MURCIA.- Los Trabajadores Sociales en defensa de los
Derechos Sociales de los murcianos piden a la Defensora del Pueblo de
España que exija a la Administración Regional el cumplimiento de la Ley
de Renta Básica de Inserción, que afecta a las familias más vulnerables.
La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social, Judit
García, presentó el viernes 22 de marzo una petición a Soledad Becerril
para que exija al Gobierno Regional el cumplimiento de la Ley, y proceda a su
desarrollo reglamentario, cuyo plazo legal expiró hace más de cinco años.
García recuerda que ya lo exigió la Asamblea Regional, en una
moción unánime aprobada por PP, PSOE e IU, el 2 de noviembre de 2011, y
el extinto Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, mediante un
recordatorio de deber legal a la consejera de Sanidad y Política Social.
La Consejera de Sanidad y Política Social contestó al Defensor del
Pueblo que aunque las solicitudes cumplían con los requisitos, el
agotamiento de crédito imposibilitaba la concesión a las solicitudes
desde abril de 2012.
A pesar de que la Ley prevé la obligada ampliación presupuestaria,
por ser un derecho reconocido a todas las personas que cumplan los
requisitos, para el Gobierno Regional "no están siendo prioritarias las
familias que carecen de cualquier tipo de recurso económico, y que ya
han agotado la prestación y el subsidio por desempleo".
Fernando Mateo, Director Gerente del Instituto Murciano de Acción
Social reconoció públicamente, el 15 de octubre de 2012, que casi 800
familias llevaban meses esperando, a pesar de que una semana antes, el 8
de octubre, el entonces Director General de Pensiones, Valoración y
Programas de Inclusión Social, Juan Castaño afirmaba que se le estaba
dando cumplimiento a la Ley.
El propio presidente Valcárcel afirmó en la Asamblea Regional el
21 de noviembre que no se resolverían las solicitudes hasta primeros del
año 2013, cuando la Ley de Renta Básica de la Región de Murcia
establece un plazo de dos meses, por considerarse necesidades básicas.
El Colegio Oficial ya anunció que la partida presupuestaria para
2013 era insuficiente, cada vez hay más familias sin ingresos, y a la
partida de 2013 se le debe descontar la incorporación de casi 1000
familias que quedaron a la espera a 31 de diciembre de 2012.
García denuncia que el último recurso con el que cuentan las
familias que no encuentran un empleo ni perciben ningún tipo ayuda
suponga solamente el 0,11% en la Ley de Presupuestos Generales de 2013, y
no sea ampliado como exige la Ley.
Por ello, considera "aún más grave que las solicitudes caigan en
el olvido durante meses, escudándose la Administración Regional en el
transcurso de los plazos administrativos", según han informado fuentes
del citado colegio profesional en un comunicado.
De este modo, explican que una familia que solicite apoyo a la
Administración deberá esperar dos meses a que su Ayuntamiento la
tramite, dos meses a que venza el plazo que tiene la Administración
Regional para resolver, seis meses para considerar rechazada la petición
por silencio administrativo, debiendo recurrir posteriormente ante la
Consejera de Sanidad y Política Social.
"Con todo ello se logra que el plazo de dos meses fijado por la
Ley, se convierta en un año, obligando a las familias a esperar a que la
Administración Regional disponga del nuevo presupuesto a primeros del
año siguiente", ha criticado.
El desarrollo reglamentario además de venir a garantizar los
derechos de las familias más vulnerables, vendría a dar cumplimiento al
importe por familia que exige la Ley, al menos el 75 por ciento del
IPREM (400 euros aproximadamente), mientras que en la actualidad, se
mantiene aplicando la normativa de 1994, ahorrándose 100 euros al mes
por familia.
Finalmente, la presidenta del Colegio Oficial pidió y espera de la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, "que tome las medidas que
legalmente correspondan y haga un seguimiento de los incumplimientos del
Gobierno Regional, siendo garante de los Derechos Sociales de los
murcianos".
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