los ciudadanos, incluidos los inmigrantes".
Además, critican que esta regulación "no establece cómo ese
paciente pide la primera cita, porque previamente se le ha dado de baja
en la base de datos del historial clínico del Sistema Murciano de
Salud". Por ello, recomiendan a los inmigrantes que, si tienen la más
mínima sospecha de que tienen una enfermedad crónica o contagiosa, vayan
a los centros sanitarios para exigir que se les dé cita y comenzar el
"complejo proceso" establecido.
Para ello, el personal administrativo tiene que pasar al paciente a
la base de datos activa y darle cita. A continuación, el médico tiene
que valorar si ese ciudadano tiene o hay sospechas de que padece una
enfermedad crónica o infecto-contagiosa, para lo que tiene que rellenar
un formulario que el paciente tiene que devolver al área administrativa.
Este formulario "pasa por la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, que tiene que comprobar que efectivamente el paciente tiene
una enfermedad crónica o contagiosa, lo que despierta dudas de
confidencialidad". Cuando comprueban que el médico no les ha engañado,
el formulario se vuelve a mandar al departamento de tarjeta sanitaria y,
de allí al centro de salud, que avisa al paciente.
Soler, quien también es médico de familia en Molina de Segura, ha
afirmado que la Consejería de Sanidad está dando de baja no sólo a los
que perdieron el derecho a la atención el 1 de septiembre de 2012, sino
también aquellos a los que se les ha caducado el permiso de residencia.
Además, lamenta que a los profesionales sanitarios se les da
instrucciones explícitas de que exijan la tarjeta sanitaria.
Para demostrar que esto es cierto, Soler ha recordado que en su
consulta en Molina de Segura tenía 11 pacientes el 1 de septiembre de
2012 que, posteriormente, se han visto afectados por la pérdida de
derecho a la asistencia sanitaria. Hace unos días, recuerda, se les
había dado de baja "a siete de ellos".
Uno de ellos "era hipertenso y venía periódicamente a por sus
recetas", recuerda Soler, cuya intención es atender a todos sus
pacientes, pero critica que "existen una serie de filtros hasta llegar
al médico que dificultan el acceso".
Otra de sus pacientes que perdió el derecho a asistencia sanitaria
padecía cáncer de cuello de útero. Posteriormente, una trabajadora
social consiguió intermediar y alertar a Soler de que la paciente estaba
intentando pedir cita sin conseguirlo, por lo que tuvo que acceder a la
base de datos inactiva para darle de alta.
Roel ha lamentado que el Real Decreto 16 de 2012 "de recortes
sanitarios o de exclusión sanitaria", ha suscitado una respuesta
"unánime" de sectores "muy diferentes" que agrupan "desde médicos de
familia a médicos de asociaciones de especialidades tan diferentes como
la pediatría o neurología".
Todos ellos coinciden en que este Real Decreto "supone una
enmienda a la totalidad al Servicio Nacional de Salud que teníamos en
España", y que "trata de cambiar totalmente el modelo, al pasar de un
sistema universal a un modelo de aseguramiento, dejando excluidos a
todos aquellos que no pagan por la asistencia sanitaria".
Ha recordado que el derecho a la salud es un "patrimonio social de
toda la población española" que está recogido "en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, deriva del código deontológico de los
sanitarios y está recogido en la Constitución y en la Ley de Salud
pública española".
Ha advertido que este Real Decreto es una "insensatez desde el
punto de vista sanitario, porque daba control de las enfermedades".
Ahora, alerta que se pueden producir enfermedades infecciosas y
contagiosas "fuera de control" en toda esa población que queda excluida
de la asistencia.
De hecho, recuerda que ya se ha dado un caso "muy grave" en
Mallorca, donde un inmigrante senegalés murió de tuberculosis "después
de haber intentado en varias ocasiones recibir asistencia en el sistema
sanitario", pero "se la denegaron", a pesar de ser una enfermedad
"perfectamente curable".
Asimismo, ha llamado la atención sobre los casos de enfermos
crónicos que se quedan sin tarjeta y, si quieren ser atendidos, deben de
firmar unas órdenes de pago que los inmigrantes sin papeles "tienen
pánico de suscribir, porque puede suponerles el embargo de sus bienes,
por ejemplo, cuando regularicen su situación".
Además, desmiente que se trate de una medida para ahorrar, porque
este ahorro "no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista
económico. De hecho, explica que con el nuevo modelo, los inmigrantes
acuden directamente a urgencias cuando se encuentran en una situación
"muy deteriorada", por lo que la asistencia "es más cara".
En este sentido, González ha reclamado la importancia de que todos
estos ciudadanos excluidos "tengan acceso a la asistencia sanitaria en
atención primaria, porque es barata y va a evitar complicaciones de
enfermedades crónicas como la hipertensión arterial o la diabetes".
Por ello, ha hecho un llamamiento a las autoridades sanitarias de
la Región de Murcia para que copien a otras comunidades que "se han dado
cuenta de que este Decreto es un error y están tomando medidas para que
esos inmigrantes tengan acceso a la Sanidad sin muchas trabas
burocráticas".
ReCIPS está formada por la Asociación en Defensa de la Sanidad
Pública de la Región, Consumur, Sociedad de Enfermería de Atención
Primaria de la Región, Ecologistas en Acción, la Sociedad Murciana de
Medicina Familiar y Comunitaria, el Foro Ciudadano de la Región,
Convivir sin Racismo, la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la
Región, NoGracias, Amnistía Internacional de la Región, Lacnatndo,
Médicos del Mundo y Asociación AMIGA.
El 3 de julio, ReCIPS estrenará en el Salón de actos del Hospital
Morales Meseguer de Murcia el documental llamado 'Cuánto gastamos,
cuánto perdimos', en el que se hace una revisión de lo que era el
Sistema Nacional de Salud y los "desastres" que está ocasionando el Real
Decreto.
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