El juicio arrancará este lunes, día 4, a las 10.00 horas, y
durante dos semanas, de lunes a jueves en sesiones previsiblemente de
mañanas, Martínez Andreo y cinco personas más serán enjuiciadas en la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia. Un séptimo
imputado, el que fuera concejal de Industria con Andreo de alcalde, no
declarará al fallecer hace unos meses.
Los cinco acusados restantes son el empresario Pedro José
Martínez, que ostentaba la representación legal de la empresa 'Ucom 2005
S.L.', que firmaría con el Ayuntamiento un convenio urbanístico para la
construcción de infraestructuras municipales, haciéndose cargo los
promotores del pago del coste de las mismas, entre las que se decide
incluir las obras de un colegio.
La entonces secretaria municipal, Laura Bastida, también será
juzgada a partir de este lunes, ya que en común acuerdo con Martínez
Andreo redactaron un documento "a sabiendas de que faltaban a la verdad y
que denominaron Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Ucom
para la realización de unas obras de ampliación del colegio San José".
Bastida asesoró en su redacción, según el escrito del fiscal,
"plasmando en el mismo la tesis de la gratuidad de las obras,
inventándose que el objeto del mismo era regular la donación gratuita de
la mercantil Ucom al ayuntamiento para la realización de las obras de
dos aulas en el citado colegio". Todo ello debido a que el PSOE
municipal presentó una denuncia en los juzgados denunciando estos
hechos, ya que la solicitud que hicieron para la creación de una
comisión de investigación de las citadas obras en el colegio fue
desestimada por la Junta de Gobierno Local.
El empresario Pedro Sánchez es otro de los acusados, implicado en
el proceso, que fue quien firmó un primer precontrato en noviembre de
2002 con Proinvitosa, ya que tenía interés en instalar un centro
logístico del transporte"; además del gerente de Ucom, José Bonmatí; y
el entonces oficial de la Policía Local, Alfonso Canales.
Martínez Andreo renunció a ser candidato del PP a la Alcaldía en
las últimas elecciones municipales y permaneció en prisión dos meses
desde que fuera detenido a finales de noviembre de 2007 por su
imputación en dicho caso.
El Ministerio Fiscal, que ya ha redactado su escrito de
conclusiones provisionales, solicita para Martínez Andreo penas que, en
su conjunto, suman diez años de cárcel por varios delitos: el de fraude,
por el que se piden dos años de cárcel; omisión del deber de perseguir
delitos (un año y seis meses); infidelidad en la custodia de documentos
(dos años y seis meses) y falsedad en documento público (cuatro años).
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