MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha instado en un escrito, dirigido al presidente del TSJRM, Juan Martínez Moya, a acelerar las causas pendientes por corrupción en la Región de Murcia al tiempo que le anuncia que se ha dirigido igualmente a la Fiscalía General del Estado para que provea de más medios a la Fiscalía Anticorrupción y que así pueda desarrollar mejor su trabajo.
El citado letrado recuerda a Martínez Moya los 35 grandes casos aún pendientes en los juzgados murcianos, según el recién publicado mapa de la corrupción, más los tres que él lleva personalmente en los juzgados números 6 y 8 de la capital desde el año 2010 por presunta prevaricación administrativa de funcionarios del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma.
Se apoya De Ramón en unas declaraciones realizadas, precisamente en Murcia, el mes pasado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en el sentido de la necesidad de reforzar la Fiscalía Anticorrupción y de pedir públicamente la 'máxima celeridad' en resolver los casos de corrupción.
Entiende el abogado murciano que 'lo único que tiene el ciudadano para recuperar la confianza en las instituciones del Estado es combatir la corrupción por la vía judicial como la única legitimada para responder ante lo que exige la ciudadanía en estos momentos de crisis y angustia social, y este cometido es de jueces y fiscales, a instancia de la sociedad civil, y para que ésta no pierda la confianza en poder salir de la crisis".
Le recuerda Diego de Ramón, con todo respeto, al presidente del TSJR la peor puntuación de la Región de Murcia en el índice nacional de transparencia y, al tiempo, todos los casos de corrupción que se encuentran actualmente en fase de instrucción y pendientes de resolver 'ya que no resulta creíble que un proceso, por muy complejo que sea, dure catorce años; eso es intolerable'.
Finalmente, en el citado escrito, recuerda los tres casos en los que está interviniendo como letrado desde el año 2010: prevaricación administrativa de la cúpula de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia en la tramitación del PERI del Carril de los Baezas; prevaricación administrativa en adjudicaciones de la Consejería de Educación a la empresa 'Trimtor', propiedad de Miguel del Toro, presidente de CROEM, pese a los informes contrario del Consejo Jurídico Consultivo e Intervención General; y presunta usurpación de terrenos y ocupación del destinado a viales por parte de la empresa 'Tempornovis'.
El citado letrado recuerda a Martínez Moya los 35 grandes casos aún pendientes en los juzgados murcianos, según el recién publicado mapa de la corrupción, más los tres que él lleva personalmente en los juzgados números 6 y 8 de la capital desde el año 2010 por presunta prevaricación administrativa de funcionarios del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma.
Se apoya De Ramón en unas declaraciones realizadas, precisamente en Murcia, el mes pasado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en el sentido de la necesidad de reforzar la Fiscalía Anticorrupción y de pedir públicamente la 'máxima celeridad' en resolver los casos de corrupción.
Entiende el abogado murciano que 'lo único que tiene el ciudadano para recuperar la confianza en las instituciones del Estado es combatir la corrupción por la vía judicial como la única legitimada para responder ante lo que exige la ciudadanía en estos momentos de crisis y angustia social, y este cometido es de jueces y fiscales, a instancia de la sociedad civil, y para que ésta no pierda la confianza en poder salir de la crisis".
Le recuerda Diego de Ramón, con todo respeto, al presidente del TSJR la peor puntuación de la Región de Murcia en el índice nacional de transparencia y, al tiempo, todos los casos de corrupción que se encuentran actualmente en fase de instrucción y pendientes de resolver 'ya que no resulta creíble que un proceso, por muy complejo que sea, dure catorce años; eso es intolerable'.
Finalmente, en el citado escrito, recuerda los tres casos en los que está interviniendo como letrado desde el año 2010: prevaricación administrativa de la cúpula de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia en la tramitación del PERI del Carril de los Baezas; prevaricación administrativa en adjudicaciones de la Consejería de Educación a la empresa 'Trimtor', propiedad de Miguel del Toro, presidente de CROEM, pese a los informes contrario del Consejo Jurídico Consultivo e Intervención General; y presunta usurpación de terrenos y ocupación del destinado a viales por parte de la empresa 'Tempornovis'.
No hay comentarios:
Publicar un comentario