MURCIA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) de la Región de Murcia mantiene la manifestación del próximo
sábado, 16 de febrero, para reclamar el derecho a la vivienda, a pesar
de que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha admitido a
trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una moratoria
para los desahucios y la dación en pago.
En este sentido, la Plataforma ha advertido que la admisión a
trámite de la ILP no quiere decir que el proyecto vaya a ser aprobado
íntegramente, sino que una comisión parlamentaria formada por diputados
se van a encargar ahora de su negociación y "pueden introducir mejoras o
modificarla hasta desnaturalizarla".
Así lo han hecho saber en rueda de prensa el portavoz de la PAH de
la Región de Murcia, Paco Morote; el sacerdote y miembro de la
Plataforma, Joaquín Sánchez; la abogada de la organización, Ana
Martínez; y dos de las afectadas, Carmen Ruiz y María Fernández.
Los miembros de la Plataforma se han mostrado "sorprendidos" por
el cambio de postura del PP, que en principio no iba a admitir a trámite
la ILP, y han admitido que no se lo esperaban, pero consideran que "no
podían hacer otra cosa", al tratarse de un proyecto "justo, democrático y
lógico".
En concreto, defienden que la Iniciativa es justa "porque evita
los abusos que llevan emparejados el terrorismo financiero", y es
democrática porque "está avalada por 1,4 millones de españoles que
firmaron a favor de la misma".
En este sentido, han advertido que van a seguir "muy pendientes"
de cómo progresa su trámite en el Congreso, "fiscalizando" la labor de
los diputados. Consideran, a este respecto, que las únicas medidas que
pueden hacer "justicia" son las recogidas en la ILP.
Tercia Cáritas
Cáritas Diocesis de Cartagena ha asumido en su totalidad los planteamientos de la Confederación de Cáritas Española, que ha venido situando los problemas relacionados con el acceso al derecho a la vivienda entre las prioridades de su respuesta a los efectos sociales a la crisis.
Tercia Cáritas
Cáritas Diocesis de Cartagena ha asumido en su totalidad los planteamientos de la Confederación de Cáritas Española, que ha venido situando los problemas relacionados con el acceso al derecho a la vivienda entre las prioridades de su respuesta a los efectos sociales a la crisis.
Aboga por la promulgación, por parte del Gobierno de la nación,
"de las medidas legislativas adecuadas en orden a paralizar de inmediato
los desahucios de primera vivienda, y procurar desde ese mismo instante
un estudio de la realidad particular de cada familia". Estas soluciones
"son más beneficiosas para todos que dejar sin techo a personas que ya
sufren los efectos de la crisis en todos los aspectos de su vida
cotidiana", sostiene.
Por ello, desde Cáritas Diócesis de Cartagena se afirma que, ante
la "insuficiencia" de las medidas políticas para aliviar de forma
efectiva la situación angustiosa de tantas familias de la Región, "es
necesaria una respuesta generosa de toda la sociedad murciana que,
emergiendo desde los mismos ciudadanos, incluya a asociaciones,
plataformas, empresas, sindicatos, entidades bancarias, organizaciones
políticas y a todas las instituciones religiosas".
Manifiesta su voluntad de acompañar en aquellas acciones
orientadas a favorecer y promover las condiciones de acceso a la
vivienda, de modo particular en alquiler y de mantenimiento en dicho
acceso.
Así como a impulsar la mejora de las condiciones de habitabilidad
de toda la población en situación de exclusión, en especial en la red de
recursos residenciales que tiene Cáritas en todo el Estado; y apoyar y
fomentar las medidas que eviten los fenómenos de segregación y gueto que
en ocasiones conlleva la vivienda.
En la declaración que ha hecho sobre la situación de las personas
que padecen la pérdida de su hogar, Cáritas destaca que "la realidad de
sufrimiento que estamos viviendo en estos momentos en la sociedad
murciana, y española en general, derivada de una situación de crisis
aguda, elevado paro y carencia de recursos económicos, exige una
respuesta desde la fe y el compromiso solidario y fraterno".
