MURCIA.- El abogado Diego de Ramón se ha dirigido por escrito al fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, para que traslade a la Fiscalía Anticorrupción el relato de unos hechos que implican a José Daniel Martín González como director de Televisión Autonómica de Murcia S.A. en su día, y a Eduardo Linares Gil, actual director general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma y, en su día, apoderado de la empresa Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas-COTA S.A., beneficiaria de un contrato por aquel de 4.365.000 euros, una vez nombrado cargo público el segundo aunque figurando aún como apoderado de COTA S.A.
En su denuncia, en base al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al amparo de los artículos 3, siguientes y 19 de la Ley 50/1981 sobre competencias del Ministerio Fiscal, el letrado murciano relata que el susodicho José Daniel adjudicó el citado contrato a Eduardo en las mencionadas circunstancias.
De Ramón estima en su denuncia que este hecho conlleva la vulneración de las leyes de incompatibilidad de altos cargos, artículo 9 en concordancia con el artículo 10 y 11 de la Ley del Estatuto Regional de la Actividad Pública.
Para el letrado, "la posible presunta infracción penal sería el tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal en relación con la prevaricación del artículo 404 de dicho código punitivo, aparte de otras interpretaciones ampliatorias que puedan sacarse como consecuencia del expediente de contratación entre las partes intervinientes (...)".
Finalmente solicita que la Fiscalía Anticorrupción investigue para determinar todas aquellas personas físicas y jurídicas de las que pudiera derivarse responsabilidad alguna en la comisión de los hechos denunciados y se ordene lo pertinente en orden a la comprobación de la identidad de las personas de las que pudiera deducirse responsabilidad penal y se incoen las acciones legales oportunas para el esclarecimiento de los mismos.
A tal efecto, De Ramón desea saber cuando se dió de alta y de baja Linares como apoderado de COTA S.A. en el Registro Mercantil de Murcia; y solicitar del mismo, cual es la aportación de capital de la Comunidad Autónoma a Televisión Autonómica de Murcia S.A. y que ente administrativo aporta dicho capital; que ésta y COTA S.A. aporten el expediente de contratación entre ambas por importe de 4.365.000 euros y se tome declaración a ambos contratantes como personas físicas y representantes de Televisión Autonómica de Murcia S.A. y COTA S.A.
Y que se solicite el correspondiente dictámen de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma sobre la Ley Regional de Incompatibilidades en los cargos públicos, sus prohibiciones y penalizaciones existentes, y sobre el sistema de contratación de una empresa participada con dinero público aunque sea sociedad anónima.
En su denuncia, en base al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al amparo de los artículos 3, siguientes y 19 de la Ley 50/1981 sobre competencias del Ministerio Fiscal, el letrado murciano relata que el susodicho José Daniel adjudicó el citado contrato a Eduardo en las mencionadas circunstancias.
De Ramón estima en su denuncia que este hecho conlleva la vulneración de las leyes de incompatibilidad de altos cargos, artículo 9 en concordancia con el artículo 10 y 11 de la Ley del Estatuto Regional de la Actividad Pública.
Para el letrado, "la posible presunta infracción penal sería el tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal en relación con la prevaricación del artículo 404 de dicho código punitivo, aparte de otras interpretaciones ampliatorias que puedan sacarse como consecuencia del expediente de contratación entre las partes intervinientes (...)".
Finalmente solicita que la Fiscalía Anticorrupción investigue para determinar todas aquellas personas físicas y jurídicas de las que pudiera derivarse responsabilidad alguna en la comisión de los hechos denunciados y se ordene lo pertinente en orden a la comprobación de la identidad de las personas de las que pudiera deducirse responsabilidad penal y se incoen las acciones legales oportunas para el esclarecimiento de los mismos.
A tal efecto, De Ramón desea saber cuando se dió de alta y de baja Linares como apoderado de COTA S.A. en el Registro Mercantil de Murcia; y solicitar del mismo, cual es la aportación de capital de la Comunidad Autónoma a Televisión Autonómica de Murcia S.A. y que ente administrativo aporta dicho capital; que ésta y COTA S.A. aporten el expediente de contratación entre ambas por importe de 4.365.000 euros y se tome declaración a ambos contratantes como personas físicas y representantes de Televisión Autonómica de Murcia S.A. y COTA S.A.
Y que se solicite el correspondiente dictámen de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma sobre la Ley Regional de Incompatibilidades en los cargos públicos, sus prohibiciones y penalizaciones existentes, y sobre el sistema de contratación de una empresa participada con dinero público aunque sea sociedad anónima.
1 comentario:
Este asunto lo destapó elpajarito.es
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