MURCIA.- El Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido el registro en el Ayuntamiento de Caravaca, y
ha requisado entre siete y ocho cajas con documentación referida a temas
urbanísticos en lo que podría ser recalificación de terrenos en dicha
localidad. La investigación sigue abierta, aunque no se prevén
detenciones.
En total, los agentes han practicado siete registros, seis de
ellas en la Región y una más en la provincia de Alicante. Concretamente,
han entrado para recabar información sobre la urbanización El
Roblecillo, proyectada en el municipio, al propio Consistorio, a la
Consejería de Obras Públicas, la Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS), la Comisaría de Aguas, un domicilio particular y una asesoría,
todos ellos en Murcia; así como una promotora de Torrevieja (Alicante).
En el marco de esta operación que investiga el titular del Juzgado
de Instrucción nº 6 de Murcia, Andrés Carrillo, y cuyas actuaciones
están declaradas secretas, se ha imputado al alcalde de Caravaca de la
Cruz, Domingo Aranda (PP), que ejerce como regidor desde 1999 de forma
ininterrumpida, por un presunto delito de tráfico de influencias.
Igualmente, habría un segundo imputado, un empresario, como
resultado de los registros practicados, cuya identidad no ha
trascendido.
El Consistorio ha confirmado que los agentes han solicitado
"documentación del expediente de El Roblecillo de 2004". Desde primera
hora de esta mañana, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la UCO
registraban las dependencias del Ayuntamiento, quedando paralizada su
actividad.
Con estos registros se pretende recabar información para el
análisis de documentación y estaría relacionada con una pieza separada
de la operación 'Líber' y 'Biblioteca' de presunta corrupción
urbanística en Aledo y Librilla, respectivamente.
Es decir, esta operación estaría relacionada con una pieza
separada de 'Líber' y 'Biblioteca', de presunta corrupción urbanística
en Aledo y Librilla, respectivamente.
El juzgado que lleva la investigación es el titular de Instrucción
nº 6 de Murcia, que ha decretado el secreto de las actuaciones. El
magistrado ya abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y
negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en el marco de la
operación 'Biblioteca', que saltó a la luz pública en noviembre de 2008
en la localidad de Librilla.
En el marco de dicha operación, la UCO de la Guardia Civil
practicó una decena de detenciones, entre ellas el entonces alcalde,
José Martínez; y el concejal de Urbanismo y teniente alcalde, Pedro
Martínez, para los que se decretó su ingreso en prisión.
Los orígenes se remontan al año 2004, cuando se adjudicó el PGOU a
la mercantil Acadi S.L., cuyo propietario, el ingeniero Domingo
Peñalver, fue también detenido en la primera fase de la operación. Este
ingeniero fue contratado por el Ayuntamiento de Librilla para el
asesoramiento técnico, con elaboración y firma de informes de obra
pública, según denunció el PSOE.
El PSOE alertó en su día que cuando se adjudicó el PGOU a la
mercantil Acadi, ésta no tenía ninguna actividad urbanística, pero en el
mismo mes de presentación del avance del mismo, en julio de 2005, se
cambió el objeto social para introducir el urbanismo.
A partir de ese momento, se negociaron una treintena de
ordenaciones pormenorizadas que desarrollaban el plan con los
propietarios del suelo. Diversos indicios apuntaban a una trama de
presunta corrupción que manejaría el funcionario de la Consejería de
Presidencia, José Luis Cano, ya fallecido; y Peñalver.
El objetivo era introducir estas ordenaciones en el PGOU, de forma
que a todos los firmantes de los convenios se les exigió que encargaran
la posterior transformación del suelo a la mercantil Iniciativas para
el desarrollo de Librilla S.L., sociedad de capital municipal presidida
por el entones alcalde.
El PSOE calificó estos hechos de "trama verdaderamente compleja" y
acusó a Peñalver de "mantener, a través de Acadi, una red de contactos
con funcionarios municipales, entre ellos Cano, y de confianza que hacía
que se le adjudicaran obras y relaciones de planes generales y de
convenios".
Precisamente, el trabajador del Ayuntamiento de Librilla y
consejero delegado de Iniciativas para el desarrollo de Librilla era
José Andrés Cortés, detenido en la operación 'Biblioteca'.
Esta "trama", según el PSOE, se extendía por otros municipios,
entre ellos Aledo y Caravaca. Y es que, "consecuencia de esta trama,
según los socialistas, fue la polémica reclasificación del paraje de El
Roblecillo, en Caravaca".
En concreto, la empresa propietaria de este paraje era Golden Sky
S.L, en concurso de acreedores, y propiedad, entre otros accionistas, de
Peñalver a través de Acadi.
El PSOE denunció que esta empresa "consiguió que un paraje
protegido como El Roblecillo, que no aparecía en el avance de la
aprobación inicial ni provisional del Plan General de Caravaca,
apareciera por arte de magia en la aprobación definitiva, saltándose así
todos los controles medioambientales que exige la ley".
Igualmente, alertó de la existencia de informes "negativos" de
técnicos municipales del Ayuntamiento de Caravaca que decían que "eso
estaba mal hecho pero, a pesar de ello, el alcalde Domingo Aranda
llevaba adelante la reclasificación, aprobándola la Consejería de Obras
Públicas".
Posteriormente, en octubre de 2011 el titular del Juzgado de
Instrucción nº 6 de Murcia, en una segunda pieza de la operación
'Biblioteca', ordenó la puesta en libertad del alcalde de Aledo, Simón
Alcaraz, detenido por agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco
de la operación 'Liber', de presunta corrupción urbanística en la
localidad.
Alcaraz fue arrestado el 18 de octubre de 2011, pero no fue hasta
el día 26 cuando pasó a disposición judicial, ya que durante ese tiempo
permaneció ingresado en su hospital de referencia, el Rafael Méndez, de
Lorca, debido a su estado de salud, llegando incluso a someterse a un
cateterismo en el hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia.
Ya en la madrugada del día 27, el titular de dicho juzgado ordenó
el ingreso en prisión provisional.
Estas actuaciones, declaradas
secretas, forman parte de un procedimiento abierto en el que se
investigan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación,
negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad.
Los detenidos por agentes de la UCO en esta segunda pieza de la
operación 'Biblioteca', de presunta corrupción urbanística en Librilla,
fueron el entonces alcalde de Aledo, Simón Alcaraz; así como la
secretaria municipal y exsecretaria del Consistorio, Rosario Hita y
Concepción P., respectivamente; y Domingo Peñalver, el que fuera
propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU
de Librilla; entre otros.
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