Por ello, considera que "hoy más que nunca es necesaria una
palabra de Esperanza, es necesario volver a creer en el ser humano". En
este sentido, Cáritas Diócesis de Cartagena ha suscrito las líneas de
acción que figuran en el documento 'Propuestas políticas de Cáritas
Española ante los retos actuales de la situación social', que fueron
remitidas en septiembre de 2011 a todos los grupos con representación
parlamentaria.
Igualmente, asume la Declaración de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal, bajo el título 'Ante la crisis, solidaridad',
pues en la misma se señalan los aspectos más acuciantes y dolorosos en
los que se manifiesta la crisis, como "el desempleo, en especial de
tantos jóvenes; el debilitamiento de la conciencia de unidad y de
solidaridad entre todos los españoles; y los dramas que sufren tantas
familias, en particular las que se ven expulsadas de sus casas por el
desahucio".
La Declaración exhorta a la conversión a la verdad, y pide también
que los costes de la crisis "no recaigan sobre los más débiles, con
especial atención a los emigrantes, además de que se preserve el bien de
la unidad, al tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de
España; y que se busquen con urgencia soluciones que permitan a las
familias desahuciadas -igual que se ha hecho con otras instituciones
sociales- hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle".
Cáritas Diócesis de Cartagena hace suya la valoración del Real
Decreto ley 27/2012 (de 5 de noviembre) de 'Medidas Urgentes para
Reforzar a los Deudores Hipotecarios' que hizo la Conferencia Episcopal,
al señalar que el Real Decreto, a pesar de la voluntad política de
aportar soluciones al problema, "supone una reacción insuficiente,
tardía y no consensuada ante la movilización social en la que han vienen
participando desde el año 2009 tanto afectados como jueces,
trabajadores sociales y entidades".
A su juicio, "deja a muchas personas y familias en situación de
especial vulnerabilidad al quedar fuera de la aplicación de las medidas
contempladas".
Y es que, explica, "la situación de vulnerabilidad de las personas
no se puede cuantificar y limitar de forma restrictiva, atendiendo sólo
a criterios económicos o de ratios tan limitadas, como son la edad de
los menores de edad o el número de hijos".
"Estar en situación de vulnerabilidad o de exclusión social es
consecuencia de múltiples factores, no sólo económicos, que afectan
también a la participación social, a la dimensión personal y al acceso a
derechos", indica.
Considera también que en el Real Decreto "no se regulan cuestiones
claves como la deuda pendiente, y tampoco se impide a la entidad
financiera empezar a reclamar la deuda y, por tanto, a seguir embargando
los bienes del deudor".
No se regula "la prevención al inicio del procedimiento de
ejecución hipotecaria, por ejemplo la obligación legal de tener un
espacio de mediación entre el afectado y el propietario de la vivienda
que formule soluciones alternativas a la pérdida de vivienda; ni la
dación en pago; ni los lanzamientos en los supuestos de desahucios por
impago de la renta".
Una vez más, se constata que "el abordaje de la dramática
situación de vivienda que se vive en el país se realiza desde la
concepción de la vivienda como un mero bien de intercambio económico,
sin contemplar su necesaria función social ni el cumplimiento del
mandato constitucional del acceso de toda persona a una vivienda digna y
adecuada".
En este sentido, "es esperanzadora la respuesta que está dando la
sociedad a estas situaciones tan dramáticas, al volcarse con donativos,
tanto económicos como en especie, y plegarias en favor de los
necesitados".
Esta solidaridad está haciendo llegar más recursos a las familias
necesitadas, incluyendo pago de alquileres y deudas del hogar, a través
de organizaciones que, como Cáritas, están siempre al lado de los menos
favorecidos.
Desde Cáritas se viven con esperanza iniciativas "positivas" como
la constitución del Fondo Social de Alquiler, que "proporcionará una
vivienda a las familias que fueron desalojadas de las mismas desde enero
de 2008, pues suponen una primera respuesta por parte de las entidades
bancarias que poseen un importante parque de viviendas vacías".
Estima, no obstante, que tal iniciativa "debe ampliarse
considerablemente a miles de viviendas, mediante acuerdos razonables que
reduzcan la hipoteca a una cantidad acorde con los ingresos mermados de
una familia, aunque sea de forma temporal hasta que mejore la
economía".
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