martes, 26 de marzo de 2013

Más de un centenar de interinos permanecen encerrados en la Consejería de Educación esperando respuesta

MURCIA.- Más de un centenar de docentes siguen en el interior de las dependencias de la Consejería de Educación esperando, según informa la Asociación de Interinos de la Región de Murcia (Aidmur), "a que algún responsable dé la cara y acceda a recibir la propuesta elaborada por interinos y sindicatos sobre el asunto de las listas de interinos.

   De momento, señala la asociación en comunicado, "el diálogo sigue  bloqueado por una Consejería que se niega a negociar" por lo que "seguiremos esperando a que el consejero Constantino Sotoca quiera mostrar alguna voluntad de diálogo que finalice el encierro y ofrezca soluciones consensuadas y positivas para las partes".

   Al tiempo que tildan de "falsas" las informaciones "manipuladas" que dicen que ha existido algún tipo de violencia por parte  de los docentes.

   "La protesta está resultando totalmente pacífica desde su inicio, si bien alguno de los profesores sí ha recibido algún daño en algún forcejeo, además de tener que soportar temperaturas altísimas por la práctica de encender la calefacción para incomodar a los maestros encerrados", añade Aidmur.

   Asegura que están recibiendo "la amenaza continua de desalojo y multas por parte de la policía", si bien tienen intención de continuar "hasta ser escuchados por la Consejería de Educación".

Desalojo

La Policía Nacional ha procedido este martes, por orden del juzgado de instrucción nº 9 de Murcia, al desalojo de unos 75 interinos, aproximadamente, encerrados desde por la mañana en la Consejería de Educación y que, según informa la Delegación del Gobierno, "se negaron a abandonar el edificio a la hora de cierre de la institución, las 15.45 horas".
   El juez de guardia, respondiendo a la petición de ayuda de la propia Consejería "para salvaguardar la seguridad del edificio", ha ordenado el "inmediato" desalojo alrededor de las 20.30 horas, tras analizar un informe policial que reflejaba "la negativa de los manifestantes a abandonar el edificio de forma voluntaria y determinar, por tanto, la ocupación sin la autorización debida de un edificio público contra la voluntad de su titular".

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