sábado, 23 de marzo de 2013

Valencia, Murcia y el Gobierno firmarán un documento que reconoce el trasvase Tajo-Segura como "estratégico"

VALENCIA.-La Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el Ministerio de Medio Ambiente suscribirán "en breve" un Memorándum de Entendimiento en el que se reconoce expresamente "la importancia del trasvase Tajo-Segura como un objetivo estratégico para el Estado español", según ha anunciado el vicepresidente y conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar.

   En la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo, Císcar ha subrayado que el borrador del Plan Hidrológico del Tajo recoge algunas de las observaciones realizadas tanto por la Comunidad Valenciana como por Murcia y las asociaciones de regantes y certifica que "es posible llegar a consensos" en materia hídrica y dejar atrás la confrontación "provocada por gobiernos que no entendían que el agua debería estar siempre fuera del debate político".
   "Aquí no hay ni vencedores ni vencidos, esto es una negociación", ha sostenido el portavoz del Consejo al ser preguntado sobre si el Plan Hidrológico del Tajo ha supuesto una 'victoria' del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, liderado por la 'popular' María Dolores de Cospedal, sobre los de la Comunidad Valenciana y Murcia.
   Ha puesto como ejemplo que el PSOE de Castilla-La Mancha considera que este plan supone perpetuar el trasvase, mientras en la Comunidad el PSPV dice lo contrario. "Nosotros (por el PP), tenemos un discurso único: lo que queremos son acuerdos sobre bases sólidas partiendo de que hay derechos (de la cuenca cedente) que no podemos negar", ha insistido. Asimismo, ha matizado que la Generalitat "nunca aceptará nada que los regantes no acepten también".
   Además, ha puesto como ejemplo que la reserva mínima de agua para que efectuar el trasvase se ha incrementado "por las necesidades mayores de la cuenca cedente", que según ha insistido, "siempre tiene prioridad", de 240 a 400 hm3, pero lejos de los 600 que proponía el borrador previo, y la afección media anual será de unos 10 hm3 menos de agua trasvasada según los informes técnicos. Asimismo, se mantienen los caudales ecológicos actuales en Aranjuez y Talavera, cuyo incremento "sí que era letal para el trasvase".
   Císcar ha resaltado que el Memorándum de Entendimiento supondrá el reconocimiento textual de que "el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y de una actividad agraria segura y sostenible constituye un objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, cuya permanencia debe quedar garantizada". 
"Hasta ahora, ningún gobierno de España había estado dispuesto a asumir una declaración tan clara respecto a este trasvase", ha recalcado.
   El objetivo del documento es "dotar al trasvase de toda una serie de garantías técnicas y jurídicas que no tiene hoy y que ayudarán a su efectiva consolidación y mejora". Así, incluirá todos aquellos aspectos que tienen que ver con el trasvase, pero que no figuran en el borrador del Plan Hidrológico del Tajo por motivos técnicos, al no tratarse de materias propias del plan.
   A partir de la firma del Memorándum se creará una Comisión de trabajo en la que estarán representados tanto el Ministerio de Medio Ambiente como las comunidades autónomas afectadas por el trasvase, con el fin de analizar, estudiar y proponer soluciones sobre cuestiones que permitan mejorar su funcionamiento.
   Entre otros aspectos, se estudiará la posible derogación de la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, conocida como 'cláusula Narbona', que dispone que, en la medida en que el programa Agua, puesto en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aporte más cantidad de agua con la desalación, gradualmente irán disminuyendo las aportaciones del trasvase Tajo-Segura.
   Asimismo se abordará la liberalización de las cesiones de los derechos de agua, de modo que los regantes puedan llegar a acuerdos directamente entre ellos, con la pertinente autorización administrativa, pero sin necesidad de dictar una ley cada vez y se propondrá la concreción y control de los depósitos de agua en los cuales se podrá desembalsar agua de los embalses de cabecera en Entrepeñas y Buendía para necesidades distintas a las del trasvase.
   Otro de los aspectos es la actualización de las reglas de explotación del trasvase, de modo que se incluya la vigencia y caducidad anual de las decisiones adoptadas (actualmente esa caducidad se aplica con carácter trimestral), para que el agua se pueda adecuar a las necesidades de los regantes valencianos.
   Según ha indicado Císcar, este grupo de trabajo deberá presentar sus conclusiones en un plazo de tres meses y éstas serán de obligatorio cumplimiento para la Administración. Además, se llevarán a cabo mediante modificaciones legales o creación de nuevas normas.

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