MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis
de Guindos, ha avanzado este martes que el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC) está analizando las auditorías realizadas en
todas las entidades financieras nacionalizadas para comprobar que no ha
habido malas prácticas contables, como se ya hizo con Banco de
Valencia, a la que se acabó interponiendo un expediente sancionador.
Así lo ha indicado durante la sesión de control al Gobierno en el
Senado, donde ha explicado a los medios que se trata de "inspecciones
técnicas" que de entrada no tienen por qué suponer un expediente
sancionador.
Además de Banco de Valencia, Deloitte auditó las últimas cuentas
de Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Caixa, mientras que KPMG lo
hizo con la CAM.
Asimismo, el ministro de Economía ha apuntado que el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha remitido un protocolo de
actuación para la detección del fraude a aquellas entidades en las que
tiene participación, que ya lo están implementando, como es el caso de BMN.
Así lo ha expuesto después de que el senador del Grupo Mixto Jesús
Enrique Iglesias le echara en cara que "la preocupación fundamental del
Gobierno ha sido la estabilidad de la banca, a la que se han procurado
ingentes recursos públicos, pero ha destacado menos el esfuerzo que a
través de la fiscalidad han realizado los ciudadanos".
El ministro ha recordado que el FROB ha presentado hasta ahora
como administrador provisional de estas entidades ocho querellas contra
exdirectivos de Banco de Valencia por operaciones que han causado
perjuicios económicos al banco. Cinco de ellas se han admitido a trámite
y se ha personado en otros tres procesos iniciados por terceros contra
directivos de Novacaixa Galicia, Caixa Penedés y BFA Bankia.
Por su parte, De Guindos ha insistido en que el Gobierno ha
impulsado cambios "determinantes" para proteger los derechos de los
ahorradores contra malas prácticas bancarias, que han provocado "mucho
dolor".
Como ejemplo, ha puesto la limitación de los intereses de demora
de los deudores, los límites impuestos a las tasadoras o las nuevas
exigencias de transparencia impuestas a las entidades financieras y a
las sociedades cotizadas.
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