MURCIA.- La Plataforma Sindical y Asociaciones de
Empleadas y Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de la que forman parte UGT, CCOO, CSIF, Intersindical, ANPE, SATSE, SIME, UNIONGC, USO, SIAT, Gestha, SIDI, USAE y CEM, han acordado reclamar a partir de este lunes la paga extra de Navidad
mediante los recursos administrativos y judiciales pertinentes en
nombre de todos los afectados, que estiman en cerca de unos 70.000.
Así lo han hecho saber los representantes de los sindicatos y de
las asociaciones en una rueda de prensa conjunta en la que han procedido
a la lectura de un comunicado acordado previamente.
Cabe recordar que la paga extra de Navidad fue suspendida por el Gobierno del PP a través del Real Decreto Ley
20/2012 en el mes de julio, y la Plataforma ha explicado que es ahora
cuando se puede comenzar el proceso de reclamación, una vez que se ha
producido el 'hecho causante', ya que no se ha cobrado la paga extra de
diciembre.
En este sentido, la Plataforma anuncia que, además de la paga extra de Navidad,
también va a reclamar de forma subsidiaria la paga proporcional de los
días trabajados hasta la publicación del Real Decreto, es decir, la
correspondiente a un mes y medio.
En la Región de Murcia, la Plataforma va a presentar reclamaciones
para el personal de Administración y Servicios de la Comunidad, el
Servicio de Empleo y Formación (SEF), el Instituto Murciano de Ación
Social (IMAS), los ayuntamientos de Cartagena y Murcia, y las
consejerías de Sanidad y Educación, Formación y Empleo.
Y es que las reclamaciones del conjunto de empleados públicos
adscritos a la Administración General del Estado ya se interpuso la
semana pasada a nivel nacional, recuerdan.
En sus alegaciones, la Plataforma expone que la supresión de la paga extra de Navidad "supone una quiebra total y absoluta"
de tres principios constitucionales: el de no retroactividad de las
disposiciones restrictivas de derechos individuales, el de seguridad
jurídica proclamados en la Constitución, así como el principio de
confianza legítima.
Este procedimiento, según el comunicado conjunto, se enmarca
"dentro de las actividades organizadas por la Plataforma, con el único
fin de reivindicar la pérdida de derechos sociolaborales que las
empleadas y empleados públicos han sufrido en el último trienio, como
consecuencia de las políticas de recortes de los gobiernos estatal y
autonómico".
Este recurso interpuesto en representación de la totalidad de los
empleados públicos de la Región de Murcia hace innecesario que se
presenten recursos individuales por parte de los integrantes de este
colectivo, según ha hecho saber en rueda el portavoz de la plataforma,
Pedro Manuel Vicente, quien a su vez es Secretario General de la
Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia.
Vicente ha remarcado que la administración pública no ha convocado
a la Plataforma en ningún caso, ni a nivel autonómico, local ni en el
ámbito de las universidades. En este sentido, dice no tener conocimiento
de que el Ejecutivo quiera retomar la devolución de esta paga extra.
Sin embargo, los miembros de la Plataforma se han mostrado convencidos de que la reclamación "va a ser un éxito", porque a su juicio les asiste "el derecho y la Justicia". Al respecto, muestran su esperanza en ser atendidos "primero desde el ámbito administrativo y, después, desde el ámbito judicial", en caso de no ser atendidos por la Comunidad.
De esta manera, la intención de la plataforma es que la administración "proceda a la devolución de lo que nunca debía de haber dejado de pagar, que es la paga extra en su totalidad".
En concreto, Vicente explica que los fundamentos legales y
principios constitucionales o de menor rango legal que los servicios
jurídicos de las diferentes organizaciones que integran la Plataforma
han trasladado, les habilitan para "hacer la reclamación con bastante garantía de éxito".
La Plataforma ha comenzado a presentar los recursos
administrativos en unos sectores, y en próximos días en otros. Una vez
que obtengan una respuesta, procederán a reclamar en el ámbito judicial
si no reciben la contestación esperada o si hay un silencio
administrativo.
Dependiendo del ámbito de que se trate, la Plataforma ha anunciado
que recurrirá por la vía contencioso-adminsitrativa en el caso de los
funcionarios, o por la vía de los Social en el caso del personal laboral
sujeto a convenio. El portavoz explica que esperan tener una respuesta
sobre los recursos en el plazo de nueve y doce meses.
Respecto al número de afectados, Vicente recuerda que la Comunidad
ronda los 50.000 empleados públicos, a los que habría que sumar los
trabajadores de las universidades públicas y de las administraciones
locales, por lo que se trataría de un total de 70.000 personas
afectadas.
Ha admitido, sin embargo, que el importe de la reclamación "es muy
difícil de cuantificar, porque depende del convenio y del nivel
administrativo que cada uno tiene, porque hay trabajadores que perciben
menos de mil euros y otros que percibirían, incluso, más de 3.000 en
algunos casos".
De todas, formas, la Plataforma asegura que el consumo en este
último periodo, desde que se dejó de percibir la paga extra, se ha visto
recortado en un 20 por ciento como consecuencia del impago, lo que ha
impedido la rehabilitación de la economía.
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