El 'caso Bárcenas' aterriza en Murcia de la mano de Sacyr y por causa de las obras del aeródromo de Corvera

MADRID.- El titular del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, tras admitir a trámite una querella criminal de IU contra el extesorero nacional del PP, Javier Bárcenas, ha comenzado a investigar posibles vías de presunta financiación irregular de este partido entre 2002 y 2012, a partir de contratos de obra pública, y ha solicitado al efecto el expediente administrativo del aeropuerto de Corvera, construido por Sacyr tras una concesión administrativa de la Comunidad Autónoma a la sociedad Aeropuerto de Murcia S.A. participada mayoritariamente por la empresa presidida entonces por el ingeniero murciano Luis del Rivero.

Esa concesión entra de lleno en el periódo de tiempo a investigar por el juez Gómez Bermúdez (el mismo que instruye el caso de Caja Mediterráneo) pues la concesión de Corvera tuvo lugar en el año 2006, exigiendo Sacyr cinco años después un forzado aval bancario de 200 millones de euros a la Comunidad Autónoma para concluir las obras.

Ese aval, al parecer recientemente renovado por vez primera, fue autorizado por la Comisión Europea con restricciones que nunca se han hecho públicas y traslada, finalmente, el riesgo económico desde Sacyr a la propia Comunidad Autónoma y su maltrecha hacienda regional. De esa manera, la empresa concesionaria, que lidera la citada constructora, incumple el pliego de condiciones del concurso convocado en su día para levantar y explotar la instalación aeroportuaria, sin que conste la más mínima resistencia de los actuales dirigentes murcianos.

Si bien la Comunidad Autónoma de Murcia ha querido distanciarse públicamente de la investigación judicial en marcha, lo cierto es que quien lo tiene ahora mucho más dificil es Ramón Luis Valcárcel en su calidad de presidente regional del PP por sus eventuales relaciones personales con Bárcenas y Del Rivero. Este extremo tendrá que aclararlo él mismo en la Asamblea Regional si se lo demanda alguien de la Oposición en su comparecencia de mañana. O en la Audiencia Nacional en su día, frente a la que no está aforado, por cierto.

La pertinaz insistencia de Valcárcel con la terminación de las instalaciones de Corvera, pese a la postura en contra, no expresa pero sí tácita, de Defensa y Fomento, lo sitúa en el centro de esa investigación dentro de una hipótesis a descartar o confirmar en función de lo que arroje un exámen experto de las cuentas y tesorería del PP de la Región de Murcia y de su virtual conexión con la autonómica Caja Murcia, una vez sabido el especial trato dado a Banco Mare Nostrum (BMN) por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la participación de la entidad murciana de crédito y ahorro en la sociedad concesionaria de Corvera a partir de las estrechas relaciones personales de su presidente, Carlos Egea, con el propio Luis del Rivero.

Es casi seguro que la investigación del juez Gómez Bermúdez tenga que abordar necesariamente las relaciones del empresario murciano Tomás Fuertes, como gran beneficiario de las subvenciones públicas del INFO (Instituto de Fomento de la Región de Murcia), con el PPRM, y también en su calidad de accionista su grupo empresarial, de Aeropuerto de Murcia S.A. y hoy muy significativo de Sacyr, ya en el ojo del huracán de este magistrado titular de un juzgado de lo Penal a quien la Fiscalía Anticorrupción pretende arrebatarle la causa - en favor de otro juzgado competente sobre esta materia- por la que algunos supuestos "benefactores-beneficiados" de gobiernos del PP puedan terminar en la cárcel por varios presuntos delitos.