viernes, 17 de mayo de 2013

Medio millar de personas se concentran en San Esteban en protesta por nuevos recortes

MURCIA.- Medio millar de personas, según sindicatos, se han concentrado este viernes a las puertas del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, convocados por UGT, CCOO, Intersindical, CSIF, ANPE, Satse y SIME, integrantes de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos de la Región de Murcia, para manifestar su rechazo a las nuevas medidas de ahorro propuestas por el Gobierno regional, "que no son sino nuevos recortes salariales para los empleados públicos y una vuelta de tuerca más a los derechos salariales que parecen no acabar nunca".

   El coordinador del Área Pública de CCOO, Pedro Manuel Vicente, ha tachado la convocatoria de ayer de la Mesa General "de paripé, una falsa negociación" y ha aconsejado al Ejecutivo regional "releer el Estatuto de los Trabajadores para entrar a debatir y negociar medidas que afectan a más de 50.000 trabajadores".
   A su juicio, lo que hace el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, "por orden o complicidad con Valcárcel", es imponer un conjunto de medidas que van a incidir en la destrucción de empleo, poder adquisitivo y en el deterioro de los servicios públicos".
   Tras lo que ha lamentado que el Gobierno regional "quiera aprobar ese nuevo Plan de Reequilibrio en un tiempo récord para ponerlo en marcha el 1 de junio, un plan que todas las organizaciones sindicales rechazamos en rotundidad" por lo que les anima a hablar de fraude fiscal, economía sumergida, tipos impositivos para grandes fortunas, depósitos bancarios y transacciones financieras porque "no podemos incidir en medidas que traen más déficit, deuda pública y empobrecimiento del conjunto de la sociedad murciana".
  Según Pedro Manuel Vicente, "con estas medidas no salimos de la crisis, lo que vamos a conseguir es profundizar en ella" y si no cambian la dirección de las políticas económicas regional y estatal "estos tendrían que abandonar sus puestos y dejar paso a otras personas que piensen en la sociedad".
   Por lo que "nos oponemos a estas nuevas medidas", así ha anunciado que las organizaciones sindicales abrirán un calendario de movilizaciones, aún por determinar porque "hay alternativa".
   De hecho, ha señalado en base a datos del Ministerio de Hacienda, en los últimos tres años existe un desfase presupuestario de 530 millones de euros en el Capítulo II de la Comunidad, referido a gasto corriente. Así, ha zanjado, "o cambian la dirección de las políticas o deben abandonar las responsabilidades que están ocupando".
   Desde UGT, la secretaria de Organización de la Federación de Servicios Públicos, María José Salazar, ha añadido, desalentada, que "lo único que está haciendo este cuarto plan de ajuste es adelgazar a la función pública y cada una de las instituciones públicas que existen en la Región".
   Lo único que quieren, desde su punto de vista, "es que lleguen a manos privadas, se siga privilegiando a unos pocos y quedemos en un segundo plano". De tal forma, ha manifestado, "convencidos de que no vamos a conseguir nada, seguiremos luchando para intentar que la Comunidad deje de maltratar al empleado público".
   Desde la Intersindical, su portavoz, Juan Ángel Sánchez, ha apuntado que esto "es un problema social" porque en ese plan "se plantea una auténtica privatización de servicios, el aumento del copago en Dependencia y la reducción del poder adquisitivo del funcionariado de la Región en un 4 por ciento anual".
   Lo que, según Sánchez, "repercutirá en el consumo, en las posibilidades reales de reactivación económica y en la pérdida de puestos de trabajo tanto en el Servicio Murciano de Salud como en la administración pública regional y en Educación".
   Es un problema social, ha insistido el sindicalista, porque "se recortará en servicios sociales, educativos, sanitarios y en última instancia, se privatizarán esos servicios".
   Lamentablemente, ha enfatizado, "la crisis se está utilizando como excusa para realizar una política de eliminación de lo público en beneficio de las empresas privadas, que, en muchas ocasiones, están relacionadas con personas vinculadas al partido del Gobierno".
   El presidente de CSIF Región de Murcia, Juan Miguel López, ha aprovechado la ocasión para exigir la dimisión del consejero Juan Bernal y de su equipo "por el desastre económico en estos últimos años y por la situación de degradación de los servicios públicos".
   López ha lamentado que los empleados públicos "vuelvan" a pagar una crisis que no han fomentado cuando existe "una burbuja de cargos públicos y políticos que están llevando a la degradación de la crisis y la economía regional".
   Juan Antonio Blaya, del Sindicato de Enfermería, ha preguntado a Bernal "cuánto cuesta un muerto en la Sanidad" y asegurado que "la degradación de los servicios sanitarios va a caer en picado y que será el ciudadano quien pague, sobre todo, el pato".

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