MURCIA.- Concepción Ferrer, adjunta segunda del Defensor
del Pueblo de España, ha emitido un comunicado, con fecha del pasado 25
de abril, al Colegio Oficial de Trabajo Social informando que "la queja
presentada el 22 de marzo ha sido admitida y se han iniciado
actuaciones para dar cumplimiento a la Ley 3/2007 de Renta Básica de
Inserción (RBI)", según informa el Colegio, que fue quien denunció que
el Gobierno regional "se escuda en la falta de un desarrollo
reglamentario previsto por la Ley para su incumplimiento".
En opinión del Colegio de Trabajo Social, "la falta de un
Reglamento supone un ahorro de, al menos, 100 euros por familia y mes a
la Comunidad". Igualmente, "sitúa en una situación de indefensión a las
familias que, debiendo obtener respuesta en el plazo legal de dos meses,
quedan desatendidas de un año para otro".
Asimismo, los trabajadores sociales denuncian que "con el
presupuesto de 2013, el Gobierno regional ni siquiera ha sido capaz de
atender a las familias que tenían derecho en 2012". Según datos de la
Consejería, "más de 300 familias tendrán que seguir esperando hasta 2014
si el Gobierno regional no rectifica y comienza a cumplir la Ley que
dictó en 2007", lamentan.
Por todo ello, el Colegio Oficial celebra que la Defensora del
Pueblo "tome cartas en el asunto" y confía en que "facilite el fin de la
vulneración de las Leyes en el Ejecutivo murciano".
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