MADRID.- Las administraciones públicas tienen 10.270
contratos de electricidad que han perdido el derecho a la Tarifa de
Último Recurso (TUR) y que, sin embargo, siguen siendo suministrados a
tarifa porque no han encontrado comercializadora en el mercado libre.
Estos contratos, 533 de ellos en alta tensión y otros 9.737 en
baja tensión, no solo sufren las penalizaciones disuasorias del 20%
contempladas para estos casos, sino que además se encuentran sometidos
desde el 1 de enero a una completa incertidumbre y podrían incluso
interrumpirse porque ya no tienen derecho ni siquiera a suministro bajo
TUR.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo había elaborado un
borrador de orden ministerial de revisión de peajes eléctricos en el que
ampliaba en un año, hasta el 31 de diciembre, el plazo de permanencia
de estos clientes sin derecho a tarifa en un suministrador de último
recurso.
No obstante, la orden de peajes no ha sido todavía publicada, de
modo que desde el 1 de enero la continuidad del suministro a todos estos
clientes depende solamente de la voluntad de su comercializadora de
último recurso, siempre y cuando no se trate de un "suministro esencial", al que está prohibido cortar la luz.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que en la
actualidad hay 46.553 puntos de suministro sin derecho a TUR que son
suministrados por una comercializadora de último recurso, de los que 432
son grandes consumidores, 10.270 administraciones públicas, 12.732
pymes y 22.847 hogares con más de 10 kilovatios (kW) de potencia
contratada.
Esta cifra es, sin embargo, muy inferior a los 354.636
consumidores que se encontraban en este régimen transitorio en 2010, el
primer mes en el que existen cifras acerca de este perfil de
consumidores.
El regulador indica además que, de los 46.553 usuarios que se
encuentran en esta situación, el 16%, o 7.440, corresponde a suministros
esenciales, de forma que en ningún caso se les podría suspender el
servicio eléctrico.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo calcula que solo el
recargo del 20% por no haber pasado al mercado libre supondrá unos
ingresos en 2013 para la tarifa eléctrica de cerca de 60 millones de
euros.
A la idea de Industria de ampliar en un año el régimen transitorio
para evitar cortes de suministro, aún no publicada en el BOE, la CNE ha
replicado que resulta más adecuado establecer un precio disuasorio
permanente que no obligue a la ampliación sistemática de plazos cada
año.
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